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Dictan prisión preventiva a nueve policías bonaerenses acusados de robar cocaína a narcos

El fallo fue dictado por la jueza de Garantías 1 de Moreno-General Rodríguez, Adriana Julián, a pedido de la fiscal del caso, Gabriela Urrutia, y alcanzó al capitán Abel Ramón Acosta, la oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el oficial Juan Eduardo Vieira, el oficial Alexis Abel Romero, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales, el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.

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La Justicia de General Rodríguez dictó la prisión preventiva de un capitán y otros ocho efectivos de la policía bonaerense que fueron detenidos el mes pasado en el partido bonaerense de General Rodríguez acusados de robar cocaína mientras investigaban el crimen de un hombre en el marco de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por la jueza de Garantías 1 de Moreno-General Rodríguez, Adriana Julián, a pedido de la fiscal del caso, Gabriela Urrutia, y alcanzó al capitán Abel Ramón Acosta, la oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el oficial Juan Eduardo Vieira, el oficial Alexis Abel Romero, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales, el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.

A Morales,Torres, Branchi, Perín, Biotti, Viera, Acosta y Romero la jueza los consideró coautores de los delitos de «robo agravado por el uso de arma de fuego agravado por su comisión en poblado y en banda y por haberse perpetrado por miembros integrantes de fuerzas policiales, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada».

A Ibarra, en tanto, la señaló como partícipe necesaria y no autora de los hechos.

La magistrada procesó además a Torres por tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal» y a Branchi por «tenencia de arma de fuego civil sin la debida autorización legal».

Los acusados pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez y al gabinete de Drogas Ilícitas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y, en el caso de Ibarra, los voceros dijeron que era jefa del Gabinete de Investigación antidrogas de la DDI y que su padre, el comisario jubilado de la policía bonaerense Alberto Daniel Ibarra, era el subsecretario de Seguridad del Municipio de General Rodríguez, aunque renunció debido al arresto de su hija.

En la misma resolución, la jueza Julián decidió enviar a la fiscalía General de Moreno-General Rodríguez copia de denuncias realizadas por los defensores de los policías acusados contra ayudantes fiscales que intervinieron inicialmente en la pesquisa, a quienes acusaron por delitos cometidos en el proceso que, para ellos, deberían llevar a la nulidad de todo lo actuado desde ese momento.

Una de las denuncias fue realizada por el abogado Rodrigo Tripolone, defensor del capitán Acosta, contra el ayudante fiscal Ezequiel Freydier, a quien le atribuyó haberle propuesto a su asistido «guionar» la declaración a cambio de su libertad, lo que el letrado grabó y aportó a la causa.

En base a ello, el mismo defensor pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de ello, lo que fue rechazado por la jueza, quien no obstante pidió que se abra una causa paralela para investigar si existió algún delito por parte del auxiliar fiscal.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal General de ese distrito, Lucas Oyhanarte, resolvió desafectar del proceso penal a Freydier y también al ayudante Walter Velásquez, y designó para la ayudantía en este caso a otro funcionario judicial, confirmaron fuentes judiciales.

En tanto, al conocer las prisiones preventivas dispuestas, el abogado de otro de los policías acusados, el oficial Alexis Romero, presentó una apelación y, en forma subsidiaria, ante el caso de que la jueza no haga lugar a la libertad de su asistido, interpuso una acción de hábeas corpus en favor de todos los detenidos.

Los arrestos de los nueve efectivos se concretaron en la noche del miércoles 22 de abril pasado en varios allanamientos realizados por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal (PFA), con apoyo de policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Moreno, a pedido de la jueza Julián.

Los operativos fueron realizados en las sedes de la comisaría de Francisco Álvarez y de la Delegación Departamental de Moreno-General Rodríguez, donde se hallaban todos los policías imputados, a los que les informaron que quedaban detenidos por sospechas de estar todos involucrados en una causa de narcotráfico.

La causa en la que quedaron implicados comenzó el 15 de febrero a las 23.20 con el homicidio de un hombre llamado José Gutiérrez (32), apodado «Diosito», cometido en un ajuste de cuentas narco frente a su mujer y sus dos pequeños hijos.

El hombre fue ejecutado a tiros por sicarios contratados por un sindicado narco de la zona de José C. Paz que lo acusaba de haberle robado drogas.

Ese acusado, identificado como Osvaldo Torres (45), alías «Tío», y su esposa Sandra Contreras (40), fueron detenidos durante este fin de semana en una barrio en la periferia de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Con el correr de la pesquisa, se determinó que mientras investigaban ese crimen, los policías robaron, en dos episodios distintos, un total de siete kilos de cocaína -cinco en un primer operativo y dos en otro- con fines de comercialización, mediante la confección de actas falsas.

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El periodista que creó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “ficción”

Diego Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a “hechos ficticios”, encuadrados bajo el concepto de “licencias literarias”. Carlos Beraldi denunció que Cabot hizo la presentación del su “investigación” directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.

