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Asesinaron a su hijo en Palermo y ahora viven bajo las amenazas de allegados del presunto homicida

«El asesino vive a la vuelta de la esquina y se la pasa intentando manejar a los testigos», contó Juan, padre de la víctima.

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Los padres de Martín Sotomayor, el hombre de 40 años que fue asesinado de una puñalada en el cuello al quedar en medio de una pelea en diciembre de 2015 en el barrio porteño de Palermo, aseguraron que el único imputado que en noviembre será juzgado por el crimen está en libertad y suelen cruzarse con él por el barrio, y denunciaron que recibieron reiteradas amenazas provenientes del entorno del acusado.

«Hoy por hoy lo que queremos es que nuestro hijo empiece a descansar en paz. Y la única forma es que haya Justicia. El asesino vive a la vuelta de la esquina y se la pasa intentando manejar a los testigos», contó Juan Martín Sotomayor, quien realizó la entrevista junto a su esposa, Cristina Berto Méndez.

Juan Martín y Cristina son los padres de Martín Sotomayor (40), quien fue asesinado en la madrugada del 7 de diciembre en un confuso episodio en el que quedó en medio de una riña entre dos grupos de vecinos del barrio de Palermo y cuyo juicio comenzará el próximo 19 de noviembre, según indicaron fuentes judiciales a esta agencia.

El asesinato de Martín tuvo lugar luego de que la familia Sotomayor se había reunido para compartir un asado en una casa ubicada en la calle Carranza al 1200, en el mencionado barrio de la ciudad de Buenos Aires, con el motivo de celebrar una serie de cumpleaños que habían acontecido dentro del grupo familiar.

Luego de la cena, pasadas las 2 de la mañana, dos de los cuatro hijos de Juan Martín y Cristina, Gastón y Sergio, salieron a cargar nafta a una estación de servicio cercana.

Sin embargo, cuando regresaron, se encontraron con un grupo de jóvenes que se estaban peleando en la puerta de su vivienda y comenzaron a ser atacados al ser confundidos como parte de la disputa.

Ante esa situación, Martín (40), el hermano mayor de ambos, salió del domicilio para asistir a sus hermanos mientras eran golpeados y, en medio de la reyerta, el hombre de 40 años recibió una puñalada en el cuello.

«Cuando salgo a la calle para ver qué había pasado, veo la camioneta de los chicos a través del ventiluz. Los quisieron golpear a ellos y a mí. Mi hijo Martín estaba adentro, en el baño. Al escuchar todo, fue a ver qué pasaba para meter de nuevo a la casa a sus hermanos. Lo veo agarrándose el cuello con sangre. Lo busco, se me cae y veo que le habían dado una puñalada. Realmente es algo para lo que todavía no tenemos una explicación lógica «, resumió el papá de la víctima.

Como consecuencia de esa herida de arma blanca, Martín tuvo que ser trasladado de urgencia al Sanatorio Los Arcos, donde falleció cuatro días después producto de la gravedad de sus lesiones.

«Mis hijos trataron de hablar con los vecinos para que se presenten a declarar. La policía no hizo su trabajo. Detuvo a los participantes de la riña, pero después los dejó ir. Sabemos cómo empezó la pelea pero no cómo terminó», indicó el papá de Martín Sotomayor.

Al respecto, Juan Martín hizo hincapié en las cámaras de seguridad que captaron el hecho, sobre las cuales señaló que «es evidente que uno de los chicos que participaba de la pelea salió de una casa con algo oculto entre sus brazos».

«Un minuto después, se ve que vuelve corriendo a su casa con ese mismo bulto. Fue justo cuando mi hijo apareció apuñalado. Hubo testigos que lo vieron con cuchillos», expresó convencido el hombre.

En la investigación intervino la fiscal de instrucción Marcela Sánchez, quien imputó por el «homicidio en riña» a Hugo Guillermo Fabián Manqueo, tras identificarlo como el supuesto agresor de Sotomayor.

A su vez, la representante del Ministerio Público estableció las identidades de otros seis jóvenes entre 21 y 25 años que habían participado de la pelea y que escaparon del lugar en un auto Volvo 350 negro.

