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Análisis

Ucrania, Argentina y los objetivos de la guerra

El presidente argentino Javier Milei firmó el documento de Suiza, posiblemente por sumisión a los poderosos.

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Por Telma Luzzani

La guerra en Ucrania se ha convertido en una pieza clave en la pugna entre modelos y partidos políticos que atraviesa hoy a Estados Unidos y Europa. El emergente más claro se vislumbra en los actuales procesos electorales estadounidense y francés. Distanciarse de la rusofobia oficialista parecen ser tanto para el republicano Donald Trump como para la ultraderechista Marine Le Pen un activo que los diferencia y que podría llevarlos al triunfo.

El pasado 14 de junio, el ex presidente y otra vez candidato para presidir la Casa Blanca arrojó una bomba en forma de promesa: “Si gano en los comicios de noviembre, voy a detener la guerra en Ucrania. La detendré rápidamente, antes de llegar al Salón Oval (el 20 de enero de 2025)”, aseguró Trump.

Ese mismo viernes que, como se verá más adelante, no era un día cualquiera, el presidente ruso, Vladimir Putin, presentó un nuevo plan de paz “no para congelar el conflicto sino ponerle fin”. Las principales condiciones del Kremlin fueron cinco:

1) Reconocimiento de Crimea, Sebastopol, las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, las provincias de Zaporozhie y Jerson como entidades constituyentes de la Federación Rusa.
2) Retirada de las tropas ucranianas de esos territorios.
3) Renuncia oficial de Ucrania a su adhesión a la OTAN.
4) Cancelación de todas las sanciones occidentales contra Rusia.
5) Neutralidad, no alineación, desmilitarización, desnazificación y desnuclearización de Ucrania.

“Rusia está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones incluso mañana. Sin demora declararemos el cese del fuego”, aseguró Putin. “Si Occidente y Kiev rechazan de nuevo la propuesta de paz rusa, el derramamiento de sangre será responsabilidad suya”.

Obviamente, ni Putin ni Trump eligieron aquel día por casualidad. Ese viernes estaba en plena marcha la reunión del G7 en Italia (había comenzado el jueves 13) con el objetivo explícito de blanquear una mayor “ayuda” a Ucrania. En esa reunión las siete potencias decidieron darle a Kiev un dinero que no era de ellas: le prestarán 50.000 millones de dólares provenientes de los depósitos rusos congelados (a través de las sanciones) que se encuentran, mayormente, en bancos europeos. Con ese dinero se dilatará algunos meses más (¿quizás hasta después de los resultados electorales en EEUU?) la derrota ucraniana.

Otro acontecimiento importante que estaba en la mira de Putin y Trump a la hora de hacer sus declaraciones fue la “Cumbre por la Paz en Ucrania”, realizada el sábado 15, en el exclusivisimo complejo hotelero de Bürgenstock (Suiza), paraíso elegido por estrellas glamorosas como Sophia Loren. Más que la paz, el objetivo de esa cumbre fue aumentar el respaldo a Kiev y el repudio a Moscú, por parte de la “comunidad internacional”, sobre todo la del Sur Global.

Que no fue una reunión de paz quedó en evidencia por, al menos, dos decisiones: 1) no invitar a una de las partes beligerantes: Rusia y 2) Sólo debatir el plan del ucraniano Volodimir Zelensky, ninguneando otras siete opciones de peso como la de Sudáfrica (que cuenta con el apoyo de varios países africanos) o como el proyecto chino-brasileño, además de las propuestas impulsadas por Indonesia, el Vaticano o Arabia Saudita.

El resultado del encuentro fue malo: estuvieron en Suiza apenas 92 de los 160 Estados y organizaciones invitados; hubo ausencias muy significativas como la de China y la declaración final no fue firmada por países de creciente peso geopolítico como Brasil, México, India, Arabia Saudita y Sudáfrica, entre otros. Sí firmaron Chile y Argentina. Uno de los puntos del texto final -“respetar la integridad territorial”- es central para nuestro país ya que es uno de los pilares que sostiene que las Islas Malvinas son argentinas.

La sumisión a los poderosos

Es probable que la firma del documento de Suiza por parte del gobierno de Javier Milei tenga más que ver con su sumisión a los poderosos que con la defensa de la soberanía nacional. Desde que asumió en diciembre pasado, el presidente ha puesto en riesgo la seguridad de todos los argentinos al desconocer la tradición de neutralidad y no injerencia en asuntos de otros países de nuestra política exterior.

La historia pacifista del pueblo argentino permite afirmar que Milei no fue votado para llevar al país a enfrentamientos con potencia militares del calibre de Rusia. Sin embargo, un día antes de la reunión del G7 en Italia, sin cumplir con lo dictado por la Constitución Argentina, el ministro de Defensa de Milei se reunió con el “Grupo de contacto Ramstein” y acordó –a espaldas de la ciudadanía y sin autorización del Congreso- el envío de, por lo menos, cinco aviones Super Etendard a Ucrania.

