Proyecto
Reforma laboral: el Gobierno de Milei cede en punto clave para evitar más cambios en el proyecto
La Libertad Avanza negocia con dialoguistas una ley complementaria para garantizar el 100% del salario en casos de enfermedad grave, mientras un constitucionalista advierte sobre «inconsistencias» en el texto aprobado por el Senado que podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad.
★ En una carrera contra reloj, La Libertad Avanza busca alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas sobre el polémico artículo que modifica el sistema de licencias por enfermedad o accidentes en el proyecto de reforma laboral para garantizar este jueves la aprobación antes de la finalización de las sesiones extraordinarias.
Por ese motivo, el oficialismo buscará convencer a los bloques de la UCR, PRO y Unidos, que apoyan en general la reforma laboral, de aprobar una ley complementaria para garantizar el pago del 100% del sueldo a los trabajadores que padecen una grave enfermedad como sucede en la actualidad.
La Libertad Avanza no quiere introducir cambios en la reforma laboral para evitar que vuelva al Senado, ya que quieren que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con las leyes aprobadas de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.
La estrategia del oficialismo
Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo de máxima es convencer a los aliados de aprobar una ley complementaria, ya que es poco probable cambiar el espíritu a través de una reglamentación debido a que en la reforma laboral se estableció que el pago de las licencias por enfermedad o accidente no vinculado al trabajo se reducen al 50%.
Si no hay acuerdo, el único recurso que tiene el oficialismo es introducir el cambio en el texto que aprobará Diputados el jueves y mandarla en forma inmediata el viernes 20 para que emitan dictamen con ese cambio, para que el Senado ratifique las modificaciones en una sesión a celebrarse el 27.
Pero este escenario es el que quiere evitar el Gobierno. Por eso, este fin de semana, la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para buscar una solución a esta controversia sobre este punto del proyecto de reforma laboral.
En declaraciones a TN, Bullrich dijo que estaban «trabajando» en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.
El plazo límite
El acuerdo debe estar sellado antes de este miércoles al mediodía, ya que a las 14 se reúne el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde habrá una ronda de consultas de tres horas y luego se emitirá el dictamen para tratar en una sesión a celebrarse el jueves.
El artículo 208 en el centro de la controversia
La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el trabajador cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave, y del 75% si tiene personas a cargo.
Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado «fehaciente» o una junta médica.
Como informó este medio, Fundación Huésped manifestó una fuerte preocupación por este artículo y aseguró que se trata de un «incentivo a la desatención médica» debido a que dicha reducción económica «obligará a muchos trabajadores a no declarar que están enfermos o a evitar ir al médico» para no ver afectado su ingreso o poner en riesgo su puesto de trabajo.
Un constitucionalista advierte sobre «inconsistencias» en el texto
El abogado constitucionalista Diego Armesto afirmó este lunes que la reforma laboral aprobada en el Senado tiene «inconsistencias» y artículos que se contradicen entre sí, lo que podría traer aparejados planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.
«Hay inconsistencias en la ley, se quiebra el principio de razonabilidad; un artículo que dejaron de la ley anterior 20.744 se contradice con lo que pusieron en la reforma» y esto «va a abrir la puerta a la interpretación y después a la declaración como inconstitucional de la nueva ley», advirtió.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el constitucionalista sostuvo que se debe «revisar todo el proyecto, porque hay muchas cosas mal redactadas», y a modo de ejemplo mencionó «el artículo de las 12 horas», en el cual «no está el tope de horas» que se deben trabajar por día.
«Va a haber un planteo de inconstitucionalidad de muchos artículos, pero específicamente este es un artículo regresivo», porque va contra «el principio de progresividad, ya que se trata de un derecho adquirido por los trabajadores».
Armesto vaticinó que «va a haber planteos» en los tribunales contra la reforma laboral, y estimó que «será la justicia la que la declare inconstitucional o no».
«Ni siquiera los senadores sabían lo que votaron»
Agregó que pareciera que en el proyecto del oficialismo «todo lo que son derechos individuales se redactaron a 200 kilómetros por hora», porque «se dedicaron más a bajar la carga tributaria para arreglar con los gobernadores o al 2% de los sindicalistas».
«La redacción final del proyecto apareció 15 minutos antes de la sesión y eso es grave, porque todos tenemos derecho a la información pública. Se tiene que saber todo lo que está haciendo el Estado, no se puede esconder un proyecto de ley».
En opinión del constitucionalista, «ni siquiera los senadores sabían lo que votaron, eso es lo más grave», y sostuvo que la Cámara de Diputados «no puede dejar el proyecto como está», sino que le debe realizar las correcciones necesarias.
El contexto de la reforma laboral
Como informó este medio, la Cámara alta aprobó en la madrugada del jueves 12 de febrero la iniciativa con 42 votos afirmativos y 30 negativos, tras casi doce horas de debate. La reforma incluye período de prueba duplicado de tres a seis meses (y a ocho meses en el sector agrario), indemnizaciones y condenas en hasta 12 cuotas mensuales (18 para micro y pequeñas empresas), topes en el cálculo indemnizatorio con un límite de diez años de antigüedad, fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, límites a la actividad gremial, restricciones a medidas de fuerza, y el regreso de los tickets canasta como beneficios no remunerativos.
Además, el proyecto recorta un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema de salud, pasando del 6% al 5%. Según datos oficiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), esta modificación representa una pérdida mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario de Redistribución y de más de $90.000 millones para el conjunto de las obras sociales.
Puntos clave
• El Gobierno busca aprobar una ley complementaria para garantizar el 100% del salario en casos de enfermedad grave, sin modificar el texto aprobado en el Senado.
