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Crece la tensión en la Patagonia: empresas pesqueras buscan bajar salarios
El sindicato SOMU alerta sobre un ajuste salarial del 30% en el sector pesquero de la Patagonia, con respaldo del gobierno y falta de control estatal.
Lo que tenés que saber
- Las empresas buscan aplicar un recorte del 30% sobre los salarios del sector
- SOMU acusa inacción del Ministerio de Trabajo y complicidad del gobierno provincial
- La crisis afecta a ciudades como Puerto Deseado y Puerto Madryn
- Solo una pyme mantiene su actividad tras acordar con el sindicato
- SOMU evalúa endurecer las medidas ante la falta de respuestas
SOMU denunció ajuste salarial en la pesca patagónica y advierte sobre una crisis estructural
El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) denunció que las empresas pesqueras de la Patagonia impulsan un recorte salarial del 30% sin voluntad de negociación. Según su secretario general, César Zapata, el sector atraviesa una situación de “crisis social, inacción estatal y embestida patronal”.
Zapata fue categórico:
«Nos quieren sacar el 30% del salario, sin rodeos», declaró en diálogo con medios locales.
Rechazo a la reducción de cargas y maniobras cambiarias
El gremio explicó que el gobierno ofreció una rebaja del 27% en las cargas fiscales como forma de alivio para las empresas, pero estas rechazaron la propuesta. Según el sindicato, la patronal condicionó la continuidad de las operaciones a trabajar con un tipo de cambio de $8,25, valor muy inferior al oficial.
Zapata denunció que se trata de una estrategia para reducir el poder adquisitivo:
«No presentan balances, no justifican nada. Solo dicen que no les cierran los números. Nos mienten en la cara».
Acusaciones políticas y conflicto con el gobierno provincial
El conflicto tomó una dimensión política. Según Zapata, el gobernador provincial identificó al SOMU como el verdadero problema, lo que el sindicato interpreta como un intento de desarticular la resistencia gremial para imponer un nuevo esquema de relaciones laborales.
«Es una embestida contra todo el sur argentino», advirtió el líder sindical, señalando que lo que está en juego va más allá de los sueldos.
Impacto local: cierres, exclusiones y pobreza
La crisis afecta a varias localidades pesqueras. En Puerto Deseado, comercios cerraron por el freno de la actividad. En Puerto Madryn, los barcos de la zona quedaron fuera de las prospecciones, favoreciendo a embarcaciones de Mar del Plata.
«Nos aislaron a propósito», denunció Zapata.
Solo la pyme Pescargen logró un entendimiento con el gremio y continúa operando con el buque Mar Sur. Zapata destacó:
“Si ellas pueden, ¿por qué las demás no?”, en referencia al compromiso empresarial frente a la crisis.
Tensión social y posibles nuevas medidas de fuerza
Zapata relató el deterioro de las condiciones de vida en la región:
«Hay compañeros que caminan al piquete para poder comer. Las esposas vienen al gremio a pedir ayuda».
El SOMU se encuentra en estado de alerta. Según su secretario general:
«Si no hay avances, vendrán decisiones más duras», y acusó a las empresas de querer “instalar condiciones de trabajo esclavo, bajo la excusa de la competitividad”.
Energía
El frío llegó antes y el sistema energético ya muestra sus grietas
Las distribuidoras suspendieron el suministro a usuarios con contratos interrumpibles para priorizar los hogares, mientras el Gobierno acaba de dar marcha atrás en su intento de privatizar la importación de gas licuado.
Cortan el gas a industrias y estaciones de servicio ante el frío temprano
★ Las distribuidoras de gas natural suspendieron el suministro a estaciones de servicio de GNC e industrias ante la caída anticipada de las temperaturas registrada en los últimos días, que disparó la demanda residencial por encima de los niveles esperados para fines de abril. La medida afecta exclusivamente a los servicios con contratos interrumpibles, que por definición contemplan la posibilidad de cortes cuando el sistema necesita administrar su capacidad, según fuentes del sector.
Un problema que se repite cada invierno
El mecanismo de corte escalonado es una práctica habitual en el sistema energético argentino: primero se interrumpe el suministro a los usuarios con contratos interrumpibles (los que pagan tarifas más bajas a cambio de asumir ese riesgo), y en casos de mayor presión sobre el sistema se puede avanzar hacia contratos firmes y, como último recurso, hacia los usuarios residenciales. En este caso, el frío llegó con más fuerza que lo habitual para fin de abril, lo que adelantó la activación del protocolo.
Las mismas fuentes remarcaron que, si bien la Argentina avanza en su perfil exportador de gas gracias al desarrollo de Vaca Muerta, la red de infraestructura de transporte y regasificación todavía no está en condiciones de absorber los picos de demanda invernal sin apelar a estos cortes preventivos.
La marcha atrás del Gobierno con la privatización del GNL
El episodio se produce días después de que el Gobierno de Javier Milei diera marcha atrás en uno de sus anuncios energéticos más resonantes: la privatización de la importación de gas natural licuado (GNL). El Estado, a través de Enarsa, seguirá a cargo de las compras de GNL para el invierno, en lugar de transferir esa función al sector privado como estaba previsto.
La licitación había avanzado durante semanas con dos oferentes, Trafigura y Naturgy, pero ninguna de las propuestas convenció al Ejecutivo. La razón oficial fue la suba del precio internacional del GNL, que pasó de alrededor de 10 dólares por millón de BTU a principios de año a una banda de entre 17 y 20 dólares, impulsada por el conflicto en Medio Oriente. Según el analista Juan José Carbajales, el cambio de escenario podría implicar un extracosto de alrededor de 700 millones de dólares respecto de los valores que se manejaban en febrero.
La contradición es evidente: un gobierno que hizo de la privatización de funciones estatales su principal bandera ideológica se vio obligado a mantener al Estado en el rol de comprador de gas en el exterior, precisamente para evitar un nuevo salto tarifario que complicara sus metas de inflación.
Infraestructura pendiente y vulnerabilidad estructural
La dependencia estacional de importaciones de GNL es una consecuencia directa de una brecha estructural que ningún gobierno ha logrado cerrar del todo: mientras la demanda residencial en invierno puede superar los 90 millones de metros cúbicos diarios, la infraestructura de transporte existente no alcanza para canalizar todo el gas disponible desde Vaca Muerta hacia los centros de consumo. Las obras clave para reducir esa brecha, entre ellas la segunda etapa del gasoducto Perito Moreno y la reversión del Gasoducto Norte, siguen demoradas.
El Gobierno argentino viene vendiendo la narrativa del boom energético y la futura exportación masiva de gas, pero cada invierno el sistema quiebra donde siempre quiebra: en la infraestructura de transporte y en la capacidad de gestionar los picos de demanda. La pregunta que queda sin responder es cuánto más se puede postergar la inversión en esa infraestructura mientras se prioriza el relato exportador.
Puntos clave:
- Las distribuidoras cortaron el gas a usuarios con contratos interrumpibles (industrias y estaciones de GNC) por el frío anticipado de fines de abril.
- La medida prioriza el abastecimiento residencial, según confirmaron fuentes del sector.
- Argentina aún no tiene la infraestructura necesaria para cubrir los picos de demanda invernal sin apelar a importaciones o cortes.
- El Gobierno de Milei dio marcha atrás en su plan de privatizar la importación de GNL; Enarsa seguirá a cargo de las compras este invierno.
- La suba del precio internacional del GNL, impulsada por el conflicto en Medio Oriente, encareció el escenario en unos 700 millones de dólares respecto de las proyecciones de febrero.
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