Las maniobras y la trama de poder detrás del caso Etchevehere
En medio de fuertes amenazas y actos intimidatorios, Dolores Etchevehere aseguró que su hermano, el ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, no está cumpliendo lo que decidió la Justicia.
En medio de fuertes amenazas y actos intimidatorios, Dolores Etchevehere aseguró que su hermano, el ex ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, no está cumpliendo lo que decidió la Justicia.
Por Marcelo Cena
Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, valoró como un “primer logro” el fallo que frenó el desalojo del predio que litiga con su familia, pero advirtió que “del otro lado hay maniobras de una trama de poder muy fuerte” de protección judicial, política y mediática que, según denunció, no acata la medida y persiste en “actos intimidatorios”.
Dolores, a lo largo de una entrevista, denunció que su hermano no acató la decisión del juez Raúl Flores, que resolvió no hacer lugar al pedido de desalojo del predio en disputa en el marco de un juicio sucesorio en la localidad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos, al tiempo que denunció que “puso un candado en la tranquera que da a la ruta en una actitud amenazante: en otro signo de su violencia”.
Etchevehere reconstruyó también el proceso que la impulsó a reclamar judicialmente y reconoció que viene de una familia “patriarcal, con un verticalismo muy duro, entre los que mandan y los de abajo, y en el último escalón la mujer”. En ese marco, reafirmó su compromiso con el Proyecto Artigas, una iniciativa agroecológica de trabajo comunitario desarrollada en las tierras en disputa.
¿Cómo entendió la resolución de la Justicia que frenó el desalojo?
Lo entendemos como un primer logro, pero debemos ser muy prudentes… Del otro lado hay maniobras de un poder muy fuerte, un poder constituido por parte de la Justicia, parte del sector político, parte del sector privado, de gente poderosa. Hay una trama compleja del otro lado. Ahora insistimos en que no están acatando lo que resolvió el juez: los demandados siguen en un acto intimidatorio. Luego de la resolución del juez, Luis Miguel Etchevehere puso un candado en la tranquera que da a la ruta, en una actitud amenazante; es otro signo de su violencia.
¿Qué siente cuando escucha «queremos ser ciudadanos, no queremos ser Venezuela» como parte de los argumentos de su hermano Luis Miguel?
¡Por favor, parecen loros, loros repetidores (risas)! Todo un discurso con un mismo hilo. Yo insisto: por qué no presentan pruebas en el expediente judicial que avalen sus dichos. El jueves fui objeto de un documento que plantaron los demandados que decía que yo había cedido y vendido todo. La persecución por parte de los medios fue dura, tremendo. Este mismo documento se lo llevaron al juez que lo leyó y, en su resolución, dijo que era nulo.
¿Por qué tomó la decisión de judicializar y, al mismo tiempo, articular con Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)?
No fue una decisión de un día para el otro. Si tengo que tomar un punto de referencia o un disparador, fue cuando leí la encíclica Laudato Si del papa Francisco. Allí hay un concepto sobre la cultura del descarte y me sentí muy identificada; no solamente sobre el descarte hacia las mujeres, sino además en lo que hace a la cultura del descarte a los que trabajan la tierra.
¿Ese fue el punto de inflexión?
No, yo hice un quiebre hace 11 años. Después siguieron años en un proceso muy largo. La encíclica fue mi inspiración para cambiar, y empecé a escuchar de manera más atenta a Juan Grabois, y a investigar sobre lo que hizo y hace. Es un abogado brillante y es cristiano. Yo soy profundamente cristiana y eso también me hace acercarme a él. Lo llamé, nos reunimos, le presenté todo mi caso. Son un grupo de abogados muy profesionales; trabajaron profundamente en las pruebas del caso familiar y sobre el hilo completo de la investigación. Leyeron, investigaron, comprobaron. Y después de todo ese camino Juan me dijo «bueno yo acepto representarte». Al mismo tiempo le pedí que pensemos en un proceso productivo virtuoso para ayudar a los demás, con función social, es decir en total sintonía con el trabajo militante de Juan. Le reitero: la principal afinidad que tengo con Juan (Grabois) es que es cristiano.
¿Cuáles son las acusaciones que pesan sobre sus hermanos?
Estafa, lavado de dinero, fraude al fisco, vaciamiento de empresas. Lo nuevo son las denuncias por violencia económica y extorsión que están radicadas en Buenos Aires, en el juzgado de (Daniel) Rafecas y el fiscal (Federico) Delgado.
Los episodios de Santa Elena coincidieron con la aparición de un libro que revela conflictos de similares características en la familia Macri…
Es pura y total coincidencia. No tengo nada que ver con ese libro, no tengo ni idea. Yo no soy una estratega rusa.
