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Masacre de Wilde: a la espera de un juicio que ponga fin a 28 años de impunidad

Aquel emblemático caso de gatillo fácil, en el que un grupo de policías de la Brigada de Lanús mató a cuatro inocentes, tendría su debate en septiembre de este año, tras dos polémicas absoluciones y la orden de reabrir la investigación dispuesta hace 8 años. Las cuatro querellas permanecen firmes en su demanda de “Justa Justicia”.

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Por Néstor Llidó

El 10 de enero de 1994, en horas del mediodía, en la supuesta búsqueda de una banda de ladrones, se inició una cacería humana contra dos autos, un remís y otro en el que iban dos vendedores de libros. En una esquina de la localidad de Wilde, esos policías en móviles sin identificación y sin uniforme, pertenecientes a la Brigada de Lanús de la Policía bonaerense acribillaron a balazos al chofer Norberto Corbo y a sus pasajeros Héctor Bielsa y Claudio Mendoza y unas cuadras más allá, dispararon 38 tiros contra el Dodge 1500 donde iban Edgardo Cicutín, al que también mataron, mientras su compañero Claudio Díaz salvó su vida de milagro.

Marcada con la denominación de la Masacre de Wilde, la causa estuvo acompañada por un sinfín de irregularidades y un tratamiento judicial que fue garantizando la impunidad, mientras del otro lado, los familiares de las víctimas nunca dejaron de luchar. Y más allá del paso del tiempo, los nombres de los ex comisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek y los ex oficiales Roque Cinquino, Osvaldo Lorenzón, Julio Gatto y Marcelo Valenga y el ex cabo Marcos Rodríguez permanecen acusados de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa».

Todos estuvieron procesados, pero en dos oportunidades resultaron sobreseídos (en 2003 y 2007), hasta que las apelaciones lograron la reapertura del expediente, aunque ya pasaron ocho años sin que se pueda concretar el nuevo juicio, que ahora está en su etapa final y se espera se desarrolle en septiembre 2023.

Raquel Gazzanego, la viuda de Edgardo Cicutín y madre de sus dos hijos (el varón apenas tenía 8 meses cuando sucedió este hecho), encabeza una de las cuatro querellas de la causa, conoce cada foja de los veinte y tantos cuerpos que tiene el expediente, constituyéndose con el paso del tiempo en un emblema de la lucha contra estos episodios de gatillo fácil.

EL ARGENTINO.- Han pasado 28 años ya, como está situación hoy, después de tantas idas y vueltas?

“Lo último fueron las dos audiencias preliminares, que se hicieron a principios del pasado mes de diciembre, en las que las partes fueron notificadas del inicio del período de presentación de pruebas y testigos. Allí el Tribunal Oral Criminal Nro. 3 de Lomas de Zamora fijó un plazo de nueves meses, así que de no ocurrir nada extraño en el medio, en septiembre tendríamos finalmente el juicio. Habrá que ver sí permiten que los abogados defensores continúan con su estrategia de dilación, como la que ya pretendieron de que algunos de los acusados vayan a Juicio por Jurados. Una locura”, responde Raquel Gazzanego, quien cada domingo, a las 19, en el perfil Instagram @Masacre_de_Wilde, lleva adelante un ciclo de charlas sobre violencia institucional.

EA.- Al margen de la impunidad de la que han gozado, que los imputados hayan permanecido en libertad, que sensación genera?

“Uno solo de ellos está con arresto domiciliario, se trata de Marcos Rodríguez, pero por el solo hecho de haber permanecido veinte años prófugo, hasta que lo “encontraron”. Al resto siempre se les han dado todos sus derechos y garantías, han pasado todo este tiempo haciendo sus vidas y eludiendo el accionar de esa justicia que miró para otro lado. Ellos mismos reconocieron su autoría, admitieron los hechos, se declararon culpables, de lo que fue una cacería humana, un lamentable error como dijeron, pero igualmente los absolvieron. Y desde que la Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó reabrir la investigación, a través de sus abogados se han dedicado a colocar chicanas”, contesta la mujer, una de las querellantes, junto a las restantes, que representan su cuñado, la viuda del remisero Corbo y el sobreviviente Claudio Díaz.

