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Violencia de Género

Violencia institucional y criminalización de trabajadoras, entre los ejes de la asamblea del 3J

Organizaciones feministas realizaron hoy la tercera y última asamblea para consensuar ejes centrales de la próxima marcha de Ni Una Menos.

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Unas trescientas personas de organizaciones feministas realizaron hoy la tercera y última asamblea para consensuar ejes centrales de la próxima marcha de Ni Una Menos, por primera vez, en Plaza Constitución, donde denunciaron la «hostilidad» en cuanto a violencia institucional, de género y acceso a la vivienda para las personas en situación de calle y quienes trabajen en la vía pública..

La asamblea, impulsada por la organización Ni Una Menos, se realizó esta tarde al aire libre en el centro de la plaza, ubicada en la manzana delimitada por las calles Lima, Lima Oeste, Constitución y Juan de Garay, y fue la última que se realizó este año para consensuar y terminar de definir el documento que se leerá en la marcha que tendrá lugar el próximo 3J (3 de junio) a las 14 frente al Congreso de la Nación.

En el encuentro definieron que la consigna central será «Vivas, libres y desendeudades nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos», terminaron de revisar borrador del documento que leerán el sábado a las 16, confeccionado en base a las discusiones que surgieron en las asambleas realizadas, entre ellas, la que tuvo lugar en la CTA de los trabajadores y en la villa 31.

Asimismo, anunciaron que, el sábado, algunas organizaciones van a marchar desde Av. de Mayo y Salta hacia el Congreso a partir de las 14; hablarán familiares de víctimas de femicidios; y el cierre del encuentro estará a cargo de la banda Sudor Marika.

«Hoy, el carácter de la asamblea fue denunciar la violencia institucional que sufren quienes ejercen el trabajo sexual en Constitución, pero también las trabajadoras de la Economía Popular, las personas trans, que tienen muchos problemas de acceso a la vivienda», dijo la referente del colectivo Ni Una Menos, Luci Caballero.

«La intención fue poner en movimiento la asamblea para reflejar cómo aparece la violencia machista en cada territorio y en este territorio se relaciona a la violencia institucional, la criminalización de los trabajos de subsistencia y de la población migrante», agregó.

«Estamos construyendo un feminismo popular que tiene la agenda de las últimas como la agenda central», concluyó.

La primera en tomar la palabra fue la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, quien junto a otras trabajadoras sexuales, encabezó la asamblea y relató escenas cotidianas que se viven en el lugar que eligieron para hacerla: «Este barrio es muy hostil para quienes trabajamos en la calle, sea trabajadora sexual, vendedora ambulante o mantera. Acá la policía hostiga, detiene de manera arbitraria y realiza razzias, procedimientos donde no respeta la Ley de Identidad de Género. Acá también duerme mucha gente que está en situación de calle porque no tienen cómo seguir sosteniendo el alto valor de las piezas en los hoteles, inquilinatos o pensiones».

«En este barrio no vemos filas en restaurantes, ni cines, sino en las puertas de los comedores comunitarios», agregó y concluyó que «es importante que los feminismos se acerquen a un barrio hostil con nosotras», concluyó.

La referente de AMMAR, contó que convocaron a vecinas del barrio y a personas del colectivo travesti trans migrante que «no han tenido nunca la posibilidad de estar en una asamblea y que veían muy lejano al movimiento feminista Ni una Menos», pero fueron «a escuchar, aprender y a aportar, desde sus vivencias personales, cómo afectó la crisis económica y como es vivir en un barrio tan hostil».

En el lugar, desplegaron una bandera con la leyenda «Mi trabajo no es delito, trabajo sexual es trabajo» y sostuvieron carteles que decían «nosotras las putas también somos vecinas del barrio»; «ni una menos, vivas nos queremos, basta de violencia institucional. No al gatillo fácil».

También encabezó la convocatoria la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez, quien dijo que «hay una agenda bastante amplia y dolorosa para el 3 de junio, que viene siendo una constante» y definió que, desde el 3 de junio pasado, «la situación empeoró».

Asimismo, hizo hincapié en la «constante estigmatización» que viven las y los trabajadores de la Economía Popular cuando se pone a los planes sociales, como el origen del hambre y la pobreza en el país.

