Judiciales ⚖️
La jueza Preska define este lunes si suspende entrega de acciones de YPF a los fondos buitre
La magistrada de Nueva York decidirá si paraliza la orden que obliga a Argentina a depositar los títulos de la petrolera estatal como parte del pago de los US$17.750 millones por la expropiación de 2012.
La jueza Loretta Preska resolvió este lunes si suspende la orden que obliga a Argentina a entregar las acciones de YPF como parte del pago por la sentencia de US$16.100 millones por la expropiación de la petrolera, un monto que con intereses asciende actualmente a US$17.750 millones.
La magistrada del Distrito Sur de Nueva York comunicó por escrito a las partes que definiría en esta jornada si concede el pedido del Gobierno argentino para suspender la entrega de acciones mientras se sustancia la apelación presentada por el país.
El plazo vencido y las opciones de Preska
Este lunes era la fecha tope para que Argentina depositara los títulos de YPF en un banco de Nueva York, según la orden dictada por Preska el 30 de junio. Sin embargo, la jueza no definirá si cancela o revierte esa orden, sino únicamente si la suspende mientras el país apela la decisión.
«Si la suspende, los beneficiarios del fallo no podrán ejecutar la sentencia mientras la Argentina apela», explicó Sebastian Maril, analista de Latam Advisors que sigue los juicios contra el país en el exterior.
La magistrada otorgó además «tres días adicionales» para que las partes acudan a la Corte de Apelaciones, instancia a la que Argentina ya recurrió el jueves pasado.
El fallo millonario y sus beneficiarios
El 15 de septiembre de 2023, Preska condenó a Argentina a pagar US$16.100 millones por la expropiación de YPF realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. La sentencia benefició a los fondos Burford y Eton Park, que compraron los derechos para litigar que tenía el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, propietario del 25% de YPF al momento de la nacionalización.
El reclamo se basó en que el gobierno argentino no cumplió con el estatuto de YPF porque nacionalizó la participación de Repsol en la compañía pagándole con bonos, pero no ofreció una operación similar al resto de los accionistas minoritarios.
Estrategias de presión y nuevos reclamos
Desde la sentencia de fines de 2023, Argentina apeló el fallo. Por la demora del país en pagar o intentar algún tipo de acuerdo, los demandantes multiplicaron sus estrategias de presión, incluyendo el pedido de entrega de las acciones de YPF en manos del Estado.
Esta decisión ya abrió el camino a otros acreedores del país para reclamar también que se les pague con papeles de la petrolera estatal, según trascendidos judiciales.
La posición del gobierno de Milei
El presidente Javier Milei se refirió la semana pasada al fallo, declarando: «El fallo no tiene aplicación porque violenta la ley argentina. Para ejecutarlo, debería haber una ley del Congreso que implica dos tercios. No va a ocurrir».
La resolución de Preska sobre la suspensión resulta crucial para definir si Argentina deberá enfrentar inmediatamente las consecuencias del incumplimiento o si tendrá un respiro mientras tramita su apelación ante las instancias superiores.
Puntos clave:
- La jueza Preska define si suspende la orden de entrega de acciones de YPF mientras Argentina apela la sentencia
- El país debía depositar los títulos este lunes en un banco de Nueva York como parte del pago de US$17.750 millones
- La sentencia beneficia a los fondos Burford y Eton Park por la expropiación de YPF en 2012
- Argentina ya apeló el jueves ante la Corte de Apelaciones
- El fallo abrió el camino para que otros acreedores reclamen pagos con acciones de la petrolera
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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