• La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad no vinculada al trabajo, luego de tres meses el trabajador cobrará un 50% del salario (o 75% si tiene personas a cargo).
• El constitucionalista Diego Armesto advirtió sobre «inconsistencias» en el texto aprobado por el Senado que podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad.
• «La redacción final del proyecto apareció 15 minutos antes de la sesión y eso es grave», denunció Armesto, quien sostuvo que «ni siquiera los senadores sabían lo que votaron».
• El acuerdo debe estar sellado antes del miércoles al mediodía, cuando se reúne el plenario de comisiones para emitir dictamen y tratar el jueves en el recinto. ★
Géneros 🟣
Senado: denuncian proyecto de “falsas denuncias” intenta silenciar a las víctimas
A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos.
Senado: qué pasa con el proyecto de “falsas denuncias”
El conversatorio “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia” funcionó como una respuesta urgente frente al proyecto impulsado por Carolina Losada, que ya cuenta con dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. La iniciativa propone agravar las penas por falsa denuncia, falso testimonio y encubrimiento en casos de violencia de género, delitos sexuales y situaciones que involucren a niñas, niños y adolescentes.
Para quienes expusieron, el diagnóstico fue otro: no hay vacío legal ni problema empírico que justifique la reforma. Lo que sí aparece, señalaron, es una estrategia política para disciplinar a quienes denuncian y reinstalar el silencio.
Una arquitectura punitiva para desalentar la denuncia
La abogada Ileana Arduino, referente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, desmenuzó el corazón del proyecto. Sostuvo que no se trata de una falla técnica sino de una decisión deliberada: utilizar el derecho penal como herramienta de control social.

“Funciona como una extorsión procesal”, advirtió. El planteo es claro: en un sistema judicial que ya resulta hostil, la amenaza de una contra-denuncia penal empuja a las víctimas a no hablar. El resultado no es más justicia, sino menos denuncias.
Arduino también apuntó a un efecto colateral clave: la criminalización de las redes de acompañamiento. Equipos interdisciplinarios, profesionales y organizaciones quedarían bajo sospecha por intervenir en procesos donde la prueba suele ser compleja y el tiempo judicial, lento.
Construir un problema inexistente
La ministra bonaerense Estela Díaz fue directa: “Lo falso es el problema que quieren instalar”.
Respaldada por un documento con más de 1.700 firmas, sostuvo que las falsas denuncias no representan un fenómeno significativo en Argentina. En cambio, sí lo es la subdenuncia en casos de violencia y abuso.
Para Díaz, la iniciativa se inscribe en una narrativa política más amplia que cuestiona la existencia misma de la violencia de género. En ese marco, el proyecto no busca mejorar el sistema penal, sino desplazar el foco: de la protección de las víctimas a la sospecha sobre su palabra.
El miedo como política pública
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Natalia Gherardi aportó datos que desarman el argumento central del proyecto:
- Solo una de cada cuatro mujeres en situación de violencia busca ayuda.
- En abuso sexual infantil, más del 88% de los casos no llega a la Justicia.
En ese contexto, endurecer penas por denuncias “falsas” no resuelve un problema: crea otro. Introduce una amenaza concreta para quienes están obligados a denunciar, como establece la Ley Lucio.
La contradicción es evidente: el Estado exige denunciar ante la sospecha de abuso, pero al mismo tiempo instala el riesgo de persecución penal si la causa no prospera. El mensaje implícito, señalaron, es el silencio.
Convenciones internacionales vulneradas
La dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena Naddeo, cuestionó la compatibilidad del proyecto con los estándares internacionales.
Mencionó dos marcos normativos clave:
- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
- Convención de Belém do Pará
Ambos obligan al Estado a garantizar el acceso a la justicia y a no generar obstáculos para denunciar violencia de género. La iniciativa, en cambio, invierte esa lógica: convierte a la denunciante en potencial imputada.
Naddeo también desarmó una de las falacias centrales: equiparar falta de prueba con falsedad. En delitos que ocurren en la intimidad, esa equivalencia no solo es errónea, sino funcional a la impunidad.
Datos incómodos para el oficialismo
A nivel global, organismos como ONU Mujeres ubican las denuncias falsas en torno al 1% de los casos. Se trata de una cifra marginal, que en general no está vinculada a violencia de género sino a otros delitos.
Sin evidencia empírica que justifique el endurecimiento penal, el proyecto queda expuesto como una definición ideológica: desplazar la centralidad de la víctima y reinstalar la sospecha sobre su palabra.
Efectos concretos: censura, desprotección e impunidad
El rechazo no se agota en el plano simbólico. Las organizaciones advirtieron consecuencias concretas:
- Bozal mediático: limitaciones a la difusión de casos que han sido clave para visibilizar violencias.
- Persecución profesional: equipos técnicos y redes de acompañamiento bajo amenaza penal.
- Inseguridad jurídica: profesionales de salud y educación atrapados entre denunciar o protegerse.
- Desaliento de denuncias: una profundización en la caída previsible en el acceso a la justicia.
En ese marco, el proyecto aparece como una herramienta de disciplinamiento que redefine el sistema: ya no se investiga al agresor, se sospecha de quien denuncia.
Una disputa de fondo: voz o silencio
Lo que se debatió en el Senado excede una reforma penal. Se trata de una disputa política y cultural: quién tiene derecho a hablar y bajo qué condiciones.
Frente a un escenario que intenta reinstalar el miedo como frontera, el feminismo articuló una respuesta clara. El derecho a la voz no es un privilegio ni una concesión: es un derecho humano básico.
Y su restricción, no fortalece la justicia. La debilita.
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