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Massa anunció que los programas sociales «pasan al programa de inclusión laboral»

El ministro además anunció medidas para personas con discapacidad.

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El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, anunció este martes que dejará de regir el impedimento formal para que las personas que tienen pensión por discapacidad no puedan acceder al mercado de trabajo, además de un cambio en el sistema de planes sociales para que, a partir del 1 de enero de 2024, pasen a un programa de inclusión laboral.

Al hacer el anuncio desde el Ministerio de Economía, Massa indicó que ambas medidas serán publicadas mañana en el Boletín Oficial.

Sobre la eliminación del impedimento para que las personas con discapacidad no puedan acceder al sistema formal de trabajo, Massa señaló que esa «barrera» que había nacido como un derecho «protectivo del Estado» terminó funcionando como un «límite».

«A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión, y parte del desafío de inclusión en Argentina debe estar respaldado en la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo», señaló.

Por eso, al cumplir una de las que fueran sus promesas de campaña, Massa destacó que se «eliminará esa barrera que representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo».

Lo cual no implica, aclaró, que a las personas con discapacidad beneficiarias de la pensión les sea suspendido ese beneficio, sino que «van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo».

«El objetivo es incluir y ampliar oportunidades. Es un primer paso en un proceso en que además debemos consolidar el proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas», añadió.

También anunció que a partir del 1 de enero de 2024 los programas sociales pasarán a integrar el programa de inclusión laboral, lo que implica un «nuevo cambio en el sistema de programas sociales».

Así, detalló, los programas sociales «van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas».

Este instrumento, subrayó Massa, implica «consolidar» en «paralelo» el programa Un Puente al Empleo, que consiste en que «aquel que tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador va a tener que completar el salario de convenio».

Además, «para incentivar» que los empleadores «tomen a estos beneficiarios», no van a «pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores», agregó.

Massa sostuvo que «el enorme desafío que recorre la Argentina es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente, y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales tengan definitivamente sus oportunidades».

«Es muy importante que generemos beneficios impositivos y eliminación de restricciones pero, sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos», expresó.

Después del anuncio, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, destacó la medida al remarcar que «en la Argentina que viene tenemos que poner todo el esfuerzo en la inclusión laboral de todos los que hoy tienen un Potenciar Trabajo».

Más temprano, al participar de un encuentro con la cúpula de la UIA, Massa había dicho que no encaraba la campaña rumbo al balotaje «pensando en cómo lastimo al otro» sino buscando «cómo los argentinos viven mejor» y, en todo caso, «compito con propuestas, no tratando de destruir al otro».

En paralelo, el ministro y candidato también se reunió hoy con trabajadores de plataformas de delivery para avanzar en una serie de medidas que permitan incrementar la protección de ese sector y brindarles herramientas para mejorar las condiciones de esta actividad y garantizarles derechos.

Soberanía energética

Milei pone a la venta la columna vertebral del sistema eléctrico argentino

El Ejecutivo avanza en la privatización de CITELEC, controlante de la principal red de alta tensión del país, con tres grupos empresariales en carrera y amigos del poder entre los oferentes.

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Transener: el Gobierno entrega la columna vertebral del sistema eléctrico

★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la precalificación técnica de los tres grupos empresariales que compiten por adquirir el paquete accionario que el Estado nacional posee en CITELEC S.A., la sociedad controlante de Transener, el principal operador de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país. Mañana martes, a las 10 horas, se abrirán los sobres económicos que definirán quién se queda con el activo.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 540/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial. El proceso se enmarca en el desmembramiento de Energía Argentina S.A. (ENARSA), la empresa estatal cuya privatización fue habilitada por la Ley 27.742 (conocida como Ley Bases) y el Decreto 286/2025, que autorizó la venta de sus activos por etapas.

Lo que se pone en juego no es un activo cualquiera. Transener opera más de 20.000 kilómetros de líneas de alta y media tensión y más de 160 estaciones transformadoras que cubren el 85% del sistema eléctrico nacional, conectando los centros de generación con los de consumo en un trayecto que se extiende 3.700 kilómetros de norte a sur. Una disponibilidad operativa superior al 99,7% y concesiones de hasta 95 años completan el perfil de lo que el propio documento de ENARSA para la venta califica sin eufemismos como «monopolios naturales regulados».

Los tres grupos en carrera y sus vínculos con el poder

Las tres propuestas que superaron la evaluación del «Sobre N°1», presentadas el pasado 14 de abril a través de la plataforma CONTRAT.AR, son las siguientes.

