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Sociedad

Tragedia de Beara: la desgarradora carta abierta de familiares resignados

En una Carta Abierta con críticas al Poder Judicial, los padres de una de las dos víctimas fatales en el derrumbe del boliche, adelantaron que no van a recurrir el fallo que no condenó a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

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Los padres de Ariana Lizarraga, la joven de 21 años que murió en la Tragedia de Beara junto a su amiga Leticia Provedo, presentaron una nota, a modo de Carta Abierta, ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 7 en la que anticiparon que no apelarán el fallo de primera instancia que absolvió a los cinco funcionarios del gobierno porteño, vinculados a la irregular habilitación y funcionamiento de ese boliche de Palermo, donde un entrepiso se derrumbó en septiembre de 2010.

Juan Lizarraga y Alicia Tagliaferro enviaron un escrito a los jueces, donde hacen hincapié en que “han perdido la fe” después de 12 años de un proceso y como consecuencia de ello “tomamos la irrevocable decisión de no recurrir ante el Tribunal de Casación”, en relación a la sentencia que “consagró la impunidad de los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómplices y máximos responsables de la muerte de nuestra hija y su mejor amiga”.

Tras brindar su agradecimiento a los abogados Gabriela Cabrera y Daniel Llermanos y al fiscal Andrés Madrea quienes “trabajaron denodadamente, contra viento y marea, para que se haga justicia”, señalaron que “cuestiones ajenas a la labor de estos profesionales, condujeron a que durante la tortuosa instrucción se cometieran diversas vejámenes contra las víctimas y sus deudos”.

Para los padres de Ariana Lizarraga, “en el juicio oral se reiteró la vocación absolutoria” y en tal sentido, manifestaron que “un fallo que no recurriremos porque somos conscientes de nuestra fragilidad, porque no estamos en condiciones psíquicas de tolerar más injusticias”. “No estamos dispuestos a seguir siendo cómplices de una simulación de juicio, donde la tragedia de las víctimas continúa sucediendo como un acontecimiento menor frente al poder político de sus victimarios, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, agregaron.

“Jamás olvidaremos que se probó de manera categórica que los funcionarios públicos sometidos a juicio fueron los que habilitaron la trampa mortal, llamada Boliche Beara, recomendando además, como publicitarios inescrupulosos, que concurrieran los jóvenes, calificando al lugar como “sitio seguro”, en las plataformas de Internet”, escribieron en la nota.

Cabe recordar que tras el juicio, solo resultaron condenados a la pena mínima de tres años de prisión en suspenso los empresarios Juan Yun, Agustín Dobrila e Iván Fliess. La Tragedia de Beara quedó impune para los funcionarios de la entonces administración de Mauricio Macri, tales los casos de Martín Farrel, Vanesa Berkowski, Pablo Saikauskas, Norberto Cassano e Isaac Rasdolsky.

Al igual que el ex comisario Rodolfo Cabezas y los policías Gustavo Flaminio, Luis Acosta y Julio González, quienes estuvieron acusados de recibir coimas para permitir el irregular funcionamiento del boliche de Palermo.

CABA

Armado en el baño: allanaron a un chico que posó con un revolver en su escuela de Balvanera

Un menor de 16 años fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego luego de que circularan fotos suyas en el grupo de WhatsApp del curso. El caso suma un nuevo episodio a la ola de violencia escolar que sacude a la Ciudad de Buenos Aires.

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Revólver en el baño: allanaron a un adolescente que posó con un arma en su escuela de Balvanera

★ Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado esta semana luego de que se viralizaran fotografías en las que aparecía posando con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», ubicada en el barrio porteño de Balvanera. El caso llegó a la Justicia gracias a la denuncia de un padre que detectó las imágenes en el grupo de WhatsApp del curso.

El episodio se inscribe en una serie de situaciones de violencia escolar que desde hace semanas mantienen en alerta a las autoridades educativas y judiciales de la Ciudad de Buenos Aires, y que este medio viene cubriendo desde el crimen de Ian Cabrera en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el pasado 30 de marzo.

Una foto en el grupo de WhatsApp disparó la causa

El detonante del proceso judicial fue una fotografía enviada por el adolescente al grupo de WhatsApp escolar identificado como «3-1», conformado por estudiantes del mismo establecimiento. La imagen, enviada con la función de visualización única, mostraba al menor junto a otros dos compañeros empuñando el arma en el baño del colegio, con la leyenda «La chispa está en 3ro 1ra».

Un padre que integra el grupo realizó capturas de pantalla de los intercambios y los presentó como prueba ante las autoridades. La denuncia llegó a la Fiscalía Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°4, a cargo del fiscal Mauro Tereszko.

Allanamiento en la madrugada y secuestro de dispositivos

Con la autorización de la jueza Alicia Baridón Gómez, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°1, el allanamiento al domicilio del adolescente en Balvanera se realizó en la madrugada del miércoles. Intervinieron el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de la Ciudad.

En el operativo se secuestraron el teléfono celular del menor, una computadora portátil y un disco rígido, entre otros elementos considerados de interés para la investigación.

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires informó que el adolescente fue imputado por los delitos de intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego, cargos que en conjunto contemplan una pena máxima de siete años de prisión. Además, el joven ya registraba una investigación previa por robo en el fuero de responsabilidad penal juvenil.

El protocolo que no alcanza

El caso se suma a una extensa cadena de episodios de amenazas y violencia en escuelas porteñas. Como informó este medio en reiteradas oportunidades, las amenazas de tiroteos se extendieron durante las últimas semanas a cientos de establecimientos en al menos doce provincias argentinas, con frases casi idénticas circulando por las mismas redes de mensajería.

El Gobierno de la Ciudad aplica desde el año pasado el «Protocolo de Actuación para la protección y el resguardo ante situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes», cuyo alcance real para desactivar estas situaciones sigue siendo objeto de debate.

El fiscal general Martín López Zavaleta explicó en una conferencia de prensa realizada el lunes en la sede del Gobierno de la Ciudad que se implementó «un esquema de coordinación inmediata con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el área de acceso a la Justicia y de Política Criminal junto con las fiscalías intervinientes». El funcionario agregó que «la identificación y eventual responsabilización de los autores de estos hechos permite avanzar en cada caso concreto y cumple una función preventiva porque desalienta la reiteración de estas conductas».

La respuesta oficial apela así a la disuasión punitiva como principal herramienta ante un fenómeno que las propias autoridades reconocen como extendido y en crecimiento, sin que hasta el momento se haya anunciado ninguna política de fondo orientada a las causas estructurales que alimentan la violencia en las aulas.

Puntos clave

  • Un adolescente de 16 años fue allanado e imputado por posar con un revólver en el baño de la Escuela de Comercio N°5 «José de San Martín», en Balvanera.
  • Las fotos circularon por el grupo de WhatsApp del curso; un padre realizó la denuncia con capturas de pantalla.
  • En el allanamiento se secuestraron un celular, una notebook y un disco rígido.
  • El menor fue imputado por intimidación pública, amenazas con armas y portación de arma de fuego (pena máxima: 7 años), y ya tenía una causa previa por robo.
  • El caso se suma a la ola de violencia escolar que desde semanas afecta a la Ciudad y al país.

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