Proyecto
Reforma laboral: el Gobierno de Milei cede en punto clave para evitar más cambios en el proyecto
La Libertad Avanza negocia con dialoguistas una ley complementaria para garantizar el 100% del salario en casos de enfermedad grave, mientras un constitucionalista advierte sobre «inconsistencias» en el texto aprobado por el Senado que podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad.
★ En una carrera contra reloj, La Libertad Avanza busca alcanzar un acuerdo con los bloques dialoguistas sobre el polémico artículo que modifica el sistema de licencias por enfermedad o accidentes en el proyecto de reforma laboral para garantizar este jueves la aprobación antes de la finalización de las sesiones extraordinarias.
Por ese motivo, el oficialismo buscará convencer a los bloques de la UCR, PRO y Unidos, que apoyan en general la reforma laboral, de aprobar una ley complementaria para garantizar el pago del 100% del sueldo a los trabajadores que padecen una grave enfermedad como sucede en la actualidad.
La Libertad Avanza no quiere introducir cambios en la reforma laboral para evitar que vuelva al Senado, ya que quieren que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias el 1 de marzo con las leyes aprobadas de la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.
La estrategia del oficialismo
Fuentes parlamentarias señalaron que el objetivo de máxima es convencer a los aliados de aprobar una ley complementaria, ya que es poco probable cambiar el espíritu a través de una reglamentación debido a que en la reforma laboral se estableció que el pago de las licencias por enfermedad o accidente no vinculado al trabajo se reducen al 50%.
Si no hay acuerdo, el único recurso que tiene el oficialismo es introducir el cambio en el texto que aprobará Diputados el jueves y mandarla en forma inmediata el viernes 20 para que emitan dictamen con ese cambio, para que el Senado ratifique las modificaciones en una sesión a celebrarse el 27.
Pero este escenario es el que quiere evitar el Gobierno. Por eso, este fin de semana, la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich, mantuvo conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, para buscar una solución a esta controversia sobre este punto del proyecto de reforma laboral.
En declaraciones a TN, Bullrich dijo que estaban «trabajando» en el tema para ver de qué manera se incorpora durante el debate en Diputados sin necesidad de que el proyecto vuelva al Senado para su ratificación.
El plazo límite
El acuerdo debe estar sellado antes de este miércoles al mediodía, ya que a las 14 se reúne el plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto, donde habrá una ronda de consultas de tres horas y luego se emitirá el dictamen para tratar en una sesión a celebrarse el jueves.
El artículo 208 en el centro de la controversia
La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad o accidente no vinculado a la tarea laboral, luego de los tres meses el trabajador cobrará un 50% del salario, sin detallar qué pasa en los casos de enfermedad grave, y del 75% si tiene personas a cargo.
Bullrich dijo que la idea es mantener para el pago de enfermedades graves el 100% del pago de los salarios, pero que se exigirá certificado «fehaciente» o una junta médica.
Como informó este medio, Fundación Huésped manifestó una fuerte preocupación por este artículo y aseguró que se trata de un «incentivo a la desatención médica» debido a que dicha reducción económica «obligará a muchos trabajadores a no declarar que están enfermos o a evitar ir al médico» para no ver afectado su ingreso o poner en riesgo su puesto de trabajo.
Un constitucionalista advierte sobre «inconsistencias» en el texto
El abogado constitucionalista Diego Armesto afirmó este lunes que la reforma laboral aprobada en el Senado tiene «inconsistencias» y artículos que se contradicen entre sí, lo que podría traer aparejados planteos de inconstitucionalidad ante la Justicia.
«Hay inconsistencias en la ley, se quiebra el principio de razonabilidad; un artículo que dejaron de la ley anterior 20.744 se contradice con lo que pusieron en la reforma» y esto «va a abrir la puerta a la interpretación y después a la declaración como inconstitucional de la nueva ley», advirtió.
En declaraciones a Radio Rivadavia, el constitucionalista sostuvo que se debe «revisar todo el proyecto, porque hay muchas cosas mal redactadas», y a modo de ejemplo mencionó «el artículo de las 12 horas», en el cual «no está el tope de horas» que se deben trabajar por día.
«Va a haber un planteo de inconstitucionalidad de muchos artículos, pero específicamente este es un artículo regresivo», porque va contra «el principio de progresividad, ya que se trata de un derecho adquirido por los trabajadores».
