Análisis
Ni militares procesistas, ni chicos de la guerra: soldados de una gesta anticolonial
Por Fernando Cangiano
En medio del estupor que produce el plan antinacional y antipopular de Milei, su vicepresidenta Victoria Villarruel nombró a Nicolás Kasanzew como titular de una ignota repartición denominada ‘Dirección Gesta de Malvinas’ dependiente del Senado de la Nación.
Kasanzew fue una figura célebre durante la guerra de Malvinas por desempeñarse en ATC (Argentina Televisora Color), el canal oficial de la dictadura, como el único corresponsal de guerra en las Islas.
En esa función emitía diariamente información desde el terreno que reproducía la propaganda oficial en clave exitista, superficial y marcadamente cinematográfica. Después de la guerra se convirtió en el símbolo viviente de la distorsión comunicacional de la dictadura.
Pesaron sobre él diversas denuncias penales que se perdieron en el tiempo sin final conocido. Indudablemente Kasanzew fue un blanco predilecto de la acción desmalvinizadora que, por inspiración de la inteligencia británica, se urdió en la posguerra para desarmar militar y espiritualmente al país.
En innumerables ocasiones nos hemos referido a ese relato desmalvinizador, a sus componentes simbólicos, y hemos denunciado el papel estratégico que desempeñó en el despliegue del programa neoliberal durante la posguerra. No volveremos aquí sobre ello.
Nos interesa ahora señalar el significado político que tiene este nombramiento y las contradicciones insuperables que enfrentará el discurso ‘malvinero’ de Kasanzew con la orientación pro-yanqui y pro-inglesa que abiertamente proclama el gobierno de Milei/Villarruel y que está inscripta tanto en los engendros pseudo-legales que lanzó desde que asumieron (Ley Omnibus, DNU) como en las declaraciones de la Canciller Diana Mondino, del propio Milei y de otros funcionarios.
Retrocediendo brevemente en el tiempo podemos decir que Villarruel y Kasanzew hacen pie en una larga tradición histórica de lo que en otros tiempos se denominaba ‘nacionalismo oligárquico’.
Se trata de una vertiente político-ideológica – hoy muy debilitada – cuyos rasgos identitarios consistían en un profundo conservadurismo social, una religiosidad aristocratizante, un macartismo extremo, un fuerte antiirigoyenismo y antiperonismo por las raíces plebeyas de ambos movimientos y un marcado militarismo y repudio a las formas democráticas de gobierno.
Nacieron como respuesta ‘contrarrevolucionaria’ al surgimiento de las primeras organizaciones obreras en el país, fruto de la inmigración europea (anarquismo, sindicalismo, etc). Por encima de sus fanstasías fundacionales y su ideología fascistizante, durante el SXX jugaron el papel de servidores de la oligarquía terrateniente y del imperialismo británico en su odio a los dos grandes movimientos populares, que contribuyeron a derribar en 1930 (Uriburu) y 1955 (Lonardi).
En 1976 participaron activamente en el derrocamiento del gobierno constitucional y en la etapa más oscura de la ‘lucha contra la subversión’ (terrorismo de Estado).
Pero volvamos al presente. Kasanzew se incorpora con ínfulas de protagonista de un supuesto ‘cambio histórico’, de una ‘nueva época’ (así la llama), que supondrá según él la definitiva reivindicación de los soldados combatientes ignorados y discriminados durante 42 años.
Sus fantasías redentoras, en la misma sintonía con las del presidente desquiciado para el que trabajará, son absurdas. Ignoran la enorme actividad que han desarrollado las organizaciones de VGM en cuatro décadas y que se plasmaron en una profusa legislación en los distintos planos de la vida individual y familiar de los ex soldados (salud, vivienda, trabajo, etc).
Kasanzew pone el eje discursivo en donde no debería ponerlo mientras elude lo esencial de la cuestión: el vaciamiento ideológico de la gesta del ´82 entendida como un glorioso episodio en la lucha por la emancipación nacional y por la unidad latinoamericana, ambas divisas fundamentales que evoca la causa Malvinas.
Es obvio que Kasanzew jamás podrá darle esa perspectiva histórica al tema pues en tal caso su participación en calidad de funcionario en el gobierno de Milei/Villarruel, quizás el más cipayo desde el ’83 a la fecha, sería una contradicción en término. Pretende ocultar la estafa política con toda clase de pirotecnias verbales falsamente nacionalistas.
