CABA
Allanan viviendas en Puerto Madero por la causa de embarazadas rusas
Se investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero.
La Policía Federal Argentina (PFA) realizó una serie de operativos en el barrio porteño de Puerto Madero en el marco de una causa que investiga a una banda que se dedica a ingresar al país a mujeres rusas embarazadas, a quienes les conseguían documentos apócrifos a cambio de dinero, informó hoy esa fuerza.
La investigación, que está a cargo del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 de María Romilda Servini, llegó el pasado jueves a dos viviendas ubicadas en torres de lujo, donde residían los presuntos líderes de la banda, a quienes no se detuvo pero se les secuestró elementos de interés para la causa.
Uno de los allanamientos fue en una torre de departamentos situada en Juana Manso al 500 y el otro en un edificio en Azucena Villaflor al 500.
«Se secuestraron en ambos domicilios elementos tecnológicos como notebooks, tablets, unidades de almacenamiento externo (discos- USB), teléfonos celulares, documentación personal, documentación migratoria, certificados policiales, dinero en moneda extranjera (dólares y euros) y moneda nacional«, informó la PFA en un comunicado.
La causa judicial se inició a raíz de una denuncia en la División de Delitos Federales de la PFA, en la que «una mujer advirtió sobre maniobras irregulares en el ingreso de ciudadanas rusas a punto de dar a luz en el país, el nacimiento de ellos y el otorgamiento de trámites migratorios«, indicó el comunicado.
La jueza Servini requirió la intervención de la División Asuntos Migratorios de la Superintendencia de Investigaciones Federales, que logró «identificar la primera línea de esta organización delictiva» que «lucraba con familias rusas de alto poder adquisitivo, quienes para ingresar al país pagaban desde 20.000 a 35.000 dólares«, se detalló.
Tras el ingreso a la Argentina, la organización designaba un centro de salud para el nacimiento de los bebés, que «se convertía en ciudadano argentino y mediante ello gestionaban con documentación apócrifa trámites de radicación y ciudadanía argentina en tiempo récord», añadió el comunicado de la PFA.
«El nacimiento de sus hijos y obtención de la ciudadanía era con el solo fin de poder emigrar a otros países, como los de Europa o Estados Unidos, ya que el pasaporte ruso no posee la aceptación de ingreso en esos países», aportó el comunicado.
Esta investigación se vincula con el arribo a diario de mujeres rusas embarazadas para dar a luz en Argentina, de las cuales seis permanecieron demoradas desde el jueves hasta el viernes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza por decisión de Migraciones debido a problemas con su documentación.
Pero anoche el juez federal Luis Armella habilitó el ingreso provisorio al país de las seis mujeres que presentaron recursos de habeas corpus, y esta madrugada finalmente salieron de la terminal junto a otras 14 embarazadas rusas que llegaron en vuelos de anoche de Ethiopian Airlines.
La decisión de Armella se respaldó en «el estado de avanzada gravidez, y por razones humanitarias», aunque el magistrado sostuvo que «fue correcto lo que hizo Migraciones en tanto que para entrar a radicarse en el país hay que hacer los trámites correspondientes y no declarar ingreso de turista», indicaron fuentes judiciales a Télam.
Por otro lado, agentes de la División Asuntos Migratorios conjuntamente con inspectores del área de la Dirección de Control de la Dirección Nacional de Migraciones (DNA) realizaron durante esta madrugada un operativo para determinar si las personas de nacionalidad rusa que ingresaron al país el jueves se encontraban en el domicilio consignado al arribo.
Los funcionarios concurrieron a los hoteles Sheraton, Regente Palace, NH Collection, Aires Express y Esplendor, todos de la Ciudad de Buenos Aires, donde se comprobó que de los 30 ciudadanos rusos que registraron su ingreso, solamente había ocho en el domicilio consignado.
Con ello, se pudo determinar que en su mayoría habían aportado domicilios a los cuales no iban a concurrir, «observándose mala fe como así también el interés de evadir y evitar cualquier control de algún ente o autoridad», indicó el comunicado de la PFA.
«Este accionar, denota otro interés por parte de los supuestos turistas, no siendo este el de querer conocer y disfrutar nuestro país sino, que a grandes rasgos refleja la intención de aprovecharse de los beneficios documentales (D.N.I / Pasaporte) que otorga nuestro gran país a todas las personas de bien que quieren residir de forma legal en el Territorio Nacional», indicó el texto.
CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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