Producción
Las claves del proyecto para reordenar la población de la Argentina
La iniciativa busca reubicar a 600 mil familias para repoblar al país y facilitar una redistribución basada en la equidad territorial de los habitantes.
La iniciativa busca reubicar a 600 mil familias para repoblar al país y facilitar una redistribución de los habitantes basada en la equidad territorial. La presentación se realizó en el marco del Foro Nacional de Tierra, Población y Desarrollo Local, del que participaron cuatro ministros del gabinete de Alberto Fernández.
Un proyecto que busca reubicar a 600 mil familias en el territorio nacional fue presentado anoche en el marco del llamado Foro Nacional de Tierra, Población y Desarrollo Local, del que participaron ministros, legisladores, intendentes y dirigentes sociales y sindicales.
Organizado por la Mesa de Encuentro para el Trabajo y la Vida Digna y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa), el Foro tuvo la participación de los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y de Agricultura, Luis Basterra.
El encuentro, de modalidad virtual, tuvo como objetivo «construir consensos sobre políticas que contribuyan a un diseño de país basado en el trabajo y la solidaridad, donde nadie sobre», informó la UNLa.

En ese marco, fueron presentados los lineamientos de una iniciativa que apunta a «la repoblación de la Argentina», al tener en cuenta que, según coincidieron los expositores, «más de 30% de la población vive en menos de 1% del territorio».
Los impulsores del proyecto -articulado con movimientos de trabajadores rurales, cooperativas y asociaciones de pequeños productores- destacaron que «es parte central de una respuesta estratégica al presente y al mundo de pospandemia».
Arroyo aseguró que el Gobierno «piensa en repoblar mediante un reordenamiento poblacional» y sostuvo que se intenta trabajar en políticas públicas pensadas en la situación local y regional.
A su turno, Basterra sostuvo que «el gran desafío es modificar la estructura demo-productiva del país» y consideró «fundamental articular estrategias para garantizar los elementos básicos para subsistir en el lugar donde cada uno vive».

Por su parte, María Eugenia Bielsa puntualizó que «todavía quedan muchos derechos por garantizar y hay que seguir luchando, aunque parezca una utopía», y remarcó la necesidad de lograr la «equidad territorial».
En tanto, Katopodis señaló que es «fundamental pensar un mayor reequilibrio entre las distintas zonas del país» y apuntó que el Gobierno «tiene claro que debe haber pautas redistributivas, regulatorias y de fuerte presencia de conducción del Estado en ese proceso».
La Mesa de Encuentro para el Trabajo y la Vida Digna es una organización integrada por sindicatos de las tres centrales sindicales, instituciones académicas, organizaciones sociales y del sector cooperativo, pequeñas y medianas empresas.
Participaron también del encuentro, realizado en forma virtual, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich; la senadora María de los Ángeles Sacnun; la diputada María Rosa Martínez; el senador provincial Francisco Durañona; el titular de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, y autoridades de la UNLa, y Avellaneda, del Sindicato Único de Trabajadores Rurales de Misiones, de la Unión Obrera Ladrillera y la CTEP, entre otros, según se informó.
Economía 💲
FATE presiona con no pagar las indemnizaciones y escala el conflicto
El mensaje, más que técnico, fue político: la patronal busca condicionar la negociación mientras el conflicto se empantana.
La crisis en Fate sumó un nuevo capítulo. En medio de la ocupación de la planta de San Fernando, la empresa advirtió que no podrá pagar las indemnizaciones a los 256 trabajadores que aún no firmaron su desvinculación si el conflicto se prolonga.
El mensaje, más que técnico, fue político: la patronal busca condicionar la negociación mientras el conflicto se empantana entre la conciliación obligatoria, fallos judiciales y presión sindical.
La advertencia empresarial
Según la compañía, la ocupación de la fábrica “agrava la situación económica” y compromete incluso el pago futuro de las compensaciones. Al mismo tiempo, anticipó que apelará el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que la obliga a abonar salarios adeudados.
Ese fallo ordenó cumplir con el acuerdo firmado en mayo de 2025 con el SUTNA, que establecía la prohibición de despidos hasta junio de 2026 a cambio de beneficios fiscales. Sin embargo, la empresa avanzó igual con las desvinculaciones.
Despidos y vaciamiento
Fate sostiene que el 70% del personal ya firmó su salida bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo. En números: 644 trabajadores habrían aceptado acuerdos de desvinculación.
Ese dato no es menor: implica que, incluso si el conflicto se resolviera, la empresa argumenta que no cuenta con el personal suficiente para reactivar la producción, lo que refuerza la hipótesis de cierre.
La respuesta gremial
Desde el sindicato que conduce Alejandro Crespo rechazaron la postura empresaria y redoblaron la presión. Reclaman la intervención del gobierno bonaerense.
El planteo incluye:
- Que la Provincia garantice el pago de salarios adeudados
- Que se sancione a la empresa por incumplir la conciliación
- Y, en un escenario más profundo, avanzar hacia una estatización temporal
La idea que circula en el gremio es que el Estado provincial tome el control de la planta para reactivar la producción junto a los trabajadores.
El conflicto también expone una disputa política más amplia. Desde el SUTNA cuestionaron la pasividad de la Secretaría de Trabajo nacional y trasladaron la presión a la órbita bonaerense.
“Ahora son las autoridades provinciales las que tienen la oportunidad de mostrar otra actitud”, señalaron.
Un conflicto sin salida inmediata
Entre fallos judiciales incumplidos, despidos masivos y una fábrica ocupada, el escenario sigue trabado. La advertencia de la empresa sobre las indemnizaciones agrega tensión a una negociación ya deteriorada.
Lo que está en juego no es sólo el futuro de 256 trabajadores, sino también el destino de una de las pocas plantas que producen neumáticos pesados en el país. Y, detrás de eso, un modelo: cierre con indemnizaciones o intervención estatal para sostener la actividad.
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