EA-. Ese concepto de Justicia Justa que repite, a que refiere específicamente”.

“Creo que es la mirada de más de uno en este país, que la Justicia debe ser Justa o de lo contrario, no lo es. En nuestro caso, las pruebas son más que evidentes que no ha sido así. Tener que pasar por todo lo que pasamos y llegar a esta instancia, donde hace ocho años se pidió una nueva investigación y desde el 2017 que se hiciera el juicio, pero aún estamos esperando, es todo un dato. Todos tenemos el derecho a velar por la justicia que nos merecemos, pero así como los acusados tienen sus derechos y garantías, también debe ser de la misma manera para los familiares de víctimas y eso no ocurre”, afirma la viuda de Edgardo Cicutín, aquel librero que había salido de trabajar desde la editorial en San Martín hacia la zona de Berazategui en aquel lunes caluroso de enero del 94 (vaya paradoja, este 28vo. aniversario de la Masacre de Wilde también se da en un lunes), cuando fue perseguido y ejecutado a balazos por esa Brigada de Lanús, en esos tiempos de la Maldita Policía.

EA.- Uno de los factores de la demora en la realización del juicio fue la inacción de los Tribunales durante la pandemia?

“Sin dudas, influyó, pero ya antes estaba todo dado para fijar la fecha y siempre se le daba lugar a cualquier presentación de los abogados defensores de los ex policías. Por ejemplo, nos decían que no se podía digitalizar la causa y por nuestra cuenta, hemos logrado hacerlo en 11 de los 20 cuerpos. De todas maneras, la sensación es siempre estar ante esa situación que te tomen el pelo, desde el Poder Judicial y hasta el Colegio de Abogados que permiten el accionar de algunos que solo trabajan para dilatar los procesos, para introducir recursos sin sentido y revictimizar permanentemente a los familiares de las víctimas”, concluyó Raquel Gazzanego.

Análisis

Cuba: ¿en el ojo de la tormenta?

Argentina ¿se une al bloqueo contra Cuba?.

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Por Stella Calloni

En un comunicado enviado a sus operadores de turismo este 24 de abril la Empresa Cubana de Aviación, línea aérea de la República de Cuba informa a sus operadores de turismo que debió cancelar vuelos a Buenos Aires porque las empresa proveedoras de combustibles se niegan a proveerla.

“Ante la abrupta negativa de las empresas proveedoras de combustible de aviación en la República Argentina de prestar servicio a la aerolínea Cubana de Aviación, SA y a sus vuelos autorizados por la Administración Nacional de aviación Civil de Argentina (Anac) invocando disposiciones de las medidas de bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”, señala el comunicado de esa empresa.

Por esta razón se informa que los vuelos de Cubana “que debían salir entre el 23 y 24 de abril fueron cancelados y la negativa alcanza a otras líneas aéreas contratadas por la empresa para tratar trasladar a los pasajeros afectados impidiendo con ello cumplir los compromisos asumidos por la aerolínea con éstos».

En estos momentos está tratando de lograr cupos en otras líneas aéreas que llegan a Cuba, para trasladar a los pasajeros que tenían previsto retornar a su país el 24 de abril que serán protegidos en la medida en que existan asientos disponibles en otras aerolíneas que poseen rutas aéreas desde Cuba hacia Argentina.

En otro orden se informa que los pasajeros que no hayan iniciado el viaje podrán recibir el cien por ciento del reembolso de su boleto aéreo. Finalmente señalan que las acciones de los proveedores argentinos escapan a toda decisión de Cubana de Aviación.

Resulta imposible no analizar que esto indicaría que el gobierno argentino, que suspendió los vuelos de Aerolíneas Argentinas a la Habana, no permite que Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) provea de combustible a los aviones de Cubana de aviación y toma la decisión de unirse al bloqueo de Estados Unidos de 63 años contra Cuba, un récord de un sitio medieval en la historia de la humanidad, que fue reforzado en 1996 con la Ley Helms Burton de 1996 y profundizado hasta la asfixia con nuevas más de 250 nuevas medidas que fueron decididas durante el gobierno del republicano Donald Trump y sostenidas por el actual gobierno demócrata de Joe Biden.

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