CABA
Allanan viviendas en Puerto Madero por la causa de embarazadas rusas
Se investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero.
La Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero en el marco de una causa que investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero, informó hoy esa fuerza.
La investigación, que está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de María Romilda Servini, llegó el pasado jueves a dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero se les secuestró elementos de interés para la causa.
Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.
«Se secuestraron en ambos domicilios elementos tecnológicos como notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales, dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional«, informó la PFA en un comunicado.
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que «una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios«, indicó el comunicado.
La jueza Servini requirió la intervención de la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que logró «identificar la primera línea de esta organización delictiva» que «lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares«, se detalló.
Tras el ingreso a la Argentina, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que «se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord», añadió el comunicado de la PFA.
«El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países», aportó el comunicado.
Esta investigación se vincula con el arribo a diario de mujeres rusas embarazadas para dar a luz en Argentina, de las cuales seis permanecieron demoradas desde el jueves hasta el viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por decisión de Migraciones debido a problemas con su documentación.
Pero anoche el juez federal Luis Armella habilitó el ingreso provisorio al país de las seis mujeres que presentaron recursos de habeas corpus, y esta madrugada finalmente salieron de la terminal junto a otras 14 embarazadas rusas que llegaron en vuelos de anoche de Ethiopian Airlines.
La decisión de Armella se respaldó en «el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias», aunque el magistrado sostuvo que «fue correcto lo que hizo Migraciones en tanto que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista», indicaron fuentes judiciales a Télam.
Por otro lado, agentes de la División Asuntos Migratorios conjuntamente con inspectores del área de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) realizaron durante esta madrugada un operativo para determinar si las personas de nacionalidad rusa que ingresaron al país el jueves se encontraban en el domicilio consignado al arribo.
Los funcionarios concurrieron a los hoteles Sheraton, Regente Palace, NH Collection, Aires Express y Esplendor, todos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó que de los 30 ciudadanos rusos que registraron su ingreso, solamente había ocho en el domicilio consignado.
Con ello, se pudo determinar que en su mayoría habían aportado domicilios a los cuales no iban a concurrir, «observándose mala fe como así también el interés de evadir y evitar cualquier control de algún ente o autoridad», indicó el comunicado de la PFA.
«Este accionar, denota otro interés por parte de los supuestos turistas, no siendo este el de querer conocer y disfrutar nuestro país sino, que a grandes rasgos refleja la intención de aprovecharse de los beneficios documentales (D.N.I / Pasaporte) que otorga nuestro gran país a todas las personas de bien que quieren residir de forma legal en el Territorio Nacional», indicó el texto.
CABA
Siete muertes y más de 150 trabajadores afectados por asbesto: paro de subtes
La AGTSyP frenará desde las 21 las seis líneas y el Premetro tras la muerte de un exoperario que el gremio vincula con el asbesto, la séptima que contabiliza. Denuncia más de 150 trabajadores con afecciones y responsabiliza a Emova, Grupo Roggio, Metrovías y los gobiernos.
Más de 150 trabajadores del subte fueron diagnosticados con afecciones de salud por la exposición al asbesto, según denunció el gremio, y la muerte de otro exoperario que pasó más de 32 años en un taller de la red derivó en un paro total este jueves, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) convocó a la medida mediante un comunicado en el que informó el fallecimiento de un trabajador que, según indicó, estuvo expuesto al material cancerígeno durante más de tres décadas. La concesionaria Emova lamentó la muerte de Oscar Pauer, quien fue operario en el taller Rancagua de la Línea B hasta su jubilación, en agosto de 2024.
La medida de fuerza alcanza a las líneas A, B, C, D, E y H y al Premetro. Se espera que crezca la demanda de colectivos y la circulación de vehículos particulares durante la noche.
