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El Gobierno tiene un plan de desarrollo para dejar atrás el desguace del MACRISMO

Se trata de un programa de obras públicas que impulsa el Poder Ejecutivo para «favorecer la reconstrucción económica» en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y «terminar con la centralidad de Buenos Aires».

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Se trata de un programa de obras públicas que impulsa el Poder Ejecutivo para «favorecer la reconstrucción económica» en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y «terminar con la centralidad de Buenos Aires».

Por Lucas González Monte

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, avanza en la elaboración de un plan de desarrollo federal que incluirá obras públicas en varios puntos del país, y que contempla un listado de 20 proyectos para el desarrollo del Noroeste argentino por un costo total de 700 millones de dólares.

Con este conjunto de iniciativas, el Poder Ejecutivo pretende «favorecer la reconstrucción económica» en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y «terminar con la centralidad de Buenos Aires» para poner en marcha un país «multipolar».

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, planteó la necesidad de impulsar un plan estratégico de desarrollo federal, al exponer en la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada el 1 de diciembre pasado.

Según el funcionario, «con la aparición de la pandemia se evidenciaron problemas estructurales, como la concentración poblacional: el AMBA concentra el 40% de la población».

«Tenemos que aprovechar la salida de la pandemia para ver cómo vivir mejor; por eso desde el Ministerio del Interior aprovechamos para desarrollar un plan de desarrollo federal», reveló.

En la línea, la cartera de Interior se encargó durante gran parte del primer año de gobierno de Alberto Fernández de aceitar la distribución de la ayuda financiera que llegó a las provincias para enfrentar los efectos de la pandemia en las economías locales y, mientras tanto, recolectó información para confeccionar el primer borrador de un plan de desarrollo nacional.

Según la información a la que accedió Télam, el borrador del plan recoge obras de infraestructura de diversa dimensión para las regiones nacionales y apunta a mejorar la productividad.

OBRAS EN CARPETA

Por ejemplo, para el Noroeste ya están detectadas 20 obras por 700 millones de dólares que fueron pedidas hace años por los gobernadores, lo que marca una «posición totalmente opuesta» respecto a lo que fueron las prioridades del gobierno de Cambiemos en materia de obra pública, centradas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

El plan de desarrollo en el que trabaja el Ministerio del Interior incluye para Catamarca tres obras por 129 millones de dólares: una línea de alta tensión para las localidades Aimogasta, Tinogasta y Fiambalá; el puerto de transferencia multimodal de cargas en Recreo, esencial para el corredor bioceánico; y un acueducto para abastecer al sureste de la provincia y al oeste de Santiago del Estero.

En Jujuy, se pretende avanzar con la primera etapa de la fábrica de baterías de litio y la expansión de troncal de fibra óptica, con un costo aproximado de 14,5 millones de dólares.

En Salta, se aspira contar con un centro de distribución multimodal de cargas, un centro de Medicina Nuclear y la rehabilitación de los ramales ferroviarios C-14 y C-15, para lo que se necesita una inversión estimada en 150 millones de dólares.

Respecto de Santiago del Estero, se planifica un canal de desagüe prolongación de La Magdalena-Tres Lagunas; la construcción de puentes alcantarilla de tres vanos sobre el Canal Interprovincial; el acueducto dique El Bolson-Frías; el Canal Interprovincial Ruta 35; y el mejoramiento e impermeabilización del Canal de la Patria, desde Santos Lugares hasta Quimilí, con una inversión estimada de 135 millones de dólares.

En La Rioja, se necesitan 110 millones de dólares para la ampliación de la cadena de producción porcina en la región de Los Llanos: una línea de distribución troncal energética de 132 millones de dólares en las localidades de Chamical-Chepes; y el gasoducto productivo y de la familia entre Casa de Piedra, Chamical, Chilecito.

Finalmente, en Tucumán se solicita el desarrollo del área de riego Río Medina y del sistema Río Tala, más la construcción de una Estación Multimodal de Cargas, obras que implicarían 162 millones de inversión.

UN PLAN MULTIPOLAR

Ante el cónclave de la UIA, De Pedro dijo que esas 20 obras tienen «todas juntas el mismo costo que el Paseo del Bajo Porteño», la obra que el gobierno de Mauricio Macri «priorizó» para «ordenar el tránsito de camiones», de 700 millones de dólares.

«Priorizaron ordenar el tránsito de camiones que van al puerto de Buenos Aires, en vez de generar puertos en las provincias», dijo el funcionario ante la cúpula de los industriales y lo repitió en la Casa Rosada ante gobernadores al firmar el Consenso Fiscal.

El funcionario aseguró, en ese sentido, que el objetivo del Gobierno nacional es tener un país «multipolar» en el que «cada región tenga las condiciones de infraestructura y de calidad de vida para empresarios y trabajadores».

«La centralidad del puerto de Buenos Aires también conspira contra la competitividad de las economías regionales que están obligadas a enviar sus productos a los mercados asiáticos en barcos por el océano Atlántico», dijo.

OTRO CORREDOR BIOCEÁNICO

Agregó que «hoy Argentina tiene su principal aliado estratégico que es Asia» y «todos los productos están saliendo por el Atlántico, en viajes que llevan 14 días de barco, con un costo significativo».

«Generar dos corredores bioceánicos, a través de los que Argentina pueda sacar su producción vía Chile, va a ser una ventaja competitiva para todo el NOA y para todo el Centro», estimó.

Entre los beneficios que significarían un acuerdo con el país trasandino, se sostiene que «los 14 días ahorrados en viaje podrían significar que la carne exportada pase de ser congelada a enfriada, con una ganancia casi un 50 por ciento superior a la actual».

MEJORAS EN LA HIDROVÍA

En el noreste, con la mirada puesta en la potencialidad de la hidrovía, los gobernadores reclaman fondos para mejorar o crear puertos.

