Buenos Aires
Crimen en el Delta: dijeron que se había arrojado al agua pero los 5 terminaron presos por homicidio
La autopsia reveló que entró muerto al agua y que tenía el cráneo fracturado de un golpe.
Un albañil de 40 años fue hallado asesinado en el delta de la localidad bonaerense de San Fernando y por el homicidio fueron detenidos sus cinco compañeros de trabajo que habían denunciado que la víctima había tenido una crisis y se había arrojado sola al río, aunque la autopsia reveló que entró muerto al agua y que tenía el cráneo fracturado de un golpe, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.
Si bien trascendió hoy, la investigación por el asesinato de Juan Orlando Aguilar (40) se inició el 5 de este mes pero como una causa de «averiguación de ilícito», a raíz de un llamado al 911 al Destacamento Policial Camino Isleño de San Fernando.
Aguilar trabajaba junto a otros cinco albañiles en la refacción de una escuela y jardín de infantes de las islas, pero para evitar los traslados diarios, toda la cuadrilla de obreros vivía en una casilla ubicada en una isla cercana a la obra, sobre el canal Gobernador De la Serna, próximo a su intersección con el arroyo Durazno, en el muelle llamado «El Ceibo».
Hasta allí se trasladó personal policial y se entrevistó con uno de los trabajadores, Rolando Luis Cáceres (47), quien le contó a los efectivos que en horas de la madrugada su «primo», Aguilar, estando ebrio y deprimido había tenido una crisis, arrojó gasoil en la casilla con la supuestas intenciones de prenderla fuego, y luego de ello, se arrojó desde el muelle al río, donde lo perdieron de vista.
El primer fiscal que intervino, Marcelo Fuenzalida, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Correccional de San Fernando, ordenó la realización de rastrillajes por parte de personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y así fue como tres días más tarde, el 8 de octubre, se halló el cadáver de la Aguilar en el agua.
Ya el médico de policía que revisó el cadáver en el lugar, observó, pese al estado de putrefacción, que la víctima presentaba una lesión perforante y una fractura en el cráneo.
«Las claves de la investigación fueron la autopsia y el trabajo de Policía Científica en la escena del crimen», dijo hoy una fuente judicial.
Es que, por un lado, los médicos forenses determinaron que Aguilar había sido asesinado de un fuerte golpe en la cabeza «con un objeto duro, pesado y animado con velocidad», que tal como había dicho el médico policial, le fracturó el cráneo y le produjo desprendimiento óseo y pérdida de masa encefálica.
Pero, además, los autopsiantes explicaron que el albañil había entrado ya muerto al río, ya que no había agua en los pulmones ni el denominado «hongo de espuma» en las vías respiratorias, dos signos característicos de quienes mueren ahogados.
Por otra parte, los peritos de Policía Científica analizaron la casilla de los albañiles y allí detectaron algunas manchas y proyecciones de sangre en algunos ambientes.
Al tratarse de un homicidio, el fiscal Fuenzalida, delegó la causa en su colega Martín Otero, de la UFI Criminal de San Fernando, quien junto a los detectives de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Fernando recolectaron los indicios y pruebas suficientes para detener a los cinco albañiles
«Las versiones que dieron al llamar al 911, las que les contaron a los policías que llegaron a la isla y las que les dijeron a los familiares de las víctimas son todas contradictorias. Quedaron en evidencia de que estaban mintiendo», dijo a Télam un investigador judicial.
La misma fuente explicó que hay dos hipótesis sobre el gasoil derramado en la cabaña: o realmente lo arrojó la víctima por algún conflicto antes de que sea asesinada, o fueron los mismos imputados quienes intentaron borrar rastros y evidencias del lugar donde presuntamente cometieron el crimen.
Con todos estos elementos, el fiscal Otero solicitó el viernes pasado las detenciones de los cinco sospechosos, lo que fue avalando y ordenado por el juez de Garantías 4 de San Isidro, Esteban Rossignoli.
Las detenciones fueron concretadas por la SubDDI San Fernando y el Destacamento Camino Isleño.
Además del ya mencionado Cáceres, que es de nacionalidad paraguaya, los otros cuatro detenidos de la causa fueron identificados por las fuentes como Facundo Gastón Maidana (26); Alan Gustavo Mendoza (18); Horacio Gauna (35) y Jean Michel Escoseres González (35), de nacionalidad uruguaya.
Si bien Cáceres dijo que la víctima era su «primo», la Justicia luego determinó que ni él ni el resto de los sospechosos tenían lazos de parentesco con Aguilar y sólo le decían así a modo de apodo.
Los cinco quedaron imputados por el delito de «homicidio simple», delito que en el artículo 79 del Código Penal prevé una pena de 8 a 25 años de cárcel.
Fuentes judiciales confirmaron a esta agencia que asesorados por sus defensores, los cinco acusados del asesinato se negaron a declarar ante el fiscal.
El móvil del crimen aún es un misterio para los investigadores, aunque ya un familiar de la víctima declaró que unos días antes Aguilar había peleado con algunos de sus compañeros de trabajo.
Buenos Aires
Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar
El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.
Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas
★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.
La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.
El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora
La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.
Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.
En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.
«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria
El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.
Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.
El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.
Un municipio que apuesta por el Estado presente
La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.
La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.
Puntos clave:
- El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
- La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
- El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
- El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
- El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.
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