Análisis
Privatizar el agua: negación de un derecho humano, hacia un nuevo (y viejo) fracaso
Por Foro de Economía y Trabajo.
Por Foro de Economía y Trabajo*
Mientras en el mundo se revisan críticamente las privatizaciones de los años noventa del siglo pasado, particularmente las de la provisión del agua y de los servicios sanitarios, el gobierno de Javier Milei , mediante un nuevo e irregular decreto de necesidad y urgencia, acaba de ratificar su decisión de privatizar la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AYSA), buscando conseguir dólares para sostener un esquema económico insostenible.
Lamentablemente la Argentina ya transitó por ese camino y sus resultados no fueron buenos. Los datos sobre la privatización de Obras Sanitarias de la Nación, realizada el 1° de mayo de 1993, en forma integral, mediante el procedimiento de adjudicar la licitación al consorcio que ofreciera una mayor reducción tarifaria, muestran en forma clara el fracaso de la privatización.
La licitación fue ganada por un consorcio encabezado por la multinacional francesa Lyonnaise des Eaux (Suez) que presentó una oferta predatoria, esto es, que sus números no cerraban para cumplir las exigencias contractuales.
La opción elegida por reducción tarifaria derivó en que la concesión fuera otorgada en forma gratuita, exceptuada del pago de canon, lo cual no tiene justificación económica. Entre los compromisos asumidos figuraba la expansión de los servicios de agua y cloacas con metas precisas de carácter cuantitativo (cantidad de habitantes a incorporar a los servicios) y de carácter geográfico (zonas hacia donde debía expandirse).
¿Qué hizo AASA, la empresa concesionaria? Se expandió hacia las zonas con usuarios de mayor poder adquisitivo (norte del AMBA), los que podían pagar las tarifas, postergando a los habitantes de zonas de bajos ingresos.
En materia tarifaria, se estableció que los precios debían permanecer estables durante los primeros 10 años y después de ese lapso sólo podrían disponerse reducciones en los valores vigentes. Sin embargo, la tarifa de un usuario residencial no medido tuvo un crecimiento entre mayo de 1993 y enero de 2002 del 82 % mientras que la inflación (IPC) en el mismo periodo fue del 7 %. La mayoría de las subas, que incluyeron nuevos cargos, fueron extra contractuales, autorizados por el ente regulador (ETOSS) y por la autoridad de aplicación, comandada por la Ingeniera María J. Alsogaray.
Los incumplimientos contractuales determinaron que la cobertura del servicio de agua potable en el 2003 fuera del 79 % cuando la meta comprometida era del 88% y en el de desagües cloacales se alcanzó un 63 % frente a la previsión del 74% establecida en el contrato.
Tampoco AASA (Aguas Argentinas) cumplió con la construcción de la planta de tratamiento de líquidos cloacales en el municipio de Berazategui. Fue AySA quien después se hizo cargo de la construcción que estuvo terminada en tres años e inaugurada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011.
Los aumentos tarifarios extracontractuales y los incumplimientos de las metas de inversión permitieron la obtención de elevadas tasas de rentabilidad. AASA tuvo una rentabilidad promedio sobre facturación del 13 %, tasa que se eleva a más del 20 % en la relación utilidades/patrimonio neto, muy por encima de los promedios que caracterizan a servicios similares en países desarrollados.
Los incumplimientos contractuales mencionados a lo que se suman desvíos en las metas de calidad, como la presencia de nitratos en varias localidades y la falta de presión en muchas zonas, determinaron la rescisión del contrato y la creación deAySA en 2006.
Un modelo que no cierra
Pero el fracaso privatizador no sólo abarcó el caso de AASA, ya que la privatización de los servicios públicos se había extendido hacia las provincias. Es así como a fines del 2001, casi el 60 % de la población del país era abastecido por empresas privadas. Del total de 15 empresas que fueron privatizadas 11 de ellas fueron re-estatizadas. Además de Aguas Argentinas, son los casos de Tucumán (1998), Buenos Aires (2002, las dos empresas que se habían fusionado en Aguas Bonaerenses S.A.), Formosa (2002), Santa Fe (2006), Catamarca (2008), La Rioja (2010), Mendoza (2010), Salta (2009) y Jujuy (2015).