Unas semanas después al asesinato del hombre de 40 años, la investigación cambió su calificación a «homicidio simple» -que contempla entre 8 y 25 años de prisión según el Código Penal-, aunque que se estableció que Manqueo espere el debate en libertad, el cual comenzará el próximo 19 de noviembre y estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 10 porteño, presidido por el Alejandro Noceti Achával.

Sobre este punto, el abogado de la familia Sotomayor, Augusto Nino Arena, se manifestó en contra de que Manqueo se encuentre en libertad ya que en la causa «hay claros falsos testimonios y testigos amedrentados».

«Hay un montón de condimentos que hacen imposible que el imputado llegue en libertad a este juicio», opinó el representante legal de los familiares de la víctima.

Al respecto, Cristina, mamá de la víctima, confirmó que la familia recibió sucesivas intimidaciones, mientras que afirmó tener «miedo» ya que Manqueo vive a metros de su casa.

«Se recibieron amenazas. Tiraban papeles diciendo que la ‘cortáramos’ porque íbamos a ver las consecuencias. Le mandaban a mi esposo mensajes como emojis de cuchillos. Mis hijos tuvieron que poner un alambrado por las amenazas. Estamos preocupados. Yo ya perdí un hijo y no quiero perder a ninguno más», aseguró Berto Méndez.

En ese sentido, la mujer continuó: «Nos vivimos cruzando con él. Mis hijos lo ven constantemente. Imaginate lo que es verlo ahí: siempre es bronca, odio e ira. Nos duele porque se robó la vida de nuestro hijo y lo vemos paseando como si nada. Te lo cruzás en el supermercado».

Además, la mamá de Martín hizo mención a una mujer que fue testigo y cambió su declaración ante las autoridades judiciales: «Hay una chica que declaró haber visto el hecho, pero tiempo después cambió su declaración y dijo no haber visto nada. No sé cómo la habrán amenazado, esa es una testigo clave que tendrá que decir la verdad de una vez durante el juicio».

Por otro lado, Cristina contó que la muerte de Martín «destruyó» a la familia y que trajo graves problemas de salud para ella, su esposo y sus hijos.

«Mi esposo tuvo un problema de salud muy grave. La enfermedad innombrable. Yo tuve una contractura nerviosa. Me quedé sin movimiento en los brazos, no podía ponerme derecha. Mi hijo Sergio estuvo muy mal de ánimo. Él era carne y uña con su hermano, eran inseparables. Tratamos de sacarla adelante. Luchamos y la peleamos», cerró.

Finalmente, Cristina recordó con nostalgia a su hijo: «Martín era el mayor. Era la mano derecha de la familia, el compinche de sus hermanos, el amigo de su papá, el compañero de su mamá. Era el guía de los hermanos. Sus hermanos confiaban mucho en él. Él era todo y se perdió».

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Macri criminalizó las amenazas escolares mientras el país busca solución a una crisis sin precedentes

El jefe de Gobierno porteño calificó las amenazas de tiroteos en escuelas como un delito y anunció medidas con sus ministros y el fiscal general de la Ciudad. El disparador de la crisis fue el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.

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El Argentino Diario-Jorge Macri.

Macri calificó las amenazas en escuelas como delito en medio de una crisis de violencia sin precedentes

★ El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, convocó este martes a una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo porteño, en la calle Uspallata 3160, para trazar un diagnóstico oficial sobre la ola de amenazas de tiroteos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.

Flanqueado por sus ministros y el fiscal general porteño, Macri fue categórico: «No es una broma pesada, es un delito». La declaración llegó en medio de una crisis de violencia escolar que sacude a todo el país desde el trágico tiroteo en San Cristóbal, Santa Fe, ocurrido el 30 de marzo pasado.

El punto de partida: San Cristóbal y el efecto dominó

La crisis tiene un origen concreto y devastador. Ese 30 de marzo un adolescente de 15 años, identificado por la justicia santafesina con las siglas G.C., ingresó a la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal con una escopeta calibre 12/70 oculta en su mochila y abrió fuego. Ian Cabrera, de 13 años, murió. Otros ocho estudiantes resultaron heridos. Un portero del establecimiento evitó una masacre aún mayor al desarmar al agresor.

