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Opinión

Netflix, YouTube y el dominio público en plataformas digitales

“Estamos en un momento en que todo el aparato de la política cultural nacional está trabajando para que haya una ley que imponga un impuesto a las plataformas”, la columna de Víctor Bassuk para El Argentino.

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Por Víctor Bassuk*

Es notable, aunque no sorprendente, el crecimiento del consumo de contenido audiovisual aun teniendo en cuenta la merma considerable que se produjo en los últimos meses. Los motivos de este descenso pueden encontrarse en gran parte en el regreso a la presencialidad post pandemia y también en las restricciones de orden económico.

En nuestro país el 93% de los usuarios de internet consumen contenido audiovisual de plataformas. Las mas usadas son Netflix (84%) y Youtube (73%). El uso promedio fue hasta hace poco de cuatro plataformas por usuario. Y descendió a tres. Puede ser que sea ese el motivo de las nuevas medidas adoptadas por la plataforma líder de cobrar el uso en mas de un domicilio, de modo de limitar la práctica de compartir el abono.

La abultada facturación de estas empresas ha despertado la lógica que han tenido los productos culturales de ser gravados, y utilizar lo recaudado para fomentar las producciones nacionales. La lógica es la lógica de la defensa de la diversidad cultural, que es el modo de hacer sustentables los bienes identitarios de una sociedad.

Es una permanente pulseada de intereses que aún no acaba de superar un episodio importante como ha sido la prórroga de la caducidad de los fondos específicos que fomentan el cine, el teatro, la música y las bibliotecas populares, y ya se encuentra una vez mas amenazado por el propósito de volver a la Cuenta Única del Tesoro por parte del Ministerio de Economía.

Todo el aparato de producción cultural independiente, así como los organismos que lo fomentan, principalmente el audiovisual, están debatiendo el impuesto lógico e inevitable a las plataformas de contenidos. El debate, en el fondo, no es por la importante recaudación que esto significa, sino por quién es el administrador de esa caja que, al igual que toda caja, significa un espacio de manejo de poder.

El hecho es que hay algunos pasos que ya fueron dados en este sentido, y que ya sea porque no son tan voluminosos o por simple pereza burocrática no se ponen en práctica. Me refiero fundamentalmente al Dominio Público Pagante que el Art 6 del Decreto-Ley Nº 1224/58 faculta a recaudar al Fondo Nacional de las Artes. Hecho que no se les escapó a las autoridades del organismo, dado que lo incluyeron detalladamente en el inciso c) del art. 100 de la ley de presupuesto del 2020.

Para que se entienda simple: cuando los derechos de autor pasan a dominio público (70 años después del deceso del autor), el Fondo Nacional de las Artes cobra un arancel. En el caso de las plataformas audiovisuales es un monto menor, ya que se aplica a aquellos artistas fallecidos antes de 1952 y las películas del llamado “cine clásico” tienen un consumo marginal, pero en las plataformas musicales (Spotify, Apple Music) el consumo de temas de compositores fallecidos antes de 1952 es efectivamente masivo.

Estamos en un momento en que todo el aparato de la política cultural nacional está trabajando para que haya una ley que imponga un impuesto a las plataformas. La noticia será destacada al momento de sanción de la ley, que por otro lado abulta el currículo del legislador. Poner en acción lo legislado no conlleva prestigio alguno, pero es lo que debe hacerse. Que no sea, pues, mas importante legislar que gestionar. Ambas acciones tienen que ser dos actos de una misma obra.

*Víctor Bassuk es cineasta, productor y ex funcionario del INCAA.

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Análisis

La condena del peón

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Por Agustín Sosa

El 23 de enero de 2013 miró el cielo mientras estaba en el piso, tirado sobre bosta de vaca. Marcos Pizarro Costa Paz había recibido un escopetazo en el cuello y pronto moriría camino al hospital.

Descendiente de Julio Argentino Roca, el joven estanciero alquilaba alrededor de setecientas hectáreas en el partido de Adolfo Gonzales Chaves, donde tenía unas quinientas cabezas de ganado.

A sus órdenes estaba Alberto Bonifacio Martínez, un peón al que le debía varios meses de sueldo y aguinaldo, lo obligaba a trabajar de sol a sol y a vivir en condiciones infrahumanas. El maltrato ya había despertado la indignación de varios testigos ocasionales que veían cómo el terrateniente humillaba al empleado, que entonces tenía 72 años.

La identidad nacional fue construida, entre otras cosas, por la relación entre patrón y obrero, o dueño de la tierra y peón, y sobre cómo los pobres se manifiestan frente a la opresión de los ricos. Una vez afianzados los límites que fijó la Campaña al Desierto, los terratenientes se sirvieron de la coacción instrumentada con el Estado como aliado para explotar a cuanta persona le quedara a la mano.

Martín Fierro y Juan Moreira dan cuenta de eso que también se observa en hechos reales que prolongan ese argumento narrativo de nuestra historia que sigue recreando los mismos sistemas de relaciones entre los dueños de todas las cosas y los desposeídos de la Patria.
Masacres, asesinatos y cruentas represiones a obreros no hubiesen sido posibles sin la promiscua relación de los empresarios con los resortes judiciales y políticos. Solo la intervención del peronismo ha revertido, por momentos, las condiciones nefastas del trabajo rural, pero de todos modos es el sector con mayor nivel de trabajo no registrado y son repetidas las noticias que dan cuenta de operativos para liberar trabajadores explotados en cualquier punto del país.

Ese 23 de enero el sol no daba respiro, el trabajo desde el amanecer, había sido muy intenso y todavía quedaba bastante por hacer en la manga para terminar de cargar los cinco camiones que había llevado Costa Paz. Tenía que dejar el campo que arrendaba y debía llevarse su hacienda.

Una vez más, el patrón maltrató a Martínez. Otra vez le faltó el respeto, esta vez frente a transportistas y veterinarios. Fue la última.

El único que me ha gritado ha sido mi padre y se murió hace 50 años. Yo soy una persona mayor y a mí no me grita nadie. Le voy a pegar un tiro”, dijo el peón. Después se dirigió hasta la tapera que habitaba, tomó la escopeta y volvió a la manga para ultimar al terrateniente con un tiro en la garganta que lo dejó tan mal herido que murió desangrado, camino a la salita del pueblo más cercano.

Alberto Bonifacio Martínez esperó la partida en el rancho y, a su llegada, se entregó sin resistencia. Al año siguiente fue condenado a once años de prisión efectiva, sin habérsele otorgado el beneficio de la prisión domiciliaria, al menos hasta donde la crónica policial se ocupó de él.

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