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Burlando asume la defensa de familiares de Brenda y su equipo pide “pena de muerte”

El reconocido abogado se reunió durante dos horas con los familiares de una de las víctimas del triple femicidio de Florencio Varela. Javier Baños, en tanto, advirtió que «Pequeño J no es el único responsable» y habló de «la punta del iceberg».

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El Argentino Diario-Familiares de Brenda, víctima del triple femicidio.

⬛ Los familiares de Brenda Del Castillo, una de las tres víctimas del brutal triple crimen de Florencio Varela, se reunieron durante dos horas con el abogado Fernando Burlando y confirmaron que desde este momento comenzará a ser el patrocinante junto con su equipo de defensores. La incorporación del mediático letrado al caso promete darle mayor visibilidad pública a una tragedia que conmocionó a la sociedad por su extrema crueldad.

Javier Baños, integrante del equipo de Burlando, sostuvo ante la prensa que «Pequeño J no es el único responsable» del triple femicidio y afirmó que «este delito merece la pena de muerte», en declaraciones que exceden el marco legal argentino pero que buscan expresar la magnitud del horror cometido.

Declaraciones que exceden el marco legal

«No tienen perdón de Dios, este delito merece la pena de muerte», expuso Baños a la salida del encuentro con los familiares, realizado en el despacho de Burlando en Puerto Madero. Las palabras del abogado, aunque jurídicamente improcedentes en un país que abolió la pena capital, buscan transmitir la indignación ante un crimen de características atroces.

El Argentino Diario-Fernando Burlando y Javier Baños, abogados de Sergio Urribarri.
Fernando Burlando junto a Javier Baños, abogados de los familiares de Brenda, víctima del triple femicidio narco.

En este sentido, Baños sostuvo que no existe «posibilidad de reinserción si hubo tanta maldad» y que una persona que le «cortó los dedos a una chica de 15 años no merece otra resolución de pena». Esta referencia explícita a la tortura sufrida por una de las víctimas expone la brutalidad del hecho que conmocionó al país.

«La punta del iceberg» de un caso complejo

Al ser consultado sobre la implicación de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como «Pequeño J», el abogado remarcó que «no es el único responsable» y que se trata de «la punta del iceberg» de un entramado más complejo. Esta afirmación sugiere que la investigación podría apuntar a identificar a otros partícipes o encubridores del triple femicidio.

«Hay que actuar hasta las últimas consecuencias», expuso Baños, anticipando que el equipo de Burlando buscará profundizar la investigación más allá de los imputados hasta el momento. Esta línea podría incluir la búsqueda de responsabilidades en el entorno del principal acusado o en eventuales fallas del sistema de prevención.

El ingreso de Burlando al caso

Respecto a la reunión, Baños contó que se realizó en el despacho del letrado en Puerto Madero, duró dos horas y los familiares pidieron «un equipo serio de abogados» para representarlos en la causa. «Recién estamos empezando a estudiar el caso. Hay muchos datos para aportar», adelantó el integrante del equipo legal.

La incorporación de Burlando al caso responde al pedido de las familias de contar con un patrocinio que garantice visibilidad mediática y experiencia en causas de alto impacto público. El abogado, conocido por su participación en casos resonantes, suele imprimir a sus intervenciones un perfil mediático que mantiene la atención pública sobre los hechos.

Un crimen que desnuda la violencia machista

El triple femicidio de Florencio Varela representa uno de los episodios más brutales de violencia de género registrados en los últimos años. La extrema crueldad de los hechos, que incluyeron torturas antes del asesinato, expone la dimensión más salvaje del patriarcado y la necesidad urgente de políticas públicas efectivas para prevenir la violencia machista.

Sin embargo, las declaraciones del equipo de Burlando pidiendo «pena de muerte» no aportan soluciones estructurales al problema. La violencia de género requiere políticas de prevención, educación, fortalecimiento de los mecanismos de protección a las víctimas y un sistema judicial que actúe con celeridad, no el retorno a penas eliminadas del sistema legal argentino hace décadas.

El punitivismo como respuesta insuficiente

La demanda de «pena de muerte» refleja una reacción comprensible ante la magnitud del horror, pero también evidencia la trampa del punitivismo como respuesta única a la violencia. La experiencia comparada demuestra que los países con penas más severas no necesariamente tienen menores índices de criminalidad violenta, y que el endurecimiento punitivo no sustituye las políticas de prevención.

En el caso argentino, la abolición de la pena de muerte responde a un consenso civilizatorio sobre la irreversibilidad de ciertas decisiones judiciales y sobre los límites que debe tener el poder estatal sobre la vida de las personas, incluso de quienes cometen crímenes atroces. Este consenso no niega la gravedad de los hechos sino que plantea que existen formas de castigo que no requieren que el Estado ejerza la misma violencia que condena.

