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Ni el 2% logran perforar: la inflación de julio vuelve a escapar del piso que Milei prometió
Las estimaciones privadas ubican el IPC de julio entre el 1,9% y el 2,1% mensual, por encima del 1,9% registrado en junio. Las vacaciones de invierno, la suba de alimentos y la depreciación del dólar mayorista —acumulada cerca del 6% desde mayo— explican el retroceso transitorio de un proceso de desinflación que el Gobierno insiste en calificar como «consolidado».
El último dato oficial del INDEC había marcado una inflación del 1,9% en junio, el registro más bajo en diez meses. Pero julio cerró sin consolidar esa baja: las principales consultoras privadas proyectaron un leve rebote que vuelve a colocar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en el filo del 2% mensual, o por encima. La desinflación, en definitiva, sigue siendo un proceso frágil, dependiente de factores estacionales y de una demanda que no termina de recomponerse.
Tres consultoras, tres lecturas
La Fundación Libertad y Progreso y EcoGo convergieron en una proyección del 2,1% mensual para julio, mientras que Analytica estimó una variación del 1,9%, idéntica a la de junio. Julián Neufeld, economista de Libertad y Progreso, explicó que el rebote obedece a dos factores: el impacto estacional de las vacaciones de invierno sobre el rubro Recreación y cultura, y la mayor incidencia de Alimentos y bebidas no alcohólicas, vinculada a la evolución del tipo de cambio mayorista. «De cara al segundo semestre, creemos que los precios van a retomar nuevamente el sendero de desinflación», sostuvo Neufeld, aunque aclaró que el dato de julio es preliminar y puede sufrir modificaciones.
EcoGo aportó un dato de detalle: durante la cuarta semana de julio, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar aumentaron un 0,5%, con una proyección mensual para ese segmento de alrededor del 2%. Al incluir los alimentos consumidos fuera del hogar, que avanzaron un 0,6% en la última semana relevada, la consultora estimó una inflación general del rubro del 1,8% mensual. Fue la baja de Indumentaria, por las liquidaciones de la temporada invernal, el factor que ayudó a moderar el índice general.
Analytica, por su parte, registró un aumento del 0,4% en alimentos y bebidas durante la tercera semana del mes, con comportamientos disímiles al interior de la canasta: las verduras encabezaron las subas con un 7,7%, seguidas por pescados y mariscos con un 6,5%. La baja variación de la carne, apenas un 0,2%, fue el principal ancla del rubro y contribuyó a que la proyección final de la consultora permaneciera en el 1,9%.
El dólar como variable silenciosa
Uno de los elementos que las consultoras señalaron con mayor preocupación es el comportamiento del tipo de cambio mayorista. Según Libertad y Progreso, la depreciación acumulada del dólar mayorista desde mayo roza el 6%, y parte de ese movimiento habría comenzado a trasladarse parcialmente a los precios de los alimentos en julio. Sin embargo, los relevamientos no muestran una transmisión generalizada al conjunto de la canasta: la debilidad del consumo, la mayor competencia entre comercios y la dificultad de las empresas para remarcar de manera sostenida actuaron como límites. El interrogante que queda abierto es si, en los próximos meses, ese traslado se profundiza o se disipa.
El REM y la brecha con los consumidores
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado antes del cierre de julio, proyectó una inflación del 2% para el mes y anticipó una desaceleración hacia el 1,8% mensual durante agosto y septiembre, y al 1,7% en octubre y noviembre. Con ese recorrido, el mercado financiero estima que la inflación acumulada de 2026 alcanzará el 30% anual.
Pero hay una brecha que el REM no resuelve: la encuesta de expectativas inflacionarias de la Universidad Torcuato Di Tella ubicó la inflación esperada por los consumidores para los próximos doce meses en el 35,8%, muy por encima de las proyecciones de los analistas profesionales. Esa diferencia no es un dato menor. Las expectativas de los hogares afectan directamente las decisiones de consumo, ahorro, fijación de precios y negociación salarial, y constituyen uno de los principales mecanismos de inercia inflacionaria que el programa económico libertario aún no logró domar.
La resistencia de fondo
Lo que el rebote de julio pone en evidencia no es una ruptura del proceso de desinflación, sino su fragilidad estructural. La inflación argentina bajó desde los picos de 2024, pero se estabilizó en una franja del 1,9% al 2,1% que no termina de ceder. Cada factor estacional, cada movimiento del dólar, cada ajuste de tarifas alcanza para interrumpir la tendencia bajista. El comportamiento de los alimentos, el tipo de cambio, las actualizaciones de servicios y la evolución del consumo en el segundo semestre serán determinantes para comprobar si el rebote de julio fue exclusivamente transitorio o anticipa una nueva meseta.
Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei sostiene su narrativa de éxito desinflacionario, apostando a que los datos de agosto y septiembre ratifiquen el sendero proyectado por el REM. La promesa es clara: bajar del 2% de manera sostenida antes de que cierre el año. La realidad de los bolsillos argentinos, que acumulan desde diciembre de 2023 aumentos de servicios superiores al 500% y una canasta básica alimentaria con variaciones interanuales todavía por encima del 30%, convierte ese objetivo en algo considerablemente más difícil de lo que los anuncios oficiales suelen reconocer.
Puntos clave
- Las estimaciones privadas para julio 2026 oscilan entre el 1,9% (Analytica) y el 2,1% (Libertad y Progreso y EcoGo), por encima del 1,9% oficial de junio.
- El dólar mayorista acumuló una depreciación cercana al 6% desde mayo, con impacto parcial sobre los precios de los alimentos.
- Las vacaciones de invierno impulsaron el rubro Recreación y cultura, sumando presión estacional al índice.
