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Golpe a la seguridad social: oficializan la baja de contribuciones patronales

Tras un polémico aval judicial, la gestión de Javier Milei avanzó con la reducción de contribuciones patronales y la flexibilización de las contrataciones mediante el Decreto 315/2026.

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El Argentino Diario-Trabajo-Construcción.

Menos aportes y más precariedad: las claves del nuevo régimen laboral de Milei

★ El Gobierno nacional formalizó este lunes la puesta en marcha del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), un esquema que otorga beneficios fiscales a las empresas bajo la promesa de generar empleo, pero que en la práctica profundiza la precarización y desfinancia el sistema de seguridad social. A través del Decreto 315/2026, publicado en el Boletín Oficial, la administración libertaria reglamentó un capítulo central de su reforma, aprovechando el reciente guiño de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que levantó la cautelar que mantenía suspendida la normativa.

Un traje a medida para la reducción de costos empresarios

La normativa establece una drástica reducción de las contribuciones patronales por un plazo de cuatro años para quienes registren personal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) entre mayo de 2026 y abril de 2027. Este beneficio no es generalizado, sino que se enfoca en sectores vulnerables o precarizados, como personas desempleadas, ex monotributistas o antiguos empleados del sector público.

Según abogados laboralistas y organizaciones sindicales, este tipo de medidas no fomenta la creación de puestos genuinos, sino que incentiva el reemplazo de trabajadores con derechos adquiridos por personal de bajo costo. «Decir sin oír no es dialogar», advirtió el Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) en pronunciamientos previos, calificando estas iniciativas como una «pulverización de la legislación laboral» que ignora los principios constitucionales de progresividad.

El rol de la justicia y los límites del sistema

La implementación del RIFL se produce luego de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolviera otorgar efecto suspensivo al recurso del Estado contra la cautelar original presentada por la CGT. Este movimiento judicial permite que, mientras se discute la cuestión de fondo, las empresas puedan aplicar las nuevas reglas, que incluyen cambios en el cálculo de indemnizaciones y la eliminación de la presunción de relación laboral.

El régimen impone un tope: las nuevas incorporaciones no pueden superar el 80% de la plantilla total de la empresa. Sin embargo, el control sistémico queda en manos de la ARCA, organismo que reemplazó a la AFIP y que ha sido cuestionado por su enfoque recaudatorio en detrimento de la fiscalización de las condiciones de trabajo. Para sectores críticos, esta reforma es un intento de consolidar un «Estado ausente» en materia de protección, favoreciendo exclusivamente la rentabilidad corporativa bajo el disfraz de la «modernización».

Impacto en la soberanía de los derechos sociales

La medida se enmarca en un plan económico que prioriza el ajuste y la desregulación, factores que han sido señalados por la oposición y los movimientos sociales como causantes de una mayor exclusión. Al segmentar a los beneficiarios (priorizando a desocupados y ex empleados públicos), el Gobierno busca desmantelar la estructura del empleo estatal y debilitar la capacidad de negociación colectiva de los gremios, afectando la autodeterminación de los trabajadores y la estabilidad del mercado interno.

Puntos clave:

  • El Decreto 315/2026 establece una baja de contribuciones patronales por 4 años para nuevas contrataciones.
  • La Cámara del Trabajo habilitó la vigencia de la reforma laboral tras revocar una medida cautelar.
  • El régimen alcanza a desempleados, ex monotributistas y ex empleados del sector público.
  • Las nuevas altas bajo este esquema tienen un tope del 80% de la nómina de la empresa.
  • El control de los beneficios fiscales queda centralizado en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

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La “casta judicial” avanza en el Senado con el pliego de la esposa del juez de la causa $Libra

El Senado realizará este miércoles una nueva audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos donde expondrán 15 candidatos a ascender en la Justicia, entre ellos la esposa del juez que investiga la presunta megaestafa $Libra y el hijo de un ex camarista federal.

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El Argentino Diario-Congreso de la Nación.

La “familia judicial” en acción: la esposa del juez de la causa $Libra quiere ser jueza con el visto bueno de Milei

★ A pesar del discurso anti-casta que llevó a Javier Milei a la Casa Rosada, la artillería de la «familia judicial» sigue avanzando posiciones en el Poder Judicial argentino con el respaldo del oficialismo. Este miércoles, el Senado de la Nación realizará una nueva Audiencia Pública donde expondrán una quincena de candidatos a ascender en diferentes fueros de la Justicia federal y ordinaria, en el marco de la Comisión de Acuerdos que preside el senador Juan Carlos Paggoto.