La tensión entre justicia y venganza

Las familias de las víctimas tienen todo el derecho a buscar la máxima condena posible dentro del marco legal vigente, y la tarea de sus abogados es garantizar que la investigación judicial llegue hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los responsables y evitar la impunidad.

Sin embargo, la referencia a la «pena de muerte» instala un debate que excede el caso particular y que refleja la tensión permanente entre justicia y venganza. Un sistema judicial maduro debe ser capaz de castigar con severidad sin recurrir a instrumentos que fueron eliminados precisamente por su carácter irreversible y por la imposibilidad de corregir errores judiciales.

El triple crimen de Florencio Varela exige respuestas judiciales contundentes, pero también interpela a la sociedad sobre la persistencia de la violencia machista como problema estructural. Las palabras de Baños expresan el dolor y la indignación justificada, pero no pueden sustituir el debate de fondo sobre cómo construimos una sociedad que proteja efectivamente la vida de las mujeres.

Puntos clave:

  • Burlando asumió la representación de los familiares de Brenda Del Castillo tras reunión de dos horas
  • Javier Baños, del equipo del abogado, pidió «pena de muerte» aunque no existe en el sistema legal argentino
  • Afirmó que «Pequeño J no es el único responsable» y habló de «la punta del iceberg»
  • La incorporación del mediático letrado dará mayor visibilidad pública al caso
  • Las declaraciones reflejan la tensión entre justicia y punitivismo ante crímenes atroces

Investigación 🔎

Espert a indagatoria por lavado vinculado al narcoempresario Machado, condenado en EE.UU.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario. También fue citado su contador, Mariano Cosentino. La causa gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos de origen ilícito.

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El Argentino Diario-José Luis Espert.

El juez federal Lino Mirabelli fijó para el próximo martes la declaración indagatoria del ex diputado libertario José Luis Espert. La convocatoria se produjo a pedido del fiscal federal Fernando Domínguez y alcanzó también al contador del imputado, Mariano Cosentino. La causa investiga una transferencia de 200.000 dólares que la Justicia considera un intento de blanquear fondos vinculados al narcotráfico internacional.

El ex diputado José Luis Espert deberá declarar ante la Justicia federal el próximo martes. El juez Lino Mirabelli dispuso la citación a indagatoria luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez lo solicitara formalmente en los días previos. La audiencia involucra también al contador de Espert, Mariano Cosentino, cuya vinculación con la operatoria financiera investigada es objeto de análisis por parte de los investigadores.

La transferencia de los 200.000 dólares y la conexión con Machado

En el centro de la investigación se encuentra una transferencia de 200.000 dólares que el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado realizó a favor de Espert. El ex legislador sostuvo desde el inicio de la causa que ese dinero correspondía a honorarios por un contrato de asesoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia determinó que ese documento era falso: Espert nunca viajó a ese país y las minas referenciadas en el contrato no se encontraban operativas.

La figura de Machado resulta central para comprender la dimensión de la causa. El empresario fue extraditado a los Estados Unidos, donde fue condenado por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico internacional. En ese contexto, la fiscalía sostiene que los fondos recibidos por Espert tendrían origen ilícito y que el contrato de consultoría habría funcionado como mecanismo para dar apariencia de legalidad a esa transferencia.

Autos de alta gama y fideicomisos inmobiliarios

La investigación no se limita al origen de los fondos. El fiscal Domínguez sostiene que Espert habría utilizado parte de ese dinero de procedencia presuntamente ilícita para adquirir vehículos de alta gama e integrar cuotas en un fideicomiso inmobiliario. Esas operaciones son analizadas como posibles eslabones de una cadena destinada a disimular el origen del capital recibido de Machado.

Bienes congelados y prohibición de innovar

La situación procesal de Espert es de creciente presión. El ex candidato de La Libertad Avanza mantiene una prohibición de innovar sobre su patrimonio, y el total de sus bienes y cuentas financieras se encuentra congelado de manera preventiva por disposición judicial. La citación a indagatoria del próximo martes representa la escalada más significativa de la causa hasta el momento, ya que será la primera vez que Espert deba responder formalmente ante el magistrado.

En junio pasado, la Cámara Federal de San Martín confirmó la prohibición de innovar y el congelamiento de bienes, en un fallo que además instó al juzgado de primera instancia a acelerar el trámite del expediente. Esa resolución fue el segundo revés consecutivo para la defensa de Espert, que previamente también había fracasado en su intento de unificar los dos expedientes que enfrenta el ex legislador en distintas jurisdicciones.

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