CABA
Cronología del crimen de Lucas por la policía de CABA
Lucas González tenía 17 años. Era jugador de la inferiores de Barracas Central. Fue asesinado por la Policía de la Ciudad.
Lucas González (17), jugador de la inferiores del club Barracas Central, fue asesinado la mañana del 17 de noviembre de 2021 en ese barrio porteño y, en los días posteriores, comenzaron a ser detenidos los efectivos de la Policía de la Ciudad que ahora son sometidos a juicio, tres por homicidio y otros 11 por encubrimiento.
La siguiente es una cronología de los sucesos mas relevantes del caso:
17/11/2021
-9hs. Lucas González y sus amigos Joaquín Zúñiga (19) y Julián Salas (19) junto al compañero de entrenamiento, Niven Huanca (19), salen del club Barracas Central para volver a sus casas a bordo del Volkswagen Suran de uno de ellos.
-9.37. Los jóvenes se detienen frente a un kiosco ubicado en la esquina de Luna e Iriarte. Lucas, que iba en el asiento del acompañante, desciende de vehículo y se dirige a comprar un jugo. Julián queda al volante, mientras que Joaquín permanece sentado detrás de él con Niven a su lado.
-9.40. El auto Nissan Tiida de la Brigada 6 de la Comuna 4 en el que se desplazaban los efectivos de la Policía de la Ciudad Gabriel Alejandro Isassi, Juan José López y Fabián Andrés Nieva iba en dirección contraria al Volkswagen, dobla en U y comienza a seguir al auto de los jóvenes hasta sobrepasarlo y luego interceptarlo.
Julián, el conductor, al creer que se trata de un robo -ya que el Nissan no contaba con ninguna identificación policial-, acelera y choca la puerta del conductor del Tiida en el cruce de Iriarte y Vélez Sarsfield.
Los policías disparan sus armas y Lucas recibe dos impactos, uno de ellos en la cabeza.
-9.42. El policías Isassi realiza una modulación radial en la que dice: «Enfrentamiento armado. Vélez Sarsfield e Iriarte, y Vélez Sarsfield, por favor, se nos fue, se nos fue vehículo Suran color azul, cuatro masculinos armados».
El Suran con los adolescentes a bordo dobla por la calle Luzuriaga. Joaquín y Niven bajan del auto y comienzan a correr. Julián frena el rodado en Alvarado y Perdriel, a unos 500 metros del hecho.
La policía apresa a Julián y Joaquín, mientras Lucas queda agonizando en el interior del auto.
-Entre el momento del hecho y las 19.40 llegan a la escena del hecho numerosos miembros de la Policía de la Ciudad, muchos de ellos imputados ahora de encubrimiento. Además despliegan sus tareas los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) asignados para la investigación por orden judicial.
-16hs. Niven, quien había huido del lugar, se presenta en la Comisaría Vecinal 4D junto a su madre y es trasladado al lugar donde están detenidos los demás chicos. Todos permanecen esposados cerca de siete horas y luego son llevados al Instituto Inchausti, donde pasan la noche en calidad de detenidos hasta que son liberados a la mañana siguiente.
18/11. Lucas es trasladado desde Hospital Penna al hospital El Cruce de Florencio Varela, donde muere producto de las heridas de bala.
20/11. Son detenidos Isassi, López y Nieva a pedido del fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella y por orden del juez Martín Carlos Del Viso.
Isassi y Nieva admiten haber disparado contra el Volkswagen Suran.
27/11. Son apresados el comisario Juan Horacio Romero y el subcomisario Roberto Orlando Inca, a cargo de la División Sumarios y Brigadas de la Comisaría Comunal 4; el comisario Fabián Alberto Du Santos, de la Comisaría Vecinal 4D, el principal Héctor Claudio Cuevas y la oficial Lorena Fariña -quien luego recibe la falta de mérito-, ambos de esa misma dependencia.
29/11. Se entrega la oficial Lorena Miño, de la Comisaria Vecinal 4D, quien luego queda libre por falta de mérito.
7/12. Se lleva adelante la reconstrucción del crimen de Lucas, de la que participan más de 100 efectivos de la PFA y los amigos de Lucas, Joaquín y Julián.
19/12. Son detenidos el subcomisario de la Comuna 4 Ramón Jesús Chocobar, y los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, todos de la Comisaría Vecinal 4D.
26/12. Ordenan la inmediata detención del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4, Daniel Santana, y del comisario de la Comuna Vecinal 4, Rodolfo Ozán.