En la actualidad, sólo quedan cuatro empresas de agua y saneamiento privatizadas: Aguas Cordobesas S. A., que abastece a la ciudad de Córdoba (sólo de agua ya que el servicio de saneamiento está a cargo del gobierno municipal); Aguas de Corrientes S. A., que abastece a la ciudad de Corrientes y otras 13 localidades de la provincia –esta fue la primera privatización del sector, en el año 1991-; Aguas de Santiago S. A., en la Provincia de Santiago del Estero; y Aguas de Misiones S. A. que abastece a las ciudades de Posadas y Garupá, en Misiones. Entre las 4 abastecen a menos de un 10% de la población del país.
EN EL PLANO INTERNACIONAL
La crisis del modelo privatizador y la tendencia a re-estatizar las empresas es un fenómeno que se ha ido extendiendo en el ámbito internacional y que se observa en países y ciudades sumamente dispares. Tanto en países desarrollados, donde el abastecimiento prácticamente se ha universalizado, es decir alcanza casi al 100% de la población, como en regiones periféricas donde aún existen grandes desigualdades en el acceso al agua y aún mayor en el saneamiento, el modelo privatizador y mercantil ha entrado en crisis y los gobiernos optan por volver a un modelo público del agua.
Este proceso comprende diferentes alternativas no sólo la re-estatización, sino también la conversión en empresas de carácter local, porque la provisión del agua tiene esta modalidad, o el establecimiento de empresas de tipo comunitario. Proceso que podríamos definir como un nuevo modelo de gestión pública, que se distancia tanto del modelo privatista como del viejo modelo estatal del siglo pasado.
En el caso de Gran Bretaña, que ha sido emblemática en la privatización de los servicios públicos, cabe resaltar que en Escocia nunca fueron privatizados los servicios de provisión de agua, que en Gales la empresa Aguas Galesas se transformó en una empresa de carácter comunitario, donde los cuestionamientos a los resultados de la privatización fueron un tema central en la campaña electoral para las últimas elecciones.
HACIA NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD Y GESTIÓN
Estos procesos que involucran el retorno activo del Estado en la prestación y gestión de diversos servicios públicos deberían conducir a reflexionar y debatir intensamente, porque la discusión actual va más allá de la propiedad estatal o privada, dado que se trata de afrontar nuevos desafíos y posibilidades de encontrar nuevas formas de gestión que convoquen a los diferentes actores.
Es que estos nuevos y renovados procesos deberían comprenden un cambio fundamental en la concepción de los servicios públicos y particularmente del agua y el saneamiento, pasando de la lógica mercantilista que caracterizó a los programas de privatización hacia servicios de carácter público y su reconocimiento como derecho humano. Y ello involucra:
a) la universalización eficaz del servicio, lo que necesita criterios adecuados para financiar la incorporación de aquellos que aún no están abastecidos y en casos de exploración privada la fijación de tarifas pagables;
b) la calidad del producto, agua segura, tratamiento de los residuos cloacales y prevención estricta de la descarga ilegal de otros desechos contaminantes;
c) organizar a la comunidad en nuevas formas de propiedad y gestión PÚBLICO SOCIAL NO RENTISTA que incluya la participación de usuarios, vecinos, trabajadores, y con estrictas condiciones, proveedores locales, que supere el ineficaz y mezquino esquema de la propiedad participada;
d) justas condiciones laborales;
e) claros y exigentes sistemas de control y de rendición de cuentas;
f) preservación de los acuíferos
El agua es un derecho humano
El agua es un derecho humano, recurso estratégico vital e imprescindible para todas las formas de vida, la salud, el trabajo y la producción, la economía sustentable, y la justicia social. En el contexto actual, de guerra económica por los recursos naturales, formas depredadoras de explotación y comercialización, de cambio climático negativo es fundamental asumir una estrategia para la conservación de los acuíferos, y el acceso asequible al agua a toda nuestra población con intervención social y pública del estado.
EL DECRETO 494/25 y LA PRIVATIZACIÓN de AYSA deben ser anulados.
Es el Congreso de la Nación el que debe legislar en cuanto a los servicios públicos.
*Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, NoemíBrenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, RobertoFeletti, José M. Fumagalli, Américo García, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Pablo Manzanelli, Nicolás Malinovsky, Jorge Marchini, Felisa Miceli, Tomás Raffo, HoracioRovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Coordinación: Eduardo Berrozpe
FORO ECONOMÍA Y TRABAJO. Está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. Sus documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. foroeyt@gmail.com
Análisis
El Papa León a contraluz
“Kicillof entendió el mensaje de León XIV porque ya lo venía practicando en la gestión: defender la educación pública, acompañar a las personas con discapacidad, proteger el trabajo bonaerense y sostener la dignidad frente al egoísmo convertido en doctrina oficial”.
