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El Gobierno tiene un plan de desarrollo para dejar atrás el desguace del MACRISMO

Se trata de un programa de obras públicas que impulsa el Poder Ejecutivo para «favorecer la reconstrucción económica» en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y «terminar con la centralidad de Buenos Aires».

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Se trata de un programa de obras públicas que impulsa el Poder Ejecutivo para «favorecer la reconstrucción económica» en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y «terminar con la centralidad de Buenos Aires».

Por Lucas González Monte

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, avanza en la elaboración de un plan de desarrollo federal que incluirá obras públicas en varios puntos del país, y que contempla un listado de 20 proyectos para el desarrollo del Noroeste argentino por un costo total de 700 millones de dólares.

Con este conjunto de iniciativas, el Poder Ejecutivo pretende «favorecer la reconstrucción económica» en el actual contexto de la pandemia de coronavirus y «terminar con la centralidad de Buenos Aires» para poner en marcha un país «multipolar».

El ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, planteó la necesidad de impulsar un plan estratégico de desarrollo federal, al exponer en la 26° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada el 1 de diciembre pasado.

Según el funcionario, «con la aparición de la pandemia se evidenciaron problemas estructurales, como la concentración poblacional: el AMBA concentra el 40% de la población».

«Tenemos que aprovechar la salida de la pandemia para ver cómo vivir mejor; por eso desde el Ministerio del Interior aprovechamos para desarrollar un plan de desarrollo federal», reveló.

En la línea, la cartera de Interior se encargó durante gran parte del primer año de gobierno de Alberto Fernández de aceitar la distribución de la ayuda financiera que llegó a las provincias para enfrentar los efectos de la pandemia en las economías locales y, mientras tanto, recolectó información para confeccionar el primer borrador de un plan de desarrollo nacional.

Según la información a la que accedió Télam, el borrador del plan recoge obras de infraestructura de diversa dimensión para las regiones nacionales y apunta a mejorar la productividad.

OBRAS EN CARPETA

Por ejemplo, para el Noroeste ya están detectadas 20 obras por 700 millones de dólares que fueron pedidas hace años por los gobernadores, lo que marca una «posición totalmente opuesta» respecto a lo que fueron las prioridades del gobierno de Cambiemos en materia de obra pública, centradas en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.

El plan de desarrollo en el que trabaja el Ministerio del Interior incluye para Catamarca tres obras por 129 millones de dólares: una línea de alta tensión para las localidades Aimogasta, Tinogasta y Fiambalá; el puerto de transferencia multimodal de cargas en Recreo, esencial para el corredor bioceánico; y un acueducto para abastecer al sureste de la provincia y al oeste de Santiago del Estero.

En Jujuy, se pretende avanzar con la primera etapa de la fábrica de baterías de litio y la expansión de troncal de fibra óptica, con un costo aproximado de 14,5 millones de dólares.

En Salta, se aspira contar con un centro de distribución multimodal de cargas, un centro de Medicina Nuclear y la rehabilitación de los ramales ferroviarios C-14 y C-15, para lo que se necesita una inversión estimada en 150 millones de dólares.

Respecto de Santiago del Estero, se planifica un canal de desagüe prolongación de La Magdalena-Tres Lagunas; la construcción de puentes alcantarilla de tres vanos sobre el Canal Interprovincial; el acueducto dique El Bolson-Frías; el Canal Interprovincial Ruta 35; y el mejoramiento e impermeabilización del Canal de la Patria, desde Santos Lugares hasta Quimilí, con una inversión estimada de 135 millones de dólares.

En La Rioja, se necesitan 110 millones de dólares para la ampliación de la cadena de producción porcina en la región de Los Llanos: una línea de distribución troncal energética de 132 millones de dólares en las localidades de Chamical-Chepes; y el gasoducto productivo y de la familia entre Casa de Piedra, Chamical, Chilecito.

Finalmente, en Tucumán se solicita el desarrollo del área de riego Río Medina y del sistema Río Tala, más la construcción de una Estación Multimodal de Cargas, obras que implicarían 162 millones de inversión.

