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Crece la tensión en la Patagonia: empresas pesqueras buscan bajar salarios

El sindicato SOMU alerta sobre un ajuste salarial del 30% en el sector pesquero de la Patagonia, con respaldo del gobierno y falta de control estatal.

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El-Argentino-Barco pesquero-Pesca.

Lo que tenés que saber

  • Las empresas buscan aplicar un recorte del 30% sobre los salarios del sector
  • SOMU acusa inacción del Ministerio de Trabajo y complicidad del gobierno provincial
  • La crisis afecta a ciudades como Puerto Deseado y Puerto Madryn
  • Solo una pyme mantiene su actividad tras acordar con el sindicato
  • SOMU evalúa endurecer las medidas ante la falta de respuestas

SOMU denunció ajuste salarial en la pesca patagónica y advierte sobre una crisis estructural

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) denunció que las empresas pesqueras de la Patagonia impulsan un recorte salarial del 30% sin voluntad de negociación. Según su secretario general, César Zapata, el sector atraviesa una situación de “crisis social, inacción estatal y embestida patronal”.

Zapata fue categórico:
«Nos quieren sacar el 30% del salario, sin rodeos», declaró en diálogo con medios locales.

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Rechazo a la reducción de cargas y maniobras cambiarias

El gremio explicó que el gobierno ofreció una rebaja del 27% en las cargas fiscales como forma de alivio para las empresas, pero estas rechazaron la propuesta. Según el sindicato, la patronal condicionó la continuidad de las operaciones a trabajar con un tipo de cambio de $8,25, valor muy inferior al oficial.

Zapata denunció que se trata de una estrategia para reducir el poder adquisitivo:
«No presentan balances, no justifican nada. Solo dicen que no les cierran los números. Nos mienten en la cara».

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Acusaciones políticas y conflicto con el gobierno provincial

El conflicto tomó una dimensión política. Según Zapata, el gobernador provincial identificó al SOMU como el verdadero problema, lo que el sindicato interpreta como un intento de desarticular la resistencia gremial para imponer un nuevo esquema de relaciones laborales.

«Es una embestida contra todo el sur argentino», advirtió el líder sindical, señalando que lo que está en juego va más allá de los sueldos.

Impacto local: cierres, exclusiones y pobreza

La crisis afecta a varias localidades pesqueras. En Puerto Deseado, comercios cerraron por el freno de la actividad. En Puerto Madryn, los barcos de la zona quedaron fuera de las prospecciones, favoreciendo a embarcaciones de Mar del Plata.
«Nos aislaron a propósito», denunció Zapata.

Solo la pyme Pescargen logró un entendimiento con el gremio y continúa operando con el buque Mar Sur. Zapata destacó:
“Si ellas pueden, ¿por qué las demás no?”, en referencia al compromiso empresarial frente a la crisis.

Tensión social y posibles nuevas medidas de fuerza

Zapata relató el deterioro de las condiciones de vida en la región:
«Hay compañeros que caminan al piquete para poder comer. Las esposas vienen al gremio a pedir ayuda».

El SOMU se encuentra en estado de alerta. Según su secretario general:
«Si no hay avances, vendrán decisiones más duras», y acusó a las empresas de querer “instalar condiciones de trabajo esclavo, bajo la excusa de la competitividad”.

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Los servicios públicos en el AMBA subieron 17,5% en mayo y treparon 800% desde que asumió Milei

Un hogar sin subsidios en el Área Metropolitana necesita $249.834 mensuales solo para pagar electricidad, gas, agua y transporte. El gas subió 53% en un mes. El ajuste tarifario supera en más de tres veces la inflación general del período.

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El Argentino Diario-Tarifazos-Gas-Luz-Energía.

La canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 17,5% en mayo y acumula 800% desde diciembre de 2023

★ Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que no recibe subsidios estatales debió destinar $249.834 en mayo de 2026 para cubrir sus necesidades básicas de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público. Esa cifra representa un incremento del 17,5% respecto a abril, según el último Reporte de Tarifas y Subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET).

