Judiciales ⚖️
Justicia de San Luis condenó a prisión efectiva por difusión de video íntimo sin consentimiento
Un fallo histórico sentó precedente en la provincia por sextorsión y violencia digital tras viralizarse material privado de una mujer.
La Justicia de San Luis dictó una sentencia sin precedentes al condenar a Diego Oliveri a dos años y tres meses de prisión efectiva por haber difundido un video íntimo sin consentimiento de su expareja, Gabriela Fernández Aberastain. El juicio emblemático por sextorsión y violencia digital tuvo como eje la viralización del material, grabado durante la relación sentimental, pero difundido públicamente en 2020, luego de la separación de la pareja.
La difusión y el impacto en la víctima
Gabriela Fernández, de 41 años, explicó que el video en cuestión fue enviado a Oliveri en un contexto de sexting, una práctica común en las relaciones modernas, aunque calificó la acción del ex como “una canallada”. La viralización del video se detectó cuando la propia víctima recibió una notificación en su celular informándole que el material había llegado a su hijo de nueve años vía Instagram, un hecho evitado gracias al control parental.
Durante el proceso judicial se comprobó que Oliveri difundió el video en redes sociales, grupos de WhatsApp y páginas pornográficas, causando graves daños personales y sociales a la víctima. Gabriela relató los efectos devastadores: “Sufrí un estigma, no pude dar más clases en ningún lado, no tenía posibilidad de trabajo porque era sinónimo de burla y prejuicios”. Además, mencionó padecer amargura, depresión y síntomas físicos asociados a la situación.
Violencia y resistencia
La víctima también reveló que la relación con Oliveri estuvo marcada por violencia psicológica severa. “Tuve que salir adelante, rehacer mi vida, y logré competir en fitness y ganar un campeonato en diciembre de 2019. Eso fue mi fuerza de voluntad y amor propio, algo que desató la locura de él”, expresó Gabriela. La difusión del video, señaló, fue una reacción del agresor al sentirse herido y expuesto públicamente.
El hostigamiento se extendió con la viralización masiva del contenido en abril de 2020, dirigido no solo a círculos personales sino a grupos laborales, familiares y escolares, generando un impacto social y psicológico profundamente destructivo para ella.
Resolución judicial y reparación
En el proceso, la ex pareja de Oliveri, Gabriela, fue absuelta luego de desistir de una denuncia contra ella, reconociendo que también fue víctima de violencia y que su accionar fue producto de un estado de trastorno emocional, sin implicar responsabilidad penal. Sobre la reparación y el cierre, la mujer sostuvo: “Por mi salud física y mental necesito terminar con el odio”.
La condena a prisión efectiva para Oliveri marca un precedente histórico en San Luis y el país, enviando un mensaje claro sobre la gravedad de la difusión de material íntimo sin consentimiento y el impacto de la violencia digital.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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