UN PLAN MULTIPOLAR

Ante el cónclave de la UIA, De Pedro dijo que esas 20 obras tienen «todas juntas el mismo costo que el Paseo del Bajo Porteño», la obra que el gobierno de Mauricio Macri «priorizó» para «ordenar el tránsito de camiones», de 700 millones de dólares.

«Priorizaron ordenar el tránsito de camiones que van al puerto de Buenos Aires, en vez de generar puertos en las provincias», dijo el funcionario ante la cúpula de los industriales y lo repitió en la Casa Rosada ante gobernadores al firmar el Consenso Fiscal.

El funcionario aseguró, en ese sentido, que el objetivo del Gobierno nacional es tener un país «multipolar» en el que «cada región tenga las condiciones de infraestructura y de calidad de vida para empresarios y trabajadores».

«La centralidad del puerto de Buenos Aires también conspira contra la competitividad de las economías regionales que están obligadas a enviar sus productos a los mercados asiáticos en barcos por el océano Atlántico», dijo.

OTRO CORREDOR BIOCEÁNICO

Agregó que «hoy Argentina tiene su principal aliado estratégico que es Asia» y «todos los productos están saliendo por el Atlántico, en viajes que llevan 14 días de barco, con un costo significativo».

«Generar dos corredores bioceánicos, a través de los que Argentina pueda sacar su producción vía Chile, va a ser una ventaja competitiva para todo el NOA y para todo el Centro», estimó.

Entre los beneficios que significarían un acuerdo con el país trasandino, se sostiene que «los 14 días ahorrados en viaje podrían significar que la carne exportada pase de ser congelada a enfriada, con una ganancia casi un 50 por ciento superior a la actual».

MEJORAS EN LA HIDROVÍA

En el noreste, con la mirada puesta en la potencialidad de la hidrovía, los gobernadores reclaman fondos para mejorar o crear puertos.

Según fuentes de la cartera de Interior, uno de los mandatarios mesopotámicos suele decir que «con la décima parte de lo usado para algunas obras de infraestructura en el Área Metropolitana», él «hace el puerto que necesita para toda la provincia», mientras que uno de sus vecinos afirma necesitar 5 millones de dólares para desarrollar su propia salida al río y al mundo.

«Hoy para poder hacer estas obras, rutas, gasoductos, electricidad, hace falta plata. Estamos discutiendo con el FMI cuándo le vamos a devolver la plata que se pidió. El gobierno anterior pidió más de 100 mil millones de dólares y no están ni en los puertos, ni en las rutas, ni en los gasoductos, ni en las líneas de alta tensión, con lo cual este plan de desarrollo va a ser un plan de largo plazo porque los recursos son finitos», definió De Pedro.

CABA

Jorge Macri celebra el desalojo mil, mientras deja a más de 4.500 personas en la calle

El CELS contabiliza que más de 4.500 personas, 1.500 de ellas niñas y niños, quedaron en la calle por desalojos solo hasta mayo, mientras el Gobierno porteño festeja con un spot la cifra mil. El organismo denunció trámites sin control judicial y un aumento de 2883% en las contravenciones por “armas no convencionales”.

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El Argentino Diario-CABA-Desalojos-Viviendas.
Más de 4.500 personas en la calle: el costo humano del desalojo mil que festeja Jorge Macri.

El Gobierno porteño festejó con un spot de propaganda el desalojo número mil de su gestión, pero los datos oficiales que reunió el CELS indican que más de 4.500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos solo hasta mayo, entre ellas 1.500 niñas y niños.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo de derechos humanos, cuestionó la campaña en una columna sobre la política de vivienda y espacio público del gobierno de Jorge Macri. A fines de octubre, el jefe de Gobierno porteño había anunciado que la Ciudad alcanzó las 1.000 propiedades usurpadas “recuperadas” y restituidas a sus dueños. La número mil fue una galería con un predio anexo en Cafayate 1642, en Mataderos, ocupado durante 15 años, que la Policía de la Ciudad desalojó un viernes. Macri sostuvo que la política busca reparar perjuicios acumulados durante años y devolver tranquilidad a los barrios.

