DDHH
El Presidente envió al Congreso del proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo
A través de un mensaje difundido a través de las redes sociales, el Presidente aseguró que de esa manera cumple con el compromiso asumido durante la campaña electoral.
A través de un mensaje difundido a través de las redes sociales, el Presidente aseguró que de esa manera cumple con el compromiso asumido durante la campaña electoral y al momento de asumir la primera magistratura.
El presidente Alberto Fernández anunció esta tarde que enviará al Congreso dos proyectos de ley que incluyen la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y el Plan de los 1.000 días.
A través de un mensaje difundido a través de las redes sociales, el mandatario aseguró que de esa manera cumple con el compromiso asumido durante la campaña electoral y al momento de asumir la primera magistratura.
El mensaje de Alberto compartido en redes socialeS:
«Querido Pueblo Argentino:
Desde hace mucho tiempo vengo planteando la necesidad de que la palabra empeñada recupere su valor en la política argentina. Esa palabra que empeño es siempre la expresión de mis más firmes convicciones, aquellas que me guían y conducen permanentemente.
A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta Presidencia y al dar inicio a este período parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir.
He enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral.
El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida.
El segundo, instituye el Programa de los Mil Días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida.
Mi convicción, que siempre he expresado públicamente, es que el Estado acompañe a todas las personas gestantes en sus proyectos de maternidad. Pero también estoy convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo.
La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes. Cada año se hospitalizan alrededor de 38.000 mujeres por abortos y desde la recuperación de la democracia murieron más de 3.000 mujeres por esa causa.
La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública.
La legalización del aborto permite además, cómo ocurrió en Ciudad de México y Uruguay, que disminuyan los abortos y las muertes que ellos causan. Brindando cobertura en el sistema de salud también se facilita el acceso a métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no intencionales.
La legalización del aborto no implica una carga extra para el sistema de salud. Los procedimientos validados y que se utilizan con estándares de la OMS, son en su mayoría ambulatorios, no quirúrgicos y farmacológicos.
El debate no es decirle si o no al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino.
Las mujeres más vulnerables y en situación de pobreza son las mayores víctimas de nuestro sistema legal. Ellas deben someterse a prácticas inseguras por no poder costear lo que un aborto implica. Muchas de ellas mueren en el intento o quedan afectadas en su salud por siempre.
Por otra parte, el Programa de los Mil Días busca bajar la mortalidad, malnutrición y desnutrición, además de prevenir la violencia protegiendo los vínculos tempranos, el desarrollo emocional y físico y la salud de manera integral de las personas gestantes y de sus hijos e hijas hasta los 3 años de vida.
Este proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a pagarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
También se extiende el pago de la Asignación Universal por Embarazo (AUE). Hasta la fecha se perciben 6 mensualidades; con este proyecto se extiende a 9 mensualidades, abarcando la totalidad del embarazo.
Finalmente, se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que hasta ahora estaban excluidas de este beneficio.
Se preve asimismo la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y también para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes.
De este modo, buscamos establecer un abordaje especial para la detección oportuna de riesgos durante el embarazo, tal como el caso de presunción de trombofilia. Para estos casos se prevé el acceso gratuito a estudios diagnósticos y un modelo de atención específica.
Aprovechamos también, para crear el Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos. El DNI es una herramienta central para el ejercicio efectivo de derechos.
Finalmente, se proponen políticas prioritarias de genero fundamentales para prevenir y detectar de manera temprana situaciones de violencia de género y violencia sexual o abusos en personas embarazadas, niños, niñas y adolescentes.
Cumplo así con mi compromiso de enviar ambos proyectos de ley para su debate parlamentario siguiendo las reglas constitucionales. Propongo un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático.
Finalmente les pido, como Presidente de todos los argentinos y argentinas, que cuidemos el respeto hacia quien piensa de una manera distinta a la propia. Las diferencias nos hacen una sociedad plural y enriquecen la democracia que tanto esfuerzo nos costó consolidar.
Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda.
Que sea ley.
Muchas gracias».
DDHH
La Corte IDH condenó a la Argentina por la destitución de Moliné O’Connor
La Corte Interamericana declaró que el juicio político de 2003 violó la independencia judicial del exjuez de la Corte Suprema. Ordenó regularizar su pensión y pagar a sus herederos 600.000 dólares por daño material, 25.000 por daño inmaterial y 30.000 por costas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable a la Argentina por violar la independencia judicial al destituir, en 2003, al juez de la Corte Suprema Eduardo José Antonio Moliné O’Connor. La sentencia del caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, dictada en agosto, se notificó este jueves. El tribunal concluyó que el Congreso lo removió con fundamento en el criterio jurídico de decisiones que dictó como juez, por lo que se le atribuyó “mal desempeño”.
En diciembre de 2003, el Senado lo destituyó con 45 votos de 64 en la acusación por dos de los nueve cargos, ambos de la causa “Meller S.A.”, más de los dos tercios exigidos. Moliné O’Connor asumió en la Corte en 1990 y murió en agosto de 2014, a los 76 años, sin que se resolviera el proceso que inició para cuestionar la revocación de su pensión.
