Femicidio
Tras 17 años de impunidad, nueva investigación por el femicidio de Dalmasso
Para el fiscal «no la mató un sicario. Fue víctima de femicidio y de violencia de género (figuras penales inexistentes al momento del hecho). La mató una sola persona conocida por ella», y que previo al asesinato «hubo acto sexual consentido».
Por Pablo Rivero
Diecisiete años después del femicidio de Nora Dalmasso, ocurrido el 26 de noviembre del 2006 en su casa de la ciudad cordobesa de Río Cuarto, un fiscal inició una nueva investigación tras el juicio que absolvió al viudo Marcelo Macarrón y aguarda el resultado de un «mapeo y trazabilidad» de 45 muestras genéticas, con la intención de identificar al autor del crimen, cuyo ADN quedó en la bata que llevaba puesta la víctima al momento del ataque.
Si bien la causa ya prescribió por la cantidad de años que transcurrieron, el Tribunal que el año pasado absolvió a Macarrón (62), quien había llegado a juicio como instigador del «homicidio calificado por el vínculo, alevosía, y precio o promesa remuneratoria» de su esposa, ordenó remitir el expediente a la fiscalía general para que se designe a un nuevo fiscal que haga un reinvestigación con las pruebas que ya están incorporadas.
«La víctima tiene el derecho a que se determine la verdad aunque el delito haya prescripto», había reclamado el fiscal de Cámara Julio Rivero al tribunal de la Cámara del Crimen 1 de Río Cuarto que tuvo a su cargo el juicio por jurados.
En los fundamentos del 5 de julio de 2022, el tribunal coincidió con el fiscal Rivero en que «no se pudo sostener la acusación» contra el viudo y señaló que «no la mató un sicario. Fue víctima de femicidio y de violencia de género (figuras penales inexistentes al momento del hecho). La mató una sola persona conocida por ella», y que previo al asesinato «hubo acto sexual consentido».
Para el fiscal Rivero, «el ADN del asesino de Nora está en el cinto de la bata» que se utilizó para asfixiarla y matarla, y que se trata de un ADN «desconocido, que hay que identificar».
En ese contexto, el expediente quedó en manos del fiscal de Primer Turno de Río Cuarto, Pablo Jávega, quien manifestó a Télam que en el primer semestre de este año se comenzó a analizar la causa y se estableció la logística operativa del trabajo.
Junto al fiscal trabaja personal del Centro de Genética Forense (CGF), que depende del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Policía Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Dirección de Investigación Operativa (DIO).
«En el segundo semestre, comenzamos con el mapeo de las muestras genéticas» que se remitieron al CGF para cotejar con el ADN que fue posible elaborar con material levantado de la bata que tenía puesta la víctima al momento de ser atacada.
«El fin es tratar de identificar a quien o quienes podrían haber tenido participación directa en relación a los hechos», manifestó el funcionario judicial.
En ese sentido, dijo que en esta instancia se trabaja con la trazabilidad de unas 45 muestras que «corresponden a aportantes de familiares de la víctima, del círculo de amistades, personas afines al domicilio y por concurrencia episódica».
El fiscal Jávega aguarda los resultados de esos análisis comparativos que están en pleno proceso.
Con respecto a las pruebas materiales tomadas en el escenario de crimen y que, durante el juicio, fueron cuestionadas por su «manipulación y precariedad» en cuanto a la preservación, el fiscal Jávega aún no resolvió si ordenará un nuevo análisis.
«Transcurridos ya 17 años, muchas se han desnaturalizado con el paso del tiempo» y probablemente no estén en condiciones para nuevos estudios», explicó.
En este proceso, que hasta el momento tiene como único querellante a Facundo Macarrón, el fiscal pretende «saber lo que pasó, cómo pasó y quiénes participaron», y que si esas circunstancias arrojan elementos relevantes posteriormente «se evaluará si existe alguna causal para interrumpir o suspender el plazo de prescripción».
El fiscal, de todas maneras, no se puso plazos para su investigación, ya que se trata de una causa «muy compleja».