Lo que siguió no fue una crisis aislada sino una ola. En días posteriores, cientos de escuelas en al menos doce provincias, que incluyen la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y Tierra del Fuego, recibieron mensajes intimidatorios con una frase que se repetía casi con calcomanía: «Mañana tiroteo. No vengan». El Departamento Judicial de San Isidro llegó a recibir entre 500 y 600 denuncias en apenas 72 horas.

La subcultura detrás de las amenazas

La investigación judicial en San Cristóbal reveló una dimensión que excede el fenómeno viral. La Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT) detectó a abril de 2026 la existencia de al menos 7 expedientes judiciales en Argentina vinculados a episodios con características similares, todos relacionados con la llamada True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que idealiza y promueve masacres escolares. En los dispositivos confiscados a adolescentes detenidos por las amenazas se encontraron grupos de mensajería en los que se compartían imágenes y conversaciones de extrema violencia.

El propio jefe de Gobierno porteño reconoció que «muchas de estas situaciones nacen de tendencias en redes sociales» y convocó al diálogo familiar como primera línea de respuesta. La frase, aunque correcta en su diagnóstico, expuso la fragilidad institucional frente a un fenómeno que desborda los marcos tradicionales de intervención escolar y policial.

Operativos en todo el país: mochilas, allanamientos y conferencias

La respuesta de las distintas jurisdicciones fue heterogénea. En Puerto Madryn se realizaron allanamientos contra dos menores de 16 años imputados por intimidaciones; en Salta se revisaron más de 400 mochilas en un solo colegio; en Tucumán se intensificó la presencia policial en las puertas de los establecimientos; en Corrientes, varios colegios recibieron a sus alumnos sin mochila para agilizar los ingresos; y en Misiones, el Ministerio de Educación provincial lanzó materiales específicos dirigidos a familias y equipos directivos para fortalecer la detección temprana de situaciones de riesgo.

En la Ciudad de Buenos Aires, la central docente UTE emitió un comunicado en el que advirtió que las amenazas «constituyen una señal de alarma que debe interpelarnos como sociedad» y subrayó que «la escuela sola no puede» hacer frente a esta problemática. El texto reclamó al Estado una intervención urgente y estructural.

La paradoja de la respuesta institucional

La paradoja de fondo es que las instituciones no pueden ignorar las amenazas, pero cada reacción visible le confirma al imitador que su acción tuvo efecto. Alcanza con que sea creíble para activar las alarmas. Un mensaje de WhatsApp puede suspender clases, movilizar a las fuerzas de Seguridad y alterar la vida de cientos de estudiantes y escuelas.

En ese sentido, la conferencia de Jorge Macri, aunque pertinente en su encuadre jurídico, fue también parte de ese mecanismo de amplificación. La declaración de que se trata de un delito, respaldada por la presencia del fiscal general porteño, señaló una orientación punitiva que no responde por sí sola a las causas estructurales: la crisis de contención en las aulas, la fragmentación del tejido social en un contexto de ajuste brutal sobre el sistema educativo público y la expansión sin control de comunidades digitales radicalizadas entre adolescentes vulnerables.

Puntos clave:

  • El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó las amenazas de tiroteos en escuelas como un delito y anunció medidas con sus ministros y el fiscal general de la Ciudad.
  • El disparador de la crisis fue el tiroteo del 30 de marzo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, donde murió el estudiante Ian Cabrera, de 13 años.
  • Las amenazas se extendieron a cientos de establecimientos en al menos 12 provincias argentinas, con una frase casi idéntica: «Mañana tiroteo. No vengan».
  • La justicia santafesina y la SAIT vincularon el fenómeno con la True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares.
  • Los operativos incluyeron allanamientos, revisión de mochilas y refuerzo policial en múltiples jurisdicciones, con al menos una decena de adolescentes imputados a nivel nacional.

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