Judiciales ⚖️
Caso García Belsunce: la Corte Suprema dejó firme la absolución de Carrascosa
El viudo de María Marta García Belsunce quedó absuelto este jueves de manera definitiva en la causa por el homicidio de su esposa, luego de que el máximo tribunal rechazara la última apelación del Ministerio Público Fiscal bonaerense.
El viudo de María Marta García Belsunce quedó absuelto este jueves de manera definitiva en la causa por el homicidio de su esposa, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara la última apelación que había presentado el Ministerio Público Fiscal bonaerense, informaron fuentes judiciales.
A 18 años del crimen cometido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar y con un período de siete años y medio en los que el viudo estuvo preso, este fallo dejó firme la absolución que, tras una revisión de la causa, el Tribunal de Casación bonaerense había dictado en 2016 para Carrascosa (75).
«El recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, resulta inadmisible (…). Por ello, y oído el señor Procurador General de la Nación interino, se desestima la queja», señaló el fallo de dos páginas de la Corte, al que accedió Télam y el cual lleva las firmas de los jueces Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
Ayer se conoció que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó a favor de Carrascosa al opinar que debía ser desestimada la última apelación que hizo en 2018 el Ministerio Público Fiscal bonaerense contra la absolución del viudo de María Marta.
«En mi opinión, el recurso extraordinario intentado es inadmisible y la queja, por lo tanto, debe ser desestimada», afirmó Casal en su dictamen de ocho fojas al que tuvo acceso Télam y que está firmado el 1 de ese mes.
Según su criterio, «el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia es de naturaleza excepcional, pues no le corresponde a la Corte sustituir a los jueces de la provincia en temas de prueba y de derecho común y procesal local, que son propios de éstos».
En el dictamen, Casal también reivindicó el fallo de la Suprema Corte bonaerense que el 3 de octubre de 2018 confirmó la absolución que le había dictado en 2016 el Tribunal de Casación Penal de la provincia, y que fue el apelado 14 días más tarde por el subprocurador bonaerense, Juan Ángel de Oliveira, para que la causa llegara a la Corte nacional.
«En lo que respecta a la absolución relativa a la acusación por el delito de homicidio (…), la corte bonaerense fundó su resolución en una evaluación de la sustancia del control llevado a cabo por la sala revisora», explicó.

«Ésta -continuó Casal- valoró uno a uno los indicios en los que sus pares de la instancia anterior apoyaron su conclusión incriminatoria, y entendió que o bien no eran tales, o bien, en todo caso, eran insuficientes para atribuir a Carrascosa una participación, como coautor, en el homicidio cometido, con la seguridad necesaria para justificar una sentencia penal condenatoria».
Según el fallo de diciembre de 2016 de Casación, el horario en que, según el fiscal Diego Molina Pico, se cometió el homicidio se encontraba desautorizado por el horario dado por los médicos que realizaron la autopsia, conforme lo que declararon en un juicio posterior, pues en este expediente, el fiscal nunca los citó para interrogarlos por este tema.
El viudo de María Marta dijo durante una entrevista de la agencia de noticias Télam que al conocer el fallo de la corte se puso a llorar porque «no lo podía creer». «Necesito morir inocente», dijo Carrascosa en otra entrevista con la misma agencia, en la que afirmó su deseo de que en el tercer juicio por el caso, donde será juzgado su ex vecino Nicolás Pachelo, surja «toda la verdad», a 18 años del crimen.
Los vaivenes judiciales de Carrascosa a lo largo de los 18 años de la causa fueron de un extremo al otro: en el juicio de 2007 lo condenaron por encubrimiento y en 2009 el Tribunal de Casación lo condenó a prisión perpetua por el homicidio y lo envió a la cárcel.
Tras varios años de apelaciones, la defensa de Carrascosa, a cargo de Fernando Díaz Cantón, logró que en 2014 la Corte nacional ordenara una revisión integral de la causa y ese fue el puntapié inicial para que en diciembre de 2016 un nuevo fallo del Tribunal de Casación bonaerense, detectara graves irregularidades en la investigación del fiscal Diego Molina Pico, anulara la condena a prisión perpetua y absolviera al ex corredor de bolsa
«El Gordo» -tal como le dicen sus allegados-, recuperó su libertad tras pasar siete años preso: de junio de 2009 a febrero de 2015 en el penal de Campana y desde entonces a diciembre de 2016 con prisión domiciliaria y tobillera electrónica en un country de Escobar.
La socióloga García Belsunce (50) fue hallada muerta el 27 de octubre de 2002 en su chalet del country Carmel de Pilar, con su cuerpo semisumergido en la bañera y su marido Carrascosa declaró siempre que él pensó que había sufrido un «accidente» y se había golpeado la cabeza contra una viga del techo y las canillas.
La autopsia practicada a 36 días del hecho comprobó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo, cinco de los cuales penetraron en el cráneo y el sexto -«el pituto»- le rebotó, con un arma calibre .32 largo que nunca apareció.
Este año, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro debía realizar entre el 3 de agosto y el 14 de octubre el tercer debate oral por el caso, el que tiene como presuntos coautores del homicidio al ex vecino Pachelo (44) y a los dos exempleados de seguridad Norberto Glennon (55) y José Ramón Alejandro Ortiz (43), pero quedó pospuesto por la pandemia.
