Análisis
Al menos no nos gobierna el peronismo…
Pero cómo, ¿desabastecimiento en tiempos de la libertad? Parece que la falta de inversión pública, regulaciones y acción directa del Estado para garantizar el volumen de gas necesario para nuestro país trajeron como resultado un cuello de botella que, paradójicamente no puede resolver el mercado.
Martín Epstein*
Era el mes de octubre de 2023 y Argentina atravesaba una campaña electoral muy intensa. El entonces ministro de economía y candidato se desdoblaba en una difícil tarea que incluía además de la gestión y las recorridas atajar presiones de diversos sectores que decididamente intentaban (a la postre con éxito) incidir en el resultado electoral. Tras unas internas abiertas condicionadas por el Fondo Monetario Internacional que supeditaba el giro de divisas comprometidas al cumplimiento de metas complejas en el contexto de la sequía, Sergio Massa había salido airoso hasta de una devaluación del 22% de agosto con política de recuperación de ingreso. Parece de hace tiempo, pero hace menos de un año se devolvía parte del impuesto al valor agregado al consumo, se avanzaba en aumentos y beneficios crediticios para jubilados, se eliminaba el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría.
Pero octubre será otra vez tiempo de presiones. Los medios insistían y machacaban en coordinación asombrosa con la idea del desabastecimiento de combustible. La tan mentada ruta que nos conducía a ser Venezuela ahora si cuadraba con una problemática que parecía tan evidente como irrefutable: se terminó la nafta. O al menos eso parecía, porque poco después se confirmó que se trataba de una nueva maniobra con tintes electoralistas. La decisión de restringir el abastecimiento no obedecía a una verdadera caída en los volúmenes disponibles, sino a una ‘apretada’ que tenía como fin una disparada del precio de las naftas en Argentina.
Apenas unos días después del triunfo de Milei, las estaciones de servicio de todo el país ya no tenían faltantes ni largas filas de automovilistas atemorizados por el desabastecimiento, sino incrementos que engordaban los bolsillos de los productores y distribuidores a costa de un salario que cada vez rendía menos en litros de nafta. La liberación completa de la economía con la gestión de Milei y Caputo (más el ahora blanqueado Sturzenegger) incluyó además la posibilidad de exportar libremente sin contemplar necesidades o demanda del mercado interno.
No llegamos a medio año de gestión y la política de desregulaciones y feroz ajuste del gasto público arrojó un primer saldo problemático. Por faltante de gas, el gobierno decidió restringir el acceso a la energía para las grandes industrias, al tiempo que prohibió la venta de GNC en estaciones de servicio, provocando una seria pérdida para trabajadores que dependen de ese insumo como taxistas.
Pero cómo, ¿desabastecimiento en tiempos de la libertad? Parece que la falta de inversión pública, regulaciones y acción directa del Estado para garantizar el volumen de gas necesario para nuestro país trajeron como resultado un cuello de botella que, paradójicamente no puede resolver el mercado. Escuchar las excusas de las caras visibles de este gobierno no deja de sorprender, pero suponer que en tiempos de recesión económica (o sea, digamos, menor demanda energética con uso de capacidad instalada en mínimos históricos) la razón del faltante es que ‘hace más frío’ es cuanto menos infantil o poco seria.
La desinversión, el ajuste fiscal, la falta de planificación muestran una brutal impericia de quienes predican una libertad de mercado que impone una enorme incertidumbre hacia adelante. Mientras tanto, los adoradores del excel siguen celebrando un superávit que cada día se hace menos sostenible y más dañino para una sociedad que ya no solo pasa hambre, sino también ve muy cerca un invierno tan cruel como quienes nos gobiernan.
*Politólogo y Analista Económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
Análisis
La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo
Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».
Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia
Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.
Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.
Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.
Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.
El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina
La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.
Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.
La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.
Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)
La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.
Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.
Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.
El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas
El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.
Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.
El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.
Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala
La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.
El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.
En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.
Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.
Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.
Machismo de guardapolvo blanco
Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.
La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.
Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.
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