Milei oficializó un blanqueo laboral que perdona deudas patronales de hasta el 100% por trabajo no registrado

★ El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), un esquema de regularización que incluye la condonación masiva de deudas previsionales para empleadores del sector privado que mantuvieron trabajadores no registrados o deficientemente registrados. La medida se concretó a través del Decreto 409/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni, del ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger y del ministro de Economía Luis Caputo.

El régimen es parte de la Ley de Modernización Laboral 27.802, promulgada el 6 de marzo de 2026 y cuya reglamentación operativa se desplegó este lunes a través de cuatro decretos (406, 407, 408 y 409), que reorganizan el mapa de las relaciones laborales en la Argentina: convenios colectivos, actividad sindical, recibos de sueldo, indemnizaciones y empleo registrado.

El blanqueo patronal: quiénes se benefician y en qué proporción

El PER permite regularizar relaciones laborales vigentes iniciadas antes del 6 de marzo de 2026 que no estuvieran correctamente registradas. Lo que varios especialistas ya denominan un «blanqueo laboral» funciona con un esquema escalonado de condonación según el tamaño del empleador:

• Micro y Pequeñas Empresas y Entidades sin fines de lucro: condonación del 90% de la deuda previsional.
• Medianas Empresas: condonación del 80%.
• Demás empleadores: condonación del 70%.

Adicionalmente, el decreto establece una condonación del 100% de las deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del Trabajo y al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio (SCVO), sin distinción de tamaño empresarial.

Para la porción de deuda no condonada, la norma habilita dos alternativas: el pago al contado con una reducción adicional del 50% sobre capital e intereses; o un plan de facilidades que deberá implementar la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Extinción penal y salida del registro de sanciones

Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es la extinción de la acción penal para los empleadores que adhieran al régimen. La norma establece que ese beneficio procederá siempre que no exista sentencia firme a la fecha de adhesión y que las imputaciones se vinculen con las obligaciones incluidas en la regularización. En términos concretos, empleadores que incurrieron en delitos tributarios o previsionales quedarán eximidos de responsabilidad criminal si se acogen al plan.

La adhesión al PER también habilitará la baja del Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) respecto de las infracciones cometidas o constatadas hasta el 6 de marzo de 2026.

Qué reciben los trabajadores: derechos acotados por el salario mínimo

El decreto contempla algunos efectos para los trabajadores cuyas relaciones laborales sean regularizadas. El período incluido en la regularización será computado como tiempo de servicio para acceder a la Prestación Básica Universal (jubilación), a la Prestación de Retiro Transitorio por Invalidez y a la Pensión por Fallecimiento. También habilitará el acceso a las prestaciones por desempleo.

Sin embargo, la norma establece que ese cálculo se realizará sobre un monto equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, salvo que el sueldo efectivamente declarado sea superior. Esta limitación recorta el alcance real del beneficio para los trabajadores: el SMVM se ubica históricamente muy por debajo del salario promedio del sector privado registrado, lo que implica que los aportes reconocidos para acceder a prestaciones previsionales y de desempleo serán, en la mayoría de los casos, inferiores a los que correspondería acreditar.

La reforma laboral en marcha: sindicatos, convenios y un nuevo recibo de sueldo

El PER se inscribe en un paquete reglamentario más amplio. El Decreto 407/2026, considerado la norma central del conjunto, establece nuevas reglas para la negociación colectiva e introduce mecanismos de control sobre las organizaciones gremiales. También crea un nuevo formato obligatorio para los recibos de sueldo, que deberá exhibir el costo laboral total que afronta el empleador, incluyendo aportes sindicales y contribuciones a la seguridad social.

Además, el Ejecutivo oficializó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza el régimen indemnizatorio tradicional. Su entrada en vigencia quedó postergada al 1 de noviembre de 2026, con una reducción de contribuciones patronales equivalente al aporte efectuado al Fondo.

La Ley de Modernización Laboral había generado resistencia en el movimiento sindical desde su aprobación en el Congreso, cuestionada por sus alcances en materia de representación gremial y negociación colectiva. La reglamentación de este lunes pone en marcha los mecanismos concretos que los gremios deberán enfrentar en los próximos meses.

Puntos clave:

• El Decreto 409/2026 reglamenta el PER, un blanqueo laboral que condona entre el 70% y el 100% de las deudas previsionales de empleadores con trabajadores no registrados.
• La condonación del 100% alcanza las deudas vinculadas a seguro de salud, riesgos del trabajo y seguro de vida obligatorio, sin importar el tamaño de la empresa.
• Los empleadores adherentes podrán extinguir su acción penal, siempre que no haya sentencia firme, y ser dados de baja del REPSAL.
• Los trabajadores regularizados obtendrán reconocimiento de tiempo de servicio, pero calculado sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil, salvo declaración superior.
• El nuevo régimen de indemnizaciones del Fondo de Asistencia Laboral entrará en vigor el 1 de noviembre de 2026.