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La Justicia frena el desmantelamiento de programas contra la violencia de género

El Gobierno impugnó la resolución, pero aún no ha demostrado cómo mantendrá los programas.

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Lo que tenés que saber

  • La Justicia ordenó al Gobierno suspender la reducción de recursos para la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género.
  • El pedido fue realizado por organizaciones sociales y ONGs.
  • El juez Enrique Alonso Regueira dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Justicia a frenar el desfinanciamiento.
  • El Gobierno impugnó la resolución, pero aún no ha demostrado cómo mantendrá los programas.
  • La Cámara Contencioso Administrativo Federal debe definir si acepta el recurso del Ejecutivo.

La medida cautelar del juez

El juez Enrique Alonso Regueira, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 1, ordenó que el Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, detenga la reducción de personal e infraestructura de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Esta decisión fue tomada tras una solicitud de diversas organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

En su resolución, Alonso Regueira indicó que el Ministerio no ha presentado pruebas suficientes para demostrar que los programas seguirán funcionando adecuadamente ni cómo se garantizarán los derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. “No ha presentado constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos de la Ley de Protección Integral de las Mujeres”, afirmó el juez.

La respuesta del Gobierno y el futuro de la medida

El 30 de diciembre, el Gobierno impugnó la resolución judicial, aunque desde el Ministerio de Justicia no detallaron cómo sostendrán los programas ni qué medidas se tomarán para garantizar la continuidad de los mismos. Aunque se negó el cierre de la Subsecretaría y de 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), hasta ahora no se ha aportado ninguna evidencia que respalde esa afirmación.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal, compuesta por los jueces Marcelo D. Duffy, Jorge E. Moran y Rogelio W. Vincenti, deberá decidir si acepta o no el recurso presentado por el Ejecutivo.

La indefinición y sus consecuencias

El juez Alonso Regueira destacó la falta de documentación que respalde las afirmaciones del Gobierno sobre la reorganización de los programas. Además, señaló que esta indefinición es incompatible con el principio de progresividad en la satisfacción de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Según el magistrado, la falta de claridad sobre cómo se garantizarán estos derechos constituye una vulneración del umbral mínimo de cumplimiento de la ley en todo el país.

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La casona de Barreda sigue en disputa judicial a 34 años del cuádruple femicidio

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata excluyó a dos parientes de Gladys McDonald de la expropiación de la casa donde Barreda mató a cuatro mujeres en 1992. La ley prevé instalar allí un centro de atención a víctimas de violencia de género.

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Ricardo Barreda durante el juicio oral de 1995

La casona donde Ricardo Barreda asesinó a cuatro mujeres sigue en litigio 34 años después, con una expropiación iniciada en 2013 que todavía no tiene resolución definitiva.

La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata (con los votos de Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez) revocó hace poco más de un mes una resolución del 22 de abril de 2025 del Juzgado Contencioso Administrativo N°3 y excluyó del expediente de expropiación del inmueble de calle 48 entre 11 y 12 a Mariana y Emilio Tomás Arreche, parientes de Gladys McDonald, la esposa asesinada. El tribunal hizo lugar a un recurso del Fisco bonaerense.

Los Arreche habían sido declarados herederos de Elena Arreche, madre de Gladys y suegra de Barreda, pero no de Gladys McDonald ni de sus hijas Adriana y Cecilia. Su vínculo con Gladys alcanzaba el quinto y sexto grado de parentesco, por encima del límite legal para suceder, algo que ya había fijado el Juzgado Civil y Comercial N°17 el 4 de julio de 2024. El expediente vuelve a primera instancia, y el abogado Gustavo Rapalini sostuvo que la meta es que los herederos de las víctimas accedan a la indemnización, aunque reconoció que falta mucho.

Las partes reconocidas pidieron en los últimos días abrir la causa a prueba para definir el monto de la indemnización. La Provincia propone pagar la valuación fiscal del inmueble y los herederos reconocidos reclaman el valor de mercado. El litigio lleva más de 13 años y Barreda fue declarado judicialmente indigno para heredar.

La casa como reparación

La Legislatura bonaerense sancionó una ley que declaró de utilidad pública la propiedad para instalar un centro de atención a mujeres víctimas de violencia de género. La Provincia tomó posesión de la casa en octubre de 2021. Los bienes muebles, entre ellos un Ford Falcon y un DKW, fueron declarados en abandono por la Justicia civil y se retiraron en septiembre de 2022.

La película que reabrió el debate

El caso recuperó visibilidad el 28 de agosto con el estreno en Prime Video de Barreda, dirigida por Daniela Goggi y protagonizada por Luis Machín, con Carla Peterson como Gladys McDonald, Mercedes Morán como Elena Arreche y Maite Lanata como Cecilia. La plataforma la presentó como una reconstrucción que da voz a las víctimas y muestra cómo el odontólogo intentó instalarse como víctima tras los crímenes.

El morbo comercial alrededor del caso no es nuevo: en septiembre de 2022, unos anteojos de Barreda se ofrecieron en Mercado Libre por 25 millones de pesos, publicados por una amiga que lo visitaba en el geriátrico.

Qué pasó el 15 de noviembre de 1992

El domingo 15 de noviembre de 1992, Barreda mató con una escopeta a su esposa, Gladys McDonald (57); a su suegra, Elena Arreche (86); y a sus hijas Cecilia (26) y Adriana (24), en la casa de calle 48. Después intentó hacer pasar el crimen por un robo; negó primero la acusación y finalmente confesó.

Lo condenaron a prisión perpetua en 1995 por tres homicidios calificados y un homicidio simple. En 2008 accedió a la prisión domiciliaria y en mayo de 2016 la Justicia declaró extinguida su pena, ya que la perpetua equivalía entonces a 25 años. Murió el 25 de mayo de 2020 en un geriátrico de José C. Paz. El perito que lo evaluó horas después de los crímenes aseguró que nunca se arrepintió y que creía haber hecho justicia.

Lo que tenés que saber

  • La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata excluyó a Mariana y Emilio Tomás Arreche del expediente de expropiación de la casona.
  • El tribunal consideró que su parentesco con Gladys McDonald (quinto y sexto grado) excede el límite legal para heredar.
  • La expropiación, iniciada en 2013, no tiene resolución definitiva y el expediente vuelve a primera instancia.
  • La casa fue declarada de utilidad pública para un centro de atención a víctimas de violencia de género.
  • Barreda fue condenado en 1995, su pena se declaró extinguida en mayo de 2016 y murió en 2020.
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