- El REM del BCRA proyecta una baja al 1,8% mensual para agosto y septiembre, con una inflación acumulada anual del 30%.
- La encuesta de expectativas de la Universidad Torcuato Di Tella sitúa la inflación esperada por los consumidores en el 35,8% para los próximos doce meses, muy por encima de las proyecciones de los analistas.
Análisis
El drama de Granja Tres Arroyos: 500 familias sin trabajo y sin cobrar
La empresa avícola cerró su planta en la localidad bonaerense, adeuda sueldos y aguinaldos y pidió un concurso preventivo de acreedores. «Somos un pueblo al que le cayó una bomba», describieron los trabajadores despedidos, que reclaman respuestas que la patronal nunca dio.
Más de 500 trabajadores y trabajadoras de Capitán Sarmiento perdieron su empleo en las últimas semanas tras el cierre de la planta avícola de Granja Tres Arroyos en esa localidad del norte bonaerense. La empresa acumula deudas salariales que incluyen meses de sueldo sin pagar y aguinaldos pendientes, y recurrió a la Justicia para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores, el mecanismo legal que antecede a la quiebra y que deja a los trabajadores en una situación de extrema incertidumbre sobre el cobro de sus acreencias.
El impacto de los despidos no se limitó a Capitán Sarmiento. Según describió Andrea Ulere, ex empleada de la empresa, la crisis se extendió a municipios vecinos: alrededor de 100 despidos adicionales se registraron en Arrecifes y otros 100 en San Antonio de Areco, lo que convierte a esta debacle laboral en un golpe colectivo sobre toda la región del norte del conurbano extendido.
«Una bomba en el medio del pueblo»
Ulere describió la situación con una imagen que sintetiza el derrumbe social que vive la localidad. «Somos un pueblo que tiene la sensación hoy de caminar por la calle, que nos ha caído una bomba en el medio y andamos juntando los pedazos de la gente», señaló. «No se puede describir con palabras el dolor que tenemos», agregó.
La ex trabajadora reveló además un detalle que ilustra la dimensión humana de la crisis: «Acá venía el cartero del pueblo con el despido en mano llorando». La imagen del telegrama de despido entregado entre lágrimas en una localidad pequeña habla de un tejido comunitario que la empresa desgarró sin dar explicaciones.
Ulere fue cuidadosa al momento de atribuir responsabilidades, pero contundente: «Más allá del nivel nacional, que todos sabemos que económicamente estamos todos mal, acá hubo una mala gestión de los hijos y sobrinos de Joaquín de Grazia, que hicieron un mal negocio. Los despidos decían que eran por la gripe aviar, el Covid-19, y nosotros en esa época es cuando se trabajó más que nunca».
Veinte años de trabajo, deudas y silencio patronal
Los testimonios de los trabajadores que aún no recibieron su telegrama pero temen recibirlo en cualquier momento son igualmente demoledores. Oscar, con 20 años de antigüedad en la planta, graficó el costo que la prolongada agonía de la empresa tuvo sobre su salud y su dignidad: «La situación me tiene mal. Nos afecta la salud mental. Ya hace un año y medio que vivimos esto. Yo vivo con mis padres. No es lo justo que yo tenga que vivir de ellos».
Nadie de la empresa viene a dar la cara y dar explicaciones, denunció Oscar. «Así nos tuvieron un año y medio. Nos quitaron parte de nuestro salario, nos deben el pago de meses, nos deben vacaciones», enumeró.
Otro trabajador con más de 18 años de antigüedad contó que el deterioro fue progresivo y que los empleados cedieron ante cada exigencia patronal con la esperanza de conservar el puesto: «El conflicto comenzó con un pedido de esfuerzo a los trabajadores y una reducción salarial del 9%. Luego, los pagos comenzaron a realizarse en cuotas. Con tal de seguir trabajando lo aceptamos. Hace tres meses nos pagaban 100 mil por semana«, relató. «Nosotros hemos aportado mucho a la empresa, pero para ellos somos un número más», cuestionó.
Un tercer operario con 16 años en la empresa resumió la angustia cotidiana de quienes todavía no fueron desvinculados pero tampoco cobran: «Todos tenemos chicos, cuentas que pagar, se me vence el alquiler, no tengo plata para alquilar en otro lado. Los servicios los pago como puedo. Si hacés una changa te peleás por los precios. Tuvimos que hacer muchos recortes en salidas y alimentos. Antes alcanzaba la plata. Ahora no alcanza para nada. Tenemos un trabajo fijo pero no cobramos».
La intendenta y el pedido de los trabajadores
Durante las protestas frente a la planta y en la plaza de Capitán Sarmiento, la intendenta local Fernanda Astorino Hurtado se hizo presente para interiorizarse sobre la situación. Habló de un «mal manejo empresarial», lo que coincide con el diagnóstico de los propios trabajadores, aunque para estos últimos la presencia política no alcanza si no se traduce en acciones concretas.
Ulere fue directa al respecto: «Todo sirve, nosotros estamos desorientados y lo que queremos es que esto no se apague, que ella luche por nosotros para que no se apague. Porque donde dejen de hablar de nosotros, todo va a terminar en la nada. A los políticos para que se muevan, porque ¿quién nos va a salvar a nosotros?».
La pregunta resuena con fuerza en un contexto nacional en el que el gobierno de Javier Milei ha reducido el gasto en programas sociales en más de un 60% y donde la desregulación del mercado laboral, impulsada por la misma gestión, dejó a miles de trabajadores sin las redes de contención que el Estado podía ofrecer. El drama de Capitán Sarmiento no es una excepción: es el retrato de lo que ocurre cuando una empresa quiebra y el Estado se hace a un lado.
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