Dos hombres comenzarán a ser juzgados desde este miércoles por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente de 16 años que fue retenida, drogada, violada y estrangulada en 2017 en la reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora, hecho por el que uno de ellos había sido condenado a prisión perpetua en el primer debate anulado a fines del 2021, y la madre de la víctima espera que ambos sean condenados y que aporten información sobre la participación en el hecho de otras personas, informaron fuentes judiciales.

La audiencia comenzará a las 8 ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de Lomas de Zamora y tendrá en el banquillo de los acusados a Marcos Esteban Bazán (39), quien había sido excarcelado en octubre del año pasado, y a Marcelo Sergio Villalba (46), que en junio de 2020 dejó de ser juzgado en la segunda audiencia porque se concluyó que era un «psicótico» que no estaba en condiciones de estar en el juicio y actualmente está detenido.

Ambos llegarán al juicio acusados como coautores del femicidio, por lo que en caso de ser hallados culpables recibirán una pena de prisión perpetua.

«A mí me gustaría que los acusados hablen porque yo estoy segura que seis días de secuestro, violación y torturas no fueron hechas solo por dos personas, que digan los nombres de todos los que participaron», dijo a Télam Silvia, madre de la víctima, constituida como particular damnificado con los abogados Guillermo Bernard Krizan y Fernando Herrera.

La fiscal de juicio será Marisa Monti, mientras que Bazán estará representado por Manuel Garrido, director de Innocence Project Argentina, y Villalba por el defensor oficial Roberto Fernández.

«Me llama la atención de que Bazán haya tenido el dinero para pagarle a cinco abogados y yo no tengo para pagarle a ninguno, que tenga el apoyo de organizaciones de derechos humanos y a mí no me apoya nadie, es un acusado de femicidio y fue condenado, o sea no es que no hay pruebas», expresó Silvia.

La madre de Anahí afirmó que «nunca» le creyó a ese imputado porque ella participó en el juicio y sabe «las pruebas que hay, por más que las nieguen».

«Las escuché, las vi y las leí. Tengo un informe de que se llevaron tres cabellos de la casa de Bazán de cincuenta centímetros de largo que era igual al de mi hija, morfológicamente idénticos al de mi hija, y dos de los tres sobres llegaron vacíos y el tercero que se analizó no tiene ADN», criticó Silvia y agregó: «Son un montón de cosas que se hicieron mal, falló la investigación, la cadena de custodia, la verdad es que estoy muy cansada».

Además, la mujer insistió en que quiere que Villalba «hable» porque, aunque no lo haga, por el ADN será condenado a «perpetua» y a ella le «haría un enorme favor».

«Pasaron seis años para tener un juicio y no se si se va a conseguir lo que yo quiero, a esta altura culpo tanto a los que lo hicieron como a los que omitieron investigar como corresponde. Hubo tres fiscales y no estoy satisfecha para nada con lo que se hizo, ni en la búsqueda ni en la investigación posterior», expresó.

Anahí (16) fue vista por última vez el 29 de julio de 2017 cuando salió de su casa de Parque Barón, en Lomas de Zamora, para dar un paseo y el 4 de agosto su cadáver fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina.

La autopsia determinó que fue estrangulada, que le habían suministrado drogas y que, en esas condiciones, había sido abusada.

Por el femicidio, Bazán fue condenado a la pena máxima en junio de 2020 pero en diciembre de 2021 la misma Sala I del Tribunal de Casación Penal bonaerense anuló ese fallo y ordenó que se realizara un nuevo juicio oral en el que, además, deberá ser juzgado Villalba.

Los jueces Daniel Carral y Ricardo Maidana anularon la sentencia del TOC 7 que había considerado a Bazán culpable de los delitos de «privación ilegal de la libertad agravada y homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por mediar violencia de género» (femicidio), y como «partícipe necesario» de un «abuso sexual agravado por acceso carnal».

«Encuentro probada la infracción a la garantía de imparcialidad judicial, puesta de manifiesto en el particular sesgo de los jueces al examinar la evidencia y motivar el veredicto de culpabilidad del acusado, como también en la intervención que tuvieron durante la práctica de la prueba, desviándose del rol que como terceros desinteresados debían cumplir en el marco de un proceso penal adecuado», resaltó Carral en esa resolución.

Luego del fallo de Casación, su defensa solicitó la excarcelación del imputado ya que el nuevo juicio oral no iba a realizarse en la brevedad y, además, afirmó que no existían riesgos procesales por parte del acusado, que tiene domicilio fijo y no cuenta con otros antecedentes penales.

No obstante, en julio de 2022 el TOC 7, por mayoría, había rechazado una morigeración de la prisión preventiva, por lo que insistió en la instancia superior que fue convalidada en octubre del año pasado.

«No puede pasarse por alto que la prisión preventiva que lleva más de cinco años sin que exista un juicio que se haya expedido en punto a la culpabilidad del acusado, responde a circunstancias exclusivamente imputadas a déficits del Estado, aquellos que dieran motivo a la nulidad del pronunciamiento jurisdiccional decidido por esta Sala», explicaron en el fallo que ordenó su excarcelación los mismos jueces que habían anulado la sentencia.