La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.

Cómo empezó la represión

La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.

Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.

La denuncia de infiltrados

Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.

Heridos y detenidos

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.

Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Según la prensa local, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. Luego, la cartera presentó una denuncia penal, que se detalla más abajo.

La denuncia penal: «obturar la actividad legislativa»

Después de la represión, el Gobierno fue a la Justicia. El Ministerio de Seguridad de la Nación denunció penalmente a quienes protagonizaron los hechos violentos en las inmediaciones del Congreso, por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado. Según la cartera, los involucrados actuaron con el rostro cubierto, dañaron bienes públicos y agredieron con objetos contundentes a integrantes de las fuerzas federales, y esos grupos se desprendieron de la columna principal de manifestantes.

La presentación va más allá. Plantea que los hechos ocurrieron mientras el Congreso sesionaba y que habrían tenido como objetivo «inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa» convocada para esa jornada. Pero la sesión especial para tratar el DNU 70/23 ya se había caído: a las 14.31, la Cámara de Diputados informó en sus redes que, «ante la falta de quórum», comenzaban las expresiones en minoría. Los primeros destrozos empezaron pasadas las 15.30, cuando en el recinto ya no había sesión que obturar.

La cartera que conduce Alejandra Monteoliva recopila imágenes para identificar a los responsables. Según una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad, los daños en el mobiliario urbano, las veredas, los canteros y los espacios verdes de la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores alcanzan los 90 millones de pesos.

El Gobierno que reprimió una marcha pacífica de la universidad pública ahora quiere llevar a la Justicia la figura de un atentado contra el orden constitucional.

Varsky: «Fueron a pudrirla»

La denuncia de infiltrados también la planteó el periodista Juan Pablo Varsky. «Hay evidencias con videos muy, muy claros respecto de que hubo infiltrados. ¿Quién los mandó? Esa es una investigación que me parece que corresponde a la Justicia y demanda más de un día para chequear dos o tres fuentes. Pero está claro que hubo infiltrados ayer, que fueron a pudrirla», sostuvo en declaraciones difundidas este viernes.

Según Varsky, el objetivo fue «deslegitimar la marcha». «En mi opinión, fue muy clara la presencia de infiltrados», dijo, aunque aclaró que no sabe quién lo organizó ni a qué agrupación responde. También sostuvo que «las fuerzas de seguridad deben intervenir, sean infiltrados o genuinos, si van a pudrirla». Y cerró: «Quedó claro que la violencia no pasaba por los manifestantes, ni por los rectores, los estudiantes, los docentes ni por la gente que marchó en adhesión».

«La violencia es estatal»

La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.

«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».

«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.

La respuesta oficial

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».

Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».

El documento: «la universidad pública no es el problema»

En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.

También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.

La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.

Lo que tenés que saber:

• La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso, y pasadas las 15.30 las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma.
• La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
• Seguridad denunció penalmente a los autores de los destrozos por atentado al orden constitucional, entre otros delitos, aunque la sesión ya se había caído por falta de quórum.
• Asistentes y el periodista Juan Pablo Varsky denunciaron que hubo infiltrados; la Ciudad estima los daños en 90 millones de pesos.
• La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».