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Judiciales ⚖️

La Corte Suprema deliberó de manera virtual pero no emitió dictamen sobre los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

Los cinco miembros del máximo tribunal tuvieron una reunión virtual pero no definieron la situación de los tres magistrados cuyos traslados por decreto en 2018 fueron suspendidos por el Senado.

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El máximo tribunal mantuvo una reunión virtual de sus cinco miembros pero no definió la situación de los tres magistrados cuyos traslados por decreto en 2018 fueron suspendidos por el Senado.

La Corte Suprema de Justicia se reunió este lunes de manera virtual para analizar el caso de los jueces con traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, sin que del encuentro surgiera una posición de mayoría para definir el asunto.

El encuentro se inició poco después de las 11 a través de la plataforma zoom, pero finalizó sin que de él surgiera una posición de mayoría para dar una definición al caso de los jueces con los traslados suspendidos cuyos planteos fueron aceptados en «per saltum» (salto de instancia).

El martes pasado, y a instancias del presidente Carlos Rosenkrantz, la Corte declaró «adminisible» por unanimidad el pedido de salto por instancia de los tres jueces y de ese modo se comprometió a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, esto es, si Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron trasladados de acuerdo al trámite complejo que establece la obligatoriedad del acuerdo del Senado.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En su decisión, el tribunal consideró que «es preciso reconocer que el planteo constitucional ventilado en estas actuaciones excede el mero interés de las partes en el presente proceso y atañe al de la comunidad, desde que está en juego la interpretación constitucional de los traslados de los jueces federales».

En función de buscar un fallo definitivo que zanje el conflicto de poderes, el máximo tribunal instruyó al Consejo de la Magistratura y al procurador interino, Eduardo Casal, para que en un plazo de 48 horas enviaran su opinión sobre los planteos de los magistrados.

En el caso del Consejo, que inició la revisión de todos los traslados de jueces desde 1998 en adelante a instancias del representante del Poder Ejecutivo en ese órgano, Gerónimo Ustarroz, la respuesta llegó antes del plazo prefijado y recomendó rechazar las pretensiones de los tres jueces.

Con la firma del presidente del Consejo, el juez civil Alberto Lugones, el escrito presentado a la Corte recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó «a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo» para que revise esos traslados.

«Los recurrentes (Bruglia, Bertuzzi y Castelli) se han limitado a formular afirmaciones meramente dogmáticas sobre los agravios que, según su particular entender, podría ocasionarles la resolución 183/20, omitiendo indicar de modo preciso, en qué consistiría el supuesto gravamen al no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución Nacional», señaló el titular del Consejo.

En cambio, el procurador Casal otorgó la razón a los jueces en su dictamen bajo el supuesto de que la revisión de los traslados llevada adelante por el Consejo de la Magistratura se realizó en base a normas posteriores y, en ese sentido, destacó «el principio de irretroactividad».

«El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro», sostuvo el procurador.

Con estos elementos, más los argumentos de los propios jueces y las posiciones que la misma Corte tomó sobre traslados de funcionarios, la última instancia de justicia deberá decidir si el trámite de Bruglia, Bertuzzi y Castelli se ajustó a la Constitución o no.

En marzo de 2018, Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados del Tribunal Oral Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires -primera instancia-, a la Sala I de la Cámara Criminal Federal -segunda instancia-, mientras que Castelli pasó del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires.

Cuando la revisión dispuesta por el Consejo de la Magistratura pasó al Senado, el principal cuestionamiento de los senadores fue que no habían dado su acuerdo para esas funciones y citó a los magistrados para que ofrecieran su punto de vista, aunque prefirieron no hacerlo, y así los traslados fueron suspendidos por la Cámara Alta.

Investigación 🔎

Moyano imputado por desobediencia: la fiscal cree que se vio con Arizaga pese a la perimetral

La fiscalía a cargo de la causa considera que existen elementos suficientes para sostener que el exdiputado y sindicalista Facundo Moyano se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente. La novedad llega apenas 48 horas después de que un informe oficial no había podido confirmar ese encuentro.

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Moyano, acorralado: la fiscal que no pudo probar el encuentro ahora lo imputa por haber ocurrido.

El giro es tan abrupto como revelador: primero, un informe del propio Ministerio Público Fiscal porteño concluyó que no podía reconstruir el supuesto encuentro entre Facundo Moyano y Candela Arizaga en un hotel del centro porteño; cuarenta y ocho horas más tarde, la fiscalía consideró que sí existen elementos para imputar al exdiputado y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA) por desobediencia a una orden judicial.

