Trabajo
Reforma laboral y asignaciones familiares: la distorsión que impulsa la informalidad, según IDESA
Un informe del instituto señala que trabajadores informales cobran hasta 3,6 veces más que los formales en concepto de asignaciones por hijo, lo que constituye un incentivo perverso para permanecer fuera del sistema registrado. Sin embargo, el análisis de IDESA omite que la informalidad en la Argentina es un problema estructural anterior a los planes sociales.
★ El cobro de las asignaciones familiares es uno de los puntos que debiera abordar la reforma laboral para que su aplicación ayude a reducir la informalidad en el mercado de trabajo, según un trabajo del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
El informe, difundido este lunes 2 de diciembre, señala que la distorsión entre los montos que reciben trabajadores formales e informales por sus hijos constituye un «poderoso factor inductor a la informalidad», especialmente en sectores de sueldos bajos donde esta diferencia puede resultar decisiva a la hora de optar por la registración.
La brecha de las asignaciones: $60.000 contra $217.000
Los números del instituto revelan una inequidad pronunciada. Un trabajador formal con un hijo menor de 3 años cobra $60.000 en concepto de Asignación por Hijo. En cambio, un trabajador informal cobra $120.000 por la Asignación Universal por Hijo (AUH).
Pero la brecha se amplifica al sumar los beneficios complementarios. El trabajador informal agrega a la AUH $52.000 por «tarjeta alimentar» y $45.000 por «complemento alimentario» por ser el hijo menor de 3 años, totalizando $217.000 por mes. Esto implica que el trabajador informal recibe un beneficio 3,6 veces mayor que el formal.
«El trabajador para ingresar a la formalidad va a demandar un aumento en la remuneración que le compense esta diferencia de casi 4 veces en el beneficio de asignación por hijo», sostiene el análisis de IDESA. En sueldos bajos, advierten, «es un poderoso factor inductor a la informalidad».
El diagnóstico de IDESA sobre la informalidad
«Promover la formalización requiere más que cambios en la ley laboral», señaló el informe, que además consideró crucial «rever los factores que inducen a las microempresas y trabajadores de menores niveles de ingreso operar en la informalidad».
El instituto identificó que uno de los factores que incentiva la informalidad y que «trascienden la legislación laboral» son precisamente las asignaciones familiares. «El trabajador informal cobra asignaciones familiares mucho más altas que el formal», confirma el trabajo.
La propuesta: nivelar las prestaciones
«Para generar un proceso dinámico de formalización laboral se necesita un abordaje integral, incluyendo mejorar el diseño de los beneficios sociales», plantea IDESA. Si bien reconocen que la medida tiene un «impacto fiscal», sostienen que «es imprescindible que las prestaciones por hijos entre los informales y los formales de más baja remuneración se nivelen».
El informe insiste en que «la formalización masiva en las microempresas es un proceso deseable», pero advierte que «se necesita una estrategia más integral que el cambio de las leyes laborales».
El contexto de la reforma laboral libertaria
La presentación de este informe se produce en el marco del debate por la reforma laboral que el Gobierno de Javier Milei prevé presentar el 9 de diciembre en el Congreso. El proyecto, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger junto a los ministros Luis Caputo y el secretario de Trabajo Julio Cordero, apunta a flexibilizar las condiciones de contratación y modificar las negociaciones colectivas.
Sin embargo, el diagnóstico de IDESA sugiere que las modificaciones en la legislación laboral serán insuficientes si no se abordan los incentivos fiscales y de política social que empujan a trabajadores y empleadores hacia la informalidad.
La urgencia de unificar el sistema
En un informe de noviembre de 2025, IDESA también resaltó la urgencia de unificar el sistema de asignaciones por hijo, señalando la «enorme diferencia» entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.
Un trabajador informal percibe un monto considerablemente mayor por cada hijo que un monotributista o un asalariado formal de bajos ingresos. Esta disparidad no sólo genera inequidad entre familias con ingresos similares, sino que, según el instituto, se convierte en un «poderoso incentivo a la informalidad».
