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Violencia de Género

Violencia institucional y criminalización de trabajadoras, entre los ejes de la asamblea del 3J

Organizaciones feministas realizaron hoy la tercera y última asamblea para consensuar ejes centrales de la próxima marcha de Ni Una Menos.

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Unas trescientas personas de organizaciones feministas realizaron hoy la tercera y última asamblea para consensuar ejes centrales de la próxima marcha de Ni Una Menos, por primera vez, en Plaza Constitución, donde denunciaron la «hostilidad» en cuanto a violencia institucional, de género y acceso a la vivienda para las personas en situación de calle y quienes trabajen en la vía pública..

La asamblea, impulsada por la organización Ni Una Menos, se realizó esta tarde al aire libre en el centro de la plaza, ubicada en la manzana delimitada por las calles Lima, Lima Oeste, Constitución y Juan de Garay, y fue la última que se realizó este año para consensuar y terminar de definir el documento que se leerá en la marcha que tendrá lugar el próximo 3J (3 de junio) a las 14 frente al Congreso de la Nación.

En el encuentro definieron que la consigna central será «Vivas, libres y desendeudades nos queremos. Con este Poder Judicial no hay Ni Una Menos», terminaron de revisar borrador del documento que leerán el sábado a las 16, confeccionado en base a las discusiones que surgieron en las asambleas realizadas, entre ellas, la que tuvo lugar en la CTA de los trabajadores y en la villa 31.

Asimismo, anunciaron que, el sábado, algunas organizaciones van a marchar desde Av. de Mayo y Salta hacia el Congreso a partir de las 14; hablarán familiares de víctimas de femicidios; y el cierre del encuentro estará a cargo de la banda Sudor Marika.

«Hoy, el carácter de la asamblea fue denunciar la violencia institucional que sufren quienes ejercen el trabajo sexual en Constitución, pero también las trabajadoras de la Economía Popular, las personas trans, que tienen muchos problemas de acceso a la vivienda», dijo la referente del colectivo Ni Una Menos, Luci Caballero.

«La intención fue poner en movimiento la asamblea para reflejar cómo aparece la violencia machista en cada territorio y en este territorio se relaciona a la violencia institucional, la criminalización de los trabajos de subsistencia y de la población migrante», agregó.

«Estamos construyendo un feminismo popular que tiene la agenda de las últimas como la agenda central», concluyó.

La primera en tomar la palabra fue la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, quien junto a otras trabajadoras sexuales, encabezó la asamblea y relató escenas cotidianas que se viven en el lugar que eligieron para hacerla: «Este barrio es muy hostil para quienes trabajamos en la calle, sea trabajadora sexual, vendedora ambulante o mantera. Acá la policía hostiga, detiene de manera arbitraria y realiza razzias, procedimientos donde no respeta la Ley de Identidad de Género. Acá también duerme mucha gente que está en situación de calle porque no tienen cómo seguir sosteniendo el alto valor de las piezas en los hoteles, inquilinatos o pensiones».

«En este barrio no vemos filas en restaurantes, ni cines, sino en las puertas de los comedores comunitarios», agregó y concluyó que «es importante que los feminismos se acerquen a un barrio hostil con nosotras», concluyó.

La referente de AMMAR, contó que convocaron a vecinas del barrio y a personas del colectivo travesti trans migrante que «no han tenido nunca la posibilidad de estar en una asamblea y que veían muy lejano al movimiento feminista Ni una Menos», pero fueron «a escuchar, aprender y a aportar, desde sus vivencias personales, cómo afectó la crisis económica y como es vivir en un barrio tan hostil».

En el lugar, desplegaron una bandera con la leyenda «Mi trabajo no es delito, trabajo sexual es trabajo» y sostuvieron carteles que decían «nosotras las putas también somos vecinas del barrio»; «ni una menos, vivas nos queremos, basta de violencia institucional. No al gatillo fácil».

También encabezó la convocatoria la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, Dina Sánchez, quien dijo que «hay una agenda bastante amplia y dolorosa para el 3 de junio, que viene siendo una constante» y definió que, desde el 3 de junio pasado, «la situación empeoró».

Asimismo, hizo hincapié en la «constante estigmatización» que viven las y los trabajadores de la Economía Popular cuando se pone a los planes sociales, como el origen del hambre y la pobreza en el país.

«Necesitamos que dejen de priorizar la deuda con el Fondo Monetario internacional y que prioricen la deuda con el pueblo y la deuda con nosotras, nosotres y con los pibes», concluyó.

«Se está armando un 3 de junio muy masivo y me parece que va a ser muy importante esa ocupación de la calle este sábado en unidad con todos los reclamos, dándole visibilidad», dijo Caballero durante la asamblea.

Entre las oradoras de la asamblea también estuvieron familiares de víctimas femicidios y una sobreviviente del taller textil clandestino Luis Viale donde hace 17 años murieron seis personas.

