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En campaña: Policía de Larreta portará Taser

Las pistolas Taser, que provocan una descarga de 400 volts que inmoviliza cinco segundos a quien recibe el impacto, fueron definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de «un dolor intenso» y constituyen «una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte».

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El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Eugenio Burzaco, anunció este miércoles que 250 efectivos de la Policía de la Ciudad saldrán a la calle con las pistolas eléctricas Taser a partir del 17 de julio, luego de haberse capacitado para su empleo.

«A partir del 17 de julio esta arma va a estar ya en uso en toda la Ciudad de Buenos Aires, especialmente estaciones de subte, terminales de ómnibus, colectivos y trenes», dijo Burzaco en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), durante una jornada de capacitación de los policías que tendrán a su cargo el manejo de estas pistolas de baja letalidad.

Burzaco confirmó que «se va a trabajar en binomios», por lo cual se están «capacitando a 250 policías», ya que, según explicó, «un oficial disparará y el otro oficial tendrá la tarea de reducir al delincuente o a la persona que tuvo el brote psicótico».

«Es la mecánica que se utiliza en todo el mundo y hemos traído acá», comentó el ministro. El ministerio porteño explicó que los llamados «Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Momentánea» envían una descarga eléctrica a través de dardos que permiten inmovilizar a personas violentas o en estado de desequilibrio sin causarles daño permanente.

Las armas, además, graban toda la secuencia de uso -en imágenes y en audio-, por lo que pueden verificarse posteriormente las condiciones de tiro, cosa que no ocurre con las armas de fuego reglamentarias.

El proceso de capacitación se llevó a cabo en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad, donde personal de la firma fabricante de estos dispositivos entrenó a los instructores y luego fueron ellos los que durante tres semanas instruyeron a los 250 policías que saldrán a las calles.

Los oficiales recibieron un curso intensivo sobre el manejo adecuado de las pistolas Taser y la aplicación de protocolos de uso.

En marzo de 2019 el Gobierno porteño comenzó el proceso licitatorio para adquirir 60 pistolas Taser, destinadas a la Policía de la Ciudad pero la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), quien debe autorizar la compra, no aprobó la llegada de esas armas argumentando que su uso ante situaciones que involucran a personas bajo efectos de sustancias o víctimas de padecimientos mentales fue desaconsejado por el propio fabricante.

El 14 de febrero de este año el asesinato de la oficial de la Policía de la Ciudad Maribel Nélida Salazar a manos de un hombre que le quitó su arma reglamentaria y le disparó dos balazos en la estación Retiro de la línea C de Subte reavivó la discusión.

«El enfrentamiento podría haber sido controlado con una pistola Taser. Hace dos años compramos 60 unidades, pero el gobierno kirchnerista las bloqueó», tuiteó el entonces ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro en cruce con la entonces presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien, chicaneando al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sugirió: «En vez de pedir permiso, usalas, punto. No le podés pedir permiso a un Gobierno que te dice que no a propósito».

Las pistolas Taser, que provocan una descarga de 400 volts que inmoviliza cinco segundos a quien recibe el impacto, fueron definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras de «un dolor intenso» y constituyen «una forma de tortura y en algunos casos puede causar la muerte».

Finalmente, a fines de febrero de este año el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, confirmó la compra de 100 pistolas Taser para que sean utilizadas por «grupos de élite» de las fuerzas de seguridad, previo entrenamiento, y sostuvo que «seguramente» el Gobierno porteño también podrá utilizarlas.

«Esto nos permite que los grupos de élite empiecen a entrenar. Todavía no sabemos cuando; no las tenemos todavía. Hay que terminar el proceso pero no estamos muy lejos», afirmó a la prensa.

A fines de marzo Larreta presentó la incorporación de las 60 pistolas que, luego de esperar varios meses la aprobación para ponerlas en funcionamiento, se lograron incluir al cuerpo de la Policía de la Ciudad y en esa ocasión dijo que «salvan vidas».

En el mismo acto, Larreta sostuvo que, en caso de encabezar un eventual Gobierno nacional, buscará poner esta y otras tecnologías a «disposición de cada provincia».

Luego de aquel anuncio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y organismos de derechos humanos reiteraron su crítica respecto del uso de «estas pistolas de descarga eléctrica que se promocionan como armas no letales pero en realidad son armas menos letales» y enfatizaron que su «uso desproporcionado» puede «ocasionar la muerte».

Dentro de este debate el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, anunció este martes la compra de 30 pistolas Taser para sumar a las 60 con que ya cuenta la Policía de la Ciudad y adelantó que llamarán a licitación para la adquisición de 500 de esas armas para incorporar al equipamiento de la fuerza.

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Con permisos y todo: la policía de Jorge Macri hostigó a un cafetero en pleno Once

Un vendedor de café identificado como Ariel fue interceptado por efectivos porteños en la esquina de Pueyrredón y Perón a pesar de contar con documentación habilitante. El episodio, registrado en video y difundido por la flamante Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), reaviva el debate sobre la criminalización del trabajo informal en la Ciudad gobernada por Jorge Macri.

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El modelo Macri en Once: operativos contra laburantes mientras la "Ley Beatriz" sigue cajoneada.

