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El Gobierno mantendrá congeladas las tarifas de luz y gas hasta mediados de marzo
Mediante un decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó el plazo y estableció el inicio del proceso de la renegociación de la revisión de las tarifas. LOS DETALLES.
Mediante un decreto, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó el plazo y estableció el inicio del proceso de la renegociación de la revisión de las tarifas. LOS DETALLES.
El Gobierno nacional determinó que las tarifas de luz y de gas permanecerán sin cambios hasta el 15 de marzo del año próximo, y ordenó el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente.
Lo hizo a través del Decreto 1020/2020 publicado en el Boletín Oficial, que prolonga «por un plazo adicional de 90 días», es decir hasta el 15 de marzo próximo, «el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica y gas natural establecido en el artículo 5 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, prorrogado por el Decreto 543/20 desde su vencimiento».
En tanto, al disponer el inicio de la renegociación tarifaria, la norma establece que «el plazo no podrá exceder los dos años, debiendo suspenderse hasta entonces, los acuerdos correspondientes a las respectivas RTI vigentes con los alcances que en cada caso determinen los entes reguladores».
Esta revisión es la correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.
La revisión de tarifas abarca a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, y gas natural que estén bajo jurisdicción federal
Asimismo, el decreto define que «el proceso de renegociación culminará con la suscripción de un acta acuerdo definitiva sobre la RTI, la cual abrirá un nuevo período tarifario según los marcos regulatorios».
También, encomienda al Enargas y al ENRE «la realización del proceso de renegociación de las respectivas revisiones tarifarias, pudiendo ampliarse el alcance de la renegociación conforme a las particularidades de cada sector regulado».
Además, señala que «dentro del proceso de renegociación podrán preverse adecuaciones transitorias de tarifas o su segmentación, según corresponda, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados».
En los considerandos del Decreto 1020/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ejecutivo sostiene que «las tarifas de ambos servicios no resultaron justas, ni razonables ni transparentes, conforme los resultados de las auditorías y revisiones llevadas adelante por el ENRE y el Enargas».
También remarca que «resulta conveniente establecer un régimen tarifario de transición como una adecuada solución de coyuntura en beneficio de los usuarios y las usuarias, así como para las licenciatarias y concesionarias».
Este régimen deberá «tener como premisa la necesaria prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural y electricidad, en condiciones de seguridad y garantizando el abastecimiento respectivo, así como la continuidad y accesibilidad de dichos servicios públicos esenciales».
«Se inaugura una nueva etapa del servicio público de gas por redes», aseguró el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal.
En este sentido, destacó que «el Presidente (Alberto Fernández), en función de los resultados de la revisión y auditoría realizadas por el Enargas y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), decidió elegir el camino de la renegociación tarifaria y suspender las tarifas heredadas del gobierno anterior».
«Alberto nos pidió trabajar sin descanso para tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar; tarifas promotoras del desarrollo», remarcó Bernal.
A criterio del Gobierno, según lo indica el decreto publicado hoy, la renegociación «dará por inaugurado un nuevo período tarifario con tarifas justas y razonables, accesibles y asequibles».
El decreto actual también prorroga la intervención de los dos entes, incluyendo mandas y designaciones, por el plazo de un año desde su vencimiento, fijado para el 31 de diciembre próximo; o hasta que se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por el presente, lo que ocurra primero.
Además, precisa que, durante la vigencia de la intervención, el ENRE mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía de las concesionarias Edenor y Edesur.
UNA NUEVA ETAPA
Bernal además aseguró que con el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para los servicios de gas y electricidad, se inaugurará «una nueva etapa del servicio público de gas por redes».
«El Presidente (Alberto Fernández), en función de los resultados de la revisión y auditoría realizadas por el Enargas y el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), decidió elegir el camino de la renegociación tarifaria y suspender las tarifas heredadas del gobierno anterior», destacó Bernal.
Por otra parte, el funcionario precisó que el Presidente «decidió extender el congelamiento por tres meses más o hasta que entren en vigencia los cuadros tarifarios de transición».
A través del Decreto 1020 publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso la prórroga del congelamiento que rige en las tarifas correspondientes a gas y electricidad por 90 días, es decir hasta el 15 de marzo próximo.
Además, estableció el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) vigente, correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural que estén bajo jurisdicción federal.
«Alberto (Fernández) nos pidió trabajar sin descanso para tener tarifas justas, razonables y que se puedan pagar; tarifas promotoras del desarrollo», remarcó el interventor del Enargas.
Además, sostuvo que «la ciudadanía tiene que estar tranquila» porque «se terminaron los problemas, la desesperación y el caos que nos llegaban todos los meses cuando recibíamos la factura».
De hecho, afirmó que «se sufrió muchísimo» y que «el costo de la energía fundió empresas, sobre todo pymes».
También, recordó que durante la gestión macrista el valor de las tarifas «obligó a millones de hogares a vivir con frío o a tener que elegir entre alimentarse o pagar la factura».