Judiciales ⚖️

Más de 18 mil atenciones por “violencia doméstica”: la cara que el Gobierno libertario no quiere ver

El informe anual de la Oficina de “Violencia Doméstica” (violencia de género) de la Corte Suprema registró 18.014 atenciones en 2025, un 5% más que el año anterior. La violencia psicológica afectó al 96% de los casos; el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto.

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“Violencia doméstica”: un drama que crece mientras el Estado se achica

★ La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que registra los casos de violencia de género y familiar), publicó su informe estadístico correspondiente al año 2025, y los números confirman una tendencia que se agrava: las atenciones crecieron un 5% respecto de 2024, con un promedio de 49 casos por día, en un contexto donde el ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei golpea con fuerza a las políticas de género y a las redes de contención estatal.

La OVD registró en total 18.014 atenciones durante los doce meses del año pasado, distribuidas en 10.124 presentaciones formales y 7.890 consultas informativas presenciales. En ambos casos, la mayoría de las personas que se acercaron al organismo lo hicieron fuera del horario judicial habitual, lo que da cuenta de la urgencia con que se viven estas situaciones. Respecto de 2024, las presentaciones aumentaron un 3% y las consultas un 8%.

Un drama con rostro de mujer y edad promedio de 9 años

Los equipos interdisciplinarios del organismo realizaron 13.313 evaluaciones de riesgo, correspondientes a 12.566 personas afectadas. El grupo más numeroso fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, que representaron el 50% del total. Detrás de ellas, con una presencia que estremece, aparecen las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, que concentraron el 31% de los casos y cuya edad promedio fue de apenas 9 años.

Esos datos no son una abstracción estadística: son menores que conviven cotidianamente con situaciones de violencia, en hogares donde el miedo es parte del paisaje doméstico.

Quiénes son los agresores

El informe detalla también el perfil de las personas denunciadas. Se registraron 10.280 individuos en esa categoría, de los cuales el 71% eran varones con una edad promedio de 40 años. Un dato particularmente preocupante es que 3 de cada 10 presentaban consumo problemático de alcohol (29%) o de sustancias psicoactivas (28%), y 855 personas poseían armas (8%), lo que eleva exponencialmente el nivel de riesgo para las víctimas.

El vínculo entre agresor y víctima refuerza la idea de que la violencia doméstica ocurre, en la mayoría de los casos, en el entorno más íntimo: el 45% de las situaciones involucró a parejas o ex parejas y el 35% a vínculos filiales.

La violencia que no deja marca visible

Cuando se analiza el tipo de violencia ejercida, el dato más contundente es que la violencia psicológica aparece en el 96% de los casos, muy por encima de la física y la simbólica, presentes ambas en el 42% de las situaciones. La violencia de tipo ambiental alcanzó el 28%, la económico-patrimonial el 27% y la sexual el 7%.

En el 90% de los casos, las personas afectadas eran de sexo femenino, una cifra que vuelve a interpelar las políticas públicas de género en un gobierno que desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en sus primeros días de gestión.

Riesgo altísimo y lesiones: la punta del iceberg

Uno de los datos más alarmantes que arroja el informe es que el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto, y que 1.758 personas presentaban lesiones físicas producto de la violencia al momento de acercarse a la OVD.

La frecuencia de los episodios tampoco deja lugar para el optimismo: el 57% de las situaciones relatadas ocurrió con una frecuencia diaria o semanal, y apenas el 6% describió un primer episodio, lo que revela que la enorme mayoría de las personas que llegan a la OVD llegan después de haber soportado una historia prolongada de violencia.

La maquinaria judicial que intenta contener

Ante el volumen de casos, el sistema judicial respondió con derivaciones masivas y medidas preventivas. El 99% de los casos fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 67% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCABA) y el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

En ese marco, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó al menos 34.913 medidas preventivas urgentes, entre ellas la prohibición de acercamiento a la denunciante (66%), la prohibición de contacto (63%), la entrega de botón antipánico (39%) y el cese de actos de perturbación e intimidación (33%).

La maquinaria judicial trabaja a pleno. Pero sin políticas públicas que ataquen las causas estructurales, las medidas preventivas son parches sobre una herida que no cierra.

Puntos clave

  • La OVD registró 18.014 atenciones en 2025, un 5% más que en 2024, con un promedio de 49 casos por día.
  • El 50% de las personas afectadas fueron mujeres adultas de 18 a 59 años; el 31% fueron niñas, niños y adolescentes con una edad promedio de 9 años.
  • La violencia psicológica fue la más frecuente (96%), seguida por la física y simbólica (42% cada una).
  • El 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto; 1.758 personas presentaban lesiones al momento de la atención.
  • La Justicia Civil ordenó más de 34.900 medidas preventivas urgentes en el marco de estas derivaciones.
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