Armesto vaticinó que «va a haber planteos» en los tribunales contra la reforma laboral, y estimó que «será la justicia la que la declare inconstitucional o no».
«Ni siquiera los senadores sabían lo que votaron»
Agregó que pareciera que en el proyecto del oficialismo «todo lo que son derechos individuales se redactaron a 200 kilómetros por hora», porque «se dedicaron más a bajar la carga tributaria para arreglar con los gobernadores o al 2% de los sindicalistas».
«La redacción final del proyecto apareció 15 minutos antes de la sesión y eso es grave, porque todos tenemos derecho a la información pública. Se tiene que saber todo lo que está haciendo el Estado, no se puede esconder un proyecto de ley».
En opinión del constitucionalista, «ni siquiera los senadores sabían lo que votaron, eso es lo más grave», y sostuvo que la Cámara de Diputados «no puede dejar el proyecto como está», sino que le debe realizar las correcciones necesarias.
El contexto de la reforma laboral
Como informó este medio, la Cámara alta aprobó en la madrugada del jueves 12 de febrero la iniciativa con 42 votos afirmativos y 30 negativos, tras casi doce horas de debate. La reforma incluye período de prueba duplicado de tres a seis meses (y a ocho meses en el sector agrario), indemnizaciones y condenas en hasta 12 cuotas mensuales (18 para micro y pequeñas empresas), topes en el cálculo indemnizatorio con un límite de diez años de antigüedad, fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, límites a la actividad gremial, restricciones a medidas de fuerza, y el regreso de los tickets canasta como beneficios no remunerativos.
Además, el proyecto recorta un punto porcentual en la contribución patronal destinada al sistema de salud, pasando del 6% al 5%. Según datos oficiales de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), esta modificación representa una pérdida mensual de aproximadamente $16.000 millones para el Fondo Solidario de Redistribución y de más de $90.000 millones para el conjunto de las obras sociales.
Puntos clave
• El Gobierno busca aprobar una ley complementaria para garantizar el 100% del salario en casos de enfermedad grave, sin modificar el texto aprobado en el Senado.
• La modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que, ante una enfermedad no vinculada al trabajo, luego de tres meses el trabajador cobrará un 50% del salario (o 75% si tiene personas a cargo).
• El constitucionalista Diego Armesto advirtió sobre «inconsistencias» en el texto aprobado por el Senado que podrían derivar en planteos de inconstitucionalidad.
• «La redacción final del proyecto apareció 15 minutos antes de la sesión y eso es grave», denunció Armesto, quien sostuvo que «ni siquiera los senadores sabían lo que votaron».
• El acuerdo debe estar sellado antes del miércoles al mediodía, cuando se reúne el plenario de comisiones para emitir dictamen y tratar el jueves en el recinto. ★
Legislativo
Bullrich reconoció que nadie le avisó sobre los recortes en discapacidad del Presupuesto 2027
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza admitió que desconocía los cambios incorporados al Presupuesto 2027 en materia de discapacidad, aun siendo parte de la mesa política del oficialismo. Su confesión abre una grieta dentro de la coalición y expone la opacidad con la que el gobierno de Milei avanza sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El artículo 39 del Presupuesto 2027, impulsado por el ministro de Salud Mario Lugones, elimina el nomenclador único de prestaciones básicas para personas con discapacidad que regía de forma igualitaria para el Estado nacional, las obras sociales, las prepagas, el PAMI y el programa Incluir Salud. En su reemplazo, el texto habilita que cada jurisdicción fije sus propios aranceles, con un mero «piso mínimo prestacional» como único denominador común. Para los prestadores del sector, transporte especial, acompañamiento terapéutico, centros de día, apoyo escolar y rehabilitación quedan sujetos a lo que trimestralmente determine la Secretaría Nacional de Discapacidad, o en su defecto el IPC: una fórmula que, en la práctica, federaliza la desigualdad.
Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, admitió en diálogo con el programa Esta mañana de Radio Rivadavia que desconocía la incorporación de esos artículos al proyecto enviado por la Casa Rosada. «A mí me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz», reconoció la senadora, quien explicó que el oficialismo había acordado con el PRO y la UCR trabajar en una propuesta «superadora» a la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad que impulsa la oposición. La irrupción del Presupuesto con cambios no avisados rompió ese acuerdo y dejó a la propia Bullrich en una posición incómoda frente a sus interlocutores parlamentarios.