Siete muertes según el gremio y una «crisis sanitaria bajo tierra»
Con este caso, la AGTSyP contabiliza siete trabajadores fallecidos por la exposición al asbesto. En agosto de 2025, cuando informó la muerte de un trabajador de la Línea D, la cifra era de cinco. En noviembre de 2024 había denunciado la muerte de Jorge Navarro, del taller Constitución, quien padecía cáncer de pulmón y cuyo vínculo con el material, según el sindicato, había sido reconocido en 2020 por una auditoría médica.
El gremio sostiene que el asbesto sigue presente en todas las líneas, a pesar de que está prohibido en la Argentina desde 2003. En su comunicado, la AGTSyP habló de una «crisis sanitaria bajo tierra» y responsabilizó a Emova, al Grupo Roggio, a Metrovías y a los gobiernos por la continuidad del problema.
Qué reclaman los trabajadores
El sindicato exige que se retire el asbesto de toda la red y que se incluya en el Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR) a la totalidad de los trabajadores, activos y jubilados. El pliego completo incluye:
- El retiro del asbesto de la red de subterráneos.
- El cambio de las flotas contaminadas.
- La inclusión de todos los trabajadores, activos y jubilados, en el RAR.
- La reducción de la jornada laboral para minimizar la exposición al mineral.
Fuentes de la AGTSyP advirtieron que persisten otros reclamos de arrastre, como los descuentos ilegales y las sanciones, pero remarcaron que la salud es lo más grave «porque se nos mueren los compañeros».
La respuesta de Emova y del Gobierno porteño
Emova sostuvo que continúa con el plan integral de desasbestizado en toda la red, a través de una mesa interdisciplinaria en la que participan los gremios y que funciona en la Dirección de Protección del Trabajo del Gobierno de la Ciudad. La empresa informó además que realizó más de 5.000 mediciones de calidad del aire, a cargo de laboratorios validados por la Agencia de Protección Ambiental porteña, con resultados «adecuados para la salud».
El Gobierno de la Ciudad informó que existe un plan de desasbestizado desde que se detectó el material en 2018, con análisis de formaciones e instalaciones, retiro de componentes contaminados y controles del aire en los espacios de trabajo.
La distancia entre ambas versiones es total: la empresa exhibe más de 5.000 mediciones de aire y el sindicato exhibe una lista de muertos y más de 150 diagnosticados. Hay además un dato que complica el argumento de las mediciones: el trabajador fallecido estaba jubilado desde agosto de 2024, y enfermedades asociadas al asbesto, como el cáncer de pulmón y el mesotelioma, pueden manifestarse muchos años después de la exposición.
Un conflicto que se arrastra desde 2018
El problema se hizo público en febrero de 2018, cuando los trabajadores supieron que formaciones CAF 5000 que habían circulado en el Metro de Madrid contenían asbesto y que esos mismos trenes habían operado en la Línea B porteña. La AGTSyP reclamó explicaciones a Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), empresa estatal propietaria de la red, y a la concesionaria; en 2019 presentó un amparo ambiental y los relevamientos posteriores confirmaron la presencia del material en distintas flotas e instalaciones.
El 1 de junio, el gremio ya había frenado la Línea C por la presencia de asbesto en formaciones Nagoya 5000, tras denunciar el incumplimiento de un acuerdo del 31 de mayo de 2024 que exigía retirarlas del servicio. El último paro total había sido el 20 de octubre, cuando los metrodelegados paralizaron toda la red por la detención de dos representantes gremiales durante una protesta, un arresto que el sindicato calificó de arbitrario y que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, respaldó públicamente.
Lo que tenés que saber
- La AGTSyP para las seis líneas y el Premetro este jueves, desde las 21 hasta el final del servicio.
- La medida responde a la muerte de un exoperario que trabajó más de 32 años en un taller de la red, la séptima que el gremio vincula con el asbesto.
- El sindicato denuncia más de 150 trabajadores con afecciones de salud y reclama el retiro del material de toda la red.
- Emova y el Gobierno porteño afirman que hay un plan de desasbestizado y que las mediciones del aire son adecuadas.
- El asbesto está prohibido en la Argentina desde 2003 y el conflicto es público desde 2018.
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