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Femicidio

Tras 17 años de impunidad, nueva investigación por el femicidio de Dalmasso

Para el fiscal «no la mató un sicario. Fue víctima de femicidio y de violencia de género (figuras penales inexistentes al momento del hecho). La mató una sola persona conocida por ella», y que previo al asesinato «hubo acto sexual consentido».

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Por Pablo Rivero

Diecisiete años después del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre del 2006 en su casa de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, un fiscal inició una nueva investigación tras el juicio que absolvió al viudo Marcelo Macarrón y aguarda el resultado de un «mapeo y trazabilidad» de 45 muestras genéticas, con la intención de identificar al autor del crimen, cuyo ADN quedó en la bata que llevaba puesta la víctima al momento del ataque.

Si bien la causa ya prescribió por la cantidad de años que transcurrieron, el Tribunal que el año pasado absolvió a Macarrón (62), quien había llegado a juicio como instigador del «homicidio calificado por el vínculo, alevosía, y precio o promesa remuneratoria» de su esposa, ordenó remitir el expediente a la fiscalía general para que se designe a un nuevo fiscal que haga un reinvestigación con las pruebas que ya están incorporadas.

«La víctima tiene el derecho a que se determine la verdad aunque el delito haya prescripto», había reclamado el fiscal de Cámara Julio Rivero al tribunal de la Cámara del Crimen 1 de Río Cuarto que tuvo a su cargo el juicio por jurados.

En los fundamentos del 5 de julio de 2022, el tribunal coincidió con el fiscal Rivero en que «no se pudo sostener la acusación» contra el viudo y señaló que «no la mató un sicario. Fue víctima de femicidio y de violencia de género (figuras penales inexistentes al momento del hecho). La mató una sola persona conocida por ella», y que previo al asesinato «hubo acto sexual consentido».

Para el fiscal Rivero, «el ADN del asesino de Nora está en el cinto de la bata» que se utilizó para asfixiarla y matarla, y que se trata de un ADN «desconocido, que hay que identificar».

En ese contexto, el expediente quedó en manos del fiscal de Primer Turno de Río Cuarto, Pablo Jávega, quien manifestó a Télam que en el primer semestre de este año se comenzó a analizar la causa y se estableció la logística operativa del trabajo.

Junto al fiscal trabaja personal del Centro de Genética Forense (CGF), que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Policía Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Dirección de Investigación Operativa (DIO).

«En el segundo semestre, comenzamos con el mapeo de las muestras genéticas» que se remitieron al CGF para cotejar con el ADN que fue posible elaborar con material levantado de la bata que tenía puesta la víctima al momento de ser atacada.

«El fin es tratar de identificar a quien o quienes podrían haber tenido participación directa en relación a los hechos», manifestó el funcionario judicial.

En ese sentido, dijo que en esta instancia se trabaja con la trazabilidad de unas 45 muestras que «corresponden a aportantes de familiares de la víctima, del círculo de amistades, personas afines al domicilio y por concurrencia episódica».

El fiscal Jávega aguarda los resultados de esos análisis comparativos que están en pleno proceso.

Con respecto a las pruebas materiales tomadas en el escenario de crimen y que, durante el juicio, fueron cuestionadas por su «manipulación y precariedad» en cuanto a la preservación, el fiscal Jávega aún no resolvió si ordenará un nuevo análisis.

«Transcurridos ya 17 años, muchas se han desnaturalizado con el paso del tiempo» y probablemente no estén en condiciones para nuevos estudios», explicó.

En este proceso, que hasta el momento tiene como único querellante a Facundo Macarrón, el fiscal pretende «saber lo que pasó, cómo pasó y quiénes participaron», y que si esas circunstancias arrojan elementos relevantes posteriormente «se evaluará si existe alguna causal para interrumpir o suspender el plazo de prescripción».

El fiscal, de todas maneras, no se puso plazos para su investigación, ya que se trata de una causa «muy compleja».

El crimen de Dalmasso

De acuerdo a los datos de la causa, Nora fue encontrada asesinada en la madrugada del 26 de noviembre de 2006 en su casona del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, donde residía con su esposo Macarrón, con quien tenía dos hijos, Facundo quien por entonces vivía en la capital provincial, y Valentina, que para esa fecha estaba de viaje.

Durante la investigación se siguieron varias hipótesis: un crimen producido durante un juego sexual; un abuso sexual seguido de muerte; y un asesinato por encargo, en tanto las pericias determinaron que Nora murió por asfixia por estrangulamiento y su cuerpo semidesnudo quedó tendido en la cama de su hija.

