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Violencia de Género

Violencia de género: casi 700 mil mujeres y personas LGBTIQ+ fueron asistidas en los últimos 9 años

La ministra Ayelen Mazzina presentó un informe que confirma el 97,5% de las agredidas son mujeres y el 95,8% de los agresores son varones.

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Desde el año 2013 y hasta diciembre del 2022 un total de 669.339 personas fueron asistidas por estar en situación de violencia en el país, cifra que incluye también a quienes realizaron consultas al respecto, según datos recopilados por el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (Sicvg) del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que fueron presentados este lunes.

El Sistema «permite conocer en profundidad» las características de las violencias de género y determinar el nivel de riesgo en que se encuentra una persona, explicaron durante la presentación del estudio estadístico en una actividad realizada en el CCK, que encabezó la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, junto a parte de su gabinete y representantes de áreas de género de distintas provincias.

El objetivo de este informe «es sistematizar la información con un enfoque estadístico y ser una herramienta de consulta, articulación y seguimiento, lo que contribuye a la elaboración de políticas públicas con sustento empírico a nivel nacional y federal», se resaltó en el documento.

El análisis determinó que el 97,5% de las personas agredidas son mujeres, y el resto del porcentaje corresponde a LGBTI+. La provincia de Buenos Aries y la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Tucumán son los distritos con mayores registros.

En el ámbito doméstico es donde se manifiesta abrumadoramente la violencia, con un 97,1 %, en tanto el 1,3% de los registros son por violencia laboral, y un 1,2% por violencia institucional.

También el Sistema incorporó incipientes y recientes datos sobre violencia contra la libertad reproductiva (190 registros), violencia obstétrica (160), violencia en el espacio público (110) y violencia política (8).

«Si bien aún son datos residuales, es importante destacar que comenzamos a tener registros de esas situaciones que podrán ser analizadas con más detalle mediante otro tipo de abordajes«, se explica en el documento oficial.

Una misma persona puede ser víctima de distintos tipos de violencia a la vez, pero a los efectos estadísticos se diferenció entre psicológica (85%); seguida por la física (74,3%), la económica (40%), simbólica (30,1%), ambiental -cuando se dañan objetos de las victimas- (19,7%), y sexual (19,2%).

Otro dato significativo es que el 95,8% de las personas agresoras son varones, el 87,8% son la pareja o ex pareja de la persona en situación de violencia y que el 23,2% tiene acceso a armas de fuego.

El Sistema además identificó víctimas que están embarazadas, conviven con una discapacidad, son afrodescendientes, migrantes, refugiadas, pertenecientes a pueblos originarios, privadas de libertad o en conflicto con la ley penal.

También lugares donde viven las víctimas, determinando tipo y condiciones la de vivienda, situación de calle o residencia en una institución.

Así, este primer informe del Sicvg incorporó la dimensión de la interseccionalidad – una categoría de análisis que muestra las distintas realidades de una persona, por ejemplo, si convive con una discapacidad- y la diversidad de género y orientación sexual.

También aportó que sólo el 10% de las víctimas no tiene niñas, niños, adolescentes, personas mayores o con discapacidad a cargo, es decir, el 90% son cuidadoras.

Sobre las intervenciones ante estas situaciones, la mayoría de las personas recurrió a la policía y a la justicia, y en pocas ocasiones al sistema de salud o a dispositivos de protección integral.

Como novedad, el Sicvg incluyó variables y categorías para sistematizar información sobre LGBTIQ+ en situación de violencias por motivos de género. Fueron 18.808 las personas de esta población asistidas.

Además, «avanzó en una mirada sobre la asistencia del Estado (aborda qué instituciones intervinieron en el caso antes del registro y contiene el seguimiento y asistencia posterior) y es el resultado de la traducción de registros diversos: los cargados directamente en el sistema, los migrados de registros históricos y los ingestados de bases de datos de otros organismos», se detalló en el documento.

El Sistema funciona a través de una aplicación web en la que se aloja un padrón integrado de personas asistidas y consultas que se identifican por tipo y número de documento.