«El servicio público devino en un bien de lujo; toda esa pesadilla terminó», enfatizó Bernal, quien remarcó que, «luego de un año de revisión y auditoría, ahora se comienza un nuevo período de trabajo intenso, con el objetivo de volver a tener un servicio público esencial, en calidad de derecho social».
Buenos Aires
Calificadoras avalan la gestión bonaerense: superávit y acceso al mercado pese a los recortes de Milei
La calificadora internacional elevó la nota de la Provincia de Caa3 a Caa2 con perspectiva estable, en reconocimiento al desempeño fiscal y al acceso sostenido al financiamiento doméstico. En paralelo, la licitación del 23 de julio adjudicó $249.530 millones con una demanda que superó el monto previsto.
La Provincia de Buenos Aires recibió una doble señal de respaldo financiero en la última semana de julio. Por un lado, Moody’s elevó su calificación crediticia internacional de Caa3 a Caa2, tanto para el emisor como para su deuda senior no garantizada, y mantuvo la perspectiva estable. Por otro, la licitación de títulos públicos realizada el 23 de julio cerró con una adjudicación de $249.530 millones, alcanzando el techo previsto para la operación y registrando una sobredemanda que superó en un 14% el monto finalmente colocado.
La mejora de Moody’s y sus fundamentos
La revisión de Moody’s comprendió a once gobiernos subnacionales argentinos, en un contexto de mejores condiciones sistémicas de financiamiento atadas a la actualización de la calificación soberana. De ese universo, tres jurisdicciones conservaron su nota sin cambios, mientras que Buenos Aires avanzó un escalón, en una mejora de igual magnitud que la obtenida por la calificación soberana. La agencia fundamentó su decisión en tres pilares: mayor estabilidad del desempeño operativo, acceso sostenido al financiamiento doméstico y la fortaleza de una economía provincial diversificada con alta generación de ingresos propios.
El reconocimiento de Moody’s adquiere un valor particular si se considera el contexto adverso en que se produjo. La Provincia cerró 2025 con superávit económico pese a la caída real de sus recursos y a la fuerte reducción de las transferencias automáticas y no automáticas del Gobierno nacional, una sangría que el gobernador Axel Kicillof ha denunciado sistemáticamente en los últimos dos años. A esa presión se suma la demanda judicial por más de $2,3 billones en concepto de transferencias previsionales adeudadas por ANSES, en cuyo marco la Provincia dio por agotada la instancia de conciliación ante la Corte Suprema y avanzó por la vía cautelar.
La licitación: $249.530 millones con sobredemanda
El 23 de julio, la Provincia llevó adelante una licitación de títulos públicos en la que recibió ofertas por $284.961 millones. Se adjudicaron $249.530 millones, alcanzando el máximo previsto para la operación. El monto indicativo anunciado al mercado había sido de $200.000 millones con posibilidad de ampliación; la demanda superó en $35.431 millones, equivalente al 14%, el monto finalmente colocado, lo que constituyó una señal de confianza de los inversores en la capacidad de pago provincial.
Del total adjudicado, $161.286 millones correspondieron a un título a tasa variable TAMAR con vencimiento en abril de 2027 y $88.244 millones a un instrumento ajustado por CER con vencimiento en abril de 2028. La combinación de ambos instrumentos permitió extender y diversificar el perfil de vencimientos de la deuda provincial, en línea con la estrategia de emisiones regulares en moneda local que la administración bonaerense sostiene para ampliar la base de inversores e incrementar la liquidez en el mercado secundario. En cada colocación participaron Banco Provincia y Provincia Bursátil junto con otros colocadores.
El aval de S&P y la estrategia financiera provincial
La evaluación de Moody’s fue acompañada por S&P Global Ratings Argentina, que afirmó la calificación de la Provincia en raBB+ con tendencia estable, extensiva a las reaperturas colocadas en la licitación. La calificadora sostuvo que el manejo prudente de las cuentas fiscales permitirá mantener necesidades de financiamiento manejables durante los próximos doce meses.
La lectura de fondo que surge del doble espaldarazo de las calificadoras es que Buenos Aires consolidó su posición financiera de manera autónoma, sin los recursos que el Estado nacional le negó o recortó durante la gestión libertaria. El cumplimiento en tiempo y forma de todos los vencimientos de los servicios de la deuda, junto con la sostenida prestación de servicios esenciales y la inversión pública, configuran el cuadro que los analistas de las agencias valoraron positivamente. La estrategia de orientar cada colocación hacia la ampliación y diversificación de la base inversora se perfila, en ese contexto, como el eje ordenador de la política financiera provincial de cara a los próximos meses.
Puntos clave
- Moody’s elevó la calificación internacional de la Provincia de Buenos Aires de Caa3 a Caa2, con perspectiva estable.
- La licitación del 23 de julio adjudicó $249.530 millones sobre una demanda total de $284.961 millones.
- $161.286 millones se colocaron en un título TAMAR a abril de 2027 y $88.244 millones en un instrumento CER a abril de 2028.
- S&P Global Ratings Argentina afirmó la calificación provincial en raBB+ con tendencia estable.
- La Provincia logró superávit económico en 2025 pese a la caída real de los recursos y a los recortes del Gobierno nacional en transferencias automáticas y no automáticas.
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