Un spot con patadas, símbolos políticos y material de archivo

Según el CELS, el video alterna escenas de grupos de policía de choque que irrumpen a patadas en las viviendas con la eliminación de símbolos ligados a la izquierda, al peronismo y a la organización social. La novedad es la dimensión política dentro de la campaña oficial de “orden y limpieza”, que ya había señalado como basura a personas pobres, inmigrantes, habitantes de villas y del conurbano, y a quienes trabajan o viven en la calle.

El organismo advirtió además que gran parte de las imágenes pertenece a un desalojo realizado el verano pasado. A su entender, el uso atemporal del material busca estigmatizar a las personas desalojadas por su supuesta ideología y negar su necesidad de vivienda, al presentarlas como “mafias políticas”. La ostentación de la eliminación de símbolos políticos pretende, según el CELS, intimidar a todo el arco opositor de la Ciudad.

Desalojos sin control judicial y el atajo del “riesgo de derrumbe”

El CELS sostuvo que gran parte de los desalojos de los que se jacta el Gobierno tiene una legalidad cuestionada, porque los procedimientos se realizan prácticamente sin control judicial. El atajo, según el organismo, es el uso de certificados de riesgo de derrumbe que habilitan desalojos por vía rápida y administrativa. El riesgo es dudoso en una gran cantidad de casos, y decenas de familias quedan en la calle con el pretexto de protegerlas.

Más gente en la calle y una contravención para hostigarla

La aceleración de los desalojos aumentó la población en situación de calle. De acuerdo con el último censo popular de 2025, casi 12.000 personas vivían en esa situación en la Ciudad, 463 de ellas niñas y niños, un aumento del 64% frente al censo de 2019. El 80,7% de las personas censadas denunció haber sufrido violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad, el Ministerio Público y Higiene Urbana.

La figura contravencional usada para hostigar a esta población es la portación de “armas no convencionales”, que se aplica a personas que tienen entre sus pertenencias cubiertos o utensilios de cocina, indispensables para la subsistencia. Según datos del Ministerio Público de la Ciudad, su uso aumentó un 2883% entre 2023 (458 casos) y 2025 (13.660).

Villas, “Tormenta Negra” y trabajadores precarizados

Muchas de las personas desplazadas de la calle terminan viviendo en el espacio público de las villas, que el CELS describe como blanco de discriminación y agresión oficiales. Con el discurso de que allí eligen vivir delincuentes y narcotraficantes, el Gobierno porteño abandonó las políticas de integración socio urbana y desplegó operativos como “Tormenta Negra”, con más de 1.500 efectivos fuertemente armados, drones, móviles especiales y una fuerte cobertura mediática. Según el organismo, son procedimientos masivos realizados sin investigaciones previas ni controles judiciales.

El hostigamiento, agregó el CELS, alcanza también a vendedores ambulantes, cuidacoches y recolectores urbanos, a quienes se les impide trabajar y se criminalizan sus formas de subsistencia. El propio Gobierno porteño informó en noviembre de 2025 que había realizado 12 megaoperativos para desalojar a unos 18 mil manteros en zonas comerciales de la Ciudad.

Una política que se repite

La columna del CELS se suma a otras polémicas recientes. En julio, Macri sostuvo que dar comida en el espacio público genera dependencia y atrae a más personas en situación de calle, y después agentes de Espacio Público actuaron contra ollas populares en distintos barrios porteños, como informó este medio.

El organismo cerró con una definición de la Ciudad que describe: un espacio para cada vez menos hogares, hostil con quienes no gozan de privilegios y excluyente con los sectores más empobrecidos. Su conclusión fue tajante: “No hay nada que celebrar”.

Lo que tenés que saber:

  • El Gobierno porteño celebró con un spot el desalojo número mil; Macri había anunciado que la Ciudad alcanzó las 1.000 propiedades “recuperadas”.
  • Según el CELS, más de 4.500 personas quedaron en la calle por este tipo de operativos hasta mayo, entre ellas 1.500 niñas y niños.
  • El censo popular de 2025 contabilizó casi 12.000 personas en situación de calle, un 64% más que en 2019.
  • El Ministerio Público de la Ciudad registró un aumento del 2883% en las contravenciones por “armas no convencionales” entre 2023 y 2025.
  • El CELS cuestionó la legalidad de los desalojos por certificados de riesgo de derrumbe, realizados prácticamente sin control judicial.
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