Qué declaró el tribunal
La Corte IDH constató que distintas decisiones del juicio político carecieron de la motivación necesaria y que las autoridades que revisaron los recursos de Moliné O’Connor no respondieron a sus agravios. También consideró que la revocación de su pensión vitalicia, dispuesta en 2004, vulneró sus derechos y que el juicio que inició para cuestionarla se prolongó sin justificación por más de una década.
Declaró violadas las garantías judiciales y la protección judicial, los derechos políticos y los derechos a la propiedad privada, al trabajo y a la seguridad social, y reconoció la afectación del proyecto de vida de la víctima. La mayoría de los puntos se votó por unanimidad. La afectación al proyecto de vida se declaró por tres votos a favor y tres parcialmente en contra (los de Ricardo Pérez Manrique, Alberto Borea Odría y Rodrigo Mudrovitsch), y la violación de los derechos al trabajo y a la seguridad social, por cuatro votos contra dos (los de Patricia Pérez Goldberg y Borea Odría). La jueza argentina, Verónica Gómez, no participó del caso.
Reparaciones y cifras
El Estado debe regularizar el régimen de pensión de la Ley 24.018, con efectos desde la muerte del exjuez, en el plazo de un año desde la notificación. Además, debe pagar 600.000 dólares por daño material y 25.000 por daño inmaterial: la mitad a su cónyuge, Susana Rita Almeyra, y la otra mitad, en partes iguales, entre sus cuatro hijos. A los representantes les corresponden 30.000 dólares por costas y gastos. Los pagos tienen el mismo plazo de un año.
Los 600.000 dólares son solo el daño material: de esa suma, 300.000 corresponden a la cónyuge y 75.000 a cada uno de los cuatro hijos. El mismo reparto a mitades se aplica a los 25.000 del daño inmaterial. Los representantes pidieron más de 2,3 millones de dólares en honorarios, además de 60.000 por una pericia contable, y el Estado sostuvo que no documentaron esos gastos; la Corte IDH fijó 30.000 “en equidad”. Allegados al exjuez hablaron de unos 770.000 dólares más la pensión actualizada; la suma de los montos de la sentencia es de 655.000 dólares y la pensión se regulariza por separado.
El Estado también deberá publicar el resumen oficial en el Boletín Oficial y en un medio de circulación nacional, en seis meses, y el texto completo durante un año en los sitios del Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, la ANSES y el Congreso. La Corte IDH supervisará el cumplimiento y dispuso que las autoridades internas interpreten y apliquen el artículo 53 de la Constitución, que regula la acusación en el juicio político, conforme a la Convención Americana y a su jurisprudencia.
El contexto de 2003 y las voces del fallo
El proceso se dio tras un mensaje público del presidente Néstor Kirchner, en junio de 2003, que cuestionó el desempeño de la Corte Suprema e instó al Congreso a separar a uno o varios de sus integrantes. Se apuntaba a la llamada “mayoría automática” de la Corte de la era menemista. Julio Nazareno renunció en junio de 2003; Guillermo López, en octubre de ese año; y Adolfo Vázquez, un año después. Moliné O’Connor fue el primero en llegar al Senado y Antonio Boggiano fue destituido en 2005. En su defensa, Moliné O’Connor planteó que las declaraciones de diputados evidenciaban un plan para desplazar a todos o casi todos los jueces de la Corte.
La sentencia aclara que la única víctima declarada es Moliné O’Connor y que el tribunal limitó su examen al juicio político, la destitución, la revocación de la pensión y las impugnaciones. No cuestiona que el Congreso pueda destituir jueces: en su voto concurrente, el presidente de la Corte IDH, Mudrovitsch, sostuvo que un filtro técnico en la destitución de magistrados de altas cortes “no carece de legitimidad democrática” ni es un “escudo corporativo para los jueces”, y que lo que se impide es que “la divergencia política con sus votos se convierta en una falta”.
Borea Odría, en un voto concurrente y parcialmente disidente, objetó, según el resumen oficial, que se ordenara interpretar el artículo 53 conforme a los estándares de la Corte IDH y que se declarara la violación de los derechos laborales y de seguridad social. Según los análisis publicados, el fallo es un antecedente que podría limitar futuros juicios políticos a jueces de la Corte Suprema por el contenido de sus sentencias.
Lo que tenés que saber:
- La Corte IDH notificó este jueves la sentencia del caso Moliné O’Connor Vs. Argentina, dictada en agosto.
- Declaró que la destitución de 2003, por el contenido de sus fallos, violó la independencia judicial y otros derechos de la Convención Americana.
- El Estado debe regularizar la pensión de la Ley 24.018 y pagar 600.000 dólares por daño material, 25.000 por daño inmaterial y 30.000 por costas, en un año.
- La mitad de las indemnizaciones corresponde a la cónyuge y la otra mitad, en partes iguales, a los cuatro hijos del exjuez.
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