Según fuentes de la cartera de Interior, uno de los mandatarios mesopotámicos suele decir que «con la décima parte de lo usado para algunas obras de infraestructura en el Área Metropolitana», él «hace el puerto que necesita para toda la provincia», mientras que uno de sus vecinos afirma necesitar 5 millones de dólares para desarrollar su propia salida al río y al mundo.

«Hoy para poder hacer estas obras, rutas, gasoductos, electricidad, hace falta plata. Estamos discutiendo con el FMI cuándo le vamos a devolver la plata que se pidió. El gobierno anterior pidió más de 100 mil millones de dólares y no están ni en los puertos, ni en las rutas, ni en los gasoductos, ni en las líneas de alta tensión, con lo cual este plan de desarrollo va a ser un plan de largo plazo porque los recursos son finitos», definió De Pedro.

Seguridad social

Actualización mínima, pérdida real del 40%: la política de Milei frente al sistema de discapacidad

El Ministerio de Salud actualizó los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad un 2,10% para junio, atado al IPC de mayo. La medida coexiste con la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad y con una pérdida real acumulada que, según el propio sector, supera el 40%.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
El Gobierno actualizó 2,10% los aranceles de prestaciones por discapacidad: qué cambió en junio.

El Ministerio de Salud, a través de la Secretaría Nacional de Discapacidad, publicó este viernes en el Boletín Oficial la Resolución 1297/2026: una actualización del 2,10% en los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, vigente desde junio y calculada sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo. La medida convive con una pérdida real acumulada que el propio sector estima en más del 40% respecto de los costos, y con la negativa sistemática del Gobierno de Javier Milei a dar plena vigencia a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La resolución, firmada por el secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Alberto Vilches, establece un incremento parejo para todas las prestaciones del nomenclador, sin distinción por modalidad o tipo de servicio. La norma actualiza los valores aprobados por la Resolución 517/2026, que en mayo había dispuesto una suba del 2,6%. Para las provincias de la Patagonia, considerada zona desfavorable por sus condiciones geográficas y logísticas, se mantiene un adicional del 20% sobre el arancel básico.

Con los nuevos valores, una prestación de centro de día con jornada doble pasará a percibir $1.058.791,92, mientras que una jornada simple ascenderá a $563.272,78.

Números oficiales versus realidad del sector

La actualización mensual por IPC es el mecanismo que el Gobierno aplica de manera rutinaria, pero los prestadores advierten que ese esquema está lejos de compensar el deterioro acumulado. Según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos operativos supera el 40% en el período 2024-2025. El impacto es concreto: instituciones de referencia, como el Centro Alas de Rosario, con 38 años de trayectoria en la atención de personas con discapacidad, alertaron públicamente a mediados de mayo que no perciben fondos desde noviembre de 2025. El cuello de botella señalado es el crónico retraso en los pagos del programa federal Incluir Salud.

Una ley vigente que el Gobierno se niega a cumplir

El trasfondo de esta nota mensual de actualización es un conflicto político e institucional de mayor envergadura. El Congreso aprobó en julio de 2025 la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que declaraba la emergencia del sector hasta diciembre de 2026 y establecía, entre otros puntos, compensaciones para los prestadores por el desfasaje acumulado entre aranceles e IPC durante 2024, y la actualización mensual automática de los valores del nomenclador. Milei vetó la ley en agosto. El Senado revirtió el veto en septiembre de 2025 con 63 votos a favor y solo 7 en contra, forzando la promulgación de la norma.

Sin embargo, el Ejecutivo condicionó la aplicación de la ley a que el Congreso incluyera las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026, invocando el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera. La Justicia intervino en reiteradas oportunidades. En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Campana declaró inválida la suspensión y fijó el 4 de febrero de 2026 como plazo máximo para la implementación plena. El Gobierno reglamentó parcialmente la norma mediante el Decreto 84/2026, pero continuó dilatando su aplicación integral.

En abril de 2026, la Cámara Federal de San Martín volvió a ordenar la aplicación de la ley. Ante ese fallo, el Gobierno ingresó ante la Corte Suprema un recurso extraordinario con efecto suspensivo, invocando un impacto fiscal de 3 billones de pesos (0,35% del PBI). En paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley alternativo que modifica sustancialmente la norma vigente: establece un reempadronamiento obligatorio de pensionados bajo amenaza de interrupción automática de pagos, y elimina la posibilidad de otorgar aumentos por zona geográfica desfavorable.

La ANDIS disuelta y la continuidad institucional bajo cuestionamiento

El contexto institucional agrava el panorama. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que administraba históricamente el sistema, fue disuelta por el Decreto 27/2026, tras el escándalo judicial que involucró a su ex titular Diego Spagnuolo en presuntas irregularidades con proveedores de medicamentos. Sus funciones quedaron absorbidas por el Ministerio de Salud, que es el organismo que ahora firma las resoluciones de actualización arancelaria. La continuidad de los servicios y la cadena de pagos a prestadores se desarrolla en ese marco de transición institucional.

Puntos clave

  • La Resolución 1297/2026 establece una actualización del 2,10% en los aranceles del sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad a partir de junio de 2026, calculada sobre el IPC de mayo.
  • Las provincias patagónicas mantienen un adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable.
  • El sector estima una pérdida real acumulada de más del 40% frente a los costos en 2024-2025; instituciones de referencia advierten que no perciben fondos desde noviembre de 2025.
  • El Gobierno de Milei mantiene un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para frenar la aplicación plena de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pese a que la Justicia ordenó su vigencia en múltiples instancias.
  • La ANDIS fue disuelta por Decreto 27/2026 y sus funciones quedaron bajo la órbita del Ministerio de Salud.
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