«Necesitamos que dejen de priorizar la deuda con el Fondo Monetario internacional y que prioricen la deuda con el pueblo y la deuda con nosotras, nosotres y con los pibes», concluyó.

«Se está armando un 3 de junio muy masivo y me parece que va a ser muy importante esa ocupación de la calle este sábado en unidad con todos los reclamos, dándole visibilidad», dijo Caballero durante la asamblea.

Entre las oradoras de la asamblea también estuvieron familiares de víctimas femicidios y una sobreviviente del taller textil clandestino Luis Viale donde hace 17 años murieron seis personas.

Buenos Aires

El video se hizo viral y agresor está identificado pero la Justicia no actúa, mientras una mujer espera protección

Un video que muestra una paliza brutal a una mujer se viralizó en las últimas horas, el agresor ya fue identificado y la asociación civil Madres que rompen el silencio exigió medidas urgentes al Departamento Judicial de Azul, denunciando una peligrosa demora institucional ante pruebas audiovisuales contundentes.

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La golpearon en video, al agresor lo identificaron, y la Justicia todavía no actuó.

Las imágenes son inequívocas: un hombre revisa el teléfono de su pareja, la confronta y le propina una brutal paliza mientras ella ruega que se detenga. El video, filmado en la localidad bonaerense de Tapalqué, se viralizó en las últimas horas y permitió identificar al agresor, presuntamente Rodrigo Carrica. Pese a la existencia de pruebas audiovisuales contundentes, la respuesta judicial tardó en llegar; una demora que organizaciones de mujeres calificaron como violencia institucional.

La asociación civil Madres que rompen el silencio, con sede en Río Negro, tomó conocimiento directo del caso y se constituyó en interlocutora ante las autoridades del Departamento Judicial de Azul, el fuero con competencia sobre Tapalqué. La organización presentó el material probatorio disponible, que incluye los registros fílmicos y fotográficos de la agresión, y exigió una respuesta estatal inmediata.

El reclamo: medidas urgentes ante la demora judicial

La entidad formalizó un reclamo ante el Departamento Judicial de Azul con tres exigencias centrales: la intervención urgente para revisar y agilizar el accionar de las dependencias judiciales y policiales locales; el dictado inmediato de medidas de protección y restricción perimetral eficaces para resguardar la integridad psicofísica de la víctima; y el cese absoluto de las dilaciones burocráticas frente a la existencia de pruebas audiovisuales explícitas.

«No se puede seguir tolerando que la burocracia judicial desampare a quienes denuncian», advirtió la organización, que también alertó sobre el riesgo concreto que implica cada hora de demora en casos donde la víctima convive o tiene contacto con su agresor. Madres que rompen el silencio comunicó que se mantendrá en estado de alerta comunitaria hasta que las garantías constitucionales y de seguridad sean cumplidas de manera efectiva.

Violencia institucional por omisión

La denuncia pone sobre la mesa un problema estructural del sistema judicial argentino frente a la violencia de género: la brecha entre la disponibilidad de prueba y la velocidad de la respuesta institucional. La organización usó una categoría precisa para nombrarlo: «la violencia institucional por omisión o demora también es una forma de violencia que perpetúa el peligro». En ese encuadre, la inacción no es un vacío neutral sino un acto que habilita la continuidad de la agresión.

El caso de Tapalqué no es un hecho aislado. La Ley 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres establece con claridad el deber del Estado de actuar con la debida diligencia frente a situaciones de riesgo. El incumplimiento de ese mandato en contextos donde existe material probatorio disponible no solo representa una falla procesal, sino una responsabilidad estatal en los términos de los estándares internacionales de derechos humanos.

Lo que tenés que saber:

  • Un video viral muestra a un hombre, presuntamente Rodrigo Carrica, golpear brutalmente a su pareja en Tapalqué, provincia de Buenos Aires.
  • La asociación civil Madres que rompen el silencio denunció una alarmante demora de la Justicia local a pesar de contar con pruebas audiovisuales contundentes.
  • La organización exigió al Departamento Judicial de Azul medidas urgentes de protección, restricción perimetral y cese de dilaciones burocráticas.
  • La entidad advirtió que la omisión y la demora judicial son en sí mismas una forma de violencia institucional que prolonga el peligro para la víctima.
  • La organización anunció que se mantendrá en estado de alerta hasta que se garantice efectivamente la seguridad de la mujer agredida.
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