El primer oferente es el consorcio conformado por Genneia y el Grupo Edison Transmisión, que se presenta en forma conjunta. Detrás de Genneia está Jorge Brito, dueño del Banco Macro y presidente de esa compañía energética. El Grupo Edison, por su parte, reúne a los hermanos Patricio y Juan Neuss, señalados públicamente como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, junto a los socios del fondo Inverlat, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley, además de Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro, y los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan.

El consorcio llega a esta licitación con un historial de adquisiciones energéticas recientes que incluye el control de la Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán (EDET), la Empresa Jujeña de Energía (EJESA), las Líneas de Transmisión del Litoral (LITSA) y la generadora hidroeléctrica CEMPSA en Mendoza.

El segundo oferente es Edenor, la distribuidora eléctrica del norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, que pertenece a los empresarios José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, tres figuras con larga trayectoria en los negocios ligados al Estado.

El tercero es Central Puerto S.A., la principal compañía privada de generación eléctrica del país, cuyos accionistas están encabezados por Guillermo Reca.

El proceso fue supervisado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que descartó impugnaciones y validó la solvencia de los interesados. No se presentaron objeciones al dictamen de preselección.

Un monopolio natural que pasa a manos privadas

CITELEC posee el 52,65% del capital accionario de Transener, incluyendo la totalidad de las acciones clase A, que otorgan el control efectivo de la compañía. Quien adquiera ese paquete pasará a ser accionista co-controlante de CITELEC junto a Pampa Energía, la empresa dirigida por Marcelo Mindlin, y también tomará las riendas de Transener Internacional Ltda. (con operaciones en Brasil) y TRANSBA S.A., responsable del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.

El precio base de la licitación fue establecido en 206 millones de dólares. El resultado de la apertura de sobres se publicará en el sistema CONTRAT.AR y en el portal del Banco Mundial.

La operación no es aislada, es parte de un proceso de desinversión más amplio que ya incluyó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, con la que el Gobierno ingresó 700 millones de dólares a las reservas internacionales. ENARSA también controla participaciones en otras empresas del sector: el 80% de Enarsa Patagonia y de Vientos de la Patagonia, el 50% de UTE Escobar, el 65% de Termoeléctrica Manuel Belgrano y el 68,8% de Termoeléctrica José de San Martín, entre otras.

El Estado se retira de la energía estratégica

La privatización de Transener se inscribe en una lógica más amplia que este medio ya documentó en coberturas anteriores sobre el desguace del sector público energético: la venta de AySA, la licitación de la Hidrovía y el retiro del Estado de la importación de gas natural licuado (GNL) configuran un patrón sistemático de transferencia de activos estratégicos al sector privado bajo el argumento de la eficiencia y la reducción del déficit fiscal.

La urgencia financiera es concreta. El Gobierno enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares hasta fin de 2026, con un pago de 4.200 millones de dólares a bonistas previsto para julio. En ese contexto, la venta de activos estratégicos como Transener opera como variable de ajuste, al igual que la privatización de AySA que este medio analizó en abril, financiada con el mismo argumento de cubrir compromisos de deuda contraídos con el FMI y el Banco Mundial.

Lo que el Gobierno llama «transformación del sector energético» es, en los hechos, la entrega de monopolios naturales regulados, que operan con concesiones de hasta 95 años, a grupos empresariales con vínculos directos con el entorno del poder. La red que transporta la electricidad de 46 millones de argentinos pasará, en las próximas horas, a manos privadas. El Estado, que financió su construcción y mantuvo su operación durante décadas, recibirá a cambio 206 millones de dólares de precio base, o lo que sea que ofrezcan mañana a las 10.

Puntos clave

  • El Gobierno publicó la Resolución 540/2026 con la precalificación técnica de tres grupos para comprar el 50% de CITELEC, controlante de Transener.
  • Los oferentes son el consorcio Genneia-Grupo Edison (con figuras cercanas al asesor Santiago Caputo), Edenor y Central Puerto.
  • La apertura de los sobres económicos está prevista para el martes 28 de abril a las 10 horas en la plataforma CONTRAT.AR.
  • El precio base de la licitación es de 206 millones de dólares; el ganador controlará más de 20.000 km de líneas de alta tensión y el 85% del sistema eléctrico nacional.
  • La venta es parte del desmembramiento de ENARSA habilitado por la Ley Bases, en un contexto de urgencia fiscal por vencimientos de deuda de 9.000 millones de dólares hasta fin de año.
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