Trabajo
Reforma laboral y asignaciones familiares: la distorsión que impulsa la informalidad, según IDESA
Un informe del instituto señala que trabajadores informales cobran hasta 3,6 veces más que los formales en concepto de asignaciones por hijo, lo que constituye un incentivo perverso para permanecer fuera del sistema registrado. Sin embargo, el análisis de IDESA omite que la informalidad en la Argentina es un problema estructural anterior a los planes sociales.
★ El cobro de las asignaciones familiares es uno de los puntos que debiera abordar la reforma laboral para que su aplicación ayude a reducir la informalidad en el mercado de trabajo, según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
El informe, difundido este lunes 2 de diciembre, señala que la distorsión entre los montos que reciben trabajadores formales e informales por sus hijos constituye un «poderoso factor inductor a la informalidad», especialmente en sectores de sueldos bajos donde esta diferencia puede resultar decisiva a la hora de optar por la registración.
La brecha de las asignaciones: $60.000 contra $217.000
Los números del instituto revelan una inequidad pronunciada. Un trabajador formal con un hijo menor de 3 años cobra $60.000 en concepto de Asignación por Hijo. En cambio, un trabajador informal cobra $120.000 por la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pero la brecha se amplifica al sumar los beneficios complementarios. El trabajador informal agrega a la AUH $52.000 por «tarjeta alimentar» y $45.000 por «complemento alimentario» por ser el hijo menor de 3 años, totalizando $217.000 por mes. Esto implica que el trabajador informal recibe un beneficio 3,6 veces mayor que el formal.
«El trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo», sostiene el análisis de IDESA. En sueldos bajos, advierten, «es un poderoso factor inductor a la informalidad».
El diagnóstico de IDESA sobre la informalidad
«Promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral», señaló el informe, que además consideró crucial «rever los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores niveles de ingreso operar en la informalidad».
El instituto identificó que uno de los factores que incentiva la informalidad y que «trascienden la legislación laboral» son precisamente las asignaciones familiares. «El trabajador informal cobra asignaciones familiares mucho más altas que el formal», confirma el trabajo.
La propuesta: nivelar las prestaciones
«Para generar un proceso dinámico de formalización laboral se necesita un abordaje integral, incluyendo mejorar el diseño de los beneficios sociales», plantea IDESA. Si bien reconocen que la medida tiene un «impacto fiscal», sostienen que «es imprescindible que las prestaciones por hijos entre los informales y los formales de más baja remuneración se nivelen».
El informe insiste en que «la formalización masiva en las microempresas es un proceso deseable», pero advierte que «se necesita una estrategia más integral que el cambio de las leyes laborales».
El contexto de la reforma laboral libertaria
La presentación de este informe se produce en el marco del debate por la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei prevé presentar el 9 de diciembre en el Congreso. El proyecto, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger junto a los ministros Luis Caputo y el secretario de Trabajo Julio Cordero, apunta a flexibilizar las condiciones de contratación y modificar las negociaciones colectivas.
Sin embargo, el diagnóstico de IDESA sugiere que las modificaciones en la legislación laboral serán insuficientes si no se abordan los incentivos fiscales y de política social que empujan a trabajadores y empleadores hacia la informalidad.
La urgencia de unificar el sistema
En un informe de noviembre de 2025, IDESA también resaltó la urgencia de unificar el sistema de asignaciones por hijo, señalando la «enorme diferencia» entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.
Un trabajador informal percibe un monto considerablemente mayor por cada hijo que un monotributista o un asalariado formal de bajos ingresos. Esta disparidad no sólo genera inequidad entre familias con ingresos similares, sino que, según el instituto, se convierte en un «poderoso incentivo a la informalidad».
Los números actuales de la informalidad
Según datos de IDESA basados en la Secretaría de Trabajo y el INDEC, en Argentina hay aproximadamente 6 millones de cuentapropistas. De ellos, sólo el 6% son autónomos y el 34% están registrados en el Monotributo. El 60% restante opera en la informalidad, un dato que subraya la persistencia de este problema en el mercado laboral argentino.
Esta estadística revela que, a pesar de la simplicidad y el bajo costo relativo del Monotributo, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia opta por mantenerse al margen de la formalidad. Este fenómeno refuerza la advertencia de que cualquier modificación al régimen debe ser cuidadosamente diseñada para no intensificar aún más la informalidad en lugar de combatirla.
