La propuesta de nueva Constitución para Chile, redactada principalmente por la derecha, fue aprobada por el Consejo Constitucional y quedó lista para ser entregada al presidente Gabriel Boric y posteriormente ser votada por la ciudadanía en un plebiscito obligatorio el 17 de diciembre.

Con 33 votos a favor y 17 en contra la propuesta de nueva carta magna fue aprobada por el Consejo Constitucional, que de ese modo dio por terminado el segundo proceso constituyente.

Tras nueve horas de debate terminó el trabajo del segundo proceso constituyente, y los miembros del Consejo entregaron el borrador final de nueva Constitución.

Desde su inicio, el proceso generó roces entre el oficialismo y la oposición debido a la aprobación de varias enmiendas polémicas que para el Gobierno significan “retrocesos” en distintas materias.

Una de las enmiendas más discutidas por el Gobierno fue la ley impulsada por los ultraderechistas Republicanos que protege “la vida de quién está por nacer”, reemplazando la actual que protege “la vida del que está por nacer”.

Si bien la diferencia en la redacción de la enmienda es mínima, puede significar un cambio de interpretación, y el Gobierno sostiene que podría chocar con la actual ley de aborto en tres aspectos, debido a que la nueva norma protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

La ley de aborto vigente en Chile permite la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando hay inviabilidad del feto y cuando el embarazo fue por una violación, mientras uno de los objetivos de Republicanos es la abolición de esta norma.

Otra enmienda que provocó diferencias es la que propone dar rango constitucional a ciertos casos de expulsión inmediata de extranjeros que ingresen al país de forma clandestina o por pasos no habilitados.

La polémica se debe a que va en contra del principio de no devolución, vinculante según los tratados internacionales suscriptos por Chile, o con otros principios relevantes en el ordenamiento jurídico local, como la reunificación familiar y el interés superior del niño.

También se debatió la enmienda de la pinochetista Republicanos que busca otorgar reclusión domiciliaria a reos mayores de 75 años que padezcan enfermedades terminales.

La polémica en torno a esta enmienda se produjo ya que favorecería la salida a arresto domiciliario de los reclusos de Punta Peuco, condenados por violaciones de derechos humanos producidas en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

El debate, que se alargó por nueve horas y en el que los 50 consejeros pudieron dar sus argumentos a favor o en contra de la propuesta, estuvo marcado por la gran presencia de la derecha, cuyos representantes valoraron el texto final que será votado por la ciudadanía.

La consejera de la derechista Evolución Política (Evópoli) Gloria Hutt afirmó que se culminó “una etapa más de un proceso que en su origen puso en riesgo la democracia” y valoró la “transversalidad de la propuesta”.

Luis Silva, el jefe de la bancada de consejeros del pinochetista Partido Republicano, llamó a votar por la nueva carta magna, ya que rechazarla, dijo, “abre un camino de pura incertidumbre”.

“Robustece las capacidades del Estado para hacer frente a la delincuencia, al terrorismo y a la corrupción”, sostuvo Silva.

Por su parte, el oficialista Alejandro Köhler, del Partido Socialista, afirmó que desde la derecha “optaron por imponer un texto” el cual representa “un riesgo de inestabilidad política y social”.

“No tenemos otra opción que rechazar este texto”, dijo Köhler.

Desde el Gobierno no quisieron confirmar su postura respecto a la nueva carta magna, aunque pocas horas antes de la votación final el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, lamentó el texto final y afirmó que se debió “haber hecho un mayor esfuerzo para arribar a un texto que representara la diversidad de la sociedad chilena”.

“Una Constitución debe ser un espacio de encuentro y proyectarse por décadas y para eso debe ser expresión de consenso sustantivo de nuestra sociedad, y por tanto se debió hacer un esfuerzo adicional en la materia”, expresó a la prensa el ministro.

Con respecto a las críticas de la derecha debido a que el Gobierno no revela su postura de cara al plebiscito, el ministro añadió que “aquellos que han criticado ahora al Gobierno, precisamente por la prudencia con la cual se ha actuado, antes criticaban por haber tenido una postura prematura en el proceso pasado”.

Este nuevo proceso constituyente, que comenzó el pasado 7 de junio, se originó luego del fracaso del intento anterior, que surgió de las protestas ciudadanas tras el estallido de octubre de 2019 y tras un plebiscito que por 80% de los votos apoyó un cambio de la actual Constitución de la época de Pinochet.

El anterior y fallido proyecto de Constitución, redactado en su mayoría por convencionales constituyentes de izquierda e independientes, fue rechazado por el 61% de los chilenos el 4 de septiembre de 2022.

El nuevo texto constitucional será sometido a un plebiscito el 17 de diciembre, que según la encuestadora Cadem, el 54% de los chilenos prevé votar en contra del nuevo plan constitucional, frente al 31% que está a favor.