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El periodista que inventó la causa Cuadernos declaró y se hundió: habló de “licencias literarias” y “hechos ficticios”

★ Diego Cabot, el periodista de La Nación que “destapó” la causa Cuadernos en 2018, prestó declaración ante el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7) con un resultado que la defensa de Cristina Fernández de Kirchner calificó como devastador para la acusación. Entre contradicciones sobre el origen de su denuncia y el reconocimiento de que parte del material que publicó en un libro corresponde a «hechos ficticios», la jornada expuso las grietas más profundas del andamiaje judicial que sostiene el proceso contra la expresidenta y otros 86 imputados.

La denuncia que no entró por la ventanilla

El núcleo más explosivo de la declaración giró en torno al modo en que Cabot formalizó su denuncia. Según advirtió el abogado defensor de Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el procedimiento utilizado por el periodista habría vulnerado las reglas básicas del sorteo judicial.

«En lugar de hacer la denuncia como correspondía, a través de la mesa de entradas en la Cámara Federal y que se sorteara, Cabot terminó presentando la misma directamente en la oficina de Stornelli. Lo que demuestra, como primera cuestión, que hubo una manipulación en las reglas del concurso, en la elección de los magistrados», sentenció Beraldi. La consecuencia de ese procedimiento irregular fue que la causa quedara en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Stornelli, dos magistrados cuya actuación en causas de sensibilidad política ha sido objeto de cuestionamientos reiterados.

Esta revelación cobra especial relevancia si se recuerda que, tal como este medio documentó en noviembre de 2025, durante los meses más intensos de la causa los medios cercanos al poder económico publicaban filtraciones que llegaban a las redacciones antes que a las propias defensas, violando el secreto de sumario.

«Licencias literarias» y hechos que el propio periodista reconoció como ficticios

El otro gran flanco que quedó expuesto durante la declaración de Cabot fue su propio libro sobre la causa. El periodista utilizó en reiteradas oportunidades el concepto de «licencias literarias» para referirse a parte del material que él mismo publicó.

«Dijo que no todo lo que estaba publicado ahí era cierto. Que se trata de hechos ficticios. Hizo agua por todos lados», describió Beraldi. El reconocimiento resulta de una gravedad procesal difícil de soslayar: Cabot es quien detonó pública y judicialmente la causa; si parte de su relato publicado corresponde a ficción, la pregunta que se instala de forma inevitable es cuánto de esa misma lógica narrativa permeó la investigación.

El trasfondo de una causa frágil

La declaración de Cabot no ocurre en el vacío. El juicio oral ante el TOF 7 (integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli) transita sobre una causa que desde su origen acumula señales de debilidad estructural. Como este medio informó en noviembre de 2025, la investigación se construyó sobre fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad alguna de realizar pericias sobre los originales. La cadena de custodia quedó rota desde el primer día.

En marzo de 2026, el mismo tribunal aceptó la reproducción de un video de Centeno declarando ante la justicia española, donde el exchofer afirmó no conocer a los directivos de la empresa Isolux y desconocer entregas de dinero a funcionarios públicos, contradiciendo así sus propias anotaciones en los cuadernos. La fiscal Fabiana León se opuso a la incorporación de ese material por desconocerse su cadena de custodia. La justicia española ya había descartado en 2022 las imputaciones contra directivos de la misma empresa, al considerar las pruebas insuficientes.

El patrón se reitera. En noviembre de 2025, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció que los llamados «arrepentidos» de la causa fueron en realidad «extorsionados» y sometidos a condiciones de aislamiento y vigilancia permanente que el abogado defensor Roberto Herrera describió ante TN como técnicas propias de la «tortura blanca»: su cliente estuvo un mes sin contacto, con un reflector encendido las 24 horas y filmación constante.

El «Partido Judicial» y la selección de magistrados

La denuncia de Beraldi sobre la forma en que se eligió a Bonadío y Stornelli encaja con precisión en lo que las defensas, y en particular la de Fernández de Kirchner, denominan el «Partido Judicial»: un entramado de coordinación entre magistrados, fiscales y medios de comunicación que habría operado con fines políticos. El mismo Stornelli fue procesado en una causa por extorsión y espionaje ilegal, aunque posteriormente resultó sobreseído por la Corte Suprema de Justicia.

El juicio continúa ante el TOF 7 con 87 imputados. Cada jornada, sin embargo, suma nuevos elementos que erosionan la solidez de la acusación y alimentan la tesis de la defensa sobre un proceso construido con más espectáculo mediático que sustancia probatoria.

Puntos clave:

  • Carlos Beraldi denunció que Cabot presentó la denuncia directamente en la oficina del fiscal Stornelli, eludiendo el sorteo que correspondía en la Cámara Federal.
  • Cabot reconoció ante el TOF 7 que parte del material de su libro sobre la causa corresponde a «hechos ficticios», encuadrados bajo el concepto de «licencias literarias».
  • La causa se sustenta en fotocopias de cuadernos que el propio Oscar Centeno admitió haber quemado, sin posibilidad de pericias sobre los originales.
  • En marzo de 2026, Centeno contradijo ante la justicia española sus propias anotaciones sobre la empresa Isolux.
  • La justicia española descartó en 2022 las imputaciones contra directivos de Isolux por considerar las pruebas insuficientes.
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