Moyano está investigado desde agosto de 2026 por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, modelo e influencer de 23 años, en el marco de un episodio ocurrido en su departamento del barrio porteño de Belgrano. Como parte de las medidas cautelares, tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de la joven y mantener cualquier tipo de contacto con ella. La investigación está a cargo de la fiscal Florencia Nocerez, de la Fiscalía de Género Norte.

El hotel, las cámaras y el DVR que no alcanzó

La sospecha sobre un encuentro entre ambos surgió a partir de fotografías que Arizaga publicó en sus redes sociales, donde aparecía en distintas prendas de vestir y en diferentes momentos, desde el Aira Apart Hotel Buenos Aires, ubicado sobre la avenida Belgrano al 538, en el centro de la ciudad. Ese detalle despertó la atención de los investigadores, que comenzaron a indagar si Moyano había sido alojado allí en compañía de la joven.

El martes 15 de septiembre, personal del Ministerio Público Fiscal y de la Unidad de Apoyo Operativo de las Fuerzas de Seguridad se presentó en el hotel. Allí, una empleada entregó voluntariamente el DVR del sistema de videovigilancia del establecimiento, que fue trasladado a la sede de la calle Chacabuco al 151 para ser peritado por el Gabinete Multimedia. Las tareas de análisis permitieron determinar que Moyano había ingresado el 31 de agosto y se había retirado el 11 de septiembre, utilizando la habitación 603. Sin embargo, el informe no dejó constancia de que Arizaga hubiera estado en el establecimiento durante ese período, lo que llevó al Ministerio Público a concluir, en ese momento, que no era posible reconstruir el presunto encuentro mediante fuentes abiertas.

La vuelta de tuerca: la fiscal cambia de posición

A pesar de esa conclusión inicial, la fiscalía evaluó en las horas siguientes otros elementos incorporados a la investigación y consideró que la evidencia reunida es suficiente para sostener que el encuentro efectivamente ocurrió. La imputación por desobediencia implica que la fiscal entiende que Moyano habría violado de manera consciente y deliberada la restricción judicial vigente. Fuentes del caso informaron que la acusación se sustenta en los elementos disponibles, aunque no se precisó de manera oficial cuáles son las pruebas adicionales que modificaron el cuadro.

La situación expone una tensión dentro de la misma investigación: en un lapso de menos de dos días, el Ministerio Público pasó de no poder confirmar el contacto a imputar formalmente al sindicalista por ese mismo hecho. La defensa de Moyano, encabezada por los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina, ya había pedido el levantamiento de todas las restricciones, argumentando que el escenario probatorio había cambiado a favor de su cliente y que la perimetral no puede operar como una sanción anticipada.

La defensa pide que se levanten las medidas cautelares

Miguel Molina, integrante del equipo defensor, presentó este jueves ante la Justicia un planteo formal para que se revise «la subsistencia, alcance o eventual modificación» de las medidas cautelares que pesan sobre su cliente. La defensa sostuvo que las propias declaraciones de Arizaga ante la fiscal, en las que la joven negó haber sido golpeada o mantenida encerrada y manifestó su voluntad de retomar el vínculo, debilitan la hipótesis inicial y demuestran que entre ambos «no hay conflicto» ni situación de riesgo que justifique mantener la distancia impuesta. Ante cualquier resultado adverso, la defensa exigió que se garantice el derecho de Moyano a ser oído.

La nueva imputación por desobediencia complica esa estrategia defensiva de manera sustancial: si la fiscalía logra sostener que Moyano incumplió de manera activa la orden judicial, el pedido de levantamiento de medidas pierde uno de sus argumentos centrales y la situación procesal del sindicalista se agrava de manera considerable, con la posibilidad de que la Justicia evalúe medidas más restrictivas.

Lo que tenés que saber

  • Facundo Moyano fue imputado por desobediencia: la fiscalía considera que se reunió con Candela Arizaga en el Aira Apart Hotel Buenos Aires, violando la restricción de acercamiento vigente.
  • La imputación llega 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal no hubiera podido confirmar el encuentro a partir del análisis del DVR del hotel.
  • Moyano estuvo alojado en el establecimiento entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, en la habitación 603, según las tareas de análisis realizadas.
  • Su defensa, encabezada por los abogados Gascón y Molina, presentó un pedido formal de levantamiento de todas las medidas cautelares.
  • La causa principal investiga a Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad contra Arizaga, en un episodio ocurrido en agosto en el barrio porteño de Belgrano.
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