El informe, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET, constituye la referencia técnica más precisa disponible sobre el impacto de las políticas tarifarias en el presupuesto de los hogares metropolitanos. Sus datos confirman que la presión sobre los ingresos de las familias trabajadoras no solo no cede, sino que se agudiza con cada actualización de cuadros tarifarios.

El gas lidera la suba: 53% en un solo mes

El rubro que concentró el mayor golpe en mayo fue el gas natural. La factura promedio para un usuario del segmento N1 sin subsidios alcanzó los $49.972, luego de una suba del 53,3% respecto al mes anterior. El propio reporte del IIEP explicita que ese salto resulta de la combinación de dos factores simultáneos: el aumento de los cargos fijos y variables dispuesto por las distribuidoras, y el incremento estacional del consumo ante la proximidad del invierno, que en esta época del año puede llegar a duplicar la demanda.

Le siguió la energía eléctrica, cuya factura promedio para un hogar representativo sin subsidios se ubicó en $52.811, con una suba mensual del 37,8%. Según el documento, «el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio».

El transporte: el ítem más pesado, aunque con menor suba mensual

El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso absoluto dentro de la canasta, con un costo mensual de $110.438, aunque en mayo registró el incremento más moderado del período: apenas el 3%. Esta aparente calma no debe interpretarse como alivio estructural, sino como la consecuencia de ajustes escalonados que el gobierno fue implementando en distintos tramos del año.

El servicio de agua potable completó el cuadro con un gasto promedio de $36.612 y una suba del 5,9% mensual, atribuida a ajustes tarifarios y a la existencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.

Salario vs. tarifas: la brecha que no cierra

El informe del IIEP proyecta estas cifras sobre el ingreso de los trabajadores registrados. La canasta de servicios básicos representa actualmente el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799. Se trata de una proporción históricamente alta, que erosiona el poder adquisitivo y reduce el margen disponible para alimentación, salud y educación.

La perspectiva interanual es aún más elocuente: comparada con mayo de 2025, la canasta de servicios acumula una suba del 50%, por encima de la evolución general de los precios en el mismo período.

800% desde diciembre de 2023: el dato que el Gobierno no muestra

El dato estructural más contundente del informe es también el que más incomoda al oficialismo: desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2026, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó un 800%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 231%. La diferencia, de casi 570 puntos porcentuales, traduce con precisión matemática el alcance del denominado «sinceramiento tarifario» impulsado por la gestión de Javier Milei bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que condicionó los sucesivos desembolsos del acuerdo por USD 20.000 millones suscripto en abril de 2025 a la reducción progresiva del gasto en subsidios.

Esta política fue documentada y cuestionada por el Foro Economía y Trabajo, un colectivo de economistas y profesionales vinculados al movimiento sindical, que en su documento del 4 de mayo de 2026 advirtió que el gasto en subsidios a la energía retrocedió un 58% en términos reales desde el inicio de la gestión, mientras que el gasto primario total cayó un 31% y el de capital se desplomó un 86%.

Subsidios: el Estado paga el 41% del costo real

Un elemento que el reporte del IIEP aporta como dato de contexto: en la actualidad, las tarifas que abonan los hogares del AMBA cubren en promedio el 58% de los costos reales de los servicios. El Estado nacional financia el 41% restante a través de subsidios. Este porcentaje se mantuvo sin cambios significativos respecto a abril, lo que indica que el traslado de costos al usuario se produjo de manera gradual pero sostenida a lo largo de los últimos meses.

La distancia entre el discurso de la «quita de subsidios a los que más tienen» y la realidad de una canasta que consume el 14% del salario promedio registrado, en un país con alta informalidad laboral y salarios reales deprimidos, configura una de las contradicciones más evidentes del modelo económico libertario.

Puntos clave

  • La canasta de servicios públicos para un hogar sin subsidios en el AMBA alcanzó $249.834 en mayo de 2026, un 17,5% más que en abril.
  • El gas natural registró la mayor suba mensual, con un incremento del 53,3% y una factura promedio de $49.972.
  • La canasta acumula una suba del 800% desde diciembre de 2023, frente a una inflación general del 231% en el mismo período.
  • Los servicios básicos representan el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
  • El Estado financia el 41% del costo real de los servicios vía subsidios, con cobertura estable respecto a abril.
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