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Justicia de San Luis condenó a prisión efectiva por difusión de video íntimo sin consentimiento

Un fallo histórico sentó precedente en la provincia por sextorsión y violencia digital tras viralizarse material privado de una mujer.

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La Justicia de San Luis dictó una sentencia sin precedentes al condenar a Diego Oliveri a dos años y tres meses de prisión efectiva por haber difundido un video íntimo sin consentimiento de su expareja, Gabriela Fernández Aberastain. El juicio emblemático por sextorsión y violencia digital tuvo como eje la viralización del material, grabado durante la relación sentimental, pero difundido públicamente en 2020, luego de la separación de la pareja.

La difusión y el impacto en la víctima

Gabriela Fernández, de 41 años, explicó que el video en cuestión fue enviado a Oliveri en un contexto de sexting, una práctica común en las relaciones modernas, aunque calificó la acción del ex como “una canallada”. La viralización del video se detectó cuando la propia víctima recibió una notificación en su celular informándole que el material había llegado a su hijo de nueve años vía Instagram, un hecho evitado gracias al control parental.

Durante el proceso judicial se comprobó que Oliveri difundió el video en redes sociales, grupos de WhatsApp y páginas pornográficas, causando graves daños personales y sociales a la víctima. Gabriela relató los efectos devastadores: “Sufrí un estigma, no pude dar más clases en ningún lado, no tenía posibilidad de trabajo porque era sinónimo de burla y prejuicios”. Además, mencionó padecer amargura, depresión y síntomas físicos asociados a la situación.

Violencia y resistencia

La víctima también reveló que la relación con Oliveri estuvo marcada por violencia psicológica severa. “Tuve que salir adelante, rehacer mi vida, y logré competir en fitness y ganar un campeonato en diciembre de 2019. Eso fue mi fuerza de voluntad y amor propio, algo que desató la locura de él”, expresó Gabriela. La difusión del video, señaló, fue una reacción del agresor al sentirse herido y expuesto públicamente.

El hostigamiento se extendió con la viralización masiva del contenido en abril de 2020, dirigido no solo a círculos personales sino a grupos laborales, familiares y escolares, generando un impacto social y psicológico profundamente destructivo para ella.

Resolución judicial y reparación

En el proceso, la ex pareja de Oliveri, Gabriela, fue absuelta luego de desistir de una denuncia contra ella, reconociendo que también fue víctima de violencia y que su accionar fue producto de un estado de trastorno emocional, sin implicar responsabilidad penal. Sobre la reparación y el cierre, la mujer sostuvo: “Por mi salud física y mental necesito terminar con el odio”.

La condena a prisión efectiva para Oliveri marca un precedente histórico en San Luis y el país, enviando un mensaje claro sobre la gravedad de la difusión de material íntimo sin consentimiento y el impacto de la violencia digital.

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Concejal libertario pagará $12 millones a una trabajadora por abuso sexual

El concejal Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido en una dependencia pública. Aunque pactó una indemnización de $12 millones en el fuero civil, la investigación penal continúa y podría llegar a juicio oral.

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Lo que tenés que saber

  • Un concejal de La Libertad Avanza alcanzó un acuerdo económico con una denunciante.
  • La compensación fue establecida en el marco de una causa civil.
  • La investigación penal continúa abierta y sigue su curso judicial.
  • La Justicia rechazó un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.
  • El expediente podría avanzar hacia una instancia de juicio oral.

Un acuerdo económico en paralelo a la investigación judicial

El concejal de San Isidro Alberto Montes alcanzó un acuerdo económico con una trabajadora municipal que lo denunció por un hecho ocurrido dentro de una dependencia pública cuando ambos se desempeñaban en el área de Tránsito del municipio.

Según trascendió, el entendimiento fue formalizado en el ámbito civil y contempla el pago de una indemnización de $12 millones a la denunciante. El acuerdo fue establecido de manera paralela a la causa penal que continúa en trámite.

La denuncia y las imágenes incorporadas al expediente

La denuncia fue presentada a fines de 2023 y está vinculada a un episodio registrado por cámaras de seguridad de una dependencia municipal.

De acuerdo con la acusación, las imágenes muestran el momento en que Montes ingresa a una oficina y mantiene un contacto físico con una trabajadora sin su consentimiento.

Tras el episodio, la mujer decidió acudir a la Justicia y promover las acciones correspondientes.

La causa penal continúa abierta

Más allá del acuerdo alcanzado en el fuero civil, especialistas recuerdan que este tipo de convenios no implica el cierre automático de una investigación penal.

En este caso, la causa continúa bajo la figura de abuso sexual y ya superó una instancia relevante luego de que la Justicia rechazara un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa del edil.

La decisión permitió que el expediente siga avanzando dentro del proceso judicial.

Posible juicio oral durante este año

Según información vinculada al caso, la investigación se encuentra en una etapa avanzada y podría llegar a juicio oral durante el segundo semestre.

En esa instancia se analizarán las pruebas reunidas por la fiscalía y los argumentos de las partes para determinar la eventual responsabilidad penal del acusado.

Mientras tanto, la imputación permanece vigente y el proceso continúa bajo supervisión judicial.

Repercusiones políticas en San Isidro

El caso también generó repercusiones dentro del ámbito político local. Distintos sectores expresaron cuestionamientos respecto de la continuidad de Montes en el Concejo Deliberante mientras se desarrolla la investigación.

El edil sigue ejerciendo su banca y aguarda la evolución del expediente judicial, que podría convertirse en uno de los procesos de mayor impacto institucional en el distrito durante este año.

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