Por Juan Martín “El Vasco” Andrés*
A la historia argentina le gustan las metáforas visuales. Cuando un fenómeno de masas irrumpe en la escena nacional, no solo ilumina el presente, sino que proyecta sombras alargadas sobre quienes pretenden gobernar de espaldas al sufrimiento de su propia gente. El paso del Papa León XIV por la Argentina dejó algo más que postales multitudinarias en Luján, Buenos Aires o Córdoba. Dejó una radiografía moral y política imposible de maquillar en las redes sociales ni con la lógica libertaria del ajuste eterno.
Observado desde quienes militamos el peronismo-ese movimiento que supo traducir la Doctrina Social de la Iglesia en derechos tangibles para los trabajadores-, los discursos del Pontífice funcionaron como un espejo terrible. León XIV no vino a decir vaguedades. Vino a poner el cuerpo donde duele: en el Cottolengo Don Orione de Claypole, frente a las personas con discapacidad que hoy padecen el desamparo estatal; en la cárcel de Villa Devoto, recordando que ninguna deshumanización apaga la dignidad humana; y en la Universidad Católica Argentina, donde habló sin rodeos de tierra, techo y trabajo.
En su recorrido por el dolor y la esperanza, el contraste con el gobierno de Javier Milei resulta obsceno y –sobre todo– insubordinante. Digno de una respuesta popular. Durante cuatro días, la Casa Rosada intentó encajar la visita de León XIV en una postal protocolar y diplomática, despojada de toda densidad social. Sin embargo, cada palabra del Santo Padre desnudó la contradicción insalvable entre el Evangelio de la fraternidad y el dogma del sálvese quien pueda. El oficialismo libertario predica una cruzada individualista que concibe la justicia social como una aberración. León XIV, en cambio, advirtió que la economía debe estar al servicio de las personas y que el progreso de una nación se mide por el cuidado de los más vulnerables.
Mientras el Papa convocaba en Luján a reconstruir la comunidad desde la solidaridad y el encuentro, el modelo vigente en la Argentina insiste en fragmentar el tejido productivo, desfinanciar la ciencia y la universidad pública, mientras somete a millones de familias a una intemperie planificada.
Es hora de comprender, de una vez y para siempre, que la justicia social no es un ornamento retórico ni un elemento decorativo para discursos de ocasión. La justicia social es la esencia misma de todo humanismo auténtico. En nuestra tierra, esa vocación humanista y profundamente cristiana tiene un nombre y una historia: el peronismo.
Cuando Eva Perón afirmaba que “donde existe una necesidad nace un derecho”, no hacía otra cosa que secularizar el mandato evangélico de asistir al prójimo y organizar la comunidad para que nadie quedase afuera. Hoy, frente a la crueldad convertida en política de Estado, recuperar esa bandera es una urgencia histórica. No alcanza con aplaudir las homilías papales. Este momento nos exige convertirlo en voluntad política, en organización popular y, sobre todo, en decisión electoral. Y en ese horizonte emerge con nitidez la figura del gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Mientras el Estado nacional se retira de sus obligaciones más elementales, la provincia de Buenos Aires ha sostenido, contra viento y marea, la presencia estatal allí donde la vida se juega todos los días. Kicillof entendió el mensaje de León XIV porque ya lo venía practicando en la gestión: defender la educación pública, acompañar a las personas con discapacidad, proteger el trabajo bonaerense y sostener la dignidad frente al egoísmo convertido en doctrina oficial.
Las palabras del papa en Luján —“Argentina, levántate y camina”— resuenan como un llamado a despertar del letargo y la resignación. Si queremos que ese modelo popular, solidario y cristiano deje de ser una resistencia defensiva para volver a ser proyecto de Nación, debemos materializarlo en las urnas.
El voto hacia Axel Kicillof representa, en esta encrucijada histórica, mucho más que una opción partidaria. Es la posibilidad concreta de devolverle al Estado su función humanizadora, de volver a unir la economía con la vida digna y de demostrar que el pueblo argentino no nació para ser espectador de su propia decadencia. A contraluz de la visita papal, los dados están echados sobre la mesa: de un lado, el descarte y la soledad del mercado; del otro, la comunidad organizada y la esperanza. Será en las urnas del 2027 dónde se decidirá si la Argentina vuelve a ponerse de pie.
Fuente: Diario El Nuevo Cronista, de Mercedes
* Juan Martín «El Vasco» Andrés es el delegado regional de la CGT Regional Mercedes-Navarro y San Andrés de Giles, además de ser el referente local de AEFIP (Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos) y uno de los mayores referentes del Axelismo y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro), en Mercedes.
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