27/5/2022. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7, a cargo de la jueza Paula González, eleva la causa a juicio oral con 14 policías de la Ciudad imputados, tres por el crimen de Lucas y las tentativas de homicidio de sus amigos, y 11 por el encubrimiento del hecho y las torturas cometidas contra los sobrevivientes.
16/11/2022. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 fija fecha del inicio del debate para el 16 de marzo de 2023.
16/03/2023. Comienza el juicio oral en la sala principal AMIA de los tribunales federales de la calle Comodoro Py 2002, de Retiro.
11/07/2023. Tras 18 audiencias en cuatro meses de debate, y el testimonio de más de 50 testigos, se dará a conocer el veredicto por el crimen de Lucas.
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CABA
Amenazas en escuelas: la Ciudad responde con mano dura y esquiva el debate de fondo
La ministra Mercedes Miguel reconoció que los chicos “no tienen dimensión”, pero el Gobierno refuerza medidas punitivas en lugar de invertir en prevención y acompañamiento.
Entre el pánico y la respuesta punitiva: la Ciudad endurece el discurso ante amenazas escolares
La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, buscó instalar una definición tajante frente a la ola de amenazas de tiroteos en escuelas: “no es una broma, es un delito”. La frase, repetida como mantra, marca el tono de un Gobierno que, ante un fenómeno complejo y multicausal, parece inclinarse más por la lógica punitiva que por una lectura integral del problema.
En paralelo, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anunció el refuerzo de protocolos que activan la intervención policial, judicial y de organismos de niñez ante cada episodio. El despliegue incluye incluso la incautación de celulares y el rastreo de conversaciones privadas de menores. La escena: chicos de 11 o 12 años bajo la lupa del sistema penal.
Criminalizar la infancia, una respuesta ligera
Miguel insistió en que los niños “no tienen dimensión” de lo que hacen. Sin embargo, esa misma afirmación entra en tensión con la decisión oficial de encuadrar sus conductas como delito. La contradicción no es menor: si no hay comprensión plena, ¿qué sentido tiene la amenaza penal como eje de la política pública?
- Se instala la idea de “límite” desde la sanción antes que desde la pedagogía.
- Se desplaza la responsabilidad hacia las familias y las redes sociales.
- Se invisibiliza el rol del Estado en la prevención y el acompañamiento.
El resultado es una respuesta que corre el eje: del cuidado al castigo.
El fantasma de las redes y la coartada perfecta
La ministra apuntó contra TikTok y la viralización de desafíos como motor del fenómeno. La explicación, aunque atendible, aparece incompleta y funcional: pone el foco en plataformas globales mientras evita discutir el deterioro local del sistema educativo.
En la Ciudad, docentes vienen denunciando:
- Falta de equipos interdisciplinarios suficientes (psicólogos, trabajadores sociales).
- Escasa capacitación para abordar conflictos digitales y violencias emergentes.
- Recortes presupuestarios que impactan en programas socioeducativos.
Sin esas herramientas, la escuela queda sola frente a problemáticas cada vez más complejas.
Protocolos sin comunidad
El Gobierno porteño difundió un instructivo para familias que incluye revisar mochilas, controlar celulares y denunciar al 911. La prevención queda así reducida a la vigilancia doméstica y al reflejo policial.
Pero en esa lógica se diluye algo central: la construcción de comunidad educativa. No hay mención concreta a espacios de escucha, trabajo con estudiantes, ni estrategias sostenidas de educación digital crítica.
Lo que no se dice
Mientras se multiplican las amenazas, también crece el miedo. Familias que dudan en enviar a sus hijos a la escuela y docentes que enfrentan situaciones para las que no fueron preparados. Sin embargo, el discurso oficial evita una autocrítica de fondo:
- ¿Qué pasa con el presupuesto educativo en la Ciudad?
- ¿Dónde están los equipos de acompañamiento permanentes?
- ¿Qué políticas integrales se implementan más allá del protocolo reactivo?
La apelación al delito ordena el relato, pero no resuelve el problema.
Entre el control y el abandono
El mensaje final del Gobierno parece oscilar entre dos extremos: más control y menos Estado presente en lo cotidiano. Se endurecen las respuestas cuando el conflicto estalla, pero se debilitan las políticas que podrían prevenirlo.
En ese terreno, la escuela queda atrapada: exigida para contener, pero sin recursos; señalada como espacio de riesgo, pero sin respaldo suficiente.
La pregunta de fondo sigue abierta: si los chicos no dimensionan, como admite la propia ministra, ¿no debería el Estado dimensionar mejor su respuesta?
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