El Gobierno nacional puso en marcha definitivamente el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.

La medida establece un cronograma de ocho meses para transferir al sector privado el 90% del paquete accionario que actualmente mantiene el Estado nacional.

Según el documento oficial, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá contratar un banco estatal para realizar la valuación del paquete accionario de AySA y concretar posteriormente su venta en los mercados de capitales locales.

El texto también instruye a la Secretaría de Obras Públicas a preparar la documentación técnica y contractual correspondiente, incluyendo el contrato de concesión.

Marco regulatorio modificado para facilitar la venta

El proceso de privatización se complementa con el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que reformó el marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Entre las modificaciones más controvertidas, la nueva normativa habilita los cortes de agua por falta de pago y establece tarifas atadas a la inflación, medidas que según fuentes del sector fueron diseñadas como incentivos para atraer inversores privados.

La decisión se enmarca en el programa más amplio de privatizaciones del gobierno de Javier Milei, que ya había incluido a AySA en la lista de empresas sujetas a privatización mediante la Ley Bases sancionada en 2024. Según datos oficiales, la empresa cuenta actualmente con 6.222 empleados, un 20% menos que al final de la gestión del Frente de Todos.

Antecedentes y contexto histórico

AySA fue estatizada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, tras la experiencia de la concesión privada a manos de Aguas Argentinas entre 1993 y 2006.

El vocero presidencial Manuel Adorni había anticipado en julio pasado que se buscaría “incorporar capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones”, confirmando así las versiones que circulaban sobre la decisión gubernamental.

El proceso contempla dos etapas según se desprende de la documentación oficial: en la primera fase se deberá vender al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el porcentaje restante se colocará en las bolsas de valores.

Implicancias para usuarios y trabajadores

La privatización de AySA afecta directamente a más de 13 millones de usuarios del servicio de agua y saneamiento en el AMBA. Organizaciones sindicales del sector expresaron preocupación por el futuro laboral de los trabajadores, mientras que asociaciones de consumidores cuestionaron las modificaciones al marco regulatorio, especialmente la habilitación de cortes de servicio.

Según trascendidos oficiales, el Gobierno espera que la incorporación de capital privado permita mejoras en la infraestructura y la calidad del servicio, aunque no se han presentado estudios técnicos que respalden estas expectativas. El proceso se suma a otras privatizaciones en marcha, como la de Intercargo, evidenciando la continuidad del plan de reducción del Estado en la economía.