El Grupo de Contacto Ramstein, creado por la Casa Blanca para suministrar todo tipo de asistencia militar a Kiev, carece de legalidad internacional y no es reconocido por ninguna de las entidades –como la Organización de Naciones Unidas- que conforman la arquitectura legal del planeta y acuerdan las reglas de juego que rigen entre los países.

Este grupo fue pergeñado hace dos años por EEUU para ampliar en forma encubierta a la OTAN y sumar al conflicto europeo, a países de Asia Pacífico, África y América latina. El ingreso de un país a este grupo no es por votación sino por decisión unilateral del Pentágono. Lo conforman 52 países entre ellos aliados históricos de EEUU como Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Túnez y Kenia.

Ramstein es una ciudad alemana donde las Fuerzas Armadas estadounidenses tienen una de sus más poderosas bases de operaciones. Según consta en los documentos del Pentágono, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, EEUU estableció, en Alemania, 287 de las más de mil bases militares que tiene esparcidas por el mundo. El gobierno alemán no tiene autoridad sobre esos espacios. Como se ve (y aunque no se difunde) se trata de un país ocupado. La base militar de Ramstein, por ejemplo, fue utilizada para vuelos de la CIA en sus operaciones encubiertas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El grupo a favor de Ucrania lleva ese nombre porque se conformó en abril del 2022 en la mencionada base.

El ingreso de Argentina a ese grupo provocó la reacción del Kremlin. El embajador ruso en Buenos Aires, Dmitry Feoktistov, advirtió al gobierno de Milei: “Moscú espera que Argentina no interfiera. Transmitimos firmemente que esos pasos tendrán un carácter hostil”. La traducción de la palabra “hostil” es conocida: Argentina puede ser considerada un objetivo militar.

Ucrania divide a Europa

La grieta que enfrenta a los europeos por la adhesión o el rechazo a las estrategias de la OTAN en relación a Rusia y a Ucrania es cada vez más profunda. En Francia (como en EEUU), han pasado a ser, incluso, parte de la propuesta electoral.

En pleno desarrollo de la mencionada “Cumbre por la paz” en Suiza, Marine Le Pen, principal opositora y referente de la ultraderecha francesa, se mostró moderadamente en contra de la corriente y cuestionó que no se hubiera invitado a Rusia a la reunión. “¿Creen realmente que podemos negociar la paz sin hablar con uno de los beligerantes? Quienes creen eso son más una pose que una realidad”, disparó.

Desmarcándose de la rusofobia europea y proponiendo una política diametralmente opuesta a la del actual presidente francés Emmanuel Macron, Le Pen sugirió “hablar con Rusia” para que 1) Ucrania pueda tener una salida digna a una guerra que “evidentemente no puede ganar”; 2) Francia puede desempeñar un papel para “el rápido retorno a una paz duradera” y 3) poner fin también a “la guerra energética que ha sido devastadora para nuestras economías”, es decir, volver a comprar gas ruso. Es conocida la buena sintonía entre Le Pen y Putin. No obstante a medida que crecen las chances de triunfo de su partido, Reagrupación Nacional, Le Pen ha moderado su discurso.

Jordan Bardella (28), presidente del partido lepenista y candidato a ser primer ministro de Francia si la ultraderecha gana en las legislativas del 30 de junio y 7 de julio, también se mostró reacio a fogonear la guerra. “Si asumo como primer ministro no tengo intención de entregar misiles de largo alcance o armas que pueda permitir a Ucrania atacar territorio ruso, algo que podrían conllevar a una escalada del conflicto en Europa oriental”, aseguró a la prensa. ¿Quieren los europeos –como se rumorea- que se reimplante la conscripción militar obligatoria? ¿Quieren que se expanda la guerra y que sus hijos tengan que luchar en el frente?.

Sin dudas, las promesas del jovencísimo candidato Bardella tienen tufillo electoralista. Su fin es oponerse al presidente Macron, quien ha estado haciendo alarde (ante el espanto de sus socios europeos) de querer enviar tropas a Ucrania.

Está claro que los nuevos escenarios políticos que se produzcan en las próximas semanas y meses en Francia y EEUU van a acelerar los cambios que ya están en marcha en la guerra europea. Esas transformaciones y sus consecuencias se sentirán también en América latina. Es muy urgente, por lo tanto, que Argentina se sume al resto de Latinoamérica y retome su tradición pacifista, de neutralidad y no injerencia en asuntos de otros países.

Análisis

El drama de Granja Tres Arroyos: 500 familias sin trabajo y sin cobrar

La empresa avícola cerró su planta en la localidad bonaerense, adeuda sueldos y aguinaldos y pidió un concurso preventivo de acreedores. «Somos un pueblo al que le cayó una bomba», describieron los trabajadores despedidos, que reclaman respuestas que la patronal nunca dio.

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Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.

El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.

«Una bomba en el medio del pueblo»

Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.

La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.

Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».

Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal

Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».

Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.

Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.

Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».

La intendenta y el pedido de los trabajadores

Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.

Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».

La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.

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