Los números actuales de la informalidad
Según datos de IDESA basados en la Secretaría de Trabajo y el INDEC, en Argentina hay aproximadamente 6 millones de cuentapropistas. De ellos, sólo el 6% son autónomos y el 34% están registrados en el Monotributo. El 60% restante opera en la informalidad, un dato que subraya la persistencia de este problema en el mercado laboral argentino.
Esta estadística revela que, a pesar de la simplicidad y el bajo costo relativo del Monotributo, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia opta por mantenerse al margen de la formalidad. Este fenómeno refuerza la advertencia de que cualquier modificación al régimen debe ser cuidadosamente diseñada para no intensificar aún más la informalidad en lugar de combatirla.
Los montos actualizados de las asignaciones
Según la normativa vigente y las últimas actualizaciones de ANSES, los montos de las asignaciones en noviembre de 2025 son los siguientes:
Para trabajadores formales:
- Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos): $59.862,25
- Asignación por Hijo con Discapacidad: $194.910,94
Para trabajadores informales:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $120.000 aproximadamente
- Tarjeta Alimentar: $52.250 (un hijo), $81.936 (dos hijos), $108.062 (tres o más hijos)
- Complemento Alimentario: $45.142 (para titulares de AUE desde los 3 meses de gestación y madres con hijos de hasta 3 años)
La Asignación Familiar por Hijo está dirigida a trabajadores registrados en relación de dependencia, monotributistas, titulares de la prestación por desempleo, personas que cobran la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra, así como a jubilados y pensionados que cumplen con los parámetros de ingresos familiares determinados por ANSES.
Las críticas a la propuesta de IDESA
Si bien el informe plantea una problemática real, economistas y organizaciones sociales advierten que la solución no puede ser emparejar hacia abajo los beneficios de los trabajadores informales, sino buscar mecanismos que mejoren los ingresos de los trabajadores formales sin desproteger a quienes están fuera del sistema.
La lógica del instituto parece apuntar a que el Estado reduzca los beneficios a los sectores más vulnerables para «incentivar» la formalización, una estrategia que podría profundizar la pobreza en sectores que ya están en situación precaria.
El debate sobre las asignaciones familiares se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol del Estado en la protección social y los mecanismos más efectivos para combatir la informalidad laboral sin castigar a los sectores más postergados.
La informalidad en Argentina: un problema estructural anterior a los planes sociales
El diagnóstico de IDESA parte de una premisa falaz: la idea de que las asignaciones sociales son la causa principal de la informalidad laboral en Argentina. Sin embargo, la evidencia histórica demuestra que la informalidad es un fenómeno estructural de larga data, muy anterior a la existencia de la Asignación Universal por Hijo y los complementos alimentarios.
Cuatro décadas de informalidad creciente
Según el informe de Argendata elaborado por Fundar, la informalidad laboral asalariada en Argentina alcanzó el 36% en 2024, 9 puntos por encima del registro de mediados de los años 80. El estudio identificó cuatro etapas históricas: entre 1986 y 2003, la informalidad subió del 26,9% al 49,4%.
Este incremento coincidió con el proceso de desindustrialización iniciado durante la última dictadura militar (1976-1983), que implicó la destrucción progresiva del entramado productivo tradicional argentino. Como señala el especialista en economía laboral Luis Beccaria, ex director del INDEC, en 1970 el panorama no era muy distinto al actual, y en 1960 solo el 30% de los mayores de 65 años tenía jubilación porque carecía de historia laboral registrada.
La dictadura militar y la desindustrialización
El proceso de desindustrialización que inauguró la dictadura militar en 1976 constituye el punto de inflexión en la estructura del mercado laboral argentino. Entre 1974 y 2001, el producto industrial acumuló una caída de 5%, que asciende a 33% al considerar los registros por habitante.
La represión sindical, la supresión del derecho de huelga y las políticas de disciplinamiento de la clase trabajadora implementadas por el régimen militar modificaron sustantivamente las pautas de funcionamiento del mercado laboral. Como documentó Rodolfo Walsh en su «Carta abierta a la dictadura militar» de marzo de 1977, en un año el gobierno militar redujo el salario real de los trabajadores al 40% y disminuyó su participación en el ingreso nacional al 30%.