Durante 40 años los VGM hemos convivido tortuosamente con dos miradas, en apariencia antagónicas pero coincidente en lo esencial, para referirse a nuestra identidad de soldados. Una de ellas nos rebajaba a la condición de ‘chicos de la guerra’, empequeñecía nuestro rol en el combate y nos convertía en víctimas no del ejército imperialista inglés sino de los oficiales y suboficiales argentinos que combatían a nuestro lado.
Fue la visión propiciada por los británicos, con una falsa pátina humanista y progresista, para confundir las conciencias populares sobre nuestro verdadero enemigo. La otra mirada fue aquella que esbozaron los Kasanzew y Villarruel (padre), predominante en vastos sectores de las Fuerzas Armadas.
Ponía el énfasis en una heroicidad declamatoria, ampulosa, cinematográfica pero cuidadosamente despojada de cualquier referencia histórica a nuestra condición de país dependiente de las grandes potencias occidentales, que son las que ocupan nuestras Malvinas y son las que convertirán a las islas en una plataforma de la OTAN con el entusiasta aval del gobierno de Milei/Villarruel/Mondino.
Como se advierte fácilmente de lo anterior, el legado de ambas posturas escamoteó el significado histórico de la gesta del ’82 y sirvieron a la tarea desmalvinizadora. La desconectaron de la historia de luchas por la autonomía e integridad territorial y, lo que es fundamental, la congelaron en un pasado cada vez más lejano sin conexión con el presente.
Una verdadera reivindicación del VGM debe partir de resaltar su condición de luchador de una causa justa contra un cruel usurpador colonial que se niega sistemáticamente a reconocer nuestros derechos nacionales sobre el inmenso territorio en disputa.
Sin falsas historias de héroes hollywoodenses ni postales de chicos asustados hundidos en el barro, simplemente afirmando nuestra identidad de jóvenes argentinos que estuvimos a la vanguardia de un pueblo que se puso de pie en 1982 para defender lo que le pertenece. () Fernando Cangiano es Veterano de Malvinas y miembro del Espacio de reflexión La Malvinidad de la Argentina.
Las opiniones expresadas en la presente nota de opinión y/o análisis son las de los autores. No pretenden reflejar las opiniones de El Argentino Diario o de sus integrantes. Las denominaciones empleadas en la misma y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, de parte de El Argentino Diario juicio alguno sobre la información y/o datos y/o valoraciones aquí expuestas.
Análisis
Sin golpe de Estado ni tanques, así se destroza la democracia en el siglo XXI: decretos, lawfare y un Congreso socavado
Un análisis del New York Times advierte que la Corte Suprema de Estados Unidos le arrebata sistemáticamente poder al Congreso, el cuerpo directamente elegido por los ciudadanos. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos: en Argentina, el gobierno de Javier Milei lo lleva al extremo con una fábrica de decretos que intentan legislar por las espaldas del Parlamento. El DNU 70/23, la Ley Bases, el veto a las universidades y los fallos parciales de la Corte argentina configuran un mismo patrón global: el vaciamiento del poder legislativo.
El Congreso fue diseñado para ser el corazón de la democracia representativa: el lugar donde los ciudadanos, a través de sus representantes elegidos, deciden las leyes que organizan la vida en común. Ese principio, fundacional en cualquier república, está siendo erosionado de manera simultánea en dos de las democracias más antiguas de Ámerica, con métodos distintos pero con el mismo resultado: el vaciamiento del poder legislativo en favor del ejecutivo y del poder judicial, dos poderes que nadie vota.
Un análisis publicado esta semana por el New York Times en su sección de investigación plantea que la Corte Suprema de EEUU, liderada por John Roberts, lleva años despojando sistemáticamente de poder al Congreso norteamericano: restringe la capacidad de las agencias reguladoras de implementar leyes, exige estándares imposibles para las políticas de derechos civiles, limita la delegación de poder a los organismos estatales.
El resultado, según el análisis, es una transferencia gradual y silenciosa de poder hacia un tribunal no electo que se mueve más rápido que el Congreso y tiene menos obligaciones en la estructura constitucional.
