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Géneros 🟣

La Justicia frena el desmantelamiento de programas contra la violencia de género

El Gobierno impugnó la resolución, pero aún no ha demostrado cómo mantendrá los programas.

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Lo que tenés que saber

  • La Justicia ordenó al Gobierno suspender la reducción de recursos para la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
  • El pedido fue realizado por organizaciones sociales y ONGs.
  • El juez Enrique Alonso Regueira dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Justicia a frenar el desfinanciamiento.
  • El Gobierno impugnó la resolución, pero aún no ha demostrado cómo mantendrá los programas.
  • La Cámara Contencioso Administrativo Federal debe definir si acepta el recurso del Ejecutivo.

La medida cautelar del juez

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 1, ordenó que el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, detenga la reducción de personal e infraestructura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Esta decisión fue tomada tras una solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En su resolución, Alonso Regueira indicó que el Ministerio no ha presentado pruebas suficientes para demostrar que los programas seguirán funcionando adecuadamente ni cómo se garantizarán los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. “No ha presentado constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos de la Ley de Protección Integral de las Mujeres”, afirmó el juez.

La respuesta del Gobierno y el futuro de la medida

El 30 de diciembre, el Gobierno impugnó la resolución judicial, aunque desde el Ministerio de Justicia no detallaron cómo sostendrán los programas ni qué medidas se tomarán para garantizar la continuidad de los mismos. Aunque se negó el cierre de la Subsecretaría y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), hasta ahora no se ha aportado ninguna evidencia que respalde esa afirmación.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, compuesta por los jueces Marcelo D. Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio W. Vincenti, deberá decidir si acepta o no el recurso presentado por el Ejecutivo.

La indefinición y sus consecuencias

El juez Alonso Regueira destacó la falta de documentación que respalde las afirmaciones del Gobierno sobre la reorganización de los programas. Además, señaló que esta indefinición es incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Según el magistrado, la falta de claridad sobre cómo se garantizarán estos derechos constituye una vulneración del umbral mínimo de cumplimiento de la ley en todo el país.

Judiciales ⚖️

Más de 18 mil atenciones por “violencia doméstica”: la cara que el Gobierno libertario no quiere ver

El informe anual de la Oficina de “Violencia Doméstica” (violencia de género) de la Corte Suprema registró 18.014 atenciones en 2025, un 5% más que el año anterior. La violencia psicológica afectó al 96% de los casos; el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto.

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“Violencia doméstica”: un drama que crece mientras el Estado se achica

★ La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que registra los casos de violencia de género y familiar), publicó su informe estadístico correspondiente al año 2025, y los números confirman una tendencia que se agrava: las atenciones crecieron un 5% respecto de 2024, con un promedio de 49 casos por día, en un contexto donde el ajuste presupuestario del Gobierno de Javier Milei golpea con fuerza a las políticas de género y a las redes de contención estatal.

La OVD registró en total 18.014 atenciones durante los doce meses del año pasado, distribuidas en 10.124 presentaciones formales y 7.890 consultas informativas presenciales. En ambos casos, la mayoría de las personas que se acercaron al organismo lo hicieron fuera del horario judicial habitual, lo que da cuenta de la urgencia con que se viven estas situaciones. Respecto de 2024, las presentaciones aumentaron un 3% y las consultas un 8%.

Un drama con rostro de mujer y edad promedio de 9 años

Los equipos interdisciplinarios del organismo realizaron 13.313 evaluaciones de riesgo, correspondientes a 12.566 personas afectadas. El grupo más numeroso fue el de mujeres adultas de entre 18 y 59 años, que representaron el 50% del total. Detrás de ellas, con una presencia que estremece, aparecen las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años, que concentraron el 31% de los casos y cuya edad promedio fue de apenas 9 años.

Esos datos no son una abstracción estadística: son menores que conviven cotidianamente con situaciones de violencia, en hogares donde el miedo es parte del paisaje doméstico.

Quiénes son los agresores

El informe detalla también el perfil de las personas denunciadas. Se registraron 10.280 individuos en esa categoría, de los cuales el 71% eran varones con una edad promedio de 40 años. Un dato particularmente preocupante es que 3 de cada 10 presentaban consumo problemático de alcohol (29%) o de sustancias psicoactivas (28%), y 855 personas poseían armas (8%), lo que eleva exponencialmente el nivel de riesgo para las víctimas.

El vínculo entre agresor y víctima refuerza la idea de que la violencia doméstica ocurre, en la mayoría de los casos, en el entorno más íntimo: el 45% de las situaciones involucró a parejas o ex parejas y el 35% a vínculos filiales.

La violencia que no deja marca visible

Cuando se analiza el tipo de violencia ejercida, el dato más contundente es que la violencia psicológica aparece en el 96% de los casos, muy por encima de la física y la simbólica, presentes ambas en el 42% de las situaciones. La violencia de tipo ambiental alcanzó el 28%, la económico-patrimonial el 27% y la sexual el 7%.

En el 90% de los casos, las personas afectadas eran de sexo femenino, una cifra que vuelve a interpelar las políticas públicas de género en un gobierno que desmanteló el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en sus primeros días de gestión.

Riesgo altísimo y lesiones: la punta del iceberg

Uno de los datos más alarmantes que arroja el informe es que el 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto, y que 1.758 personas presentaban lesiones físicas producto de la violencia al momento de acercarse a la OVD.

La frecuencia de los episodios tampoco deja lugar para el optimismo: el 57% de las situaciones relatadas ocurrió con una frecuencia diaria o semanal, y apenas el 6% describió un primer episodio, lo que revela que la enorme mayoría de las personas que llegan a la OVD llegan después de haber soportado una historia prolongada de violencia.

La maquinaria judicial que intenta contener

Ante el volumen de casos, el sistema judicial respondió con derivaciones masivas y medidas preventivas. El 99% de los casos fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 67% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCABA) y el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

En ese marco, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó al menos 34.913 medidas preventivas urgentes, entre ellas la prohibición de acercamiento a la denunciante (66%), la prohibición de contacto (63%), la entrega de botón antipánico (39%) y el cese de actos de perturbación e intimidación (33%).

La maquinaria judicial trabaja a pleno. Pero sin políticas públicas que ataquen las causas estructurales, las medidas preventivas son parches sobre una herida que no cierra.

Puntos clave

  • La OVD registró 18.014 atenciones en 2025, un 5% más que en 2024, con un promedio de 49 casos por día.
  • El 50% de las personas afectadas fueron mujeres adultas de 18 a 59 años; el 31% fueron niñas, niños y adolescentes con una edad promedio de 9 años.
  • La violencia psicológica fue la más frecuente (96%), seguida por la física y simbólica (42% cada una).
  • El 25% de las evaluaciones correspondió a situaciones de riesgo altísimo o alto; 1.758 personas presentaban lesiones al momento de la atención.
  • La Justicia Civil ordenó más de 34.900 medidas preventivas urgentes en el marco de estas derivaciones.
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