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Consumo

El ajuste en la mesa: el consumo de carne volvió a caer al peor nivel en 20 años

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) registró un consumo per cápita de 47,5 kilos anuales entre enero y mayo de 2026, el mínimo desde 2006. La merma del 6,1% interanual expresa el deterioro sostenido del poder adquisitivo de los hogares argentinos bajo el ajuste libertario.

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El-Argentino-Precios de cortés de la carne

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra) registró entre enero y mayo de 2026 un consumo per cápita de 47,5 kilos de carne vacuna por habitante al año, el nivel más bajo desde 2006. La caída interanual del 6,1%, equivalente a 3,1 kilos menos por persona, confirma que el deterioro del poder adquisitivo de los hogares argentinos profundizó un proceso de sustitución alimentaria que ya lleva más de dos años.

La Argentina, históricamente uno de los mayores consumidores de carne vacuna del mundo, atraviesa una transformación forzada en la mesa familiar. Los datos de Ciccra correspondientes al período enero-mayo de 2026 revelan que el consumo aparente de carne vacuna alcanzó 855.750 toneladas res con hueso, una contracción del 11,1% interanual. En términos absolutos, los hogares argentinos absorbieron más de 106.700 toneladas menos que en el mismo período de 2025, una diferencia que se explica no por razones culturales sino por la brutal pérdida de capacidad de compra acumulada desde diciembre de 2023.

Un récord negativo que arranca en 2006

El informe de Ciccra establece que el consumo per cápita promedio de los últimos doce meses bajó a 47,5 kilos por habitante al año, la marca más baja desde el año 2006. Se trata de un retroceso del 6,1% interanual, equivalente a 3,1 kilos menos por habitante respecto del promedio del período inmediatamente anterior. El dato no es un piso circunstancial: es la continuación de una tendencia que se aceleró con fuerza desde el inicio de la gestión libertaria.

En el primer bimestre de 2026, registros previos de la misma cámara ya habían marcado un consumo per cápita de 47,3 kilos anuales, con una caída interanual del 13,8%. La acumulación de ese deterioro a lo largo de los primeros cinco meses del año perfila un escenario de contracción estructural que supera ampliamente los episodios de caída registrados en crisis anteriores.

Menos hacienda, más exportaciones: la ecuación que vacía la góndola

Detrás de la caída del consumo opera un mecanismo de doble presión. Por un lado, la producción de carne vacuna totalizó entre enero y mayo 1,168 millones de toneladas res con hueso, lo que implicó una reducción interanual del 7,3%, equivalente a unas 91.650 toneladas menos. La causa directa fue una menor actividad de faena: en los primeros cinco meses del año se procesaron aproximadamente 4,94 millones de cabezas de ganado bovino, por debajo de los niveles del mismo período de 2025.

Por el otro lado, las exportaciones no solo no cedieron sino que crecieron. Entre enero y mayo se embarcaron aproximadamente 312.200 toneladas res con hueso, un volumen 5,1% superior al exportado en el mismo lapso del año anterior. Las ventas a China, principal destino histórico, cayeron un 35,8% mensual en abril, pero esa retracción fue más que compensada por el crecimiento de las colocaciones en Estados Unidos, cuyos envíos se triplicaron en la comparación interanual y llegaron a representar el 29,2% del total exportado en ese mes. En el primer cuatrimestre, los ingresos por exportaciones ascendieron a USD 1.334 millones, un incremento del 48,4% frente al mismo período de 2025.

La combinación de menor producción con mayor orientación exportadora agrava la escasez relativa en el mercado interno y presiona los precios al alza, retroalimentando el ciclo de exclusión del consumidor local.

El precio que aleja la carne de la mesa popular

El informe de Ciccra señala que, pese a que en mayo los precios de la carne vacuna aumentaron apenas un 0,1% mensual, muy por debajo de la inflación del período, la comparación interanual exhibe una realidad muy diferente: los cortes vacunos acumularon una suba del 57,9% en el último año, contra una inflación general del 33,2%. La carne vacuna se encareció, entonces, casi el doble que el nivel general de precios. Ese diferencial explica por qué la estabilidad puntual de un mes no alcanzó para revertir la tendencia de fondo.

