Desde este viernes, la tierra argentina vuelve a tener límites para los compradores extranjeros: rige otra vez el tope del 15 por ciento de titularidad extranjera sobre el suelo rural, el máximo de mil hectáreas en la zona núcleo y la prohibición de vender tierras con cuerpos de agua o ubicadas en zonas de frontera. Lo que la Corte Suprema había dejado caer hace diez días, lo levantó ella misma justo cuando el Congreso se preparaba para resolverlo.

El máximo tribunal suspendió de manera provisoria los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales, mediante una medida cautelar interina dictada en la causa «Asociación Civil Árbol de Pie y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional s/ amparo colectivo». La demanda fue presentada el 28 de diciembre de 2023 ante el juzgado federal de Bariloche por esa ONG ambiental junto con la comunidad mapuche Lafkenche y el Lof Fvta Anecon, y estuvo paralizada desde entonces por la regla de conexidad con la causa del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM).

Qué dijo la Corte y qué no dijo

La cautelar no declara inconstitucional el DNU 70/2023. Solo vuelve a poner en vigencia la Ley de Tierras hasta que se discuta el fondo del asunto. La Corte no esperó a que un juez de primera instancia se pronunciara: dictó ella misma la medida, de forma excepcional, para evitar que se vendan tierras mientras tramita el amparo. Ahora el expediente regresa al juzgado de origen para que analice la constitucionalidad de la derogación y, hasta entonces, el Registro de Tierras Rurales no puede inscribir compras que violen la Ley 26.737.

La diferencia con lo resuelto el 29 de septiembre está en la legitimación. En la causa del CECIM, el tribunal sostuvo que invocar la soberanía no alcanzaba para litigar en nombre de un derecho colectivo y revocó así el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154. En el caso de Árbol de Pie, en cambio, consideró que el derecho a un ambiente sano sí es colectivo y que la ONG y las comunidades rionegrinas tienen legitimación para reclamarlo. Para los excombatientes de Malvinas, la defensa de la soberanía no alcanzó; para la Corte, el argumento ambiental sí.

El giro llegó después de una semana de presión. Los abogados de Árbol de Pie habían pedido el 30 de septiembre una aclaratoria para saber si el fallo del CECIM afectaba también su amparo, y el martes 6 de octubre, mientras gremios, organizaciones sociales, de derechos humanos y el propio CECIM se movilizaban frente al Palacio de Tribunales, la Corte convocó a dos conjueces porque sus ministros no lograron unanimidad de criterios.

Un fallo que le quita presión a la Casa Rosada

El momento de la decisión no pasó inadvertido. La cautelar llegó seis días antes de la sesión especial convocada para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70/2023, el megadecreto que Javier Milei firmó en diciembre de 2023 y que el Senado ya había rechazado el 14 de marzo de 2024. Como la Ley 26.122 exige el rechazo de ambas cámaras para voltear un decreto, la votación en Diputados es la que define su suerte.

En el Gobierno no ocultaron su alivio. Según fuentes del Poder Ejecutivo, la decisión beneficia a la Casa Rosada porque «les saca de encima» el tema, y en Balcarce 50 sostienen que el fallo les permite correrse de la polémica, ya que la Corte se lleva el costo de un asunto que despertó la reacción inmediata de la oposición y también de los aliados. El oficialismo apuesta a que, sin la extranjerización de tierras en discusión, la sesión opositora pierda su argumento más convocante.

Sin embargo, la intención de avanzar sobre las tierras no desapareció. En el oficialismo debaten si insistir con el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, o postergarlo. «Hay que ver cómo se digiere. Dejamos de hablar del tema, pero la ley tiene cosas relevantes. Tenemos que definir si resolvemos encararlo para el próximo año», admitió una fuente legislativa libertaria. Cabe recordar que el 6 de agosto el Gobierno ya había retirado el capítulo de tierras de ese proyecto antes de la sesión del Senado porque no tenía los votos.

Como contraoferta, la mesa política libertaria aspira a convocar una sesión el miércoles 21 de octubre para debatir la Ley en Defensa de la Soberanía Nacional y proyectos alternativos sobre discapacidad y morosidad, un temario que podría sumar Propiedad Privada si deciden insistir.

La oposición ratifica la sesión, pero el quórum tambalea

Hasta el jueves, Unión por la Patria y sus aliados estaban cerca de reunir los 129 diputados necesarios, con el aporte de un sector de Argentina Federal, Elijo Catamarca y la mayoría de Provincias Unidas. Tras el fallo, crecieron las dudas. La sesión había sido formalizada por 32 diputados de ocho bloques y su temario incluye, además del rechazo al DNU 70/2023, la prórroga de la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta 2027 y un proyecto sobre endeudamiento familiar.

El bloque de Unión por la Patria ratificó su presencia: «Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias». Y agregó: «Empujada por una sociedad movilizada detrás de una causa sensible, la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023».

El diputado socialista Esteban Paulón fue igual de contundente: «La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le pasó factura. Más allá de esta decisión, HAY QUE VOLTEAR EL DNU 70 de todos modos». La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman también se pronunció a favor de mantener la sesión.

Distinto fue el tono de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica que conduce Elisa Carrió, quien celebró el fallo sin mencionar la sesión: «No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente! No nos distraigamos, sigamos alerta».

Los gobernadores, otra vez con la llave

La definición quedará en manos de un sector de Provincias Unidas, donde conviven posturas diferentes; de Argentina Federal, que responde a los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta); y de Elijo Catamarca e Independencia, que reportan a Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Algunas de esas fuerzas evalúan no dar quórum y aceptar la propuesta oficialista del 21 de octubre. En la Casa Rosada ya anticiparon que están abiertos a conversar el tema con los gobernadores aliados antes de ordenar el cronograma legislativo.

Lo que el fallo no resuelve es lo esencial: la protección de la tierra sigue colgada de una cautelar provisoria, mientras el DNU 70 continúa vigente con todo lo demás que desreguló. Si la oposición dialoguista retrocede ahora, el megadecreto de Milei volverá a sobrevivir gracias a un Congreso que dejó la decisión en manos de la Corte.

Lo que tenés que saber:

• La Corte Suprema suspendió de forma provisoria el artículo 154 del DNU 70/2023 y volvió a regir la Ley de Tierras Rurales.
• La cautelar interina se dictó en la causa de Árbol de Pie y comunidades mapuche de Río Negro, y no declara inconstitucional el decreto.
• Vuelven el tope del 15% para extranjeros, el límite de mil hectáreas en zona núcleo y la prohibición de vender tierras con agua o en frontera.
• Unión por la Patria, Paulón y Bregman ratificaron la sesión del jueves 15 para rechazar el DNU 70, pero el quórum de 129 depende de los bloques de gobernadores.
• El Gobierno celebra que el fallo le quite el tema y propone una sesión alternativa el miércoles 21 de octubre.