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Violencia de Género

Violencia de género: casi 700 mil mujeres y personas LGBTIQ+ fueron asistidas en los últimos 9 años

La ministra Ayelen Mazzina presentó un informe que confirma el 97,5% de las agredidas son mujeres y el 95,8% de los agresores son varones.

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Desde el año 2013 y hasta diciembre del 2022 un total de 669.339 personas fueron asistidas por estar en situación de violencia en el país, cifra que incluye también a quienes realizaron consultas al respecto, según datos recopilados por el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que fueron presentados este lunes.

El Sistema «permite conocer en profundidad» las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona, explicaron durante la presentación del estudio estadístico en una actividad realizada en el CCK, que encabezó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, junto a parte de su gabinete y representantes de áreas de género de distintas provincias.

El objetivo de este informe «es sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento, lo que contribuye a la elaboración de políticas públicas con sustento empírico a nivel nacional y federal», se resaltó en el documento.

El análisis determinó que el 97,5% de las personas agredidas son mujeres, y el resto del porcentaje corresponde a LGBTI+. La provincia de Buenos Aries y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Tucumán son los distritos con mayores registros.

En el ámbito doméstico es donde se manifiesta abrumadoramente la violencia, con un 97,1 %, en tanto el 1,3% de los registros son por violencia laboral, y un 1,2% por violencia institucional.

También el Sistema incorporó incipientes y recientes datos sobre violencia contra la libertad reproductiva (190 registros), violencia obstétrica (160), violencia en el espacio público (110) y violencia política (8).

«Si bien aún son datos residuales, es importante destacar que comenzamos a tener registros de esas situaciones que podrán ser analizadas con más detalle mediante otro tipo de abordajes«, se explica en el documento oficial.

Una misma persona puede ser víctima de distintos tipos de violencia a la vez, pero a los efectos estadísticos se diferenció entre psicológica (85%); seguida por la física (74,3%), la económica (40%), simbólica (30,1%), ambiental -cuando se dañan objetos de las victimas- (19,7%), y sexual (19,2%).

Otro dato significativo es que el 95,8% de las personas agresoras son varones, el 87,8% son la pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia y que el 23,2% tiene acceso a armas de fuego.

El Sistema además identificó víctimas que están embarazadas, conviven con una discapacidad, son afrodescendientes, migrantes, refugiadas, pertenecientes a pueblos originarios, privadas de libertad o en conflicto con la ley penal.

También lugares donde viven las víctimas, determinando tipo y condiciones la de vivienda, situación de calle o residencia en una institución.

Así, este primer informe del Sicvg incorporó la dimensión de la interseccionalidad – una categoría de análisis que muestra las distintas realidades de una persona, por ejemplo, si convive con una discapacidad- y la diversidad de género y orientación sexual.

También aportó que sólo el 10% de las víctimas no tiene niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad a cargo, es decir, el 90% son cuidadoras.

Sobre las intervenciones ante estas situaciones, la mayoría de las personas recurrió a la policía y a la justicia, y en pocas ocasiones al sistema de salud o a dispositivos de protección integral.

Como novedad, el Sicvg incluyó variables y categorías para sistematizar información sobre LGBTIQ+ en situación de violencias por motivos de género. Fueron 18.808 las personas de esta población asistidas.

Además, «avanzó en una mirada sobre la asistencia del Estado (aborda qué instituciones intervinieron en el caso antes del registro y contiene el seguimiento y asistencia posterior) y es el resultado de la traducción de registros diversos: los cargados directamente en el sistema, los migrados de registros históricos y los ingestados de bases de datos de otros organismos», se detalló en el documento.

El Sistema funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de personas asistidas y consultas que se identifican por tipo y número de documento.

Para este informe se utilizaron datos de nueve áreas de género provinciales y seis municipales, un organismo judicial, cinco dispositivos territoriales de protección, datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres de diecisiete provincias y siete organismos nacionales, y la información de cuatro programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Como conclusión, el informe destacó que «casi 700.000 registros en poco más de dos años de implementación del Sicvg, de los cuales en cerca del 50% contamos con datos bastante exhaustivos de la situación vivida, además de contar con datos para la trazabilidad de casi medio millón de personas asistidas y la posibilidad de registrar asistencias e intervenir de manera compartida en los casos, son hitos centrales de esta herramienta de gestión de la información».

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Géneros 🟣

Causa por un aborto: sancionan a dos jueces negacionistas de la ILE

La Corte confirmó una sanción para dos jueces por su rechazo al tratamiento con perspectiva de género de una causa por un aborto

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La sanción económica que implica un descuento del 50% del salario de un mes para dos jueces ha sido confirmada por la Corte Suprema. Los jueces en cuestión son Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, quienes fueron penalizados por el Consejo de la Magistratura debido a una sentencia en la que desacreditaron a los médicos que realizaron un aborto.

Anzoátegui y Rizzi fueron sancionados por “actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto de las instituciones democráticas y los derechos humanos o que comprometen la dignidad del cargo”. En una sentencia emitida el 24 de septiembre de 2020, el tribunal había sentenciado a un acusado de homicidio y abuso sexual agravado por acceso carnal contra su hermanastra cuando era niña, a 35 años de prisión.

Como resultado de las violaciones, la niña quedó embarazada y decidió someterse a un aborto cuando ya estaba en vigor la ley de la Interrupción Legal (ILE). Los jueces describieron el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” del Ministerio de Salud como un “manual de salvajadas inhumanas”. Los médicos que realizaron el aborto fueron calificados como “sicarios” y “asesinos a sueldo”.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti confirmaron en una extensa sentencia el criterio establecido desde la creación del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento sobre la inapelabilidad de las sanciones emitidas por estos organismos.

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