La esposa del juez de la Causa $Libra pide su turno

El caso más llamativo de la jornada es el de Ana María Cristina Juan, propuesta como jueza de primera instancia para el Juzgado de Hurlingham, provincia de Buenos Aires. Juan es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, el magistrado que tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $Libra, una de las causas judiciales de mayor resonancia pública del período, que involucra presuntas maniobras de lavado de dinero y movimientos financieros off-shore vinculados al entorno del propio Gobierno.

La postulación de Juan no es un dato menor. En un sistema judicial que históricamente funcionó como una red de pertenencias, lealtades y vínculos familiares, la irrupción de la cónyuge de un juez en actividad como candidata a magistrada refuerza lo que los críticos denominan el fenómeno de la «familia judicial»: el circuito endogámico por el cual el Poder Judicial se reproduce a sí mismo, blindando posiciones y garantizando continuidades que poco tienen que ver con el mérito.

Un hijo de camarista también rinde examen

La lista de candidatos que expondrán este miércoles incluye también a Laureano Duran, propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones de La Plata. Duran se desempeñó como juez subrogante en el Juzgado Federal de La Plata y es hijo del ex camarista Alberto Duran, un dato que agrega otro eslabón al entramado de linajes judiciales que el oficialismo parece dispuesto a consolidar.

En la misma jornada rendirán examen, entre otros, el secretario de juzgado Juan Pedro Guidici, postulado para el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal; el fiscal de Morón Mario Ferrario, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín; Emilio Faggi, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Claudio Silvestri, Carlos Cuesta y María Michelli para distintas salas del Tribunal Oral en lo Criminal de La Plata; Pablo Flores y Javier Arzubi Calvo para el Tribunal Oral en lo Criminal de San Martín; Mariano Amaduri como juez nacional en lo Criminal y Correccional 7; Gabriela Mariel Palopoli como jueza de Primera Instancia en lo Civil de la Capital Federal; y María Massa, candidata a magistrada de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Tributarias.

El oficialismo no consigue el dictamen: los «dialoguistas» frenan los pliegos

A pesar del avance en las audiencias, el Gobierno no logró aún traducir ese impulso en un dictamen favorable. Los senadores denominados «dialoguistas» se resisten a firmar los despachos hasta que el Ejecutivo envíe también candidatos para cubrir vacantes en juzgados del interior del país. Esta disputa demora el tratamiento de los pliegos en el recinto de sesiones ordinarias.

El Gobierno envió ayer 45 pliegos para cubrir vacantes en la Capital Federal, la provincia de Buenos Aires y algunas provincias, pero referentes dialoguistas señalaron que siguen faltando postulaciones para otras jurisdicciones del interior. Los dictámenes puestos a firma no reunieron aún las 9 firmas necesarias para habilitarse al tratamiento en sesión ordinaria.

Entre los legisladores que deben suscribir esos despachos se encuentran el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara; los radicales Maximiliano Abad, Carolina Losada y Mariana Juri; la misionera del Frente de la Concordia Sandra Rojas Decout; la tucumana Beatriz Avila; el correntino Carlos «Camau» Espínola; Sandra Mendoza de Convicción Federal; y la salteña Favia Royon.

El trasfondo: poder judicial y gobierno libertario, una alianza con historia

La aceleración del proceso de designaciones judiciales en el Senado no ocurre en el vacío. El gobierno de Javier Milei mantiene desde sus inicios una relación de conveniencia con sectores del Poder Judicial, en especial con los tribunales de Comodoro Py, epicentro histórico del llamado «Partido Judicial». La denominada Causa $Libra, cuyo juez instructor es precisamente el esposo de una de las candidatas de hoy, representa uno de los frentes de mayor complejidad para el Ejecutivo, ya que apunta a presuntas maniobras financieras off-shore vinculadas al entorno presidencial.

En ese contexto, la postulación de Ana María Cristina Juan no puede leerse como un movimiento inocente. La intersección entre las causas que comprometen al Gobierno y los vínculos familiares de quienes se suman a la magistratura configura un escenario que, por su naturaleza, merece escrutinio público y periodístico sostenido.

Puntos clave:

  • La esposa del juez que investiga la Causa $Libra expone este miércoles como candidata a jueza federal en Hurlingham.
  • Laureano Duran, hijo del ex camarista Alberto Duran, aspira a un cargo en la Cámara de Apelaciones de La Plata.
  • El oficialismo no logró aún el dictamen para los pliegos por la resistencia de senadores dialoguistas.
  • El Gobierno envió 45 pliegos pero sectores del Senado advierten que faltan candidatos para el interior del país.
  • Se necesitan 9 firmas para habilitar el tratamiento de los pliegos en sesión ordinaria.
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