Para este informe se utilizaron datos de nueve áreas de género provinciales y seis municipales, un organismo judicial, cinco dispositivos territoriales de protección, datos del Registro Único de Casos de Violencia contra las Mujeres de diecisiete provincias y siete organismos nacionales, y la información de cuatro programas del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Como conclusión, el informe destacó que «casi 700.000 registros en poco más de dos años de implementación del Sicvg, de los cuales en cerca del 50% contamos con datos bastante exhaustivos de la situación vivida, además de contar con datos para la trazabilidad de casi medio millón de personas asistidas y la posibilidad de registrar asistencias e intervenir de manera compartida en los casos, son hitos centrales de esta herramienta de gestión de la información».

Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.

Géneros 🟣

Ex funcionario del INAES Carlos Debiaggi fue declarado culpable de abuso sexual tras 7 años de lucha judicial

Después de siete años de lucha, la Justicia federal encontró culpable al ex Director de Asuntos Jurídicos del INAES por abuso sexual simple consumado en horario laboral. La condena llegó tras un juicio oral que comenzó el 18 de marzo de 2026.

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El 12 de agosto de 2019, en pleno horario laboral y en las oficinas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), dependiente del entonces Ministerio de Desarrollo Social, Carlos Alberto Debiaggi, quien se desempeñaba como Director de Asuntos Jurídicos del organismo, abusó sexualmente de una trabajadora. La víctima, identificada solo como Cecilia para resguardar su identidad, relató los hechos a la Revista Cítrica en 2019.

La denuncia fue presentada de inmediato en sede penal y administrativa. Sin embargo, la respuesta institucional no fue la protección que la trabajadora merecía. El presidente del INAES, Marcelo Collomb, se negó en forma reiterada a apartar a Debiaggi del organismo, pese a las audiencias personales y los requerimientos formales de la junta interna de ATE y de las trabajadoras del organismo.

Cecilia debió tomarse licencia psiquiátrica primero, y por violencia de género después. Le redujeron el sueldo. Debiaggi, en cambio, siguió concurriendo al organismo.

Represalias y solidaridad

La situación no quedó ahí. Según informó la propia junta interna de ATE INAES, como represalia por el acompañamiento sindical a la denunciante, dos delegados fueron denunciados penalmente por supuestas amenazas, una acusación que los propios trabajadores calificaron como «armada«. Ni esa maniobra logró frenar el avance judicial.

En 2021, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Debiaggi al considerar que existían elementos probatorios suficientes para avanzar al debate oral. Aun así, la causa tardó cinco años más en llegar al juicio.

El juicio y la condena

El juicio oral y público en la causa «Debiaggi, Carlos Alberto s/ infr. art. 119, 1° CP» se inició el 18 de marzo de 2026 ante la Justicia federal. Semanas después, el veredicto llegó: CULPABLE.

La junta interna de ATE INAES celebró la condena como «una conquista histórica» y subrayó que la victoria no hubiera sido posible sin «un sindicato que acompañe y se plante» y sin la sororidad de decenas de trabajadoras del organismo y delegadas de otras juntas que sostuvieron a la trabajadora durante años.

La causa también expuso los antecedentes de violencia de género de Debiaggi: según señaló en su momento ATE INAES en comunicado oficial, el ex funcionario registraba además una causa por violencia doméstica impulsada por su ex pareja, y diversas situaciones no denunciadas formalmente por temor por parte de otras trabajadoras de su Dirección.

Una victoria, un síntoma

El caso Debiaggi ilustra con crudeza una realidad extendida en el ámbito laboral estatal: la denuncia no garantiza la protección, no es la primera vez que denunciantes son despedidas o forzadas a tomarse «licencias». La trabajadora fue quien pagó las consecuencias inmediatas, mientras el agresor, amparado por el silencio institucional, continuó en funciones.

Siete años de proceso judicial, licencias forzadas, reducción salarial, represalias sindicales y una burocracia que prefirió mirar para otro lado antes de actuar. La condena es justa y necesaria. Pero también es la prueba de todo lo que aún falta construir para que el Estado deje de ser un lugar peligroso para quienes se atreven a denunciar.

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