Las causas estructurales de la informalidad
Los especialistas de la OIT y del CONICET identifican causas estructurales y complejas para la informalidad laboral en Argentina que nada tienen que ver con las asignaciones sociales:
Baja productividad y heterogeneidad del sector informal: Los informales son el resultado, en buena medida, de la baja productividad. La informalidad está en directa relación con un nivel de productividad muy baja, según Rafael Rofman, experto del CIPPEC.
Desindustrialización y reprimarización: La pérdida de dinamismo de la industria como núcleo organizador de la economía obligó a sectores amplios de la población a refugiarse en actividades informales de baja productividad.
Precarización normativa: Desde la dictadura, uno de los rasgos de Argentina es la desocupación más o menos elevada, informalidad creciente, precarización normativa y de hecho, irrupción de la figura del trabajador pobre.
Heterogeneidad de las unidades productivas: En sectores como textil y construcción, es necesario considerar la heterogeneidad de las unidades productivas, que van desde empresas de gran tamaño hasta microempresas o emprendimientos familiares, explicó Larraitz Lexartza, especialista de la OIT.
Debilidad en los sistemas de inspección: La informalidad puede ser impulsada por las condiciones macroeconómicas del país, la flexibilización del empleo formal, la falta de claridad en las regulaciones laborales, la debilidad en los sistemas de inspección, señala el becario postdoctoral del CONICET Lucas Emanuel Torres.
Las pérdidas reales del trabajador informal
El informe de IDESA omite una cuestión fundamental: los trabajadores informales no sólo ganan menos, sino que pierden derechos laborales básicos que ninguna asignación social puede compensar:
Pérdida de ingresos: Los salarios informales son estructuralmente inferiores a los formales, especialmente en sectores calificados. La diferencia de $157.000 en asignaciones no compensa salarios que pueden ser 30% o 40% más bajos.
Sin cobertura de salud: Los trabajadores informales carecen de obra social, lo que implica gastos de bolsillo en salud o dependencia del sistema público saturado. Una prepaga básica cuesta entre $80.000 y $150.000 mensuales.
Sin vacaciones pagas: Los trabajadores informales no acceden a vacaciones remuneradas, lo que implica pérdida de ingresos durante períodos de descanso.
Sin aguinaldo: La ausencia del Sueldo Anual Complementario representa la pérdida de un mes de salario al año.
Sin protección contra el despido: Los trabajadores informales carecen de indemnización por despido, preaviso y estabilidad laboral. Un trabajador formal con 10 años de antigüedad puede acceder a indemnizaciones equivalentes a un año de salario.
Sin jubilación: La falta de aportes previsionales condena a estos trabajadores a la pobreza en la vejez o a depender de pensiones no contributivas de montos mínimos.
Alta rotación e inestabilidad: Hay ciertas características que repercuten en el bienestar de los trabajadores informales, como la elevada inestabilidad que tienen estos negocios o la alta rotación, advirtió Luis Beccaria.
El crecimiento económico como factor clave
La evidencia empírica demuestra que la formalización laboral está directamente vinculada al crecimiento económico sostenido, no a la reducción de beneficios sociales. Entre 2002 y 2019, la informalidad laboral en los asalariados cayó casi 10 puntos en el Gran Buenos Aires, lo que da cuenta de cómo procesos de crecimiento económico medianamente sostenidos son capaces de generar una reacción en la estructura del empleo hacia una mayor formalización.
Durante los años 90, mientras la economía crecía, la informalidad siguió avanzando, acompañada por la pérdida de eficacia de los organismos reguladores. Esto demuestra que el crecimiento por sí solo no alcanza si no viene acompañado de políticas activas de formalización y fortalecimiento de las instituciones laborales.
