CABA
Juicio por ciclista atropellada en Palermo: el automovilista consumió drogas y alcohol
«Le pregunté a Olaya qué había pasado y me dijo que se había dormido», dijo la mujer que acompañaba al conductor.
Las acompañantes del automovilista que atropelló y mató a una mujer de 62 años e hirió a otros ciclistas en el barrio porteño de Palermo en 2022 confirmaron que el acusado había consumido drogas y alcohol y que les dijo que se quedó «dormido» al momento del siniestro, en tanto la pareja de la víctima dijo que espera la «máxima» sentencia contra el responsable para que la muerte de Marcela Bimonte «no sea en vano».
Al declarar en la segunda audiencia del juicio contra José Carlos Olaya González que lleva adelante el Tribunal Oral Criminal Número 25 de la Ciudad de Buenos Aires, Priscila Ávalos, de 22 años, dijo que había concurrido a un boliche del barrio de San Telmo con una conocida, Camila González, y que allí habían consumido alcohol y marihuana con Olaya -a quien dijo conocer de oportunidades anteriores- y se quedaron en el local aproximadamente hasta las 6.
«Nos fuimos a desayunar a una estación de servicio para despertarnos un poco. Tomamos café y agua y estábamos tranquilos, estuvimos unos 40 minutos. Decidimos ir a una pileta en Parque Norte», declaró la joven y agregó: «Estábamos muy cansados, creo que el alcohol ya nos había bajado. Avanzábamos bastante rápido, les dije que nos vayamos, que estábamos cansados».
Ante el tribunal, dijo que ella se dispuso a dormir en la parte trasera del auto, se puso el cinturón, y que lo próximo que recordaba era «cuando ya chocamos. Olaya y Camila no reaccionaban» e indicó: «Le pregunté a Olaya qué había pasado y me dijo que se había dormido».
También relató que Olaya se acercó a «la mujer que murió» y que le preguntó «si iba a vivir o morir», tras lo cual el conductor acusado «buscó sus pertenencias en el auto, y después empezamos a escuchar que le gritaban que no se vaya, pero no lo vimos cuando se fue».
«No pensé que podía ir. Estaba enojada porque nos dejó ahí», agregó.
En similar sentido declaró Camila González, quien iba en el lugar de acompañante en el vehículo de Olaya, con quien estaba «estrechando un vínculo» desde tiempo atrás.
«Sentí que fue como un samba, que al auto se dio vuelta, yo me imaginé que habíamos chocado solamente con los postes de publicidad, pero cuando salgo (del auto) toda la gente se me viene encima y me di cuenta de lo que había pasado», contó la joven, quien también admitió recordar que Olaya, a los minutos del siniestro, «se fue con otro vehículo que estaba enfrente».
«Cuando ya habíamos chocado, la gente nos gritaba que no nos vayamos y él les dijo ‘no me voy a ir, me voy a hacer cargo’. Me decepcioné no solo de que nos dejó ahí sino de que no ayudó a nadie», dijo González, quien aseguró haber visitado a Olaya durante su detención y habló en ocasiones por teléfono.
Ante las preguntas de la querella y el fiscal aseguró que «no recordaba» lo que el imputado pudo manifestarle en estas interacciones.
Previamente, Luis Ceccato, pareja de Marcela Bimonte, dijo que confiaba que «la sentencia va a ser la justa, la máxima» y remarcó: «Mi única expectativa es que su muerte no sea en vano. Que despierte conciencias de otro modo de vida posibles.
La mañana del 2 de enero de 2022 Bimonte conducía en bicicleta por la avenida Figueroa Alcorta 5300 junto con un grupo de ciclistas -incluida su pareja- cuando fueron embestidos por el Ford Focus conducido por Olaya González (33 años) que, de acuerdo con las pericias y los testigos, manejaba bajo el efecto de estupefacientes y abandonó el lugar en una camioneta junto a tres conocidos, con quienes fue detenido horas después en el partido bonaerense de Avellaneda.
Ceccato relató que esa mañana «estábamos inaugurando las actividades del grupo de ciclismo que creamos con Marcela», en una jornada «con sol espléndido», y que circulaban junto a «un pelotón de 30 o 40 personas» por los Lagos de Palermo cuando «de repente apareció un auto a toda velocidad de frente, que impactó y derrumbó un cartel de cemento que había», que le cortó y fracturó el brazo a él mismo.
«(El impacto con el cartel) desvió al auto y atropelló a Marcela y otros ciclistas que circulaban por la bicisenda», agregó el hombre y aclaró: «No puedo precisar la velocidad, pero el auto se nos vino encima como un rayo».
Mientras asistía a su pareja que permanecía tendida en el suelo, Ceccato alcanzó a divisar al conductor (Olaya González) mientras huía.
«Se fueron, desaparecieron, nadie se acercó a asistirnos», apuntó mientras los imputados escuchaban su relato a un lado de la sala.
«Siempre decían que (con Marcela) no éramos una pareja, que éramos un equipo. Perdí a ese equipo», lamentó Ceccato, y recordó la disposición «esencialmente para asistir a otros seres» de su pareja, quien «era querida por todos».
Por el hecho, recae contra Olaya González la imputación por «homicidio simple con dolo eventual, en concurso ideal con lesiones graves dolosas con dolo eventual, lo que podría representar una condena de 8 a 25 años de cárcel», según dijo a Télam el abogado de la familia de Bimonte, Gabriel Becker.
Asimismo, hay una imputación subsidiaria por «homicidio culposo agravado por el consumo de estupefacientes, por el abandono de las víctimas y por culpa temeraria por cómo manejaba, en este caso la condena podría ser de entre 3 y 6 años de cárcel».
«Olaya González espera el juicio detenido desde hace dos años por riesgo de fuga; en tanto, Fernando Escobar, Patricio Valiente y Lucio Valiente enfrentan imputaciones por encubrimiento agravado que podrían llevar a condenas de hasta 6 años de cárcel», agregó el letrado.
El pasado martes, los cuatro imputados se negaron a declarar durante la primera audiencia del juicio.
Durante la jornada de hoy, prestaron declaración otros tres ciclistas que resultaron con heridas leves y graves y los peritos de la Policía de la Ciudad que intervinieron en la investigación, quienes confirmaron que, luego del siniestro, el imputado escapó del lugar sin asistir a las víctimas.
El próximo martes 27 declararán otros dos testigos y se prevé que el proceso judicial finalice el 7 de marzo.
CABA
Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once
Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.
Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once
★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.
Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.
Una organización que nació de la resistencia
La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.





«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.
El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».
El patrón: más fuerza, menos derechos
El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.
Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.
Una «Ley Beatriz» que nunca llegó
El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.
El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.
Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?
Puntos clave
- Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
- La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
- El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
- El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
- La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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