Judiciales ⚖️
Imputaron al captor de Maia mientras la Justicia analiza su situación procesal
Carlos Savanz, de 39 años, está detenido por «sustracción, retención y ocultamiento de una menor», esta imputación es provisoria mientras se evalúa «el encuadre legal a partir de lo que surja de los estudios periciales respecto de la niña».
Carlos Savanz, de 39 años, está detenido por «sustracción, retención y ocultamiento de una menor», esta imputación es provisoria mientras se evalúa «el encuadre legal a partir de lo que surja de los estudios periciales respecto de la niña».
Savanz permanecerá detenido por haberse llevado durante tres días a una niña desde el barrio porteño de Villa Lugano a la ciudad bonaerense de Luján, donde la víctima fue rescatada este jueves por la mañana. El hombre quedó provisoriamente imputado del delito de «sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años», informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación.
Según se indicó a través del sitio institucional http://www.fiscales.gov.ar, «de momento, la conducta investigada se califica como constitutiva del delito de sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años (…) aunque está siendo evaluado el encuadre legal a partir de lo que surja de los estudios periciales respecto de la niña».
Este delito, contemplado en el artículo 145 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión. En ese contexto, de acuerdo al informe, «inmediatamente cumplidas las medidas de rigor y definida en consecuencia la imputación, está previsto recibirle declaración indagatoria al imputado», lo que podría ocurrir en las próximas horas o recién mañana.
El detenido se encuentra a disposición de la fiscal Laura Belloqui, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54, y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, de Fabiana Galetti.
«Previo a solicitar la detención, debió realizarse una exhaustiva constatación de la identidad del autor, en función de la existencia de un familiar homónimo -de similares características físicas-, de la deficiente identificación documental del imputado y de la superposición de registros oficiales», precisó fiscales.

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Según las fuentes, tras ser capturado en la mañana del jueves en Luján, la jueza Galetti dispuso el alojamiento de Savanz en la sede de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, hasta donde fue trasladado bajo un fuerte operativo de seguridad.
A su vez, la niña y su la familia están siendo asistidas por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación y una profesional del Programa de Niñez de ese organismo acompaña a la víctima desde el momento en que fue hallada en Luján.
También intervienen el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Defensoría Pública de Menores e Incapaces de la Defensoría General de la Nación.
Berni: «Estábamos buscando un fantasma»
El ministro de Seguridad bonaerense se mostró conforme con el trabajo de las fuerzas de seguridad tras el hallazgo y aseguró en relación al imputado Carlos Savanz que buscaban «a un fantasma».
«Fue una actividad muy complicada porque, en realidad, estábamos buscando un fantasma, porque para la sociedad esta persona no existía. Una persona indocumentada que tenía las huellas digitales de él cargadas en las huellas de otra persona», describió el ministro en una conferencia de prensa que ofrecía este mediodía junto a su par porteño, Diego Santilli, y otras autoridades en el centro de comando montado en General Rodríguez.
Indigencia: hay una gran tarea por delante
La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, celebró la aparición con vida de la nena y dijo que falta «mucha tarea» frente a personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires.
«¡Buscarlas siempre!!, culminó el mensaje de la Ministra bonaerense, en el que hizo referencia al operativo de tres días que terminó con el hallazgo de la menor.
Educación
Milei tiene cinco días para cumplir la Ley universitaria o pagar multas
El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a dar efectivo cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo perentorio de cinco días. Si no lo hace, el Gobierno deberá abonar astreintes por cada día de demora. La norma lleva 336 días aprobada por el Congreso y el Ejecutivo sigue sin aplicarla.
Un juez federal le puso un reloj al Gobierno: cinco días para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario o enfrentar multas económicas diarias. La intimación la dictó el magistrado Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, y representa un nuevo revés judicial para la gestión de Javier Milei en su pulseada con las universidades nacionales.
La resolución establece que el demandado, el Estado Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, debe «dar efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días» a la medida cautelar vigente vinculada con la ejecución de la ley N°27.795, «bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora». La norma fue aprobada por el Congreso hace 336 días y el Ejecutivo sigue sin ejecutarla.
Qué dice la resolución y qué exige el gremio docente
La federación docente CONADU Histórica fue quien impulsó la acción judicial y difundió la resolución de Cormick. El gremio precisó que «para cumplir con la ley el aumento debe ser de 33,4%» y sintetizó su posición en una frase que ya circula en las redes sociales de los claustros universitarios: «Milei no sos rey, cumplí la ley».
Las astreintes son multas de aplicación progresiva: cada día que el Gobierno no cumpla con la cautelar, la deuda crece. Es el mecanismo que la Justicia tiene para forzar el acatamiento de sus resoluciones cuando el Estado demora o evita ejecutarlas.
El mismo juez ya había ordenado al Gobierno liberar partidas para la UBA
La intimación de esta semana no es la primera intervención de Cormick en el conflicto universitario. En septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires y ordenado ejecutar partidas destinadas a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación. En aquella oportunidad, Cormick sostuvo que, luego del rechazo legislativo al veto presidencial, el proceso constitucional de sanción de la norma «no admitía variantes suspensivas para la aplicación de la ley».
El Gobierno vetó la Ley de Financiamiento Universitario en 2024, pero el Congreso rechazó ese veto. Desde entonces, el Ejecutivo se niega a aplicar la norma, lo que derivó en sucesivas intervenciones judiciales y en cuatro marchas federales universitarias, con una quinta anunciada para octubre.
Un conflicto que ya tiene calle y tribunales
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a cuatro marchas federales desde que comenzó el conflicto presupuestario y anunció una quinta para octubre. Las movilizaciones reunieron a cientos de miles de personas en todo el país en defensa de la educación pública y el salario docente. El recorte real al presupuesto universitario supera el 31% desde diciembre de 2023, según datos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y del propio Presupuesto Nacional.
La intimación judicial llega en ese contexto: un Gobierno que recorta la educación pública, ignora una ley sancionada por el Congreso, desafía las órdenes judiciales y ahora tiene un contador regresivo de cinco días antes de que empiecen a correr las multas.
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