La verdadera solución: desarrollo con inclusión
Para combatir la informalidad se requiere una estrategia integral que incluya crecimiento económico sostenido, reindustrialización, fortalecimiento de la inspección laboral, simplificación de trámites sin pérdida de derechos y políticas activas de empleo. Recortar asignaciones a los sectores más vulnerables no sólo no resuelve el problema, sino que profundiza la desigualdad y castiga a quienes menos tienen.
Como advierte la OIT, casi seis millones de personas trabajan en la informalidad en Argentina, sin acceso a derechos laborales básicos como cobertura de salud, licencias o aportes jubilatorios. La solución no puede ser quitarles también las asignaciones familiares que les permiten sobrevivir.
La postura de la CGT frente a la reforma
La CGT, que rechaza categóricamente la reforma laboral del Gobierno, no se ha pronunciado específicamente sobre la propuesta de IDESA respecto a las asignaciones familiares. Sin embargo, el dirigente Gerardo Martínez expresó que la central obrera quiere «discutir un modelo económico que apueste al desarrollo, al crecimiento y a la producción», lo que sugiere una visión más integral del problema de la informalidad.
La central obrera sostiene que el problema de fondo no es la generosidad de las asignaciones hacia los trabajadores informales, sino la falta de generación de empleo de calidad y la precarización del mercado de trabajo formal.
Puntos clave del informe de IDESA:
- Brecha de 3,6 veces: trabajadores informales con hijo menor de 3 años reciben $217.000 mensuales contra $60.000 de los formales
- Incentivo perverso: la diferencia en asignaciones funciona como factor inductor a la informalidad en sectores de bajos ingresos
- Propuesta de nivelación: IDESA plantea igualar prestaciones entre formales e informales pese al impacto fiscal
- Reforma insuficiente: cambios en legislación laboral no bastan sin modificar incentivos de política social
- 60% de cuentapropistas en negro: de 6 millones de trabajadores por cuenta propia, 3,6 millones operan en informalidad
Salud 🩺
Reforma laboral de Milei: los nuevos requisitos para validar los certificados médicos
El Gobierno reglamentó la Ley 27.802 con tres decretos que digitalizan las licencias por enfermedad, crean nuevos fondos laborales y abren una moratoria previsional, en medio de críticas por el impacto sobre los derechos de los trabajadores.
Digitalización selectiva: cómo los nuevos decretos laborales de Milei debilitan la posición del trabajador enfermo
★ El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó esta semana aspectos centrales de la Ley de Modernización Laboral 27.802 mediante la publicación simultánea de los Decretos 407/2026, 408/2026 y 409/2026 en el Boletín Oficial. Las nuevas disposiciones modifican el sistema de licencias por enfermedad, crean los denominados Fondos de Asistencia Laboral (FAL) e instauran un esquema de regularización de deudas previsionales bajo el argumento oficial de promover el empleo registrado.
La reglamentación llega en un contexto político marcado por la resistencia sindical y parlamentaria a la reforma laboral impulsada por la administración Javier Milei, que los gremios y sectores de la oposición caracterizan como un desmantelamiento sistemático de conquistas históricas de los trabajadores argentinos.
Certificados digitales: la médula de los cambios
El cambio de mayor alcance cotidiano afecta al sistema de licencias médicas. La reglamentación del artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que toda prescripción médica que ordene reposo laboral deberá emitirse de forma electrónica, a través de sistemas o plataformas específicamente habilitadas por la autoridad sanitaria.
Los certificados deberán cumplir con requisitos precisos para ser considerados válidos:
- Diagnóstico médico.
- Tratamiento indicado.
- Cantidad de días de reposo.
- Emisión mediante una plataforma inscripta en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).
- Firma digital de un profesional acreditado ante la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (REFEPS).
El esquema apunta a centralizar y digitalizar completamente el control del ausentismo por enfermedad, desplazando el papel físico como documento válido en condiciones ordinarias y concentrando la validación en registros administrados por organismos bajo la órbita del Ejecutivo nacional.
