Judiciales ⚖️
Roggio, “Corcho” Rodríguez y Wagner se negaron a declarar en juicio por plantas potabilizadoras
Los tres empresarios son juzgados por supuesto pago de sobornos para adjudicarse la construcción de dos plantas para AySA. También se negó a declarar el ex funcionario Roberto Baratta.
Los empresarios Aldo Roggio, Jorge «Corcho» Rodríguez y Carlos Wagner se negaron este lunes a prestar declaración indagatoria en el juicio oral que investiga supuestos sobornos para la adjudicación de dos plantas potabilizadoras. La audiencia se desarrolló de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 7 de la ciudad de Buenos Aires.
El caso involucra la construcción de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la depuradora de Berazategui, también conocida como «Planta del Bicentenario», adjudicadas a la empresa de agua AySA en una investigación que forma parte del entramado de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
Funcionarios y empresarios en el banquillo
Junto a los tres empresarios, son juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, el ex funcionario Roberto Baratta y el ex titular de AySA Carlos Ben. Baratta también se negó a declarar ante los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.
«Por consejo de mis abogados no voy a declarar en este momento, me reservo el derecho a hacerlo en otra oportunidad del juicio», expresó Roggio al negarse a prestar indagatoria, según consignó la información oficial del tribunal.
El empresario Jorge Corcho Rodríguez siguió la misma línea y solo aportó datos personales al Tribunal, confirmando su apodo «Corcho» cuando fue consultado al respecto. Wagner tampoco prestó declaración.
Las empresas beneficiadas
Las licitaciones fueron adjudicadas a dos consorcios empresariales. Por un lado, la UTE integrada por «Norberto Odebrecht S.A.» -Sucursal Argentina-, «Benito Roggio e Hijos S.A.», «Supercemento S.A.I.C.» y «José Cartellone Construcciones Civiles S.A.». Por otro, la UTE conformada por «Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A.» y «Esuco S.A.»
El juez federal Sebastián Casanello envió el caso a juicio hace cinco años, y el debate oral comenzó en mayo pasado con audiencias cada 15 días a través de la plataforma virtual Zoom.
El patrón de silencio
Desde el inicio del debate oral, todos los acusados optaron por no declarar. José López siguió la audiencia desde la cárcel de Ezeiza, donde permanece detenido desde mediados de junio con condena firme a seis años de cárcel por la Causa Vialidad.
Según el requerimiento de elevación a juicio, se «celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos».
Un tribunal con agenda cargada
El mismo Tribunal Oral Federal 7 que lleva adelante esta causa juzgará a partir de noviembre próximo a la ex presidenta Cristina Kirchner en el caso Cuadernos, otra investigación por corrupción que involucra a funcionarios del gobierno kirchnerista.
Puntos clave:
- Tres empresarios se negaron a declarar en juicio por supuestos sobornos en licitaciones de plantas potabilizadoras
- Las obras adjudicadas fueron la planta Paraná de las Palmas y la depuradora de Berazategui durante el kirchnerismo
- También se negó a declarar el ex funcionario Roberto Baratta
- José López siguió la audiencia desde la cárcel de Ezeiza donde cumple condena por la Causa Vialidad
- El mismo tribunal juzgará a Cristina Kirchner en el caso Cuadernos a partir de noviembre
Judiciales ⚖️
Casación abre una puerta en $LIBRA y revisa la exclusión de damnificados
La Sala II hizo lugar a una queja de dos inversores bielorrusos, con la disidencia de Yacobucci, y habilitó revisar el apartamiento de otros cinco. Lo que se discute es quién podrá apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos Javier y Karina Milei, y evitar así el cierre de la causa.
Un recurso que parecía agotado volvió a quedar en pie. La Cámara Federal de Casación Penal abrió la instancia para revisar si dos damnificados por la criptomoneda $LIBRA pueden ser querellantes, una figura clave para impulsar la investigación y para discutir el cierre del expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado «Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja». Por mayoría, el tribunal hizo lugar a la queja y concedió el recurso de casación contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, dos ciudadanos bielorrusos, para ser tenidos como querellantes.
Un fallo dividido dentro de la Sala II
Slokar sostuvo que los agravios de la parte recurrente podían constituir alguna de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja. Ledesma adhirió al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. Yacobucci, en cambio, votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible la queja, con costas.
El tribunal también ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y pedir el pase digital del legajo a la cámara de origen. Conceder el recurso no implica, por sí solo, que los inversores vuelvan a ser querellantes: lo que se abrió es la puerta para que Casación analice el planteo.
Los cinco inversores apartados también esperan
Además de los dos ciudadanos bielorrusos, Casación también habilitó que se revise el apartamiento de otros cinco inversores damnificados por la presunta criptoestafa: Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco habían sido admitidos como querellantes, pero fueron excluidos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli, el lobbista que fue una de las piezas claves del lanzamiento de la criptomoneda.
En septiembre, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal, dejaron firme esa exclusión. En su fallo sostuvieron que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos» de comprar el memecoin y que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida». Las defensas de los damnificados calificaron ese argumento como un prejuzgamiento.
Qué hay en juego: apelar los sobreseimientos
De ser incorporados nuevamente, los damnificados buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para evitar el cierre de la causa. Sin querellantes, la investigación depende de la voluntad del fiscal Eduardo Taiano, a quien los afectados cuestionaron en septiembre por la demora en el avance del expediente.
La discusión de fondo excede lo procesal: quiénes pueden acusar y quiénes quedan afuera define si la causa $LIBRA se investiga o se archiva. El voto dividido de la Sala II muestra que ese punto sigue abierto.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de Casación hizo lugar a una queja y concedió el recurso de dos inversores bielorrusos que buscan ser querellantes en la causa $LIBRA.
- Slokar y Ledesma votaron a favor; Yacobucci votó en disidencia y propuso declarar inadmisible la queja.
- Casación también habilitó la revisión del apartamiento de Marchetto, Vega, Paris, Quintero y Romeo.
- Los damnificados buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos Javier y Karina Milei.
- Conceder el recurso no los reincorpora de manera automática a la causa.
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