¿Cómo funcionó la dinámica familiar que terminó en este conflicto?
Lo típico de una familia patriarcal. Un verticalismo muy duro, muy marcado, los que mandan siempre y los de abajo. Y en el último escalón, la mujer; nunca considerada como para participar de las actividades que ellos, los hombres, realizaban, que estaban relacionadas con la administración y el poder.
¿Cree que existe un componente de la cultura machista en el conflicto judicial?
Eso es algo obvio. Sin dudas. Todo lo que se refiera a una mujer es el descarte para ellos. Dijeron «murió papá, somos cuatro hermanos, tres varones y una mujer, listo a esta la corremos». Yo he sido una mercancía para ellos, la posibilidad de acceder a más y más dinero: tomaron de facto la administración de la sucesión, a través de una firma mía falsificada. Ese fue el primer paso de ellos, falsificación de documentos. Yo seguí adelante, soy periodista y muy rigurosa: cada denuncia con sus respectivas pruebas. Investigué a fondo, me presenté ante la Justicia a través de muchos años y cuando empezaba el momento del trabajo de los jueces todo siempre se planchaba en el tiempo, se dilataba o detenía. Mis hermanos nunca pisaron los Tribunales de Justicia, nunca. Si bien fueron llamados a indagatoria, siempre las respuestas eran «que estoy en China, que estoy en Japón, que estoy con (Mauricio) Macri, que estoy a más 500 kilómetros». Fueron citados muchas veces y nunca se presentaron.
¿Hay protección judicial y mediática en Entre Ríos?
Sí, en Entre Ríos y también a nivel nacional a través de los medios hegemónicos de comunicación. Yo veía que medios como Clarín, La Nación, Canal 13, difundían sus crónicas y silenciaban todo. Pero soy una mujer muy positiva y digo «si un camino se cierra, tomo el de al lado y transito igual»: comencé a relacionarme y a transmitir por radios comunitarias, pequeños medios de comunicación.
¿Cómo evalúa la reacción de un grupo de productores agropecuarios frente a la tranquera de su casa en las horas previas a la resolución judicial?
Atacan a una mujer; apuntan con tractores, jinetes y camionetas a una mujer para echarla, para sacarla y quitarle sus derechos. Para tratar de vulnerabilizar sus derechos. Y no conformes con los tractores, los jinetes y las camionetas, vienen al frente de mi casa y me dicen ‘tiene un salvoconducto señora para salir de la provincia’ como diciéndome ´te damos la seguridad de que no te molemos a palos… que no te pase algo´. Es algo inédito.
«Justicia, verdad y reparación», los tres pilares del Proyecto Artigas
Dolores Etchevehere, la hermana del exministro de Agroindustria del macrismo, Luis Miguel Etchevehere, defendió los objetivos del Proyecto Artigas, la iniciativa agroecológica que atraviesa la disputa por la herencia de su familia y el uso del predio en litigio en la localidad de Santa Elena, provincia de Entre Ríos.
“El Proyecto Artigas tiene tres pilares fundamentales que son justicia, verdad y reparación. Arranca con el caso Etchevehere, pero buscamos extenderlo con una convocatoria a los sectores despojados y humildes, a las mujeres que son oprimidas o silenciadas y a todos aquellos y aquellas que consideren que sus derechos fueron vulnerados”, señaló Dolores.
Integrado por campesinos sin tierra, militantes, técnicos y organizaciones ambientalistas, el Proyecto Artigas se propone “trabajar la tierra respetando la naturaleza, sin envenenarla”, puntualizó Etchevehere.
¿Cuáles son las metas y objetivos del Proyecto Artigas?
Nuestros objetivos son producir alimentos sanos y transitar este camino que va a ser muy arduo para lograr el objetivo de la soberanía alimentaria. Yo insisto: no puede ser que en un país como Argentina, en un mismo pueblo, en una misma ciudad, en ese mismo país, haya un chico que no coma y otro chiquito que sí. Que un niño no tenga un techo y otro sí. Eso está mal, muy mal y no puede ocurrir. Por eso nosotros tenemos como objetivo producir alimentos a precios justos, en el que también haya ganancia con las ventas. Hay que abrir el plano, abrir las oportunidades; tenemos un país maravilloso, con espacio para todos.
“Rezamos cada mañana para no dormir en la calle”: huyó de la violencia machista en Argentina y denuncia abandono en España
Valeria De Bernardinis habló con El Argentino sobre la violencia que la obligó a huir del país junto a sus hijos. Hace siete años viven en España entre la precariedad, las secuelas psicológicas y el temor de quedar en la calle, mientras reclaman ayuda urgente del consulado argentino y que la Justicia los reconozca como víctimas para acceder a derechos básicos.
