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Cuánto se pagaría de luz y gas si gana Milei

La Secretaria de Energía advierte sobre el posible impacto en las tarifas bajo el gobierno propuesto por Javier Milei, que plantea la ausencia del Estado en la regulación. Destaca la importancia de la intervención estatal para asegurar la accesibilidad de la energía.

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La propuesta de gobierno presentada por el diputado nacional y candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, está generando preocupación en el sector energético. En declaraciones emitidas hoy, la Secretaria de Energía, Flavia Royon, advirtió sobre las posibles consecuencias de la ausencia del Estado en el esquema propuesto por Milei.

Sergio Massa y Flavia Royon

Durante una entrevista en radio Delta, Royon subrayó la importancia del papel del Estado en la regulación de las tarifas energéticas y en la implementación de políticas públicas en este ámbito. «La propuesta de Milei plantea la ausencia del Estado y eso va a impactar en las tarifas», afirmó la Secretaria, destacando la función crucial del Estado en la redistribución del ingreso y en el aseguramiento de que la energía sea accesible para todos.

En contraposición a la visión de Milei, Royon mencionó las propuestas del ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria, Sergio Massa, enfatizando en que su modelo de energía no solo favorece a aquellos que pueden costearla, sino que también considera la energía como un derecho que debe estar al alcance de todos los ciudadanos.

La funcionaria proyectó los posibles incrementos en las tarifas en diferentes regiones del país, advirtiendo que bajo el gobierno de Milei, una tarifa de gas en el sur podría elevarse de $2.500 a $12.000, mientras que en Buenos Aires, donde las temperaturas son más moderadas, el aumento podría variar de $2.500 a $5.500. En el caso de la electricidad, Royon proyectó un posible aumento de $2.500 a $11.000.

Educación

Vouchers educativos 2026: asistencia para cuotas privadas en medio del ajuste

Quiénes pueden acceder: enterate cómo anotarte.

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El Gobierno volvió a abrir la inscripción al programa de Vouchers Educativos, una política que apunta a sostener la escolaridad en el sector privado subsidiado en un contexto de caída del poder adquisitivo.

La convocatoria, oficializada por el Ministerio de Capital Humano, estará vigente hasta el 30 de abril de 2026 y está dirigida a familias con hijos en escuelas privadas con aporte estatal.

Quiénes pueden acceder

El beneficio está orientado a grupos familiares que cumplan con estas condiciones:

  • Ingresos menores a 7 salarios mínimos
  • Hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones privadas con al menos 75% de subsidio estatal
  • Adulto responsable (madre, padre o tutor) argentino o extranjero con mínimo 2 años de residencia legal

El programa es compatible con otras prestaciones sociales y se destina exclusivamente al pago de cuotas escolares.

Cómo es la inscripción

El trámite se realiza de manera online, a través del sitio oficial del programa. El solicitante debe completar una declaración jurada con datos personales y económicos del grupo familiar.

Luego intervienen las instituciones educativas, que deben validar:

  • Regularidad escolar del alumno
  • Estado de pago de las cuotas

La evaluación final queda a cargo de la Secretaría de Educación.

Cómo se paga

El beneficio se liquida a través de ANSES, mediante transferencia bancaria o billetera virtual, y se extiende hasta diciembre de 2026.

Cuándo se pierde

El acceso al voucher puede darse de baja en distintos casos:

  • Pérdida de la condición de alumno regular
  • Atraso en el pago de tres cuotas
  • Renuncia voluntaria
  • Vencimiento del programa

Entre la asistencia y el debate de fondo

El programa se presenta como una herramienta de alivio para familias que no logran sostener el pago de cuotas. Pero también vuelve a poner en discusión el rol del Estado en el sistema educativo: subsidio a la demanda privada en lugar de fortalecimiento de la educación pública.

En ese cruce, los vouchers aparecen como respuesta de corto plazo a una crisis más profunda: ingresos en retroceso y una escolaridad cada vez más condicionada por la capacidad de pago.

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