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Algunas cosas para decir frente a la falta de combustibles

En un marco de concesiones de todo tipo es que se llega al absurdo de una situación donde tenemos récord de producción, de inversiones y de exportaciones en el sector, resulta que en el país falta combustible.

Publicado hace

2 años

30.10.2023

Redacción

Por Claudio Lozano

La falta de combustible en el medio de la campaña electoral, pretende ser presentada por la cadena de medios hegemónicos comprometidos con el oligopolio petrolero y con la fórmula Macri – Milei, como el resultado de la demoníaca intervención estatal que, al fijar precios, genera desabastecimiento.

La campaña de desinformación se profundizó cuando, razonablemente, el Ministro-Candidato Sergio Massa, le puso un límite al comportamiento especulativo del oligopolio petrolero.

La verdad, lo que está ocurriendo no es el resultado de la existencia de precios congelados, sino de lo limitada que es la regulación pública sobre el sector e incluso la consecuencia de las exageradas concesiones que se le han hecho al oligopolio petrolero.

Resulta absurdo asociar la situación con el congelamiento de los precios en un contexto donde, medido en dólares, en los últimos años los precios de los combustibles en el mercado interno, fluctúan en un rango marginal y acotado de precios.

Más aún, en el último semestre los precios acompañaron la evolución de los precios internacionales, e incluso , se les autorizó un aumento del 12% en el contexto de la devaluación post-PASO. Recién ahí se pactó el congelamiento temporal.

Esto a la vez, en un marco que le garantiza a las empresas un dólar diferencial para la exportación, que les fija un precio para abastecer el mercado interno a través del barril criollo (56-58 u$s) que está muy lejos de los costos de extracción del barril, y con un beneficio de no actualización (desgravación) del componente de biocombustible e impositivo que participan del precio final.

En este marco de concesiones de todo tipo es que se llega al absurdo de una situación donde tenemos récord de producción, de inversiones y de exportaciones en el sector, resulta que en el país falta combustible.

Resulta sorprendente que en la mayoría de los análisis y las coberturas por este tema, en ningún momento haya aparecido un dato clave. En el contexto de expansión del sector descripto, hay caída de la producción de naftas y de gas-oil, reduccion en los volúmenes de refinación en todo el parque, incluso antes del congelamiento de precios.

Claramente la diferencia entre el precio generoso del barril (56-58 u$s) y los (85-90 u$s) de exportación han dado lugar al desabastecimiento que hoy tenemos.

Cuestión esta que vuelve a evidenciar que es imprescindible una mirada, y una regulación integral ya que en un mercado oligopólico y con empresas que exhiben además una fuerte integración, las señales de precio no funcionan como en un mercado de competencia perfecta.

En este sentido, uno de los Grupos Empresarios con presencia dominante en el sector, es YPF. Dado el hecho de que la mayoría accionaria es estatal, sería deseable que cumpliera el rol de empresa testigo.

Se supone que la petrolera estatal no debiera haber incurrido en especulaciones de este tipo y que, por tanto, sus estaciones de servicio deberían estar absolutamente abastecidas.

Respecto al carácter generoso del precio del barril criollo baste con decir que la última información de Vista Oil (la empresa de Galuccio, quien montara su petrolera luego de dirigir YPF), ubica los costos de extracción en Vaca Muerta en los 10 u$s el barril.

Sabemos que ese no es el único costo pero en ningún caso, y con una renta normal, no debería exceder los 25 o 30 u$s el barril.

Hasta los 56- 58 u$s del barril criollo están más que suficientemente remunerados. Sin embargo, aún así desabastecen para exportar más y agigantar sus beneficios.

El ultimátum de Massa a las petroleras es absolutamente razonable. Pero además obliga a repensar el rol y funcionamiento de YPF (no es solo incrementar renta sino comprometerse como empresa testigo), y a impulsar una regulación integral del sector energético.

Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.

