Por Yael Bernat.

OIT y Argentina. Los caminos recorridos para su aprobación y sanción.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó el Convenio 190 de la OIT Sobre Violencia y Acoso. Así quedó ratificada por la Argentina dicha norma internacional que en nuestro país tendrá jerarquía superior a las leyes lo que significa que ninguna ley ni convención colectiva de trabajo podrá regular por debajo de esa norma o en detrimento de los derechos que consagra para las trabajadoras y los trabajadores.

No obstante, el convenio entrará recién en vigencia el 25 de junio de 2021, un año después de que le diera media sanción el Senado de la Nación, y de la segunda ratificación realizada por Fiji; dónde el primero que lo ratificó fue Uruguay. Argentina, si no se presenta antes otra ratificación, será recién el tercer país en ratificarlo.

En la OIT participan los Estados con una representación tripartita -gobierno, y los sectores trabajador y empleador-, y todos votan. Así el convenio fue aprobado por 397 votos a favor, 12 votos en contra y 44 abstenciones.

Dentro de éstas últimas se destaca por ser de nuestro interés local, el voto en abstención realizado por la representación patronal argentina a través de Funes de Rioja de la UIA.

Las otras abstenciones también son de diversos sectores empleadores y de los gobiernos de de Brasil, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Kirguistán, Paraguay y Rusia. Los doce votos en contra también provienen del sector empleador. Junto con el Convenio, se aprobó la Recomendación 206 que determina los alcances –y en algunos casos amplía– lo dispuesto en el mismo.

Este convenio llega con una gran resistencia por parte de todos los Estados en su tratamiento, y que finalmente en el año 2019 se logrará su aprobación en la OIT no es más que el resultado de la lucha desplegada trascendentalmente por el incansable movimiento de mujeres trabajadoras y los colectivos LGTBIQ que ha emergido con profunda fuerza en todos los países del mundo en estos últimos años, que pelea contra todas las formas de violencia, opresión y explotación.

Fue este movimiento el que logró romper ese dique de contención impuesto por los gobiernos, las patronales e incluso de las organizaciones sindicales de todos los países del mundo. Es el resultado de la ola verde y los pañuelos violetas, el Ni Una Menos y la lucha por el derecho al aborto legal, y el gran Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2018. Sólo así, y un año después, la OIT sometió a tratamiento el convenio sobre la violencia y acoso en las relaciones de trabajo.

En nuestro país, que dicho convenio haya merecido su aprobación en el Congreso de la Nación, y que sea – muy probablemente – el tercer país en ratificarlo ante la OIT, también es el reflejo de esta lucha en la expresión local de ese gran movimiento de mujeres y diversidades, que además es uno de los más importantes de la región.

La lucha en la Argentina, por su contundencia y masividad, ha sido efectivamente una referencia para las mujeres y diversidades en Latinoamérica y también en otros países del mundo.

Un sistema de protección contra la violencia y el acoso para toda la clase trabajadora.

La aprobación del Convenio es importante en la medida que otorga herramientas que no existen hasta hoy, pero, incluso así, recién en junio del año que viene comenzará a regir. Y no será más que letra muerta sino se lucha por su efectiva aplicación. Con él no se resuelve la agenda sobre este tema y esta problemática del movimiento de mujeres y diversidades, ni de la clase trabajadora.

El convenio es una norma aplicable para todos y todas, no sólo para aquellas situaciones de violencia por razones de género y sexo, las incluye, pero no se limita a ello, es una norma de protección en el ámbito de las relaciones laborales dirigida a todas las trabajadoras y trabajadores.

En su Artículo 1, el instrumento expresa que éste “protege a los trabajadores y a otras personas en el mundo del trabajo, con inclusión de los trabajadores asalariados según se definen en la legislación y la práctica nacionales, así como a las personas que trabajan, cualquiera que sea su situación contractual, las personas en formación, incluidos los pasantes y los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas en busca de empleo y los postulantes a un empleo” y se aplica a todos los sectores (público o privado, de la economía formal e informal, en zonas urbanas o rurales). 

• Se aplica para sancionar la violencia y el acoso durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado del trabajo. 

