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La jueza Preska define este lunes si suspende entrega de acciones de YPF a los fondos buitre

La magistrada de Nueva York decidirá si paraliza la orden que obliga a Argentina a depositar los títulos de la petrolera estatal como parte del pago de los US$17.750 millones por la expropiación de 2012.

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La jueza Loretta Preska resolvió este lunes si suspende la orden que obliga a Argentina a entregar las acciones de YPF como parte del pago por la sentencia de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera, un monto que con intereses asciende actualmente a US$17.750 millones.

La magistrada del Distrito Sur de Nueva York comunicó por escrito a las partes que definiría en esta jornada si concede el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones mientras se sustancia la apelación presentada por el país.

El plazo vencido y las opciones de Preska

Este lunes era la fecha tope para que Argentina depositara los títulos de YPF en un banco de Nueva York, según la orden dictada por Preska el 30 de junio. Sin embargo, la jueza no definirá si cancela o revierte esa orden, sino únicamente si la suspende mientras el país apela la decisión.

«Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela», explicó Sebastian Maril, analista de Latam Advisors que sigue los juicios contra el país en el exterior.

La magistrada otorgó además «tres días adicionales» para que las partes acudan a la Corte de Apelaciones, instancia a la que Argentina ya recurrió el jueves pasado.

El fallo millonario y sus beneficiarios

El 15 de septiembre de 2023, Preska condenó a Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. La sentencia benefició a los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietario del 25% de YPF al momento de la nacionalización.

El reclamo se basó en que el gobierno argentino no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía pagándole con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas minoritarios.

Estrategias de presión y nuevos reclamos

Desde la sentencia de fines de 2023, Argentina apeló el fallo. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión, incluyendo el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado.

Esta decisión ya abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera estatal, según trascendidos judiciales.

La posición del gobierno de Milei

El presidente Javier Milei se refirió la semana pasada al fallo, declarando: «El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir».

La resolución de Preska sobre la suspensión resulta crucial para definir si Argentina deberá enfrentar inmediatamente las consecuencias del incumplimiento o si tendrá un respiro mientras tramita su apelación ante las instancias superiores.

Puntos clave:

  • La jueza Preska define si suspende la orden de entrega de acciones de YPF mientras Argentina apela la sentencia
  • El país debía depositar los títulos este lunes en un banco de Nueva York como parte del pago de US$17.750 millones
  • La sentencia beneficia a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF en 2012
  • Argentina ya apeló el jueves ante la Corte de Apelaciones
  • El fallo abrió el camino para que otros acreedores reclamen pagos con acciones de la petrolera

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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión

La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.

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La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión

★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.

La nueva causa y el fiscal que la lleva

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.

En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».

Las cifras bajo la lupa fiscal

Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.

Una segunda causa que se monta sobre la primera

Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.

Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.

La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación

El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.

El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.

Doble estándar en la cima del fisco

La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.

Puntos clave:

– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.

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