Chaco
Emerenciano Sena y Marcela Acuña procesados por trata de personas
Son acusados de explotación laboral en Chaco.
La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, procesó hoy sin prisión preventiva a los dirigentes piqueteros Emerenciano Sena, Marcela Acuña y Osmar «Quitín» Gómez por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral en Chaco.
Además, la magistrada ordenó trabar embargos contra los tres imputados y, por lo tanto, cada uno deberá responder por la cifra de 31.000.000 de pesos.
Los imputados están actualmente detenidos por otros delitos cuya investigación está bajo la órbita provincial.
Sena y Acuña están acusados de ser coautores del homicidio de Cecilia Strzyzowski, en cambio Gómez debe responder por abuso sexual.
Este procesamiento federal decidido hoy está relacionado con una causa que comenzó hace varios años por el manejo que tuvieron los tres dirigentes con los trabajadores de lo que fue el Programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, que en su momento fue comandado por Sergio Schoklender, uno de los denunciantes de esta causa.
Los hechos cometidos por los tres acusados ocurrieron en el predio de lo que es hoy el barrio Emerenciano, que cobró notoriedad con el caso Cecilia Strzyzowski.
Para la jueza, tras analizar las pruebas que obran en el expediente, los tres deben responder por «trata de personas con fines de explotación laboral mediando engaño, violencia, amenazas y abuso de una situación de vulnerabilidad, calificado por haber sido cometido por tres o más personas y por el número de víctimas».
En los testimonios se puede inferir que la forma de consumar la explotación habría sido a través de extensas jornadas laborales de hasta 16 horas y una quita de porcentaje de la remuneración percibida.
Para las víctimas, por el momento un total de 31, todo empeoró cuando los dirigentes piqueteros pasaron a manejar el programa.
En el fallo se puede leer que «debe repararse que si bien Sena y Acuña surgen registrados como trabajadores, al igual que las víctimas, lo cierto es que claramente su estatus era superior al del resto de los trabajadores e inclusive de la parte empleadora, ya que a partir de que tomaron el obrador, no sólo lograron desplazar al empleador sino que se quedaron a cargo del predio y continuaron con la edificación del lugar, que pasó a denominarse barrio Emerenciano».
«No puede soslayarse que, al no surgir que la situación referenciada fuera revertida por alguna autoridad, sino que aparece como consentida y normalizada, seguramente contribuyó a fortalecer la posición jerárquica/autoritaria asumida por los imputados y permitió que continuaran desplegando impunemente su accionar delictual conforme las conductas descriptas a lo largo del presente», se indicó.
Otro detalle que se puede observar en el procesamiento dictado es que consta que la Uocra, un sindicato que forma parte de la CGT y que cuenta con una gran estructura, aseguró que no pudo hacer una constatación porque «el personal de seguridad del portón del obrador no les permitió el ingreso, argumentando que la obra pertenecía al movimiento social MTD Emerenciano y que el manejo de la misma dependía de dicho movimiento».
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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