El espejo argentino: Milei y la fábrica de Decretos
En Argentina, el fenómeno adopta otra forma pero apunta al mismo destino. Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023 y en sus primeros días de gobierno firmó el DNU 70/23, un mega decreto de necesidad y urgencia con más de 300 artículos que desreguló la economía, modificó el régimen laboral y alteró decenas de normas aprobadas por el Congreso, todo ello sin pasar por el Parlamento.
La Constitución argentina establece que los DNU son una herramienta de carácter excepcional, para situaciones de urgencia que impidan el tratamiento legislativo ordinario. Milei los usó como método de gobierno: según datos de Chequeado, en 2025 el libertario dictó 11 DNU, igualando la cantidad de leyes que se promulgaron en el mismo período.
La Confederación General del Trabajo (CGT) obtuvo una medida cautelar que suspendió el capítulo laboral del DNU 70/23. La reforma laboral quedó en suspenso. Pero el resto del decreto siguió vigente, porque la Corte Suprema argentina rechazó sucesivos planteos para obligar al Congreso a tratarlo y declararlo inconstitucional en su totalidad, bajo el argumento de que no había «caso o controversia» suficiente. La Corte falló contra cuatro de los cinco DNU que analizó en los últimos años, pero el DNU de Milei sigue en un limbo jurídico que, en la práctica, lo mantiene vigente.
El veto a las universidades: cuando el ejecutivo dice no al Congreso y a la Justicia
El patrón no se agota en el DNU 70/23. El Congreso argentino aprobó en 2024 una ley de financiamiento universitario que garantizaba recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y disponía actualizaciones salariales para su personal. Milei la vetó. El Congreso ratificó la ley. Milei la ignoró.
En junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obligó al gobierno a cumplir con esa Ley, en un fallo que los rectores universitarios celebraron como el final de un proceso largo y difícil. Según representantes universitarios, las transferencias del gobierno a las universidades nacionales registraron una caída del 45,6% entre 2023 y 2026. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, lo sintetizó en una publicación en X: «Fue un camino largo y difícil. Gracias a una sociedad que nunca renunció a la defensa de la universidad pública.»
El escenario se repite en cada conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso: el gobierno desconoce o veta las leyes que no le gustan, impulsa reformas estructurales mediante decretos que evitan el debate parlamentario, y espera que la Corte tarde años en resolver, como ocurrió con el DNU de Macri sobre el que el máximo tribunal recién se pronunció siete años después de firmado. La lentitud judicial se convierte así en un instrumento político: el decreto funciona mientras la Corte no lo invalida.
Un fenómeno global: del Congreso de papel a la democracia de papel
El paralelo entre el análisis del NYT sobre EEUU y la Era Milei no es casual ni superficial. Responde a una tendencia global que politólogos y constitucionalistas vienen documentando desde hace años bajo el nombre de «retroceso democrático» o «erosión democrática»: la democracia no muere de un golpe, sino que se vacía lentamente, cuando las instituciones formales siguen en pie pero pierden su contenido real. El Congreso existe pero no legisla; la Corte existe pero tarda o esquiva; el presidente gobierna por decreto y el Congreso aprobado por el voto popular queda reducido a un sello.
En EEUU, la Corte Suprema de mayoría conservadora, designada en buena medida por Trump durante su primer mandato, avanzó en años recientes sobre el derecho al aborto (revertiendo Roe v. Wade), sobre la regulación ambiental (limitando la capacidad de la EPA), sobre la autonomía de las agencias independientes (restringiendo el poder de la FTC) y sobre la inmunidad presidencial (otorgándosela a Trump en un fallo sin precedentes en la historia del país). Cada uno de esos fallos recortó el poder del Congreso para regular, proteger y legislar, y lo transfirió a un tribunal no electo cuyos miembros tienen cargos vitalicios.
En Argentina, el proceso tiene su propia especificidad: aquí el vaciamiento lo lidera el Ejecutivo, que gobierna por Decreto y asfixia presupuestariamente todo aquello que el Congreso aprobó, desde las universidades hasta la Línea 144, desde los programas sociales hasta las transferencias a provincias. La Corte oscila entre frenar algunos excesos (universidades, reforma laboral) y dejar pasar otros (el DNU 70/23 en su conjunto). El resultado es una democracia que funciona en sus formas pero pierde sustancia en su contenido.
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