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Seguridad social

Congelado hace dos años: el bono de $70.000 para jubilados y pensionados sigue sin actualización

El Gobierno oficializó mediante el Decreto 292/2026 el pago del bono extraordinario de $70.000 para mayo, el mismo monto que se abona desde marzo de 2024 sin ningún ajuste por inflación. Mientras el Ejecutivo justifica la medida en los «efectos adversos» de la fórmula previsional vigente, los jubilados ven cómo ese complemento se deprecia mes a mes en términos reales.

Publicado hace

1 hora

29.04.2026

ElArgentino.ar

El bono previsional de $70.000 cumple dos años sin actualización

★ El Poder Ejecutivo publicó este miércoles en el Boletín Oficial el Decreto 292/2026, que oficializa el otorgamiento del bono extraordinario previsional de $70.000 para el mes de mayo a jubilados que perciben el haber mínimo y pensionados a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se repite, con el mismo importe, por vigésimo sexto mes consecutivo.

El decreto establece que las jubilaciones mínimas durante mayo quedarán en un total superior a $463.000, contemplando la actualización del haber base en línea con la inflación de marzo, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) midió en el 3,4%.

El argumento oficial y la trampa del diagnóstico

En los considerandos del decreto, el Ejecutivo vuelve a recurrir al mismo argumento de siempre: la culpa la tiene la Ley N° 27.609, sancionada en 2021, cuya fórmula de movilidad, según el texto oficial, «presentaba graves y serios inconvenientes, en tanto no resguardaba el riesgo inflacionario» y «presentaba un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes».

La contradicción del argumento es evidente: el propio gobierno reconoce que la fórmula no resguarda el poder adquisitivo de los jubilados, pero en lugar de modificarla o reemplazarla, elige mantenerla y compensar sus efectos con un bono que, a su vez, tampoco se actualiza. Más aún: en 2024, el Congreso aprobó por amplia mayoría una ley que establecía una movilidad más favorable para los adultos mayores, y el presidente Javier Milei la vetó.

El bono que se derrite

El complemento de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024. Antes de esa fecha, los primeros dos meses del gobierno de Milei se pagaron bonos de $55.000. Desde entonces, el monto no registró ninguna actualización, mientras la inflación acumulada entre marzo de 2024 y abril de 2026 erosionó significativamente su valor real.

Como informó este medio en una cobertura reciente sobre el poder adquisitivo jubilatorio, la consultora Analytica estimó que, para recuperar el poder de compra inicial, el bono debería más que duplicarse y alcanzar los $144.000. En el mismo relevamiento, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) calculó que los jubilados de la mínima acumulan una caída real del 13,1% si se compara el primer trimestre de 2026 con los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández, medida con la canasta del Índice de Precios al Consumidor actualizada.

A quiénes alcanza el decreto

El Decreto 292/2026 precisa que el bono extraordinario corresponde a:

Titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de ANSES.
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
Beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete o más hijos y demás pensiones graciables cuyo pago realiza ANSES.

El texto oficial además aclara que el bono «no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto», y que en los casos de pensiones con copartícipes, el conjunto de beneficiarios será considerado «como un único titular».

Un parche que no alcanza

El escenario previsional que describe el decreto es, en sí mismo, una confesión de fracaso. El Ejecutivo lleva más de dos años justificando la necesidad del bono como compensación por los efectos de una ley que decidió no reformar. En ese tiempo, el complemento perdió una porción significativa de su valor real, y el haber total de quienes cobran la mínima se ubica, según el CEPA, un 10,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023, último mes completo de la gestión anterior.

Más del 60% de los jubilados del sistema contributivo cobra el haber mínimo. Para ellos, la suma de ese haber más el bono congelado resulta insuficiente frente a cualquier medición de canasta básica. Según la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, una pareja de adultos mayores con vivienda propia necesitó $1.548.360 en febrero de 2026, equivalente a más de tres jubilaciones mínimas con bono incluido.