Los montos actualizados de las asignaciones
Según la normativa vigente y las últimas actualizaciones de ANSES, los montos de las asignaciones en noviembre de 2025 son los siguientes:
Para trabajadores formales:
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862,25
- Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94
Para trabajadores informales:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.000 aproximadamente
- Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más hijos)
- Complemento Alimentario: $45.142 (para titulares de AUE desde los 3 meses de gestación y madres con hijos de hasta 3 años)
La Asignación Familiar por Hijo está dirigida a trabajadores registrados en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, así como a jubilados y pensionados que cumplen con los parámetros de ingresos familiares determinados por ANSES.
Las críticas a la propuesta de IDESA
Si bien el informe plantea una problemática real, economistas y organizaciones sociales advierten que la solución no puede ser emparejar hacia abajo los beneficios de los trabajadores informales, sino buscar mecanismos que mejoren los ingresos de los trabajadores formales sin desproteger a quienes están fuera del sistema.
La lógica del instituto parece apuntar a que el Estado reduzca los beneficios a los sectores más vulnerables para «incentivar» la formalización, una estrategia que podría profundizar la pobreza en sectores que ya están en situación precaria.
El debate sobre las asignaciones familiares se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la protección social y los mecanismos más efectivos para combatir la informalidad laboral sin castigar a los sectores más postergados.
La informalidad en Argentina: un problema estructural anterior a los planes sociales
El diagnóstico de IDESA parte de una premisa falaz: la idea de que las asignaciones sociales son la causa principal de la informalidad laboral en Argentina. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que la informalidad es un fenómeno estructural de larga data, muy anterior a la existencia de la Asignación Universal por Hijo y los complementos alimentarios.
Cuatro décadas de informalidad creciente
Según el informe de Argendata elaborado por Fundar, la informalidad laboral asalariada en Argentina alcanzó el 36% en 2024, 9 puntos por encima del registro de mediados de los años 80. El estudio identificó cuatro etapas históricas: entre 1986 y 2003, la informalidad subió del 26,9% al 49,4%.
Este incremento coincidió con el proceso de desindustrialización iniciado durante la última dictadura militar (1976-1983), que implicó la destrucción progresiva del entramado productivo tradicional argentino. Como señala el especialista en economía laboral Luis Beccaria, ex director del INDEC, en 1970 el panorama no era muy distinto al actual, y en 1960 solo el 30% de los mayores de 65 años tenía jubilación porque carecía de historia laboral registrada.
La dictadura militar y la desindustrialización
El proceso de desindustrialización que inauguró la dictadura militar en 1976 constituye el punto de inflexión en la estructura del mercado laboral argentino. Entre 1974 y 2001, el producto industrial acumuló una caída de 5%, que asciende a 33% al considerar los registros por habitante.
La represión sindical, la supresión del derecho de huelga y las políticas de disciplinamiento de la clase trabajadora implementadas por el régimen militar modificaron sustantivamente las pautas de funcionamiento del mercado laboral. Como documentó Rodolfo Walsh en su «Carta abierta a la dictadura militar» de marzo de 1977, en un año el gobierno militar redujo el salario real de los trabajadores al 40% y disminuyó su participación en el ingreso nacional al 30%.
Las causas estructurales de la informalidad
Los especialistas de la OIT y del CONICET identifican causas estructurales y complejas para la informalidad laboral en Argentina que nada tienen que ver con las asignaciones sociales:
Baja productividad y heterogeneidad del sector informal: Los informales son el resultado, en buena medida, de la baja productividad. La informalidad está en directa relación con un nivel de productividad muy baja, según Rafael Rofman, experto del CIPPEC.
Desindustrialización y reprimarización: La pérdida de dinamismo de la industria como núcleo organizador de la economía obligó a sectores amplios de la población a refugiarse en actividades informales de baja productividad.
Precarización normativa: Desde la dictadura, uno de los rasgos de Argentina es la desocupación más o menos elevada, informalidad creciente, precarización normativa y de hecho, irrupción de la figura del trabajador pobre.
Heterogeneidad de las unidades productivas: En sectores como textil y construcción, es necesario considerar la heterogeneidad de las unidades productivas, que van desde empresas de gran tamaño hasta microempresas o emprendimientos familiares, explicó Larraitz Lexartza, especialista de la OIT.
Debilidad en los sistemas de inspección: La informalidad puede ser impulsada por las condiciones macroeconómicas del país, la flexibilización del empleo formal, la falta de claridad en las regulaciones laborales, la debilidad en los sistemas de inspección, señala el becario postdoctoral del CONICET Lucas Emanuel Torres.