El crimen de Dalmasso
De acuerdo a los datos de la causa, Nora fue encontrada asesinada en la madrugada del 26 de noviembre de 2006 en su casona del exclusivo barrio Villa Golf de Río Cuarto, en el sur de la provincia de Córdoba, donde residía con su esposo Macarrón, con quien tenía dos hijos, Facundo quien por entonces vivía en la capital provincial, y Valentina, que para esa fecha estaba de viaje.
Durante la investigación se siguieron varias hipótesis: un crimen producido durante un juego sexual; un abuso sexual seguido de muerte; y un asesinato por encargo, en tanto las pericias determinaron que Nora murió por asfixia por estrangulamiento y su cuerpo semidesnudo quedó tendido en la cama de su hija.
En el transcurso de la causa investigaron cinco fiscales, con distintas hipótesis, y fueron imputados, además del viudo, el exasesor del Gobierno cordobés Rafael Magnasco, el pintor Gastón Zárate -a quien se lo llamó popularmente «el perejil»- y Facundo Macarrón, aunque todos ellos fueron finalmente sobreseídos.
Los peritos hallaron en la escena del crimen el patrón genético del linaje Macarrón (haplotipo Y) y ese elemento fue utilizado primero para acusar a Facundo y posteriormente para apuntar al viudo, quien siempre reconoció que antes de viajar había tenido relaciones sexuales con su esposa.
En tanto, por el «perejil» Zárate, los vecinos de Río Cuarto realizaron marchas en su favor cuando estuvo unos días detenido, y fue desvinculado del crimen más rápidamente que el hijo de Nora, cuyo sobreseimiento demoró seis años.
Macarrón fue procesado en marzo de 2016 por el anterior fiscal Daniel Miralles, quien inicialmente puso en duda la coartada de que se encontraba en un torneo de golf en Punta del Este cuando ocurrió el asesinato y lo acusó de «homicidio calificado por el vínculo» solamente.
Cuando el fiscal Pizarro se hizo cargo de la causa modificó la hipótesis y consideró que el viudo contrató un sicario para matar a su esposa mientras él estaba ausente en su viaje por Uruguay, del cual fue sobreseído el año pasado.
Femicidio
Cuatro femicidios, cero garantías: paran las trabajadoras sexuales
La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre. Denuncia que la criminalización, la falta de derechos y hasta los reclamos impositivos de ARCA empujan a la clandestinidad, el terreno donde ocurrieron cuatro femicidios.
Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre y ninguna superaba los 30 años. Por ellas, las trabajadoras sexuales de todo el país paran este martes bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
La medida fue convocada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), cuya secretaria general, Georgina Orellano, precisó que las víctimas eran jefas de familias monoparentales y con experiencias recientes en el trabajo sexual. Se trata de Débora Bordón, asesinada en agosto en su departamento del barrio Agote de Rosario; Bárbara Aragón, también en Rosario; Daniela Villalba, de 29 años, en Córdoba; y Tatiana Fernández, de 27, en el barrio porteño de Retiro. Según el recuento difundido en torno al paro, en diez meses de 2026 se cometieron 240 femicidios en la Argentina.
Una vida precarizada, una vida que importa
Orellano explicó que muchas de las víctimas venían de trabajos informales, con deudas y precariedad, y que trabajaban en departamentos y publicaban sus servicios en páginas web. El paro, de alcance nacional, busca en primer lugar denunciar la precarización laboral de quienes ejercen el trabajo sexual en todos los ámbitos. Pero también pretende instalar que la vida de las trabajadoras sexuales vale, y que su oficio no habilita a nadie a culpabilizarlas ni a revictimizarlas.
La dirigente apuntó además contra un Estado que, según planteó, criminaliza y persigue al mismo tiempo. Detalló que las mujeres que trabajan en plataformas digitales reciben notificaciones de ARCA con reclamos de deuda y exigencias de pago de impuestos. «Por un lado el Estado te pide que pagues impuestos pero no te ofrece ninguna garantía, ningún derecho», afirmó. Cuando ocurre un femicidio de una trabajadora sexual, sostuvo, el Estado se desentiende.
