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Cómo es la injerencia norteamericana y británica en Argentina.

Luego de la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, para «reforzar los lazos bilaterales y la asociación estratégica», y alertar sobre el avance de China «en la estabilidad de los países de la región», militantes del Movimiento Popular La Dignidad entregaron un documento de repudio a la ministra de Relaciones Exteriores y Culto, Diana Mondino

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La misiva advierte sobre lo que representa esta intromisión como un nuevo, y claro, intento de entrega de nuestra soberanía el territorio nacional.

El plan de Javier Milei y sus aliados es lisa y llanamente similar a la vieja receta en donde los grandes poderes económicos crean zonas liberadas para sus negocios. En ese esquema, el control de los puertos y los mares es su verdadero objetivo, motivo por el cual la alerta sobre la soberanía nacional se encuentra en el centro de la escena.

Así, el reclamo sobre la extranjerización de recursos como la pesca, el litio, los minerales, el petróleo, el gas, el agua, la soja, el trigo, la carne, los bosques y los mares es de vital importancia y urgente en su tratamiento y concientización.

Hace años que la hegemonía global de los Estados Unidos es discutida por diferentes actores internacionales. Esto se debe a que las promesas de libertad y prosperidad norteamericana y europea, lejos están de cumplirse, ni siquiera para los habitantes de esos mismos países. Eso explica que, en muchos casos, diferentes tipos de nacionalismos busquen volver a generar trabajo fronteras adentro. Ese mundo que llamamos multipolar, con todas sus contradicciones, es bien diferente al mundo bipolar de la Guerra Fría en la que parecieran haberse quedado varados quienes hoy controlan los resortes de la política internacional argentina. Sin ir más lejos, el presidente Javier Milei tiene en su cuenta oficial de X una foto de la caída del muro de Berlín.

Esta sobre actuación y sobre ideologización de la política exterior argentina pone a nuestro país en una posición que, de ninguna manera, la favorece. Tanto China como Brasil son, al día de hoy, los principales socios comerciales de la Argentina. Y el gobierno a cambio de nada más que una palmada en la espalda, nos entrega de pies y manos a la política norteamericana, que se caracteriza por formas de intercambio que solo favorecen en un solo sentido. Es decir, comprar materias primas nacionales para luego vender bienes industriales. Si sumamos el agregado de retenciones para nuestra industria, la combinación resulta letal para nuestra frágil plaza y los puestos de trabajo que esta genera.

“Es preocupante lo que Milei ha expresado en una entrevista reciente, cuando dijo que su aliado estratégico es EEUU, estén los demócratas o los republicanos. La política es no tener una política exterior propia sino someterse a los que Estados Unidos defina para nuestro país, su territorio y su población. Asi el imperialismo norteamericano unidos trae hasta nuestros mares y ríos sus hipótesis de conflicto, como lo ha hecho con Ucrania desestabilizando la región y forzando las condiciones para un enfrentamiento entre dos pueblos hermanos”, sostiene el texto.



En ese sentido, agrega que es sabido que “china es nuestro principal comprador de productos primarios y derivados del campo, en su mayoría soja para generar proteínas animales para alimentar a su población. Es decir que estados unidos, primero en Paraguay y ahora en nuestro país, se ha asegurado con la presencia del cuerpo de ingenieros, el control de la vía navegable por la que sale parte del alimento del pueblo chino. De esta manera pone en riesgo no solo nuestro acceso a las divisas sino también trae su enfrentamiento con china a nuestros ríos”.

Gracias al acuerdo de transporte fluvial firmado en 1994 entre los países que conforman la Hidrovía, no se pueden realizar controles durante la navegación sin orden judicial. Argentina sólo puede revisar la mercadería que tenga como origen o destino nuestro país. Así, tanto la producción del sector agrario, como la del narcotráfico están en manos de grupos económicos transnacionales.

La Administración General de Puertos firmó, el pasado 7 de marzo, un convenio de colaboración con el SACEHQ (Cuartel General del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU), quienes administran la Hidrovía del río Misisipi. De la firma del acta acuerdo participaron el Secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, el Embajador Marc Stanley, el interventor en la Administración General de Puertos Gastón Benvenuto y el representante del Cuerpo de Ingenieros Adriel Mc Connell.

Con esta iniciativa, la Argentina concreta un acuerdo similar al firmado por el Paraguay con la División del Atlántico Sur del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) en 2022.

De esta manera, la Hidrovía, tanto en el tramo paraguayo como en el argentino, pasa a estar bajo el control operacional del Ejército de los Estados Unidos mientras a nuestras FFAA se las desea enviar a Rosario a cumplir tareas de intendencia o seguridad interna en las cuales no tienen incumbencia. Ni hablar que el ingreso de tropas extranjeras a nuestro territorio debería ser autorizado por el Congreso de la Nación como se establece en la Ley 25.880, cosa que no ha sucedido.

El escenario actual cuenta con la presencia operacional de un cuerpo del ejército norteamericano en el río Paraná. Gran Bretaña sigue amplia por miles los kms² de la superficie que ocupa colonialmente.El control de los puertos está en manos de grupos económicos extranjeros. El río Paraná está abierto a que lo remonte cualquier buque de bandera extranjera, pero ninguno nacional. Las embarcaciones del Litoral deben pasar por jurisdicción uruguaya para llegar al sur bonaerense y entroncar con nuestros mares australes. Siguen vigentes las Leyes de Entidades Financieras y de Inversiones Extranjeras y los acuerdos de Madrid firmados con Londres.