Las pérdidas reales del trabajador informal
El informe de IDESA omite una cuestión fundamental: los trabajadores informales no sólo ganan menos, sino que pierden derechos laborales básicos que ninguna asignación social puede compensar:
Pérdida de ingresos: Los salarios informales son estructuralmente inferiores a los formales, especialmente en sectores calificados. La diferencia de $157.000 en asignaciones no compensa salarios que pueden ser 30% o 40% más bajos.
Sin cobertura de salud: Los trabajadores informales carecen de obra social, lo que implica gastos de bolsillo en salud o dependencia del sistema público saturado. Una prepaga básica cuesta entre $80.000 y $150.000 mensuales.
Sin vacaciones pagas: Los trabajadores informales no acceden a vacaciones remuneradas, lo que implica pérdida de ingresos durante períodos de descanso.
Sin aguinaldo: La ausencia del Sueldo Anual Complementario representa la pérdida de un mes de salario al año.
Sin protección contra el despido: Los trabajadores informales carecen de indemnización por despido, preaviso y estabilidad laboral. Un trabajador formal con 10 años de antigüedad puede acceder a indemnizaciones equivalentes a un año de salario.
Sin jubilación: La falta de aportes previsionales condena a estos trabajadores a la pobreza en la vejez o a depender de pensiones no contributivas de montos mínimos.
Alta rotación e inestabilidad: Hay ciertas características que repercuten en el bienestar de los trabajadores informales, como la elevada inestabilidad que tienen estos negocios o la alta rotación, advirtió Luis Beccaria.
El crecimiento económico como factor clave
La evidencia empírica demuestra que la formalización laboral está directamente vinculada al crecimiento económico sostenido, no a la reducción de beneficios sociales. Entre 2002 y 2019, la informalidad laboral en los asalariados cayó casi 10 puntos en el Gran Buenos Aires, lo que da cuenta de cómo procesos de crecimiento económico medianamente sostenidos son capaces de generar una reacción en la estructura del empleo hacia una mayor formalización.
Durante los años 90, mientras la economía crecía, la informalidad siguió avanzando, acompañada por la pérdida de eficacia de los organismos reguladores. Esto demuestra que el crecimiento por sí solo no alcanza si no viene acompañado de políticas activas de formalización y fortalecimiento de las instituciones laborales.
La verdadera solución: desarrollo con inclusión
Para combatir la informalidad se requiere una estrategia integral que incluya crecimiento económico sostenido, reindustrialización, fortalecimiento de la inspección laboral, simplificación de trámites sin pérdida de derechos y políticas activas de empleo. Recortar asignaciones a los sectores más vulnerables no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza la desigualdad y castiga a quienes menos tienen.
Como advierte la OIT, casi seis millones de personas trabajan en la informalidad en Argentina, sin acceso a derechos laborales básicos como cobertura de salud, licencias o aportes jubilatorios. La solución no puede ser quitarles también las asignaciones familiares que les permiten sobrevivir.
La postura de la CGT frente a la reforma
La CGT, que rechaza categóricamente la reforma laboral del Gobierno, no se ha pronunciado específicamente sobre la propuesta de IDESA respecto a las asignaciones familiares. Sin embargo, el dirigente Gerardo Martínez expresó que la central obrera quiere «discutir un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción», lo que sugiere una visión más integral del problema de la informalidad.
La central obrera sostiene que el problema de fondo no es la generosidad de las asignaciones hacia los trabajadores informales, sino la falta de generación de empleo de calidad y la precarización del mercado de trabajo formal.
Puntos clave del informe de IDESA:
- Brecha de 3,6 veces: trabajadores informales con hijo menor de 3 años reciben $217.000 mensuales contra $60.000 de los formales
- Incentivo perverso: la diferencia en asignaciones funciona como factor inductor a la informalidad en sectores de bajos ingresos
- Propuesta de nivelación: IDESA plantea igualar prestaciones entre formales e informales pese al impacto fiscal
- Reforma insuficiente: cambios en legislación laboral no bastan sin modificar incentivos de política social
- 60% de cuentapropistas en negro: de 6 millones de trabajadores por cuenta propia, 3,6 millones operan en informalidad
Desregulación
Retiros voluntarios en el Estado: ATE denuncia presión y marcha a Olivos
El Decreto 1203/2026 alcanza a unos 20.000 empleados, según Sturzenegger, y a 21.187, según ATE; quien adhiera no podrá volver al Estado por ocho años y su cargo se elimina del presupuesto. El gremio habla de “despido extorsivo” y se moviliza el miércoles a la Quinta de Olivos.