En el transcurso de la causa investigaron cinco fiscales, con distintas hipótesis, y fueron imputados, además del viudo, el exasesor del Gobierno cordobés Rafael Magnasco, el pintor Gastón Zárate -a quien se lo llamó popularmente «el perejil»- y Facundo Macarrón, aunque todos ellos fueron finalmente sobreseídos.

Los peritos hallaron en la escena del crimen el patrón genético del linaje Macarrón (haplotipo Y) y ese elemento fue utilizado primero para acusar a Facundo y posteriormente para apuntar al viudo, quien siempre reconoció que antes de viajar había tenido relaciones sexuales con su esposa.

En tanto, por el «perejil» Zárate, los vecinos de Río Cuarto realizaron marchas en su favor cuando estuvo unos días detenido, y fue desvinculado del crimen más rápidamente que el hijo de Nora, cuyo sobreseimiento demoró seis años.

Macarrón fue procesado en marzo de 2016 por el anterior fiscal Daniel Miralles, quien inicialmente puso en duda la coartada de que se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este cuando ocurrió el asesinato y lo acusó de «homicidio calificado por el vínculo» solamente.

Cuando el fiscal Pizarro se hizo cargo de la causa modificó la hipótesis y consideró que el viudo contrató un sicario para matar a su esposa mientras él estaba ausente en su viaje por Uruguay, del cual fue sobreseído el año pasado.

Femicidio

Femicidio en Los Polvorines: mató a una madre que defendió a su hija de ser abusada

Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, fue capturado por la Policía Federal en un edificio del microcentro porteño luego de dos días prófugo. Este lunes se realiza la lectura de cargos: enfrenta una pena en expectativa de prisión perpetua por homicidio calificado con violencia de género y uso de arma blanca.

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Femicidio en Los Polvorines: atraparon al asesino de la madre que murió protegiendo a su hija

Lorenzo Esteban Amarilla, de 25 años, acusado del femicidio de Yolanda Raquel Cáceres, de 52 años, fue detenido por la Policía Federal en las últimas horas en un edificio de la calle Florida, entre Paraguay y Marcelo T. de Alvear, en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde frecuentaba a una pareja ocasional. El hombre había permanecido prófugo desde el jueves, cuando cometió el crimen en el partido bonaerense de Los Polvorines, al norte del Gran Buenos Aires.

Una madre que dio su vida por su hija

El hecho ocurrió mientras Yolanda Cáceres y su hija de 9 años dormían en su vivienda. Según los reportes policiales, Amarilla ingresó a la casa a través de una ventana y comenzó a abusar sexualmente de la menor. La madre advirtió la situación e intervino para protegerla. En el forcejeo, el agresor, quien sería una persona conocida por la familia, atacó a Cáceres con dos puñaladas en el cuello y la cabeza, provocándole heridas fatales que le causaron la muerte en el acto.

Luego del crimen, Amarilla huyó. La niña logró escapar de la escena y pidió ayuda a los vecinos. Su testimonio ante los investigadores resultó determinante para identificar y localizar al sospechoso. Una de las frases que trascendió de su declaración resume el horror de lo vivido: «Me tapó la boca para que no gritara».

La detención y el peso de la ley

El allanamiento que derivó en la captura fue descripto como sorpresivo por fuentes policiales. Amarilla se encontraba en el edificio de la calle Florida sin aparente resistencia al momento de ser aprehendido.

Este lunes se realizará la lectura de cargos, el acusado enfrenta cargos por homicidio calificado por mediar violencia de género con uso de arma blanca y su condición de prófugo le cierra la puerta a cualquier beneficio procesal. «Se enfrenta una pena en expectativa a perpetua.

Violencia de género: el crimen que no puede naturalizarse

El caso de Yolanda Cáceres no es un hecho aislado. Es el resultado de una violencia estructural que sigue cobrando vidas de mujeres en Argentina. Una madre asesinada por interponerse entre un agresor y su hija de 9 años que era víctima de abuso sexual. Una niña que ahora carga con el testimonio de haber visto morir a su madre mientras la defendía. Un femicida que huyó y se escondió durante dos días antes de ser atrapado.

La muerte de Yolanda exige respuestas que van más allá de la condena individual: políticas públicas de prevención, recursos para la justicia con perspectiva de género, y una sociedad que no mire para otro lado cuando hay señales de violencia en el entorno.

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