Conflictos entre médicos y juntas de peritos
La normativa prevé un mecanismo para cuando existan discrepancias entre el diagnóstico presentado por el trabajador y el diagnóstico producido por el médico designado por el empleador. En esos casos, las partes podrán recurrir a juntas médicas oficiales o a instituciones públicas y privadas «de reconocida trayectoria», una definición que la norma deja librada a criterios no precisados.
El diseño de este mecanismo reaviva una tensión histórica en el derecho laboral argentino: la asimetría de poder entre el empleador, que puede costear instancias de impugnación, y el trabajador, que generalmente depende de recursos propios o sindicales para sostener una disputa médica. La ausencia de una definición clara sobre quién financia esas juntas y bajo qué criterios se integran deja abierta una ventana de conflicto.
La excepción en papel: quién y cuándo puede usarla
La digitalización no será absoluta. La norma contempla excepciones para situaciones de falta de conectividad, contingencias técnicas o caídas de sistemas informáticos, en cuyo caso se admitirán certificados en papel con firma ológrafa. Sin embargo, la acreditación de esas circunstancias recaerá sobre quien emita la documentación, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad de profesionales que trabajan en zonas con infraestructura deficiente de demostrar las condiciones de excepción.
La brecha digital entre el sistema sanitario urbano y el del interior profundo del país no es un dato menor: mientras los grandes centros cuentan con plataformas operativas y profesionales habilitados en los registros correspondientes, vastas regiones del NOA, NEA y la Patagonia rural registran conectividad escasa o intermitente, lo que podría derivar en situaciones de incertidumbre legal para trabajadores y médicos por igual.
Fondos de Asistencia Laboral y moratoria previsional
Los otros dos decretos completan el tríptico regulatorio. El Decreto 408/2026 crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuya finalidad y estructura de financiamiento no fue detallada en los considerandos publicados en el Boletín Oficial. El Decreto 409/2026 establece un esquema de regularización de deudas previsionales, presentado oficialmente como un incentivo para la formalización del empleo no registrado.
Ambas medidas se enmarcan en la retórica oficial de la «modernización», aunque su efecto real sobre el nivel de informalidad laboral, que afecta a más del 40% de los trabajadores argentinos según datos del INDEC, quedará sujeto a la implementación concreta y al control de cumplimiento, históricamente débil en Argentina.
El trasfondo político de la reforma
La Ley de Modernización Laboral 27.802 fue aprobada en medio de fuertes cuestionamientos de la CGT, la CTA y los bloques de la oposición peronista en el Congreso, que advirtieron que la norma facilitaría el fraude laboral y debilitaría la capacidad de los trabajadores de acreditar sus enfermedades ante empleadores que, bajo el nuevo esquema, tendrán mayor margen de impugnación formal.
La reglamentación ahora publicada no despeja esas dudas. La concentración de la validación de certificados en plataformas administradas por el Estado nacional, la dependencia de registros digitales controlados por la autoridad de aplicación y la definición difusa de los mecanismos de resolución de conflictos configuran un escenario donde el equilibrio de poder entre capital y trabajo se inclina, una vez más, del lado del empleador.
Para las organizaciones sindicales, el decreto es una pieza más de un rompecabezas cuyo dibujo final, según advierten, es la precarización estructural del mercado laboral argentino bajo el amparo de una ley que lleva el nombre de «modernización» pero que, en los hechos, retrocede décadas en materia de derechos adquiridos.
Puntos clave:
- El Poder Ejecutivo publicó los Decretos 407, 408 y 409 de 2026, reglamentando la Ley de Modernización Laboral 27.802.
- Los certificados médicos de reposo deberán emitirse digitalmente a través de plataformas inscriptas en el ReNaPDiS y firmados por profesionales registrados en el REFEPS.
- Se admiten excepciones en papel solo ante falta de conectividad o caídas técnicas, a cargo de quien emite el certificado.
- Los conflictos entre diagnósticos de trabajadores y empleadores se dirimirán ante juntas médicas, con criterios de integración aún imprecisos.
- La reforma fue resistida por la CGT, la CTA y la oposición parlamentaria, que la califican como un retroceso en derechos laborales.
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