“Vivimos el día a día, prácticamente no tenemos para comer. Rezamos cada mañana para no dormir en la calle esa misma noche”. La frase sale de la boca de Valeria De Bernardinis, pero atraviesa a toda la familia. «Hace 7 años y 145 días» vive en España junto a sus dos hijos menores -hoy 16 y 19 años-, uno de ellos con autismo severo y el otro diagnosticado con trastorno por estrés postraumático. Escaparon de Argentina después de años de violencia extrema, amenazas y denuncias que -asegura- nunca lograron protegerlos del todo.
Hoy, lejos de encontrar tranquilidad, dice sentirse nuevamente abandonada. “El consulado argentino nos ha abandonado literalmente”, denuncia, al tiempo que reclama una vivienda urgente, la restitución de la pensión por discapacidad de uno de sus hijos -suspendida desde febrero- y que la Justicia española finalmente los reconozca a los tres como víctimas de violencia machista, condición que les permitiría acceder a asistencia económica, programas habitacionales y derechos básicos.
Un botón antipánico y 148 denuncias
La historia que hoy la tiene al borde de quedar en la calle comenzó mucho antes de España. Valeria ya era madre de un hijo de 11 años de un matrimonio anterior cuando conoció a Dionisio Ruiz Díaz a comienzos de los 2000. “Él lo quería más que a sus propios hijos”, recuerda con angustia.
Al principio, la violencia fue silenciosa: “Me fue apartando de mis amistades, de todo mi entorno. Me hacía creer que sin él yo no era nadie”. Después llegaron los golpes: “Perdí cinco embarazos por las palizas”. Durante años ocultó la violencia incluso frente a médicos y conocidos. “Decía que me había caído o golpeado con una puerta”, y confiesa que sentía «vergüenza«.
Valeria asegura que convivió durante años con miedo constante. En octubre de 2016 consiguió una perimetral y fue una de las primeras mujeres de Almirante Brown en recibir un botón antipánico. “A mí ese botón me salvó la vida”, asegura.
Pero ni las denuncias ni las restricciones alcanzaron para frenar a su agresor. Según relata, violentaba las órdenes de alejamiento y vigilaba la vivienda permanentemente. Valeria llegó a realizar “59 denuncias en lo civil y 89 en lo penal”. El episodio que terminó de quebrarlo todo ocurrió una semana antes de viajar a España. Según cuenta, su expareja intentó incendiar la casa familiar de Claypole mientras ella y los chicos estaban adentro: “Escondí a mis hijos debajo de la cama y pensé: ‘Que sea lo que Dios quiera’”.
Asimismo, cuenta que la policía llegó después de la activación del botón antipánico y que el hombre «fue detenido con un bidón de combustible en la mano». Sin embargo, horas después recuperó la libertad: “Me dijeron que cuando llegara a mi casa avisara para poder soltarlo”.
Dormían todos juntos en el comedor mientras patrulleros vigilaban la casa durante la noche. Para llevar a su hijo a las terapias necesitaba custodia policial. “A cada hora me llamaban para ver si seguía viva”.
Cabe señalar que la historia de Valeria refleja una problemática estructural que se repite en muchos casos de violencia de género: mujeres que denuncian durante años y aun así continúan expuestas a situaciones extremas. Según el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, durante 2025 hubo 262 víctimas fatales de violencia de género en Argentina: un femicidio cada 33 horas.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
En esta misma línea, la Asociación Civil “Ahora que sí nos ven” registra que entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 hubo 80 víctimas fatales de violencia de género: un femicidio cada 36 horas. Casi el 20% de esas mujeres había denunciado previamente y en el 70% de los casos los agresores eran parejas o exparejas.
“Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”
Después de aquél episodio, escapar fue la única alternativa posible. Valeria consiguió la autorización del padre para sacar legalmente a los chicos del país, vendió su casa y armó las valijas de madrugada. “Hasta que no subí al avión no sabía si iba a seguir con vida”, confiesa.
El refugio apareció a través de Facebook. Una familia española le ofreció alojamiento después de conocer su historia. Pero cuando llegó, asegura, todo fue distinto: “Me usaron”.
Según relata, le quitaron dinero, contactos y documentación y, cuando “se acabó el dinero”, los echaron de la casa en plena pandemia. “Dormíamos en el piso y nos tapábamos con nuestra propia ropa”.
Durante estos años distintas asociaciones y personas particulares les brindaron ayuda. Pero con el tiempo -dice- muchos terminaron alejándose por el desgaste emocional y económico que implicaba sostener una situación tan prolongada. La sensación de haber cometido un error la acompañó desde el comienzo: “Sentí que había cometido el peor error de mi vida”.