El «asesino serial» y el problema que se esconde
Por los dos últimos casos, el de Villalba en Córdoba y el de Fernández en Retiro, hay un solo detenido, y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona. Orellano rechazó el modo en que los medios hegemónicos instalaron la figura del «asesino serial». «Hablar de asesino serial para nosotras es individualizar un problema que es social y estructural», sostuvo, y lo vinculó con el machismo, el patriarcado, la criminalización del trabajo sexual y la falta de derechos.
En esa línea, la secretaria general de Ammar relacionó estos crímenes con el femicidio de Nanci, la docente asesinada en Corrientes, un caso que también dejó a la vista las malas condiciones laborales y la ausencia del Estado frente a una trabajadora que denunciaba y reclamaba mejoras.
Clandestinidad: el costo de prohibir
Orellano recordó que el trabajo sexual no es un delito en la Argentina, pero que existen espacios criminalizados, como bares y whiskerías, y que tampoco se permite publicar avisos en los diarios. Para la dirigente, la prohibición no hizo desaparecer el trabajo sexual sino que lo individualizó y lo empujó a la clandestinidad. Proliferaron así las plataformas digitales y los departamentos temporarios, donde por ser trabajadoras sexuales deben pagar el doble o el triple.
«No nos mata el trabajo sexual, nos mata la clandestinidad, nos mata la falta de derechos, nos mata la criminalización a la que nos empujaron», resumió. En esa clandestinidad, advirtió, quedaron expuestas a situaciones de inseguridad y de riesgo.
Cómo se para en un trabajo sin patronal
La decisión salió de una asamblea federal que se realizó de manera virtual. El primer debate fue cómo hacer una huelga en un trabajo criminalizado, sin derechos, sin patronal y sin registro. «Teníamos que apelar a la creatividad», contó Orellano, y planteó que esa pregunta le cabe también a buena parte del movimiento obrero, que debe replantearse estrategias, alcance y representatividad.
La organización se tramitó en grupos de WhatsApp. Quienes trabajan en las rutas harán una asamblea y una olla popular, y las trabajadoras visibles publicarán durante toda la jornada una imagen en sus redes sociales. Algunas pararán apenas dos horas y colocarán un cartel en su esquina contra los femicidios y la violencia. En distintas provincias hay actividades que van desde radios abiertas hasta manifestaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, mujeres sindicalistas y actrices se sumarán a una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación. Ammar convocó además a compartir su imagen oficial en WhatsApp, Instagram, X o Telegram.
Una violencia que escala, también en las redes
Orellano describió una situación de violencia permanente: llegan videos, mensajes y audios con denuncias de agresiones de la policía y de vecinos. Mencionó el caso de Palermo, donde jóvenes van a la zona de trabajo sexual a hostigar a las compañeras, filman con sus celulares y suben el material a TikTok y otras redes. Según planteó la organización, la violencia se acentuó desde la llegada del gobierno de Javier Milei y, en la Ciudad, con la gestión de Jorge Macri.
«Todo vale cuando la vida de la otra no tiene un valor», dijo la dirigente, y afirmó que esos discursos tienen una bajada desde el gobierno nacional y calaron en la sociedad. «Estamos viviendo en una sociedad rota», sentenció. Esperan que la jornada genere conciencia social y reclaman justicia por las víctimas. «No podemos seguir contando muertas», concluyó Orellano.
Lo que tenés que saber:
- Cuatro trabajadoras sexuales fueron asesinadas entre agosto y octubre: Débora Bordón, Bárbara Aragón, Daniela Villalba y Tatiana Fernández.
- Ammar convocó a un paro federal para este martes 3 de noviembre bajo la consigna «Ni una trabajadora sexual menos».
- Por los dos últimos casos hay un solo detenido y la Justicia investiga si la autoría corresponde a una misma persona.
- Orellano denunció que ARCA reclama impuestos a trabajadoras de plataformas digitales sin ofrecer garantías ni derechos.
- En la Ciudad de Buenos Aires habrá una acción a las 11 frente al Congreso de la Nación.
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