El documento del Ciccra lo formula sin rodeos: la pérdida de poder de compra de las familias argentinas, combinada con la suba del precio relativo de la carne vacuna frente a otras proteínas, se tradujo en una contracción del 11,1% anual del consumo aparente. Las familias no dejaron de comer proteínas, sino que las sustituyeron. El pollo aumentó un 38,9% interanual y el cerdo un 23%, ambos por debajo de la evolución de la carne vacuna, lo que aceleró el desplazamiento en los hábitos de consumo.

El ajuste en el plato: contexto de un deterioro anunciado

El dato del consumo de carne no es un hecho aislado. Se inscribe en una secuencia de indicadores que, desde diciembre de 2023, dibujan el mismo patrón. El consumo masivo general registró en abril de 2026 una caída del 3,8% interanual, según datos de la consultora Scentia relevados en cobertura previa de este medio. Las ventas de combustibles cayeron por tercer mes consecutivo en el mismo período. Y la Canasta Básica Alimentaria acumuló una variación interanual del 32,8% a marzo de 2026, según el INDEC, sobre una base ya erosionada por las devaluaciones previas y los tarifazos acumulados que, en el caso del transporte, superaron el 900% desde el inicio de la gestión.

La carne vacuna, símbolo histórico de la dieta y la identidad cultural argentina, se convirtió en un termómetro preciso del deterioro social. Que su consumo haya caído a niveles que no se registraban en dos décadas no es un dato técnico: es la radiografía de un modelo que exporta lo que produce y transfiere el costo a los sectores que menos pueden pagarlo.

Consumo

Las fintech piden más datos al BCRA en vez de mirar al ajuste que destruyó el poder de pago

La Cámara Argentina Fintech reclamó al Banco Central que reduzca el rezago de 60 días en la Central de Deudores y amplíe el acceso a información crediticia. El sector reconoció que casi 3 de cada 10 tomadores de crédito registran atrasos de más de 90 días, mientras el crédito total a las familias supera los 82 billones de pesos y 13,5 billones ya están en situación irregular.

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El sector fintech reclama más información crediticia pero evita hablar del ajuste que disparó la mora.

En medio de la peor crisis de morosidad familiar desde la salida de la convertibilidad, la Cámara Argentina Fintech salió a reclamar más datos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y, de paso, a bajar su propia responsabilidad en el derrumbe crediticio que ahoga a millones de hogares. El sector, que en pocos años multiplicó por 20 su base de clientes, pidió este jueves «soluciones compartidas» frente a la mora y orientó buena parte de su diagnóstico hacia la falta de información disponible, la carga impositiva y la necesidad de mayor educación financiera, sin mencionar el impacto del ajuste sobre los ingresos de los trabajadores.

Un reclamo al BCRA en medio de la tormenta

La entidad que agrupa a billeteras virtuales y bancos digitales señaló que la Central de Deudores del BCRA refleja la situación de los créditos con un rezago de 60 días, lo que a su juicio impide evaluar correctamente el riesgo crediticio y facilita la acumulación de deuda. Para la Cámara, reducir ese plazo «permitiría evaluar mejor a cada persona, prevenir acumulación de deuda y disminuir los casos de fraude, bajando así el costo del crédito». El planteo suena razonable en abstracto, pero encubre una demanda más profunda: que el regulador entregue al sector privado más y mejores datos sobre los ciudadanos que solicitan financiamiento, en un contexto donde el organismo ya promueve el Sistema de Finanzas Abiertas, que habilitaría compartir información personal entre distintas entidades bajo el principio de que «las personas son dueñas de sus datos».

La Cámara también reclamó revisar la carga impositiva de los proveedores, argumentando que «termina elevando el costo que afrontan quienes acceden a un crédito». Una posición que se inscribe en el viejo argumento del sector financiero contra la tributación, sin problematizar que esa misma desregulación y reducción de cargas impositivas fue uno de los ejes del gobierno de Javier Milei desde su primer día.