El miedo siguió en España
Los hijos de Valeria llegaron a España siendo apenas chicos. Tenían 9 y 11 años. Atrás habían quedado las denuncias, los patrulleros y la violencia cotidiana. Pero el miedo -asegura- nunca desapareció del todo.
El menor fue diagnosticado con un grave trastorno por estrés postraumático. “El desarraigo es enorme. Mi hijo extraña a su hermano mayor, que se quedó en Argentina, y no puede con todo lo que vivimos”, cuenta.
Según relata, las secuelas psicológicas se profundizaron con los años. El menor atravesó situaciones de bullying y discriminación escolar que terminaron afectando seriamente su salud emocional.
Pero lo peor volvió a ocurrir hace tres años. Valeria asegura que su expareja logró encontrarlos en España y secuestró durante varias horas a uno de sus hijos. “Creo que me desmayé cien veces en ese lapso”.
Todavía hoy recuerda esas horas como uno de los momentos más desesperantes de su vida. Para ella, hubo fallas graves que permitieron el ingreso de su agresor al país. “No falló el juez. Falló la policía”.
“No quiero dormir en la calle con mis hijos”
Siete años después de haber escapado de Argentina, Valeria asegura que volvió a sentir el mismo miedo: quedarse sola, sin protección y sin un lugar donde vivir. “La situación es cada vez peor. Vivimos el día a día. Prácticamente no tenemos para comer”, relata.
Hoy reclama que la Justicia española finalmente cierre el expediente y los reconozca formalmente como víctimas de violencia machista, algo que -según denuncia- permanece paralizado desde hace más de siete años en el Juzgado Nº3 de Sant Feliu de Guíxols.
En España, ese reconocimiento puede habilitar el acceso a asistencia económica, programas de vivienda, apoyo psicológico y otras ayudas sociales específicas. “Hasta que no nos reconozcan como víctimas, no podemos acceder a derechos básicos”, explica.
A eso se suma otra urgencia: desde febrero dejó de cobrar la pensión por discapacidad de uno de sus hijos. “Era lo único que me llegaba. Y hasta eso me sacaron”. Valeria asegura haber presentado toda la documentación requerida, incluida la fe de vida ante el consulado argentino en Barcelona, pero afirma que todavía no obtuvo respuestas.
La situación no es aislada. En distintos puntos de Argentina, familias vienen denunciando suspensiones de pensiones por discapacidad, demoras administrativas y falta de respuestas oficiales, en un contexto atravesado por auditorías impulsadas por el Gobierno nacional que alcanzaron a más de 110.000 beneficios durante el último año.
Pero detrás de los expedientes, las auditorías y las demoras administrativas, la urgencia de Valeria y sus hijos es mucho más simple y brutal: sobrevivir. Sin ingresos estables y con miedo constante a quedarse en la calle, intenta sostener a sus hijos como puede. “No quiero dormir en la calle con mis hijos”, repite.
Y aunque el miedo y el agotamiento parecen haber atravesado cada etapa de su vida, hay una ausencia que todavía le duele más que cualquier otra: la de su hijo mayor, que permanece en Argentina y al que no ve desde hace más de siete años. “¿Sabés lo que daría por un abrazo?”, dice con la voz quebrada.
Si queres colaborar con Valeria:
Banco BBVA a nombre de María Valeria De Bernardinis
“Hoy no sé quién soy”
La historia de Valeria también atraviesa otra búsqueda: la de su identidad. En Argentina, Abuelas de Plaza de Mayo estima que todavía quedan alrededor de 300 hombres y mujeres que podrían haber sido apropiados durante la última dictadura militar y aún desconocen su verdadera identidad. “Yo siempre supe que era adoptada”, cuenta.
Según relata, fue criada por un matrimonio italiano y sufrió violencia durante toda su infancia. “Yo siento que me criaron mis secuestradores”.
Años después, mientras revisaba viejas valijas familiares, encontró partidas de nacimiento y comenzó a investigar sus orígenes. Así fue como Valeria logró descubrir quién era su madre biológica. Se llamaba Teresa Sandoval y trabajaba en una casa de Capital Federal.
“Hay toda una historia oscura detrás”, que incluso la llevó a sospechar que pudo haber sido víctima de apropiación ilegal durante la última dictadura militar. “Cuando mi mamá dio a luz, el hijo de esa familia se fue a Israel y la abuela se suicidó. Hay muchas cosas que nunca pude entender”. Hoy, sigue buscando respuestas: “No sé quién soy”.
Línea 102 Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.
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