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Por la sentencia del caso Diana Sacayán, Gómez Alcorta pide «urgente» perspectiva de género en la Justicia

El asesino de la dirigente trans, Gabriel David Marino, fue condenado a pena de prisión perpetua, pero el fallo omite el agravante de «odio a la identidad de género».

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El asesino de la dirigente trans, Gabriel David Marino, fue condenado a pena de prisión perpetua, pero el fallo omite el agravante de «odio a la identidad de género».

El fallo de la Sala I de la Cámara «evidencia la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente», tuiteó Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGYD).

Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del ministerio de MGyD, Alba Rueda, consideró que el fallo «desde lo humano es un escándalo, es cruel, es negar nuestras identidades travesti trans dentro del ámbito de la justicia».

Elizabeth Gómez Alcorta y Alba Rueda se pronunciaron de esta manera al conocerse la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal que confirmó la pena de prisión perpetua para Gabriel David Marino por el homicidio de la dirigente trans Diana Sacayán, pero le quitó el agravante de «odio a la identidad de género», y pidieron incorporar de manera «urgente» la perspectiva de género en la justicia».

«Es inadmisible que existan prácticas judiciales como las de los jueces Rizzi y Anzoátegui, que siguen avasallando los derechos de las mujeres y desconociendo los fallos de la CSJN», escribió Gómez Alcorta en su cuenta de Twitter. Y añadió que «estas acciones se suman a otras, como la de la Cámara Nacional de Casación Penal en el caso Diana Sacayán y evidencian la falta de perspectiva de género en la administración de justicia de nuestro país. La necesidad de transformación es urgente».

«La violencia estructural no se basa solo en motivos de género sino en los lugares que ocupamos a partir de nuestras identidades de género. Esto es un travesticidio porque Diana era, es, una compañera travesti referente de los derechos humanos y la interpretación de las normas siempre tienen que tener en cuenta el contexto social», añadió Rueda por su parte.

También recordó que «en marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) puso en valor el primer fallo que incorpora la variable de identidad de género dentro del ámbito judicial». «Negar nuestras identidades es invisibilizarnos y es negar los motivos por los que vivimos y nos matan», añadió la subsecretaria.

Y consideró que la resolución de la Cámara «es escandalosa, niega nuestras identidades y estamos dispuestas a avanzar en la exigencia de que el ámbito judicial en nuestro país nos reconozca en nuestros cuerpos, nuestros trayectos de vida, algo de todo eso. Este fallo constituye un ejemplo mas de la necesidad de incorporar en el Poder Judicial la perspectiva de género».

Los jueces Patricia Llerena, Gustavo Bruzzone y Jorge Luis Rimondi firmaron la resolución que revocó el agravante de «travesticidio» de la condena dictada por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 4 porteño en junio de 2018, cuando consideraron que Marino había actuado por «odio a la identidad de género» de la dirigente trans, en una resolución judicial sin precedentes.

En ese sentido, Rueda resaltó que en un contexto en el que el país recuperó «la agenda de diversidad para modificar la estructura de la desigualdad a través del cupo laboral trans y a través de distintas políticas públicas, resulta muy doloroso que la compañera Diana Sacayán, que creó la ley de cupo trans en 2015, reciba este abordaje de la justicia».

Paradójicamente, la resolución de la Cámara que quitó la figura del «travesticidio» llega a pocos días de cumplirse cinco años del asesinato de la dirigente trans, a manos de Marino, el 11 de octubre de 2015.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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