Quien firme el retiro voluntario no podrá volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años y su cargo desaparecerá del presupuesto. Esa es la letra del decreto con el que el Gobierno de Javier Milei busca reducir la planta estatal, y que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) calificó como un “despido extorsivo”.
El Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Diego Santilli, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Crea un régimen de retiro voluntario para el personal de planta permanente y los contratados por tiempo indeterminado de la Administración Pública Nacional centralizada, con compensaciones económicas divididas en tres grupos de beneficiarios. Sturzenegger presentó la medida en su cuenta de X y estimó que unos 20.000 empleados están en condiciones de adherir; ATE, en cambio, elevó el universo alcanzado a 21.187 trabajadores.
Qué establece el decreto
La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre y la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública podrá prorrogarla por única vez, hasta 30 días corridos. El monto de la compensación depende de la edad y la antigüedad, con un máximo de hasta 25 sueldos. Los cargos de quienes se vayan serán eliminados del presupuesto y esas bajas no podrán usarse para justificar el ingreso de personal nuevo.
Quienes adhieran no podrán trabajar en el Sector Público Nacional durante ocho años bajo ninguna modalidad, con la excepción de la docencia en universidades nacionales; quien reingrese antes de tiempo deberá devolver parte de lo cobrado. Sturzenegger justificó esa cláusula en X: “Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración”. Y defendió el esquema con otra frase: “Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”.
Anotarse no garantiza la salida. Según el decreto, cada ministerio puede rechazar una solicitud para asegurar la continuidad de los servicios, y alcanza con invocar esa causa como fundamento. La administración tiene 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para responder, y si no contesta se entiende que la solicitud fue rechazada. La cláusula deja la última palabra en manos del Estado empleador: la adhesión depende menos de la voluntad del trabajador que de la decisión del ministerio.
Quedan excluidos, entre otros, quienes tengan un sumario abierto que pueda terminar en cesantía, un reclamo laboral contra el Estado del que no desistan o el trámite jubilatorio iniciado. Según ATE, quienes tengan mandato sindical vigente o sean candidatos a delegados deberán renunciar a ese cargo para adherir.
“No es retiro voluntario”: la respuesta de ATE
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, rechazó el régimen de plano. “No es retiro voluntario, es despido extorsivo. No hay voluntad cuando la opción es o firmás o te quedás en la calle sin laburo y sin obra social”, sostuvo en un comunicado del gremio.
El dirigente cuestionó el carácter voluntario del plan: “Si hay intimidación, el consentimiento no es libre”. Denunció además que las expresiones de los funcionarios son “o firmás el retiro o te paso a disponibilidad y después te echo”. Se trata de una denuncia del gremio cuyo contenido aún no se confirmó.
Aguiar recordó que en los años noventa también se presentaron los retiros como una oportunidad y que “los compañeros terminaron haciendo cola en el trueque”. Y apuntó contra el ministro: “Al que vamos a retirar y no de manera voluntaria es a Sturzenegger”.
El régimen se suma a una política de reducción de la planta que el propio Sturzenegger cifró en más de 77 mil empleados estatales desvinculados desde el inicio de la gestión libertaria.
La marcha a Olivos
ATE se movilizará el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta Presidencial de Olivos bajo la consigna “No se aguanta más”. Aguiar explicó por qué eligió ese destino: “La Casa Rosada está vacía. No la pisan desde hace meses. Gobiernan desde Olivos y ahí los tenemos que ir a buscar”.
La protesta incluye además un pliego de reclamos: la pérdida del poder adquisitivo y la caída del salario real, paritarias por debajo de la inflación, el deterioro de los ingresos, el pluriempleo y el endeudamiento, la desvalorización de la carrera estatal, los despidos y la no renovación de contratos, la incertidumbre laboral, la reducción de puestos de planta y el cierre y vaciamiento de organismos públicos. Para el gremio, el retiro voluntario es una pieza más de un esquema de ajuste sobre el empleo público.
Lo que tenés que saber
- El Decreto 1203/2026, firmado por Milei, Santilli y Sturzenegger, creó un régimen de retiro voluntario para la Administración Pública Nacional centralizada.
- La inscripción va del 1 al 30 de noviembre, con una prórroga posible de hasta 30 días, y la compensación llega hasta 25 sueldos.
- Quienes adhieran no pueden volver al Estado durante ocho años y sus cargos se eliminan del presupuesto.
- Sturzenegger estimó unos 20.000 empleados elegibles; ATE habla de 21.187 trabajadores alcanzados.
- ATE marcha el miércoles 21 de octubre, a las 17, a la Quinta de Olivos.
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