• Obliga a los Estados a adecuar su normativa interna a lo dispuesto en el convenio, a establecer mecanismos efectivos de prevención, sanción y reparación, y generar políticas públicas destinadas a esos fines.

• Define a la violencia y al acoso como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

Es decir, incluye todos los tipos de violencia y todas sus modalidades, y establece una protección específica para los casos de violencia por razones de género y sexo. No obstante, que se haya aprobado, no implica que su efectiva aplicación no ofrecerá muchas resistencias. Sin lugar a dudas, la del sector empleador que, como se ha evidenciado, manifestó su voto en la OIT en abstención.

Dificultades, oposiciones y resistencias para su efectiva aplicación.

En nuestro sistema jurídico, nunca se sancionó ni se incorporó a la legislación laboral normas específicas que hagan a la prevención, sanción y reparación de la violencia. Nada impedía, desde el punto de vista normativo, la inclusión de este tipo de norma con carácter federal. No estuvo en la agenda de ningún gobierno, sólo existen escasamente algunas regulaciones provinciales que se cuentan con los dedos de una mano. 

Sin ir más lejos, hoy tenemos graves dificultades y resistencias para hacer efectiva en su aplicación a la Ley 26.485 sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres que fue sancionada en el año 2009.

Sus estándares jurídicos no son cumplidos. Más allá de que esta ley dispone una serie de obligaciones especiales para los funcionarios públicos que incluye a todos los poderes del Estado, indicándoles un mandato de actuación en la ejecución de políticas públicas específicas en su Artículo 7.

También determina una serie de principios bajo los cuales se deben realizar los procedimientos administrativos y judiciales de los que hace referencia en su Artículo 16 (deber de garantizar a las mujeres, entre otras cuestiones: recibir protección judicial urgente y preventiva cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados en la ley; la protección de su intimidad, garantizando la confidencialidad de las actuaciones; y recibir un trato humanizado, evitando la revictimización); lo concreto es que hoy la realidad dista ampliamente de lo que indica el mandato normativo.

Por otro lado, en lo que refiere a la protección contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, según el registro de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, sólo existen seis convenios colectivos de trabajo relativos al sector público nacional y alguno provincial que regulan el tema de la violencia y el acoso. 

Otra de las grandes falencias que se dan en el ámbito de las organizaciones sindicales es que, las reivindicaciones del movimiento de mujeres y diversidades no han sido consideradas en las negociaciones colectivas, donde además la participación de mujeres o personas de otros colectivos es escasa o nula.

Es más, las trabajadoras hemos tenido que ver cómo la dirigencia de la CGT se opuso -y se opone- a la lucha por el derecho al aborto seguro legal y gratuito. Lamentablemente, en la previsión presupuestaria 2021, la partida total para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades apenas supera en un 25% en comparación con la proyectada sólo para el programa que otorga beneficios fiscales y créditos para las PYMES dentro del Ministerio de Producción.

En el presupuesto del Ministerio, sólo figura un crédito por $10 millones de pesos para el programa de asistencia a refugios para víctimas de violencia de género. Y esto se da en un contexto en que, producto de la crisis económica, social y sanitaria, la clase trabajadora, y en particular las mujeres y diversidades, han sufrido una segregación y explotación que llegó a niveles inusitados. 

Los derechos se conquistan y se defienden con la lucha.

La sanción del acto de ratificación del Convenio 190 sin dudas es importante, incorpora una gran demanda del movimiento de mujeres y diversidades, y su resultado no es más que la consecuencia de la gran lucha de este movimiento aquí en la Argentina y mundialmente.

Se trata de un instrumento valioso frente a la inexistencia de una normativa nacional específica que haga referencia a toda la clase trabajadora –no sólo ya únicamente en la protección especial brindada por la Ley 26485 a las mujeres–.

Su efectiva aplicación hallará múltiples resistencias por parte de muchos sectores, y una oposición activa de las patronales, por eso, se hará más evidente que nunca, que el derecho que se ha conquistado con la lucha en las calles y en cada lugar de trabajo, deberá ser defendido a través de la continuidad de esa misma lucha.