La hipótesis que intentarán demostrar los fiscales Andrés Quintana y Matías López Vidal en este debate que aún no tiene nueva fecha de inicio, es que María Marta fue ejecutada a balazos cuando sorprendió dentro de su casa a ladrones.
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La banda que extorsionó e instigó al suicidio a un soldado en la Quinta de Olivos va a juicio
El fiscal federal Federico Iuspa solicitó elevar a juicio la causa contra siete personas acusadas de integrar una asociación ilícita que operaba desde cárceles bonaerenses. Los cabecillas enfrentan además el cargo de instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, hallado muerto en diciembre pasado en la Quinta Presidencial de Olivos.
El fiscal federal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de San Isidro, solicitó la elevación a juicio parcial contra siete imputados por integrar o liderar una organización criminal dedicada a extorsionar a hombres a través de aplicaciones de citas. Los presuntos cabecillas enfrentan además el cargo de instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez, el joven granadero de 21 años que se quitó la vida en diciembre de 2025 dentro de la Quinta Presidencial de Olivos.
El pedido fue presentado ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro. La acusación involucra a tres hombres detenidos en cárceles bonaerenses y a cuatro mujeres que colaboraban desde el exterior de los establecimientos penitenciarios. El proceso corre de manera parcial porque la investigación sobre otros episodios de extorsión continúa abierta.
Una «pyme del delito» operada desde la cárcel
Según la acusación fiscal, T.M.F., de 23 años, y M.J.D.A., de 25, lideraban la organización desde la Unidad N°36 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Magdalena. Un tercer hombre, K.M.S.P., de 28 años, participaba como miembro desde la misma unidad hasta su traslado a la Unidad N°26 de Lisandro Olmos. Las cuatro mujeres imputadas, de entre 23 y 36 años, cumplían funciones logísticas: aportaron cuentas de billeteras virtuales propias o de familiares para canalizar el dinero extorsionado, y facilitaron chips telefónicos para que los detenidos pudieran realizar llamadas desde los penales.
El modus operandi consistía en crear perfiles falsos de mujeres en aplicaciones de citas, entre ellas Evermatch, para contactar a potenciales víctimas y luego trasladar la conversación a WhatsApp. Una vez establecido el vínculo, la organización desplegaba el denominado «audio del terror»: una persona que se hacía pasar por la madre de la supuesta joven afirmaba que se trataba de una menor de edad y amenazaba con formular una denuncia penal. Acto seguido, otro integrante usurpaba la identidad de un efectivo real de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para exigir transferencias de dinero bajo el pretexto de «solucionar» el problema legal ficticio.
El caso Rodrigo Gómez: la carta que abrió la investigación
La causa se inició el 16 de diciembre de 2025, tras el hallazgo del cuerpo sin vida del soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, en una garita de la residencia presidencial donde prestaba funciones de custodia como integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. El joven se quitó la vida con su arma reglamentaria y dejó una carta en la que explicó los motivos de su decisión. Esa carta, que mencionaba explícitamente su ingreso a una aplicación de citas, fue la clave que orientó la pesquisa.
La investigación, realizada en conjunto con la División Homicidios de la Policía Federal Argentina, permitió reconstruir que Gómez había transferido $1.413.000 a dos cuentas de Mercado Pago el 15 de diciembre de 2025, un día antes de su muerte, víctima de la extorsión. La Cámara Federal de San Martín confirmó en mayo de 2026 el procesamiento con prisión preventiva de los seis integrantes de la banda y rechazó las apelaciones de las defensas, ratificando las acusaciones por asociación ilícita, extorsión reiterada e instigación al suicidio.
Tres hechos de extorsión comprobados
Además del caso de Gómez, la fiscalía acreditó otros dos episodios concretos de extorsión. El 26 de diciembre de 2025, una segunda víctima realizó una transferencia de $15.000 a una cuenta vinculada con una de las imputadas. Entre el 22 y el 28 del mismo mes, una tercera víctima depositó un total de $116.000 en cuentas pertenecientes a dos de las acusadas. Estos tres hechos son los que conforman el pedido de elevación a juicio parcial, sin perjuicio de otros episodios que la fiscalía continúa investigando.
Los cargos y la implicancia penal
El fiscal Iuspa solicitó que los dos presuntos jefes sean juzgados por asociación ilícita agravada en carácter de cabecillas, coautoría en tres hechos de extorsión e instigación al suicidio, delito tipificado en el artículo 83 del Código Penal con una pena prevista de 1 a 4 años de prisión. Para los cinco restantes requirió que respondan como miembros de asociación ilícita agravada y coautores de los hechos de extorsión acreditados. La investigación, consigna el documento publicado en el portal Fiscales.gob.ar, continuará sobre otros hechos no comprendidos en este requerimiento parcial.
Puntos clave
- El fiscal federal Federico Iuspa solicitó elevar a juicio parcial la causa contra siete integrantes de una asociación ilícita que extorsionaba a hombres mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas.
- Los dos presuntos jefes operaban desde la Unidad N°36 del Servicio Penitenciario Bonaerense en Magdalena y enfrentan además el cargo de instigación al suicidio del soldado Rodrigo Gómez.
- Gómez, de 21 años, transfirió $1.413.000 el día previo a su muerte y dejó una carta que dio inicio a la investigación.
- La Cámara Federal de San Martín confirmó en mayo de 2026 el procesamiento con prisión preventiva de los seis integrantes identificados hasta entonces.
- La investigación sigue abierta sobre otros episodios de extorsión no incluidos en el pedido de elevación a juicio parcial.
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