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Kaleb Di Masi hizo un acuerdo por 3 años de prisión en suspenso

El joven recuperó la libertad y deberá respetar reglas de conducta además de tener suspendida su licencia de conducir.

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El cantante de trap Kaleb Di Masi aceptó esta tarde ser condenado a tres años de prisión en suspenso por haber chocado el lunes pasado con una motocicleta, darse a la fuga y, a los pocos metros, impactar nuevamente con un automóvil en el que viajaba un hombre con su familia, en el barrio porteño de Villa Urquiza, informaron fuentes judiciales.

A partir de este acuerdo de avenimiento -que funciona como un juicio abreviado pero en una instancia previa del proceso-, Caleb Nahuel Di Masi, nombre original del joven de 23 años, recuperó la libertad, aunque deberá cumplir con una serie de reglas de conductas.

Según las fuentes, la condena se acordó en una audiencia del propio imputado ante el fiscal José Guerrero, en la sede de la Unidad Fiscal Norte Área Flagrancia, ubicada en la avenida Cabildo 3067 del barrio de Núñez.

El músico, defendido por el abogado particular Roberto Castillo, aceptó recibir una pena de tres años de prisión en suspenso, inhabilitación para conducir cualquier vehículo automotor por cuatro años y el decomiso de su Audi TT.

A su vez, se le impusieron reglas de conducta que implican la realización de trabajos comunitarios, cursos de responsabilidad vial y de uso indebido de estupefacientes.

Las fuentes señalaron que la querella que representa a la familia que viajaba en el Toyota Etios colisionado por el trapero no pusieron reparos en el acuerdo, que ahora deberá ser homologado por un juez.

La condena es por las lesiones culposas ocasionadas por conducción imprudente de un vehículo automotor, de carácter grave y leve en perjuicio del padre e hijo que iban en el Etios, y las lesiones culposas de carácter leve respecto del conductor de la moto, encontrándose, además, bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

A su vez, estos hechos concurren de manera real con el delito de abandono de persona en perjuicio del motociclista.Todo ocurrió el lunes pasado por la noche, cuando Di Masi viajaba junto a dos amigos de 18 y 19 años y al llegar al cruce de Núñez y Ceretti, el Audi TT que manejaba embistió una moto, cuyo conductor quedó herido, tras lo cual el músico aceleró y escapó a alta velocidad.

Pero a 200 metros, en la esquina de Núñez y Altolaguirre, Di Masi volvió a protagonizar otro choque, esta vez contra un Toyota Etios en el que iban hombre con su esposa y dos chicos, detallaron los informantes.Rápidamente se hicieron presentes médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y Bomberos de la Ciudad, ya que el conductor del Toyota había quedado atrapado en el interior de su vehículo tras el impacto.

Finalmente, el hombre de 43 años y uno de sus hijos, de 10 años, fueron trasladados a los hospitales Zubizarreta y Pirovano, respectivamente, con politraumatismos, pero sin riesgo de vida, añadieron las fuentes.

En tanto, el conductor de la motocicleta también fue asistido por una ambulancia, pero no registró heridas de consideración, indicaron las fuentes.En el interior del vehículo que conducía el cantante Kaleb Di Masi, tal como se presenta en sus redes sociales, los efectivos de la Comisaría Vecinal 12C de la Policía de la Ciudad hallaron dos cigarrillos de una sustancia que es presumiblemente marihuana, dos pastillas y un envoltorio que contendría clorohidrato de cocaína.

Mientras que al trapero se le realizó el narcotest, que le dio positivo en consumo de marihuana y negativo en alcohol, añadieron los voceros.Los pesquisas indicaron que el Audi TT está registrado a nombre de otra persona y que el cantante no tenía registro de conducir ni la documentación del vehículo.

En ese sentido, las fuentes precisaron que el músico tenía el registro de conducir vencido desde 2021.Por su parte, la ANSV dispuso la inhabilitación para conducir a Di Masi, al considerar que las acciones que realizó fueron un «combo de violencia al volante».

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Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo

La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.

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Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares

La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.

En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.

Criminalizar la infancia, una respuesta ligera

Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?

  • Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
  • Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
  • Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.

El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.

El fantasma de las redes y la coartada perfecta

La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.

En la Ciudad, docentes vienen denunciando:

  • Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
  • Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
  • Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.

Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.

Protocolos sin comunidad

El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.

Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.

Lo que no se dice

Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:

  • ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
  • ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
  • ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?

La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.

Entre el control y el abandono

El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.

En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.

La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?

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