DDHH
Dictadura o Democracia: ¿vos, de qué lado estás?
A 40 años del triunfo de Alfonsín.
Por Demetrio Iramain
El pasado lunes se cumplieron 40 años de la votación que significó el fin de la dictadura cívico-militar. Aquel 30 de octubre de 1983 representó un hito en la historia institucional del país: comenzaba una sucesión de concurrencia del pueblo a elecciones libres, sin candidatos proscriptos. Esa saludable tradición, desgraciadamente, se interrumpió en el proceso electoral en curso, en el que Cristina fue impedida de presentarse debido a un amañado fallo judicial que la condena a no poder ejercer cargos públicos. Recuperar esa condición es uno de los más urgentes desafíos políticos, culturales e institucionales.
Aquella votación puso fin a 80 años de golpes militares e interrupciones violentas y abruptas al sistema electoral. Pero el fin de la dictadura no implicó por añadidura el comienzo de la democracia. Las Madres de Plaza de Mayo siempre dijeron que la verdadera democracia, el verdadero gobierno del pueblo para el pueblo, se alcanzó recién a partir de mayo de 2003, cuando Néstor Kirchner arribó a la presidencia, 20 años después de aquel comicio que proclamó a Raúl Alfonsín.

Las Madres siempre hablaron de “post dictadura”, no de “democracia”. Pusieron el foco donde pocos querían hacerlo: las continuidades con la dictadura, los vasos comunicantes entre golpistas y demócratas, y no en las rupturas formales, que por supuesto las hubo.
Tras su triunfo en las urnas, las Madres le exigieron a Alfonsín que al asumir la presidencia no reciba los atributos de mando (la banda y el bastón) de parte del general Bignone, porque el saliente dictador tenía las manos sucias de sangre.
Para las Madres era más legítimo que cualquier civil, un votante cualquiera de Alfonsín, lo instituyera presidente, antes de que lo hiciera un genocida, por más vestido de civil que estuviera. Pero Alfonsín no las escuchó, como en tantos otros planteos.
Las Madres veían en esa gestualidad simbólica una continuidad muy peligrosa. Tenían razón.
Definitivamente, la democracia que vino a partir de 1983 no fue la que ellas esperaban. Pero imperfecta y todo, las Madres no aceptaron que en nombre de sus reclamos más genuinos y fuertes, algunos de ellos imposibles de contener por la institucionalidad en ciernes (por ejemplo, “Aparición con vida”), se vulnere el sistema democrático.

Las Madres lo defendieron siempre. Supieron que había una contradicción principal que resolver: dentro del sistema democrático, todo; fuera de él, nada. Tensaron al máximo con los sucesivos gobiernos, pero jamás atentaron contra la legalidad de la constitución. Para ellas, la mejor garantía de continuidad, defensa de la democracia y corrimiento hasta el fleje de sus límites, no fue la docilidad sino la rebeldía. El coraje, no el confort de la resignación. Crear, inventar, no conformarse.
El balotaje del 19 de noviembre nos sugiere disyuntivas similares a aquellas. Distintas, porque todos los hechos históricos son diferentes entre sí, pero comparables. Aún con nuestras frustraciones sociales a cuestas, nuestras insatisfacciones a la altura de la piel, nuestro tedio ante la persistencia de la crisis, el dilema se renueva, pero en parte sigue siendo el mismo: dictadura, no; democracia, sí. ¿Vos, de qué lado estás?
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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