“Ahora hablan de soberanía, la misma palabra que nunca pronunciaron ante la extranjerización de la pesca, el litio, los minerales, el petróleo, el gas, el agua, la soja, el trigo, la carne y los bosques. Ahora hablan de soberanía al referirse a que Estados Unidos está a punto de marcar Rosario en su mapa de ciudades en las que aplicarán la receta de combate contra el narcoterrorismo, la doctrina de seguridad continental. En los hechos control social y represión contra las protestas sociales y quienes resisten en el continente mientras las burguesías multiplican sus ganancias a través del narcotráfico, el lavado de dinero, la financiarización de la economía, el contrabando de lo que sea y el manejo de los puertos del río número 14 del mundo, la principal vía de negocios legales e ilegales de Sudamérica, el querido y estragado Paraná.

Comprender sus planes para construir los nuestros  se convierte en la tarea que debe reagruparnos”.

CABA

El exabrupto de Jorge Macri, pidió juicio político a la jueza De Marinis: “Esta sentencia está manchada de sangre”

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, salió con dureza contra el fallo de la jueza Laura De Marinis que declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años, e instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que inicie de inmediato el proceso de juicio político contra la magistrada.

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El Argentino Diario-La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires-Jorge Macri.
Macri amenaza con juicio político a la jueza que frenó la baja de imputabilidad: la presión política sobre el Poder Judicial.

Pocas horas después de que se conociera el fallo que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió a la ofensiva con una retórica encendida que convirtió la decisión de una jueza de primera instancia en munición política. «Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político», afirmó Jorge Macri, quien instruyó al ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, para que avance en ese sentido.

La resolución cuestionada fue dictada el 21 de septiembre de 2026 por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un menor de 14 años acusado por robo en grado de tentativa y declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de adolescentes de esa edad. La magistrada aclaró que el fallo aplica exclusivamente para ese caso y no tiene alcance general.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén»

Macri usó sus redes sociales para citar la cobertura periodística del fallo y acompañó la publicación con una declaración directa: «Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia». Más tarde, en declaraciones televisivas, el mandatario amplió su posición con una retórica que opone, de manera sistemática, a víctimas y magistrados garantistas.

«La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito. No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien», sostuvo. Y agregó que «si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz».

Macri calificó el fallo de «una barbaridad, una aberración» y acusó a De Marinis de extralimitarse en sus funciones. «Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley», sentenció.

El argumento jurídico que Macri desestimó

El jefe de Gobierno también cuestionó la lógica interna del fallo, que en su argumentación señala que el sistema adulto no puede castigar a adolescentes por el desamparo al que el propio Estado los sometió desde la infancia. Para Macri, ese razonamiento es, en sí mismo, una contradicción: «La jueza dice que este chico está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó justamente permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias hasta medidas de cuidado y de tratamiento».

«Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa el chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna», afirmó. Y cerró con una acusación que apunta a los motivos de la magistrada: «Parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna. Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima».

Juicio político como herramienta de presión política

La amenaza de juicio político a un juez por el contenido de una sentencia es, en sí misma, una señal de alarma para la independencia del Poder Judicial. El instituto del juicio político está previsto para casos de mal desempeño, delitos en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Poder Ejecutivo discrepa. Macri lo sabe, y aun así lo anuncia con énfasis: «Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien».

La frase revela la operación política detrás del anuncio: no se trata de una acusación jurídicamente fundada contra la jueza, sino de un mecanismo para instalar una grieta en términos morales y disciplinar al Poder Judicial ante fallos que contraríen la agenda de seguridad del oficialismo. El propio Macri anticipó que también apelará la resolución, lo que es la vía procesal correcta. Pero eligió comunicar primero la amenaza de juicio político, no el recurso de apelación.

No es un caso aislado. En la provincia de Buenos Aires, cuando la jueza Marta Pascual suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en septiembre, legisladores de La Libertad Avanza bonaerense también anunciaron pedidos de juicio político. El patrón se repite: un fallo que contraria la ley impulsada por el oficialismo, una reacción política inmediata que convierte a la magistrada en blanco, y la amenaza de destitución como señal intimidatoria al resto del Poder Judicial.

Lo que tenés que saber

  • Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, calificó el fallo de la jueza De Marinis como «una barbaridad, una aberración» y anunció el pedido de juicio político, instruyendo al ministro de Justicia Gabino Tapia.
  • La jueza Laura De Marinis declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 y sobreseyó a un menor de 14 años; el fallo tiene alcance exclusivamente para ese caso concreto.
  • Macri sostuvo que apelará la decisión, que es la vía procesal correcta, pero eligió anunciar primero el juicio político como mensaje político al Poder Judicial.
  • El juicio político está previsto para mal desempeño o delitos, no para sancionar interpretaciones jurídicas con las que el Ejecutivo discrepa.
  • El patrón se repitió en la provincia de Buenos Aires con la jueza Marta Pascual, también amenazada de juicio político tras suspender la misma ley en septiembre.
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