Los números que el sector no quiere encabezar

Según datos de la consultora Analytica, casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran un atraso de más de 90 días en el pago de sus cuotas. En términos de montos, el crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos, de los cuales 13,5 billones, el 16,3% del total, se encuentran en situación irregular. La distribución del problema revela que los bancos concentran el 81,1% del crédito total (67,2 billones de pesos) y explican el 63,3% del monto irregular (8,5 billones). Las fintech, en cambio, representan el 11,7% del crédito (9,7 billones) y el 16,3% del volumen irregular (2,2 billones). Completan el cuadro otros proveedores no bancarios, con el 7,1% del crédito y el 20,4% de la deuda irregular.

La Cámara subrayó que el sector fintech «concentra menos de 1 de cada 6 pesos en mora en el crédito a familias», una frase técnicamente correcta pero que omite que la tasa de irregularidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicados en julio pasado. El propio crecimiento del sector, que pasó de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones en la actualidad, amplió el universo de deudores en una franja de la población que frecuentemente no accede al crédito bancario y carga con mayor vulnerabilidad económica.

El contexto que el comunicado no menciona

La Cámara Argentina Fintech describió al crédito como «una herramienta indispensable para el desarrollo» y señaló que en Argentina «el crédito al sector privado representa apenas el 13% del PBI, un nivel similar al promedio de las últimas dos décadas y muy inferior al 53% registrado en América Latina y el Caribe». Sin embargo, el comunicado evitó cualquier referencia a las causas estructurales de la crisis de pago: la caída del poder adquisitivo del salario real acumulada desde diciembre de 2023, los tarifazos que trasladaron más del 525% de aumento en servicios públicos según el IIEP (UBA-CONICET), los despidos masivos en el sector público y la retracción del consumo, todos fenómenos directamente ligados al programa de ajuste del gobierno libertario que el sector fintech no cuestionó.

Las fintech llegaron a segmentos históricamente excluidos del sistema bancario: los 10 millones de clientes actuales incluyen 3,8 millones que no tienen acceso al crédito bancario. Eso tiene valor desde el punto de vista de la inclusión financiera formal, pero también implica que el sector captó a poblaciones de mayor vulnerabilidad en un momento de contracción económica sostenida. La morosidad récord no es un problema de información crediticia, es el síntoma de una economía que exprimió a sus sectores más frágiles hasta el límite.

¿Más datos o más regulación?

El planteo de la Cámara se sostiene sobre una premisa discutible: que mejor información crediticia reduciría la mora. Pero los datos disponibles sugieren otra lectura. La irregularidad trepó de manera sostenida durante 19 meses consecutivos, según el CEPA, en paralelo con el avance de las herramientas de análisis crediticio que el propio sector fintech describe como su ventaja competitiva. El problema no es solo que los prestadores no saben a quiénes prestan: el problema es que millones de personas que recurrieron al crédito para sostener su consumo ya no pueden pagarlo porque sus ingresos reales se derrumbaron.

En ese escenario, la demanda de más datos al BCRA y menos impuestos al sector es una respuesta del mercado financiero que apunta a proteger su rentabilidad antes que a resolver la crisis de las familias endeudadas. La deuda irregular de 13,5 billones de pesos no es una estadística abstracta: son personas que dejaron de pagar porque el ajuste que el sector no cuestionó les quitó los medios para hacerlo.

Puntos clave

  • Casi 3 de cada 10 personas con crédito en Argentina registran atrasos de más de 90 días, según datos de Analytica.
  • El crédito total a las familias asciende a 82,8 billones de pesos; 13,5 billones, el 16,3%, están en situación irregular.
  • Las fintech pasaron de menos de medio millón de clientes antes de la pandemia a más de 10 millones, de los cuales 3,8 millones no acceden al crédito bancario.
  • La Cámara Argentina Fintech reclamó al BCRA reducir el rezago de la Central de Deudores de 60 días y ampliar el acceso a información crediticia personal.
  • La morosidad en billeteras virtuales llegó al 29,6% en mayo de 2026, superando el récord de la pandemia, según el CEPA.
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