Criminalización del trabajo informal: la Policía de la Ciudad hostigó a un cafetero habilitado y con permisos en pleno Once

★ En el corazón del barrio de Balvanera, sobre la concurrida esquina de la avenida Pueyrredón y Perón, a metros de la Plaza Miserere, la Policía de la Ciudad interceptó el miércoles 3 de junio a Ariel, un cafetero ambulante que desarrollaba su jornada laboral habitual con todos los permisos en regla. El hecho fue registrado en video y difundido por la Unión de Vendedores Ambulantes de Once (UVAO), organización que denunció el procedimiento como un nuevo episodio de «persecución sistemática» y «violencia institucional» contra los trabajadores de la vía pública.

Según el relato de la UVAO, dos efectivos de la fuerza porteña comenzaron a fotografiar a Ariel sin identificarse ni explicar el motivo. Minutos después, le exigieron detenerse y solicitaron refuerzos. Ante la exhibición de los permisos de trabajo correspondientes, la situación no se detuvo, sino que escaló, generando la indignación de transeúntes que presenciaron el procedimiento.

Una organización que nació de la resistencia

La UVAO se constituyó en abril de 2026, en respuesta directa a la intensificación de los operativos policiales en la zona comercial de Once, coordinados entre la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana del Gobierno de Jorge Macri. La agrupación surgió bajo la consigna de «respeto y diálogo» y viene documentando y denunciando decomisos de mercadería, detenciones y lo que sus integrantes describen como un despliegue estatal desproporcionado.

«Patrulleros, motos y efectivos para arrestar a un laburante como si fuera un delincuente de alta peligrosidad. No somos delincuentes; pedimos una solución justa para quienes solo buscan el sustento diario», declararon desde la entidad en sus comunicaciones públicas.

El episodio del cafetero Ariel no es un caso aislado. En julio de 2025, efectivos de la Policía de la Ciudad y del área de Espacio Público vaciaron a la alcantarilla el café de otro vendedor ambulante apostado al pie de la estación Once del tren Sarmiento, sobre la calle Mitre, en la misma zona de Balvanera. El video de ese procedimiento se viralizó en redes sociales, y los peatones que pasaban gritaron: «A los laburantes le hacen eso, vergüenza les tiene que dar».

El patrón: más fuerza, menos derechos

El caso de Once se inscribe en un fenómeno más amplio que Tiempo Argentino documentó el 27 de mayo de 2026: una política sistemática del Gobierno porteño que despliega operativos de control masivo sobre trabajadores informales en barrios populares de toda la Ciudad. El megaoperativo «Tormenta Negra», ejecutado el 14 de mayo con más de 1.500 efectivos, drones y amplia cobertura mediática, se presentó como una acción contra el narcotráfico, pero organizaciones sociales y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el despliegue funcionó en la práctica como una avanzada sobre vecinos, comerciantes y trabajadores de la economía popular.

Silvana Olivera, integrante de la Mesa de Urbanización de la Villa 31, describió el operativo como «un desfile de ley y orden para la televisión», y alertó que en numerosos procedimientos la mercadería y las herramientas de trabajo son secuestradas sin actas ni documentación formal que permita luego recuperarlas.

Una «Ley Beatriz» que nunca llegó

El conflicto en Once tiene historia. Años atrás, una agrupación predecesora, los Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), vinculada a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), impulsó la llamada «Ley Beatriz», un proyecto para regularizar el trabajo en el espacio público. La denominación recuerda a una vendedora que murió atropellada durante un operativo policial. La iniciativa nunca prosperó en la Legislatura porteña, y la política de «tolerancia cero» hacia la venta no autorizada se consolidó como norma, incluso cuando, como en el caso de Ariel, el trabajador cuenta con los permisos que la propia ley exige.

El contrapunto institucional existe: la agrupación Buenos Vecinos BA, con presencia en foros de seguridad del barrio, respaldó los operativos argumentando que «el espacio público es de todos» y que la venta ambulante equivale a una «usurpación de la vía pública». Esa postura refleja la tensión real que atraviesa el barrio de Once, uno de los polos comerciales más activos y populares de Buenos Aires, entre el derecho al trabajo y las políticas de ordenamiento urbano.

Pero la pregunta que se repite en los barrios de la Ciudad sigue sin respuesta institucional: cuando el Estado llega primero con patrulleros y no con políticas de inclusión, regularización y trabajo, ¿qué modelo de Ciudad se está construyendo?

Puntos clave

  • Ariel, cafetero con permisos habilitantes, fue hostigado por la Policía de la Ciudad en la esquina de Pueyrredón y Perón, en Once, el 3 de junio de 2026.
  • La UVAO, organización de trabajadores informales creada en abril de 2026, difundió el video y denunció una «persecución sistemática» y «violencia institucional».
  • El episodio se suma a un patrón documentado: en julio de 2025, la policía le volcó el café a otro vendedor ambulante frente a la estación Once.
  • El CELS y organizaciones sociales denunciaron que el megaoperativo «Tormenta Negra» (14 de mayo de 2026) afectó a trabajadores informales de barrios populares en toda la Ciudad.
  • La «Ley Beatriz», que buscaba regularizar el trabajo ambulante en el espacio público, nunca fue aprobada por la Legislatura porteña.
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