El doble estándar de gobernar sin avisar
La frase de Bullrich condensa la disfunción que atraviesa a la coalición gobernante: «Cuando uno es jefe de una bancada y no se entera, estando en esa mesa que es donde se discuten las cosas, uno llega al Congreso y te dicen: ‘Nos estás engañando’. No, yo no sabía. O quedás como una tonta por no saber el proyecto del gobierno o quedás como que los engañás». La declaración puso en evidencia que el gobierno de Milei diseña política presupuestaria sin consultar a sus propios aliados legislativos, algo que en el Congreso se vivió como una afrenta.
La situación se repitió incluso entre los propios legisladores libertarios: en la reunión de la comisión de discapacidad de la Cámara de Diputados quedó al descubierto que muchos de ellos tampoco conocían el contenido del artículo 39, pese a que días antes habían asistido a Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei. Fuentes del oficialismo parlamentario reconocieron la descoordinación: «Se venía trabajando hace cuatro meses, no es congruente con la estrategia parlamentaria», señalaron, y aclararon que continuarán buscando consensos al margen de lo enviado por el Ejecutivo.
La oposición exige retirar el capítulo y el sector llora en el Congreso
Desde los bloques opositores la reacción fue inmediata. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria y autor del proyecto de prórroga de la ley de emergencia, advirtió que el Presupuesto propone «desmantelar el sistema de derechos a personas con discapacidad a nivel nacional» y exigió que se retire el capítulo conflictivo. La fecha límite para la firma del dictamen, establecida en el cronograma votado en el recinto, es el 23 de septiembre.
El momento más duro de la reunión informativa lo protagonizó Gilda Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad, quien entre lágrimas describió la situación del sector: «El programa Incluir Salud está pagando a más de 120 días en las provincias, así nadie puede sostener una prestación». Kriskovich fue contundente respecto al artículo en cuestión: «Lo que quieren hacer en el presupuesto, hacer desaparecer el nomenclador, es federalizar la desigualdad». Y cerró con una frase que sintetiza la desesperación de miles de familias: «Detrás de cada expediente frenado, detrás de cada atraso en los pagos de prestaciones, detrás de cada artículo malicioso y discriminatorio hay un proyecto de vida que se apaga».
El fantasma del Presupuesto 2026 y la estrategia de Milei
El malestar dentro del oficialismo también tiene historia reciente. En diciembre de 2025, durante el debate del Presupuesto vigente, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto pero no pudo sostener el artículo 75, que buscaba derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario; ambas habían sido promulgadas luego de que el Congreso dejara sin efecto los vetos del Poder Ejecutivo. La derrota parlamentaria de ese artículo fue uno de los golpes más duros para el oficialismo en el recinto, y ahora el gobierno reincide con una estrategia similar aunque en un capítulo diferente del mismo Presupuesto.
La libertaria Silvana Giudice intentó bajarle el tono al episodio: «Este bloque mantiene la disposición para lograr un dictamen superador que quite el estigma de una emergencia y vuelvan estos beneficios permanentes». Sin embargo, las palabras de Bullrich van en sentido contrario: la senadora dejó abierta la posibilidad de esperar el texto que finalmente envíe Diputados antes de pronunciarse sobre los cambios en discapacidad, lo que revela que el PRO no está dispuesto a convalidar automáticamente lo que el Ejecutivo le enviará al Senado.
Lo que tenés que saber
- El artículo 39 del Presupuesto 2027 elimina el nomenclador único de prestaciones para personas con discapacidad y habilita aranceles diferenciados por jurisdicción.
- Patricia Bullrich reconoció públicamente que desconocía los cambios en discapacidad incluidos en el Presupuesto, pese a integrar la mesa política del oficialismo.
- Legisladores de La Libertad Avanza tampoco estaban al tanto del contenido del artículo, lo que expone una grave descoordinación entre el Ejecutivo y su propio bloque parlamentario.
- La oposición exige retirar el capítulo y mantiene la posición de prorrogar la ley de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027.
- El sector de prestadores denuncia pagos con más de 120 días de atraso en varias provincias y advierte que el nuevo esquema presupuestario federalizaría la desigualdad en el acceso a las prestaciones.
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