La Justicia de General Rodríguez dictó la prisión preventiva de un capitán y otros ocho efectivos de la policía bonaerense que fueron detenidos el mes pasado en el partido bonaerense de General Rodríguez acusados de robar cocaína mientras investigaban el crimen de un hombre en el marco de un ajuste de cuentas entre narcotraficantes, informaron hoy fuentes judiciales.

El fallo fue dictado por la jueza de Garantías 1 de Moreno-General Rodríguez, Adriana Julián, a pedido de la fiscal del caso, Gabriela Urrutia, y alcanzó al capitán Abel Ramón Acosta, la oficial principal Gabriela Noemí Ibarra, el sargento Leonardo Fabián Biotti, el oficial Juan Eduardo Vieira, el oficial Alexis Abel Romero, el subteniente Sebastián Eduardo Perín, el suboficial mayor Ángel Rufino Morales, el oficial ayudante Claudio Sebastián Branchi y el subteniente Darío Roberto Torres.

A Morales,Torres, Branchi, Perín, Biotti, Viera, Acosta y Romero la jueza los consideró coautores de los delitos de «robo agravado por el uso de arma de fuego agravado por su comisión en poblado y en banda y por haberse perpetrado por miembros integrantes de fuerzas policiales, en concurso real con falsedad ideológica de documento público y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada».

A Ibarra, en tanto, la señaló como partícipe necesaria y no autora de los hechos.

La magistrada procesó además a Torres por tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal» y a Branchi por «tenencia de arma de fuego civil sin la debida autorización legal».

Los acusados pertenecían a la comisaría de Francisco Álvarez y al gabinete de Drogas Ilícitas de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Moreno y, en el caso de Ibarra, los voceros dijeron que era jefa del Gabinete de Investigación antidrogas de la DDI y que su padre, el comisario jubilado de la policía bonaerense Alberto Daniel Ibarra, era el subsecretario de Seguridad del Municipio de General Rodríguez, aunque renunció debido al arresto de su hija.

En la misma resolución, la jueza Julián decidió enviar a la fiscalía General de Moreno-General Rodríguez copia de denuncias realizadas por los defensores de los policías acusados contra ayudantes fiscales que intervinieron inicialmente en la pesquisa, a quienes acusaron por delitos cometidos en el proceso que, para ellos, deberían llevar a la nulidad de todo lo actuado desde ese momento.

Una de las denuncias fue realizada por el abogado Rodrigo Tripolone, defensor del capitán Acosta, contra el ayudante fiscal Ezequiel Freydier, a quien le atribuyó haberle propuesto a su asistido «guionar» la declaración a cambio de su libertad, lo que el letrado grabó y aportó a la causa.

En base a ello, el mismo defensor pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de ello, lo que fue rechazado por la jueza, quien no obstante pidió que se abra una causa paralela para investigar si existió algún delito por parte del auxiliar fiscal.

Tras tomar conocimiento de la denuncia, el fiscal General de ese distrito, Lucas Oyhanarte, resolvió desafectar del proceso penal a Freydier y también al ayudante Walter Velásquez, y designó para la ayudantía en este caso a otro funcionario judicial, confirmaron fuentes judiciales.

En tanto, al conocer las prisiones preventivas dispuestas, el abogado de otro de los policías acusados, el oficial Alexis Romero, presentó una apelación y, en forma subsidiaria, ante el caso de que la jueza no haga lugar a la libertad de su asistido, interpuso una acción de hábeas corpus en favor de todos los detenidos.

Los arrestos de los nueve efectivos se concretaron en la noche del miércoles 22 de abril pasado en varios allanamientos realizados por personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal (PFA), con apoyo de policías del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Moreno, a pedido de la jueza Julián.

Los operativos fueron realizados en las sedes de la comisaría de Francisco Álvarez y de la Delegación Departamental de Moreno-General Rodríguez, donde se hallaban todos los policías imputados, a los que les informaron que quedaban detenidos por sospechas de estar todos involucrados en una causa de narcotráfico.

La causa en la que quedaron implicados comenzó el 15 de febrero a las 23.20 con el homicidio de un hombre llamado José Gutiérrez (32), apodado «Diosito», cometido en un ajuste de cuentas narco frente a su mujer y sus dos pequeños hijos.

El hombre fue ejecutado a tiros por sicarios contratados por un sindicado narco de la zona de José C. Paz que lo acusaba de haberle robado drogas.

Ese acusado, identificado como Osvaldo Torres (45), alías «Tío», y su esposa Sandra Contreras (40), fueron detenidos durante este fin de semana en una barrio en la periferia de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.

Con el correr de la pesquisa, se determinó que mientras investigaban ese crimen, los policías robaron, en dos episodios distintos, un total de siete kilos de cocaína -cinco en un primer operativo y dos en otro- con fines de comercialización, mediante la confección de actas falsas.